Decisiones del flamante presidente del Poder Judicial

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Por: Marcos Valdemar Rio

El nuevo Presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, ha sido muy claro en expresar sus simpatías por el subsistema anticorrupción, a cargo de la doctora Susana Castañeda Otzu, y en dar a entender una cierta animadversión por la Sala Penal Nacional, presidida por Inés Villa Bonilla.

Fue por eso que en su primer discurso, declaró categóricamente que sería el subsistema el que se encargaría de ver el importantísimo caso de Lava Jato.

Después han venido una serie de normas que fortalecen este subsistema, convirtiéndolo en sistema y dándole una competencia nacional.

Así, en el Decreto Legislativo 1342, que promueve la transparencia y el derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las decisiones jurisdiccionales, del 6 de enero de 2017, se establece que el Sistema Nacional Anticorrupción, está compuesto por los Juzgados Especializados y Salas Especializadas Anticorrupción con competencia nacional, además de los Juzgados y Salas Especializadas en la materia de cada Distrito Judicial del país.

La consolidación del Sistema Anticorrupción se ratifica en el Decreto Legislativo 1307,  del 29 de diciembre de 2016, en el que se modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de criminalidad organizada.

En la disposición cuarta de dicha norma se establece: Creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios: Créase el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, y encárguese su implementación a la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los cuales deberán designar a los órganos competentes. Este sistema deberá entra en vigencia tres meses después de la norma citada.

En cambio, cuando Duberlí Rodríguez se ha referido a la Sala Penal Nacional siempre ha dicho que tiene demasiadas competencias, y que hay sobrecarga y demora en la resolución de casos. También ha explicado que el hecho de que se trate de una experiencia que,  debiendo haber sido excepcional,  se haya mantenido en el tiempo, resulta atentaría  del principio de juez natural.

Se ha llegado a decir que sus miembros no son titulares, cuando sí lo son ya que han sido nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solo que para otras funciones, tal como ocurre en una serie de niveles del PJ, comenzando por la Suprema.

El pasar casos como el de Odebrecht de la Sala Penal al subsistema anticorrupción es sin duda un cambio de la máxima importancia. Y no necesariamente sea una mala decisión, pero el punto de partida debe ser reconocer que se trata, precisamente, de un cambio, que por su relevancia merece una explicación en función de razones jurídicas y técnicas.

Lo que es criticable es que se plantee como una cosa natural, que sigue el curso lógico de los acontecimientos.

En realidad hasta ahora no se sabe los criterios que se utilizarán para delimitar las competencias entre la Sala y el Sistema. En todo caso, ya la Sala comenzó a resolver las prisiones preventivas en relación a Odebrecht. Podrá ser debido a que  todavía no han concluido los tres meses previstos para el inicio el sistema anticorrupción, pero también podría ser debido a que la Sala ha asumido que esos casos son parte de sus competencias establecidas por ley.

Por lo mismo, hay dudas de cuál será el futuro de casos que está viendo la Sala, tipo Sánchez Paredes, Gobierno Regional de Pasco (Klever Uribe), Antalsis, Martín de  Belaunde, la Centralita, César Álvarez.

Se ha adelantado que solo pasarán al sistema anticorrupción lo casos que todavía estén en la etapa de investigación preparatoria, pero habrá que ver cómo se actúa en la práctica.

La conclusión de esta parte es que no están claros los criterios jurídicos y técnicos que se están adoptando para delimitar las competencias de la Sala Penal Nacional y del sistema anticorrupción. Lo único que está claro es –como se ha dicho- el Presidente del Poder Judicial juega claramente a favor del referido sistema.

El otro tema en relación al que se le está pidiendo explicaciones al nuevo Presidente de la Corte Suprema, se relaciona con nombramientos como los siguientes:

Ha llevado a la Corte Suprema, como vocal supremo provisional a Segundo Ventura Cuevas, juez que fue investigado  por declarar fundado un habeas corpus a favor de los Sánchez Paredes. También a Samuel Sánchez Melgarejo, ex presidente de la Corte Superior de la Corte de Áncash, cercano a Álvarez.

Ha nombrado a Hinostroza Pariachi como presidente de la sala penal que se acaba de crear, pese a sus cuestionamientos y a que tiene solo unos cuantos meses en la Suprema.

Ahora, Duberlí Rodríguez ha declarado que si hay algo que revisar lo hará.

Las dudas y preguntas no nos impiden reconocer que el primer mes de Duberlí Rodríguez ha sido muy positivo en cuanto a la voluntad que ha expresado de liderar el Poder Judicial, tanto internamente como en su relación con la población. También ha hecho una defensa abierta y a contracorriente del garantismo.

Acaba de comenzar, por lo que le quedan dos años por delante, pero, por eso mismo, sus acciones deben ser desde el principio transparentes y basadas en fundamentos.

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