Cuando se insiste en defender lo indefendible

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Por: Fabiola Franceza Omonte

 

La resolución del juez Richard Concepción por la cual ordena 18 meses de prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia tenía que ser revocada, porque no se cumplían los requisitos legales para interponerla. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional –integrada por los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe–, optó por confirmar la decisión de primera instancia; en otras palabras, por defender lo indefendible.

Nuestra principal crítica a la resolución de primera instancia es que sostiene la existencia del peligro procesal, que es el requisito más importante y la razón de ser de la prisión preventiva, en base a interpretaciones que no se condicen con la naturaleza de esta medida. Tan es así, que como desarrollamos en nuestra nota anterior, ninguno de los nuevos elementos aportados por la Fiscalía y a partir de los cuales el juez Concepción dio por acreditado el peligro procesal, servía como argumento para estimar razonablemente que los investigados tratarían de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) o de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

Recordemos que en el caso de Nadine Heredia, Concepción sustentó la existencia del peligro procesal fundamentalmente en cuatro elementos: 1) el poder otorgado a favor de Rosa Heredia; 2) su contratación por la FAO; 3) su conducta de haber negado y luego aceptado el dinero de Kaysamac; 4) su conducta de simular su puño gráfico. Y en relación a Ollanta Humala, en tres elementos: 1) la inasistencia a una citación fiscal; 2) la transferencia de un inmueble en calidad de anticipo de herencia a sus hijas; 3) los audios del caso Madre Mía, que darían cuenta de una presunta compra de testigos[1].

Ahora bien, cuando la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional evaluó la pertinencia de cada uno de estos elementos, concluyó que en el caso de Nadine Heredia el único que podía admitirse era el poder otorgado a favor de Rosa Heredia, y que respecto a Ollanta Humala, solamente podía aceptarse el elemento vinculado a una presunta compra de testigos. En otras palabras, la Sala rechazó casi todos los elementos que acogió el juez Concepción para fundamentar la existencia del peligro procesal (de los CUATRO elementos que corresponden a Heredia, descartó TRES; y de los TRES elementos vinculados a Humala, descartó DOS), quedándose solo con uno respecto a cada uno de los investigados.

Si en el análisis realizado por el propio tribunal, éste advirtió que los argumentos a favor de la existencia del peligro procesal se habían reducido considerablemente, lo lógico hubiera sido que se incline la balanza a favor de mantener una comparecencia con restricciones y en contra de imponer una prisión preventiva. Sin embargo, lo que ha hecho la Sala es insistir en la existencia del peligro procesal, sobre la base de argumentos mínimos e incoherentes, tal como puede leerse en el fundamento 8.6 de su resolución:

8.6 El peligro procesal analizado integralmente respecto de:

8.6.1 NADINE HEREDIA ALARCÓN: Al nivel de acreditación preexistente requerido para fundar un impedimento de salida del país se le agrega el peso acreditativo del poder otorgado a favor de Rosa Heredia Alarcón (apartado 7.1.) nivel compatible con el rubro peligro de fuga.

8.6.2 OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO: Al nivel de acreditación preexistente requerido para fundar una comparecencia restrictiva se le agrega el peso acreditativo de la posible compra de testigos de un caso judicial.

8.6.3 Si a esos dos niveles de riesgo procesal de los investigados, se les suma el peligro procesal valorado en función a su pertenencia a una organización criminal, valorado en el fundamento octavo, se llega a un estándar propio y adecuado para el dictado de una prisión preventiva.

Lo que ha hecho la Sala es absolutamente incomprensible, pues ha llegado al extremo de sostener el peligro procesal, para cada uno de los investigados, en un único elemento (en ambos casos, altamente cuestionable) más un argumento adicional –la pertenencia a una organización criminal–, que tampoco ha sido correctamente fundamentado, y al cual se le ha dado un peso determinante que no corresponde.

