Demanda de Nuevo Lamas contra la titulación con cesión de uso no pone en peligro el ACRCE

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda

 

Hace unos semanas la comunidad nativa de Nuevo Lamas de Shapaja, ubicada en la región de San Martín y CEPKA, con el apoyo legal de Forrest People e IDL, presentaron una demanda de amparo contra la titulación del territorio de la mencionada comunidad por parte del Gobierno Regional San Martín (GORESM). La razón: les han titulado solo el 1.5% del territorio en propiedad, y el 98.5% en cesión de uso de suelos forestales.

Antes que debatir los temas de fondo, como es la compatibilidad del artículo 11 de la Ley general de comunidades nativas (Ley Nº 22175) y del artículo 76 de la Ley Nº 29763 (Ley forestal y de fauna silvestre) con el Convenio 169 de la OIT y los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, algunos periodistas y funcionarios de GORESAM han optado por apelar al miedo de la población, sobre la base de un argumento falaz. Ellos sostienen que el pedido de suspensión del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACRCE) pone en peligro a éste y abre las puertas a la empresa petrolera. A continuación nuestras razones sobre el error de lo señalado por GORESAM.

  1. Primera falacia: “Se ha pedido la suspensión del ACRCE” 41*59

La comunidad demandante ha pedido al juez la suspensión del ACRCE, hasta que el Gobierno Regional de San Martín consulte con las comunidades nativas que han vivido en el territorio donde existe ahora el ACRCE. Es evidente que el simple pedido de suspensión de la demanda no será respondido inmediatamente, como algunos periodistas quieren hacer creer a la opinión pública de San Martín. Él responderá al pedido de la demanda de Nuevo Lamas en su fallo, que será en un año aproximadamente. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el juez al momento de su sentencia ordenará al GORESAM que consulte el ACRCE, y en caso que no lo haga GORESAM (y solo en caso que éste se niegue), ordenará la suspensión del ACRCE.

Esto significa que la sanción por no consultar es la suspensión. La consecuencia práctica es que si el Gobierno Regional no consulta, se suspenderá el proceso de aprobación del Plan Maestro. La única manera de evitar la suspensión es que GORESAM haga la consulta. Solo de él depende.

Lo que no quieren ver los que atacan la demanda de Nuevo Lamas, es que la comunidad no ha pedido nulidad del ACRCE, sino, la suspensión. Nulidad implica derogar una norma, la pérdida de todos sus efectos; mientras que la suspensión implica congelar sus efectos pero no la deroga. La diferencia es que la nulidad de las normas que aprobaron el ACRCE supondría la desaparición de ésta. La suspensión es solo una medida para presionar al GORESAM a consultar el ACRCE. El último párrafo del artículo 31 de la Constitución, el artículo 10.1 de la Ley general de procedimientos administrativos (Ley Nº 27444) y el artículo 55 del Código procesal constitucional (Ley Nº 28237), sancionan con nulidad todo acto que viola los derechos constitucionales. A pesar de ello, la Comunidad Nuevo Lamas, no ha pedido nulidad sino suspensión de ACRCE, porque considera a esta un área que debe protegerse.

  1. Segunda falacia: “La demanda abre una ventana de desprotección”

Esto es también falso, pues el ACRCE está protegido por dos sentencias consentidas. Primero, por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA, donde la Alta Corte ha prohibido cualquier actividad extractiva dentro del ACRCE, que pueda poner en peligro la finalidad para la que ha sido creada:

“Declarar FUNDADA la demanda. En consecuencia, queda prohibida la realización de la última fase de la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación y los objetivos del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En caso de que ya se encuentre en ejecución la última fase de la etapa de exploración o la etapa de explotación, dichas actividades deben quedar inmediatamente suspendidas”.

Esta sentencia del TC intentó ser desconocida por SERNANP. Ante esto, el GORESAM presentó una demanda contra el incumplimiento, logrando que un juez le ordene al SERNANP el cumplimiento inmediato de la referida sentencia[1]. El Juzgado Civil de Tarapoto, luego de declarar fundada la demanda y ordenar a SERNANP que se abstenga de exigir el consentimiento de la empresa operadora del Lote 103, establece que:

“… las actividades de aprovechamiento de recursos naturales (exploración y explotación de hidrocarburos) dentro del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera se encuentran estrictamente supeditadas a que el Plan Maestro de la referida Área de conservación lo permita, ello sujetándose a las normas de protección ambiental y las limitaciones y restricciones previstas en los objetivos de creación del área y su zonificación”.

