¿Cuál es el contenido constitucionalmente protegido del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad sobre los territorios ancestrales?

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de emitir una importante sentencia en la que consolida y hace un buen resumen de la “línea jurisprudencial” del contenido del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Se trata de la sentencia recaída en el caso del pueblo Xucuru contra Brazil, de febrero del 2018.

Se trata de un caso contra el estado brasileño por la demora del proceso de titulación del territorio ancestral de una comunidad indígena (la titulación demoró de 1998 al 2018). Si tenemos en cuenta que en el Perú, según cifras del Instituto del Bien Común, hay cerca de 10,000 comunidades campesinas y nativas de las cuales 4,000 no tienen título de propiedad y 7,000 no están georreferenciadas, se puede concluir que el caso Xucuru es representativo de lo que viene ocurriendo en nuestro país.

En este contexto, la sentencia de la Corte IDH, resulta de enorme importancia pues permite conocer qué se puede exigir al Estado, y más en concreto, qué a las direcciones agrarias de los gobiernos regionales, órganos que tienen la competencia de titular los territorios ancestrales de las comunidades campesinas y nativas. Esto solo es posible, si tenemos en cuenta que de según el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, aprobado por la Ley 28237, los pronunciamientos de la Corte IDH que desarrollan el contenido de los derechos son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios públicos, incluso si el Estado peruano no ha sido parte en ese proceso ante la Corte IDH, como bien lo explicó en su momento el TC. (STC Nº 00007-2007-PI/TC, f.j. 36).

Pero hay una importancia adicional.

La sentencia Xucuru permite aclarar qué cosa se puede exigir a través de un proceso constitucional de amparo. Y es que, de conformidad con el artículo 5.1 ambos del Código Procesal Constitucional, solo es procedente la demanda de amparo cuando se acredita la violación del contenido constitucional concreto de un derecho fundamental. En este caso, el derecho de los pueblos indígenas a la titulación del territorio ancestral ha sido delimitado por la mencionada sentencia de la Corte IDH.

La Corte IDH dice en el párrafo 117 de la sentencia:

“117. Por otra parte, el Tribunal recuerda su jurisprudencia respecto a la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, según la cual se indica inter alia que: 1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente trasladadas a terceros de buena fe; 4) el Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo de las tierras a los miembros de las comunidades indígenas112; 5) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros de buena fe, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad113; 6) el Estado debe garantizar la propiedad efectiva de los pueblos indígenas y abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de su territorio114; 7) el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros115, y el Estado debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas al control y uso de su territorio y recursos naturales116. Con respecto a lo señalado, la Corte ha sostenido que no se trata de un privilegio para usar la tierra, el cual puede ser despojado por el Estado u opacado por derechos a la propiedad de terceros, sino de un derecho de los integrantes de pueblos indígenas y tribales para obtener la titulación de su territorio a fin de garantizar el uso y goce permanente de dicha tierra”.

Ciertamente, la sentencia es amplia y contiene desarrollos interesantes y sustanciosos. No obstante, nos permitimos algunos comentarios finales.

  1. La Corte IDH reafirma una vez más que la simple posesión otorga propiedad. Como decía Pedro García Hierro (“Perico”), la titulación a los pueblos indígenas no es para que recién sean propietarios, sino porque ya lo son. Esto no es nada nuevo, está reconocido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT y en el artículo 23 de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales, aprobado por Ley 29151.
  2. La Corte IDH reafirma la existencia del derecho a la restitución del territorio ancestral, siempre que por causas ajenas a la voluntad de la comunidad, ésta haya sido objeto de despojo por terceros. Esto es clave en un país como el nuestro, donde hay un proceso de despojo de tierras de comunidades campesinas y nativas, y donde la seguridad jurídica es utilizada para convalidar contratos donde se hace renunciar a los pueblos indígenas de sus derechos.
  3. En consonancia con el artículo 14.2 del Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho a la titulación de los territorios ancestrales. Hay jueces que señalan que no se puede presentar un proceso de amparo contra la falta de titulación, pues el amparo al carecer de etapa probatoria no es la vida idónea para analizarse la violación de este derecho. Sin embargo, este argumento resulta falaz, no solo porque el TC admite hoy que los amparos en vía de excepción pueden tener actividad probatoria compleja, sino porque en este tipo de procesos de amparo el petitorio no es que el juez precise la cantidad exacta de hectáreas que le corresponde a la comunidad, sino que el órgano pertinente de los gobiernos regionales, inicie el proceso de titulación, en el marco del cual, en su oportunidad y luego de los estudios de campo, se precisará el número exacto de hectáreas que le corresponde como propiedad.
  4. La Corte IDH insiste en que no basta con titular los territorios de los pueblos indígenas. Además, el Estado tiene la obligación de garantizar en forma efectiva que esta propiedad se ejerza. Esta obligación de garantizar la propiedad resulta incompatible por ejemplo con el otorgamiento de concesiones mineras de espaldas a las comunidades campesinas (50% del territorio de todas las comunidades campesinas en el Perú tienen concesiones según Cooperacción). También resulta incompatible con la titulación de las tierras de las comunidades campesinas, la cual se realiza a través de contratos de cesión de uso, como lo estableció el artículo 11 de la Ley general de comunidades Nativas, aprobado por Decreto Ley 22175, y convalidado por el artículo 76 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre aprobado por Ley 29763. Este pronunciamiento de la Corte IDH también es incompatible con las servidumbres petroleras impuestas sobre territorios de comunidades nativas, como la establecida por el Oleoducto Norperuano o por los lotes 8 y 192.
  5. Finalmente, la Corte IDH reconoce el derecho de los pueblos indígenas al control político sobre sus territorios ancestrales. Este derecho sustenta de manera directa , por ejemplo, los procesos de gobernanza territorial que vienen impulsando los pueblos Achuar. Wampis, Kandoshi y Awajun, los cuales no solo exigen titulación de su territorio integral sino un gobierno autónomo territorial.

En conclusión, estamos ante un desarrollo jurisprudencial que constituye un aporte importante a la defensa legal del territorio de los pueblos indígenas, en un contexto donde se denuncia un proceso de concentración de tierras para beneficiar proyectos extractivos.

(Foto: Copredeh.gob.gt)

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