A criterio de la Sala, el criterio de pertenencia a una organización criminal se configura en este caso porque Nadine Heredia y Ollanta Humala establecieron vínculos con Odebrecht. Así lo señala expresamente en los fundamentos 8.3 y 8.5 de su resolución, que se citan a continuación:

8.3 En la misma línea concurren los graves y fundados elementos de convicción aportados por el Ministerio Público según los cuales, los investigados OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO y NADINE HEREDIA ALARCÓN, establecieron vínculos con una organización transnacional cuyo modo de operar –modus operandi- era coludirse no solo con funcionarios y partidos políticos de diferentes países, sino también con candidatos políticos de diferentes nacionalidades con la finalidad de obtener y mantener negocios en diferentes partes del mundo, en los que está incluido nuestro país (…)

8.5 Los investigados apelantes, al prestar sus declaraciones han negado las entregas de dinero de parte de la empresa Odebrecht así como han negado cualquier vínculo de dicha índole con las personas de Jorge Henrique Simoes Barata y Marcelo Bahía Odebrecht y, en el caso de NADINE HEREDIA ALARCÓN, además, se ha abstenido de declarar sobre los datos contenidos en sus agendas donde se reflejarían esos montos; si bien tal postura se corresponde con su derecho de defensa y ese hecho es objeto de esclarecimiento conforme al estado en el que se encuentra la investigación, esa estrategia de la defensa no enerva la fuerza acreditativa de los elementos de convicción aportados, no solo respecto de la concurrencia de fundados y graves elementos de convicción sobre la comisión del delito de lavado de activos que se les atribuye; sino además sobre el incremento del peligro procesal, pues al haberse puesto de manifiesto vínculos con una entidad que realizaba actividades ilícitas en diferentes países, esto es de carácter trasnacional, pone de manifiesto que éstos pueden eludir la acción de la justicia valiéndose de los contactos que habrían generado en su accionar, en cuyo escenario cobran relevancia los poderes que otorgaron para que tercera persona se encargue de acompañar a sus hijos en sus desplazamientos –viajes no solo al interior del país sino también hacia el extranjero-; si bien para el caso de OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO en base al otorgamiento de poderes se le impuso como obligación el de solicitar autorización judicial previa antes de salir del país, el nuevo escenario que se presenta trasluce que esa medida resulta insuficiente para garantizar su sujeción al proceso así como en el caso de NADINE HEREDIA ALARCÓN, en el entendido que su actuación se habría dado dentro del contexto de una organización criminal que rebaza las fronteras nacionales.

Esta interpretación, sin embargo, presenta serios problemas. Lo más grave es que se ha concluido que Ollanta Humala y Nadine Heredia integran una organización criminal sobre la base de una tesis distinta a la del Ministerio Público.

Para la Fiscalía, el criterio de pertenencia a una organización criminal se cumple porque “los hechos punibles de lavado de activos se habrían realizado a través de un partido político (Partido Nacionalista Peruano), el cual tiene una estructura organizacional partidiaria; a través del cual sus principales fundadores (Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón) habrían logrado no solo captar dinero de presunta procedencia ilícita, para financiar las campañas electorales del partido (2006 y 2011) hasta lograr la Presidencia de la República, que para tal efecto dieron una apariencia de legalidad a dichos activos mediante aportantes falsos, lo que se habría desarrollado en permanencia temporal desde su fundación (2005) hasta la actualidad; haciendo posible su funcionabilidad; situación que se pudo dar en tanto que el partido político por su propia naturaleza posee una organización y estructura propia (financiera, logística, sistemas y otros para cumplir sus fines) cuyos integrantes tienen diversas tareas o funciones –incluso de facto– dentro del seno de dicha organización”. En cambio, para la Sala, la pertenencia a una organización criminal se verifica porque Humala y Heredia habrían establecido vínculos con Odebrecht, que es una organización criminal. Entonces, estamos frente a una nueva tesis, que nunca fue discutida en la audiencia, y que tampoco es mínimamente coherente, porque una de dos: o los investigados establecieron vínculos con una organización criminal, o  formaron parte de una organización criminal.

Por estas razones, es lamentable que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que debió remediar el abuso de prisión preventiva cometido en este caso, haya insistido en sostener una decisión indefendible y, lo que es peor, con argumentos incluso más inconsistentes que los del juez de primera instancia.

Por último, que su resolución haya sido publicada el mismo día en que se conmemora el Día del Juez se traduce en una triste coincidencia que nos recuerda que quienes son los principales responsables del uso correcto de la prisión preventiva en nuestro país, todavía no han comprendido que ésta es una medida de último recurso, que solo puede dictarse cuando se cumplen todos sus requisitos y cuyo único propósito es asegurar el proceso.

(Foto: archivo de El Comercio)

[1] En el caso de ambos, la pertenencia a una organización criminal, la gravedad de la pena y la magnitud del daño, también fueron considerados por el juez de primera instancia pero como argumentos adicionales.

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