Consideraciones clave del Informe 2017 de la Relatoría Especial de la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas

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Por: Luis Miguel Purizaga Vértiz

 

En el año de 1994, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, decidió nombrar, por un período de tres años, un Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados. Tomó tal decisión, en vista de los atentados a la independencia del que eran víctima con frecuencia cada vez mayor, los magistrados y los abogados, así como el personal y los auxiliares de justicia y, por otra parte, de la relación que existía entre el menoscabo de las garantías del poder judicial y de la abogacía, y la intensidad y frecuencia de las violaciones de los derechos humanos.

El mandato de la Comisión fue asumido por el Consejo de Derechos Humanos, y prorrogado por un año. Este Consejo es un órgano de denuncia, supervisión y control que vela por el respeto de los derechos humanos y pertenece a la Organización de la Naciones Unidas, siendo la creación de Relatorías Especiales, un mecanismo establecido o asumido por este Consejo, para hacer frente a situaciones concretas en países concretos o a cuestiones temáticas en todo el mundo.

En su resolución 17/2 de julio de 2011[1], el Consejo de Derechos Humanos decidió ampliar el mandato del Relator Especial por un período de tres años y pidió a éste: i) investigar toda denuncia sustancial que le sea transmitida y comunique sus conclusiones y recomendaciones al respecto, ii) identificar y registrar no sólo los atentados a la independencia de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales sino también los progresos realizados en la protección y el fortalecimiento de su independencia, y hacer recomendaciones concretas que incluyan la prestación de servicios de asesoramiento o asistencia técnica a petición del Estado interesado, iii) determinar las formas y medios de mejorar el sistema judicial y formular recomendaciones concretas al respecto, iv) estudiar, con el fin de formular propuestas, las cuestiones de principio y de actualidad con miras a proteger y fortalecer la independencia de la judicatura, de los abogados y de los funcionarios judiciales, v) aplicar una perspectiva de género en su labor, vi) seguir cooperando con los órganos, mandatos y mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas y con las organizaciones regionales; y, vii) informar de forma periódica al Consejo y de forma anual a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La importancia de la Relatoría se asienta en sus funciones. El Relator Especial determina la manera de proceder sobre la base de la información que se le presenta, en relación a presuntos casos de violación de la independencia e imparcialidad del poder judicial y la independencia de los abogados. Es a partir del envío de cartas de denuncia y llamamientos urgentes a los gobiernos para aclarar los casos y/o ponerlos en conocimiento de éstos, que el Relator Especial elabora un resumen de estas comunicaciones, así como de las respuestas recibidas de los gobiernos y, junto con sus observaciones sobre la situación en varios países, los incluye en un informe anual que presenta al Consejo de Derechos Humanos.

El Relator también lleva a cabo visitas a los países, en función a invitaciones cursadas por los gobiernos interesados, y luego presenta al Consejo de Derechos Humanos un informe de estas visitas, indicando sus resultados, conclusiones y recomendaciones. Asimismo, presenta de forma anual, al mismo Consejo, un informe acerca de las actividades realizadas durante el año, indicando las cuestiones importantes o los asuntos que son motivo de preocupación. El Relator Especial presenta también informes anuales a la Asamblea General.

El último informe presentado en el mes de junio del año pasado[2], es el primero llevado a cabo por Diego García Sayán en el cargo de Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, mandato en el que se desempeña desde diciembre de 2016. En este primer informe se indican cuáles serán las principales cuestiones a las que dará prioridad durante su cargo: i) la independencia judicial; ii) la corrupción, la delincuencia organizada y la independencia de los jueces y abogados; iii) la protección de los profesionales del derecho; y, iv) las restricciones al derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías procesales.

Entre otros puntos, el informe concluye que la obligación de rendir cuentas es un concepto inherente al estado de derecho, y en el ámbito del poder judicial, supone la aceptación de la responsabilidad de los jueces, fiscales y abogados, por no actuar de conformidad con las normas y principios que debieran observar en el desempeño de sus funciones. Algunos de los mecanismos de rendición de cuentas en el sistema de justicia, que se sugieren, son: i) definirse claramente la relación entre el profesional de la justicia que debe rendir cuentas, y el foro, órgano o institución ante el cual debe responder, ii) el operador de justicia que deba rendir cuentas deberá contar con los medios para explicar y justificar de forma adecuada las conductas o las actuaciones consideradas inadecuadas, inapropiadas o ilegales a través de las debidas garantías procesales, iii) el foro, órgano o institución encargado de la rendición de cuentas judicial debe tener derecho a realizar preguntas y a evaluar si se deben imponer o no, sanciones al operador de justicia.

Asimismo, el informe indica en relación a los colegios de abogados, éstos deberían desempeñar la función esencial de velar por las normas y la ética profesionales, proteger a sus miembros, facilitar servicios jurídicos y cooperar con las instituciones gubernamentales y otras instituciones. En relación a los fueros militares, considera que los Estados deben aprobar normas específicas que establezcan de forma expresa, que los civiles no podrán ser investigados ni procesados por tribunales militares, velando por que la competencia de éstos se limite a los delitos militares cometidos por miembros activos de las fuerzas armadas, protegiendo el derecho a un juicio imparcial y al acceso a las garantías procesales.

Entre sus recomendaciones más importantes, se alienta a las organizaciones de la sociedad civil, a los círculos académicos y a otras partes interesadas, a que presenten información y a que participen en las actividades pertinentes con miras a contribuir al desempeño del Relator Especial, y se anima a todos los Estados, los colegios y las organizaciones de abogados, que se adhieran a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados[3] y que difundan su contenido, para que sean de pleno conocimiento de todas las autoridades y los profesionales del derecho.

En conclusión, el Informe de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, es un documento importante que no debe pasar desapercibido al momento de establecer políticas de reforma y fortalecimiento del sistema de justicia. Tanto en temas de independencia, transparencia y lucha contra la corrupción, es un texto de revisión obligada para saber cómo estamos en relación a la administración de justicia, tanto en nuestro país, como en la región.

(Artículo publicado en el marco del “Proyecto: Promoción de la Transparencia y la Independencia en el sistema de justicia”, financiado por Hanns Seidel Stiftung).

[1] Véase: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/145/02/PDF/G1114502.pdf?OpenElement

[2] Véase: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/35/31

[3] Véase: http://hrlibrary.umn.edu/instree/spanish/si3bprl.html

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