¿Conflicto de intereses?: Jueza que sentenció a Ronald Gamarra fue nombrada como fiscal por la querellante

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Por: Cruz Silva Del Carpio

 

La sentencia contra Ronald Gamarra Herrera que lo condena a un año de prisión suspendida, 120 días multa (tres mil soles), 10 mil soles y reglas de conducta como ir cada 30 días al juzgado para el control biométrico, es un claro atentado a la libertad de expresión (caso patrocinado por el Instituto de Defensa Legal). Mínimo, el tercero que ha llegado a conocer el Sistema Interamericano sobre Perú en estos meses, luego de las sentencias condenatorias contra los periodistas Rafo León y Fernando Valencia. Y por ello diversos sectores se han pronunciado, entre los que se encuentra la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no es para menos: la motivación que ha presentado la jueza como fundamento de su decisión no se ajusta a los estándares supranacionales que resguardan el derecho fundamental de la libertad de expresión, lo que pone al Perú en el ojo internacional.

En efecto, la justificación de la jueza María Elena Contreras Gonzalez, en la sentencia que condena al ex procurador anticorrupción por un artículo donde contaba la participación de la ex consejera del CNM Luz Marina Guzmán Díaz en el proceso de ratificación de la fiscal Mirtha Chenguayén (fiscal que al paralelo la venía investigando por presunta falsificación de firmas), tiene criterios bastante cuestionables. Por ejemplo:

  • Que “a la fecha de la publicación de dicha opinión (2015) no podría haber sido de un interés público conocer de dichas acciones anteriores a cinco años… pues ya se habrían conocido en su debida oportunidad…”
  • “y si bien afirma el denunciado que estaba en vigencia dicho caso por las investigaciones del Congreso de la República en dicha época por casos de corrupción pública”, “también lo es, que en el citado artículo periodístico no hace mención de dicha investigación realizada en el Congreso de la República…”.
  • Que el denunciado no señaló que la decisión que archiva la investigación sobre presuntas firmas falsas contra la ex consejera “fue confirmada por un Superior Jerárquico en Junio de ese mismo año –es decir 2012–, por el también representante del Ministerio Público a cargo de la Sétima Fiscalía Superior Penal del Ministerio Público –es decir su superior en grado–, quien declara infundada la queja de derecho –que se entiende como apelación–”. “… el querellado no informó completamente sobre dicho caso, recortando su propia información, y sólo verter lo que a este le convenía,…”.
  • “… a la fecha de la dicción del artículo –marzo del 2015– dicha noticia no era relevante para que el público interesado vuelva a conocer dicha información…”.
  • “… si bien afirma el querellado que el interés público se basaba en la investigación que le hacía el Congreso de la República a la querellante, este despacho observa que la referida investigación y que adjunta el querellante, es de acción reservada, y perdió dicha condición de “reservada” cuando se hizo público el dictamen final de la investigación congresal, la misma que se produjo en Julio de dos mil quince, es decir después de cuatro meses en que se realizó la publicación de la opinión hoy cuestionada.”.

Sobre la sentencia, la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión ha señalado en una comunicación de preocupación que:

“La CIDH, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios estatales es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión. Al respecto, el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH en el año 2000, establece que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas“.

Asimismo, es importante tener en cuenta que únicamente los hechos, y no las opiniones, son susceptibles de juicios de veracidad o falsedad. En consecuencia, nadie puede ser condenado por una opinión sobre una persona cuando ello no apareja la falsa imputación de hechos verificables.” (El resaltado es nuestro).

 

Siendo ello así, ¿cómo es posible que el decir, que una ex consejera del Consejo Nacional de la Magistratura evaluaba a una fiscal, mientras ésta investigaba a aquélla por un presunto delito, sea un acto que vulnera el honor si es que esos datos son verdaderos[1]? ¿Y cómo es posible que la opinión sobre esos datos verdaderos no esté dentro de la protección de la ley? Estas son dos preguntas claves para la jueza.

Asimismo, el que fueran hechos ocurridos hace años, o que el informe de la Comisión del Congreso entonces era reservado, no son criterios que vengan al caso a la luz del estándar internacional de protección del derecho a la libertad de expresión y opinión. Igualmente, tampoco es relevante que se haya omitido el dato de que en segunda instancia se confirmó el archivamiento de la investigación fiscal, toda vez que no desvirtúa el hecho de que la evaluación de la fiscal se cruzó en el tiempo con la investigación a la ex consejera (entonces, pudo o no estar).

