Convenios entre la Policía y las extractivas: la defensa del Estado peruano

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Por: Maritza Quispe Mamani

 

El pasado 25 de mayo, se realizó la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos e industrias extractivas en el Perú. Los peticionarios expusimos las consecuencias de los convenios suscritos entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, que en los hechos alientan la criminalización de la protesta social y la privatización del orden interno.

Del informe remitido por la Policía Nacional del Perú, hemos tomado conocimiento de la existencia de  112 convenios firmados entre empresas mineras y la policía. Existen convenios firmados entre la minera Yanacocha en Cajamarca, Glencore Antapacay en Espinar (Cusco), Hudvay en Chumbivilcas (Cusco) y Xtrata en las Bambas (Apurímac), entre otros.  Cabe mencionar que en estas zonas, donde existen estos convenios, existe un alto grado de conflictividad social a consecuencia de la presencia de empresas extractivas en territorio de comunidades campesinas.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, existen 212 conflictos sociales en el Perú: 155 en condición de activos y 57 latentes[1].  De ellos, 114 son socio ambientales.

Las regiones que registran más conflictos a nivel nacional son: Áncash (26 conflictos, 12.3%), Apurímac (26 conflictos, 12.3%), Puno (18 conflictos, 8.5%), Cajamarca (16 conflictos, 7.5%), Cusco (16 conflictos, 7.5%), entre otros.

Justamente, una de las cláusulas de estos convenios señala claramente que los efectivos policiales que presten servicios a las empresas mineras, bajo la modalidad de estos servicios extraordinarios, se comprometen a prevenir actos de protesta social en la influencia del área del proyecto minero. Para ello, se designará prioritariamente personal especializado en control de multitudes en zonas donde existe mayor conflictividad, y de ser necesario, se requerirá apoyo de otras jurisdicciones policiales (DIVSEESP, DINOES, USE). En caso de ser necesario, y cuando las circunstancias lo ameriten, personal de esta especialidad de otras grandes unidades policiales.

Pero además, las cláusulas de estos convenios señalan que el número de efectivos policiales asignados se regulará de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las empresas extractivas. Lo cual es realmente grave, teniendo en cuenta que en el Perú existe un déficit de efectivos policiales para luchar contra la inseguridad ciudadana.

Sin embargo, lo más perverso de estos convenios es la subordinación de la policía ante la empresa minera, que se concretiza en  el pago económico que se realizará a cada uno de los efectivos policiales que prestan este servicio. Pero el pago no solo se efectuará de manera individual a cada uno de los efectivos policiales. En estos convenios se ha estipulado además, que la propia  institución policial recibirá un porcentaje económico como consecuencia de la suscripción, lo que definitivamente pone en cuestionamiento la función constitucional y legal de la institución policial, teniendo en cuenta que la finalidad fundamental de la Policía Nacional es garantizar, mantener y restablecer el orden interno, además de defender y respetar los derechos de los ciudadanos.

Frente a ello el Estado Peruano, a través de la procuraduría supranacional, señaló que un país  tiene atributos  para poder organizarse de la mejor manera, sin que esto signifique que sea una administración que esté al servicio de intereses particulares. Se indicó que eso es algo que se puede debatir, pero se trata de ser lo más objetivos posible. En cuanto a la legalidad de ciertos convenios establecidos entre la policía nacional y algunas empresas, es importante hacer algunas presiones:

1.- De acuerdo a la Ley que regula la actividad de la Policía Nacional del Perú, aquella permite que la policía suscriba convenios con diversas entidades, no solo con empresas extractivas sino con un conjunto de instituciones públicas o privadas para eventualmente dotar de algunos servicios policiales a la empresa.

2.- Existen 10 convenios vigentes entre empresas mineras y la Policía Nacional del Perú. Y de esos 10 convenios vigentes, solamente uno está vigente en relación a los casos citados, que comprende a la empresa minera de Las Bambas cuyo mandato (o cuyo término de vigencia) expirará en agosto del presente año.

3.- La privatización de los servicios policiales podría no corresponder a la misma realidad, pues se trata de ciertos convenios específicos.

4.- La prestación de estos servicios policiales extraordinarios no pueden poner en peligro ni suspender la actividad regular de la Policía Nacional.

5.- El hecho que exista un convenio no subordina a la Policía Nacional. Es decir, ninguna empresa o entidad que suscriba el convenio podrá disponer u ordenar  a los integrantes de la policía que van a dar ciertos servicios, pues no se trata de una suerte de privatización sin límite.

6.- El Estado pone sus mejores medios para que el diálogo en un contexto de conflicto social se canalice siempre  por las vías pacificas. En el caso de Las Bambas, existe un despliegue de diversas gestiones y actividades para mantener la actividad extractiva respetando los derechos de la población, sin que se tenga que utilizar la fuerza.

En respuesta a ello, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron lo siguiente.

El comisionado Paulo Vannuchi: la privatización de la policía es un problema. Cuando se hace contratos con empresas privadas no hay ninguna garantía a los derechos humanos.

La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño: si bien ya no hay tantos convenios con la policía, los que existen tienen que ser revisados. Combatir la protesta por razones de orden público no debe ser a través de una contratación o convenio.

La comisionada Margarette May Macaulay: que estos convenios generan conflictos, pues si pagan a la policía obviamente van a defender los intereses de la empresa en contra de los intereses de los ciudadanos. Entonces el Estado debe examinar y eliminar esos convenios.

Finalmente, los peticionarios[2] he4mos solicitado:

A la CIDH:

Que inste al Estado peruano a adecuar el marco normativo e institucional al tenor de la Convención y los estándares internacionales, a fin de que no se continúe desnaturalizando y privatizando la fuerza pública.

Que inste al Estado peruano a garantizar los derechos de los y las defensoras de derechos humanos y líderes criminalizados por la defensa de su territorio y sus recursos naturales.

Que dé seguimiento a las denuncias realizadas en esta audiencia y monitoree la situación de derechos humanos que se deriva de la política extractivista.

Al Estado:

Que cumpla con los compromisos, ya asumidos, de hacer públicos los convenios firmados entre la Policía Nacional y las empresas de la industria extractiva.

Que retire de manera inmediata todas las instalaciones de la fuerza pública o policial que existen dentro del área de influencia de los campamentos mineros, tal como se comprometió de manera pública en octubre del 2016.

Que de manera inmediata se deroguen y deje sin efecto la normatividad interna que permite la celebración de convenios entre empresas y Policía Nacional, así como aquella relacionada con los Estados de emergencia y uso de la fuerza, de modo que se adecue a las normas y estándares internacionales.

Que deje sin efecto los convenios vigentes entre Policía Nacional y Empresas extractivas.

Que adopte todas las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos de los defensoras y defensoras de derechos humanos, el medio ambiente y el territorio.

(Foto: CIDH)

[1] Reporte de Conflictos Sociales N° 156, de febrero del 2017.

[2] Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Instituto de defensa Legal (IDL), EarthRights International (ERI), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

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