 

El interés público sobre la noticia

Finalmente, la jueza olvida un punto central: la materia sobre la que se informaba y opinaba en el artículo, referido a un funcionario público, sí era de interés público y lo es incluso al día de hoy, 11 de mayo del 2017. Una razón: el hecho en sí es una irregularidad, que al no ser fiscalizada promueve el pésimo mensaje de la impunidad entre los consejeros del CNM. Guzmán debió inhibirse de participar del proceso de ratificación de la fiscal que estaba investigándola por un presunto delito de falsificación de firmas. Otra razón: ese hecho, así como cualquier otro cuestionamiento, es susceptible de ser investigado hasta luego de 5 años de haber culminado la función de consejero del CNM. Así lo indica el artículo 99 de la Constitución, sobre el control constitucional que el Congreso de la República ejerce en estos casos. Es decir, por no inhibirse en ese proceso de ratificación, Guzmán puede ser investigada hasta julio del 2020 por el Parlamento.

“Constitución, artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.” (El resaltado es nuestro).

El análisis de la decisión de la jueza evidencia por qué preocupa. Además, a lo largo del texto, no hay ni una sola referencia a los estándares supranacionales de protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, los mismos que nos son vinculantes según las reglas de interpretación constitucional de nuestro ordenamiento jurídico. Estándares que al no ser tenidos en cuenta representan un peligro para el derecho fundamental de la libertad de expresión y, en este caso, una violación.

¿Cómo es posible que una magistrada no tenga en cuento ello en sus decisiones? ¿Más aun, cuando estamos hablando de una base del Estado Democrático de Derecho? ¿Acaso eso no fue firmemente evaluado por el CNM en sus procesos de selección de magistrados? La jueza fue nombrada en ese cargo en fecha reciente, a casi 11 meses de su sentencia[2], el 4 de mayo del 2016 (Resolución Nº 179-2016-CNM), como juez especializada penal titular, y por actual Consejo Nacional de la Magistratura.

 

¿Conflicto de intereses?

Del registro[3] de la carrera judicial que ha tenido la jueza Contreras Gonzalez, se identifica que antes de ser jueza se desempeñó como fiscal en Lambayeque, Tumbes, La Libertad y Ancash; en calidad de magistradas provisional, supernumeraria suplente y finalmente como titular.

En efecto, fue nombrada como Fiscal Provincial Titular el 12 de septiembre del 2014, mediante resolución Nº 259-2014-CNM. Logró ese nombramiento participando del concurso de selección y nombramiento Nº 003-2014-SN/CNM, cuando el presidente del CNM era Pablo Talavera Elguera. Ocho días antes, en la sesión Nº 2585 según consta en el Acta de sesión extraordinaria del CNM, se aprobaron las notas de las entrevistas personales de ese concurso de selección así como los promedios finales. En dicha acta donde figura el nombramiento de la entonces recientemente nombrada fiscal Contreras Gonzalez, figura la firma de la entonces consejeros del CNM, Luz Marina Guzmán Díaz.

Guzmán participó del proceso de selección y nombramiento en el que la hoy jueza Contreras, fue nombrada como fiscal. ¿Alguien pensó en conflicto de intereses?

Surgen más preguntas: ¿de haberse sabido este dato antes, qué creen que habría hecho el querellado? ¿Se habría roto desde entonces, para la parte, la garantía de independencia e imparcialidad que se exige a todo juez? ¿Esta situación, mantiene intacta la apariencia de la independencia e imparcialidad que se exige? Para evitarse todas estas dudas y no romper con la apariencia exigida, la magistrada debió inhibirse de conocer el caso.

(Foto: elpopular.pe)

[1] Así se señala, por ejemplo, en la investigación que siguió la denominada “Comisión Áncash” del Congreso de la República, sobre la corrupción en el gobierno regional de Ancash.

[2] La sentencia tiene como fecha el 31 de marzo del 2017 (resolución Nº 27, expediente Nº 05454-2015-0-1801-JR-PE-35).

[3] Fuente: Base de Datos del Consejo Nacional de la Magistratura, visto el 11 de mayo del 2017.

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