La consecuencia práctica es que cualquier funcionario público que desacata esta sentencia, se hace pasible de multas acumulativas o destitución de acuerdo con el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, asimismo, se hace pasible de la apertura de un proceso administrativo disciplinario en cumplimiento del acuerdo con el artículo 59 del mismo código. Pero además, incurre en la comisión del delito de desobediencia y desacato a la autoridad regulado en el artículo 368 del Código Penal.

  1. Tercera falacia: “La titulación de las comunidades nativas busca acabar con el ACRCE”

Ésta es otra falsedad. El derecho a la titulación integral de las tierras de las comunidades nativas, reclamado por la comunidad de Nuevo Lamas, no es un capricho. Está amparado por el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, el cual dice que los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que han ocupado tradicionalmente. Es decir, la titulación no crea un derecho, sino que reconoce un derecho que le preexiste. En palabras del recordado Pedro García Hierro, título no para que recién sean propietarios, sino porque ya son propietarios.

Este derecho colisiona y entra en conflicto con el artículo 66 de la Constitución, que señala que los recursos naturales son patrimonio de la nación, y con los artículos 67, 68 y 69 de la misma Carta Política, que exige al Estado proteger el ambiente y los recursos naturales. Ésta es la posición de GORESAM.

Dado que se trata de bienes jurídicos protegidos por normas de rango constitucional, lo que corresponde es realizar una ponderación, es decir, realizar una armonización y compatibilización entre ambos, lo que implica que ambos cedan. Los pueblos indígenas deberán aceptar restricciones a su derecho de propiedad de un lado, y el GORESAM deberá ceder y permitir que se titule dentro de ACRCE. Lo que corresponde en concreto, es titular la propiedad de los territorios de las comunidades nativas, poniendo restricciones a efectos de no desnaturalizar el ACRCE. Esto significa por ejemplo, prohibir cualquier tipo de venta, alquiler, o en general cualquier tipo de disposición de las tierras por parte de estas comunidades.

  1. Conclusión: La demanda de Nuevo Lamas contra la titulación con cesión de uso no pone en peligro el ACRCE

La conclusión es clara, la demanda NO abre las puertas de la empresa petrolera, y menos deja en la indefensión al ACRCE. Y es que los pueblos indígenas NO quieren acabar con el ACRCE. La defienden igual que el Gobierno Regional de San Martín. Si esos territorios se afectan ellos pierden, pues viven de esos territorios. Son los más interesados en su defensa. Lo que quieren es que el ACRCE deje de considerarlos como inquilinos y como intrusos, y los considere no solo como guardianes, sino que reconozca su derecho de propiedad sobre los mismos, propiedad con restricciones. Ellos quieres participar en la gestión del ACRCE, en cumplimiento del artículo 15.1 del Convenio 169 de la OIT, cuando dice que los pueblos indígenas participan en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales que garantizan su subsistencia.

  1. El desafío del Gobierno Regional de San Martín: Sumar y no restar

El Gobierno Regional tiene un gran desafío. O insiste en su tesis de negar la titulación y seguir considerando a “todas” las comunidades nativas como enemigos o potenciales depredadoras de ACRCE, con lo cual entra en una lógica de confrontación, en la que nadie gana… O da un golpe de timón, y hace una alianza estratégica con las comunidades nativas que sí quieren proteger el ACRCE, y mira a estas ya no como enemigas sino como guardianes. Esto supondría que el ACRCE incorpore la perspectiva de los pueblos indígenas. Las comunidades nativas son pueblos indígenas que han estado en posesión de esos territorios desde tiempos inmemoriales. Conocen mejor que nadie esos bosques y son los más interesados en defenderlos, pues su vida depende de ellos.

(Foto: Canal de youtube “Viaja y prueba”)

[1] Ver sentencia: https://es.scribd.com/document/359953800/Accion-de-Amparo-Cordillera-Escalera y nuestros comentarios a la misma, en http://www.justiciaviva.org.pe/new/juez-ordena-a-sernanp-respetar-sentencia-del-tc-que-protege-cordillera-escalera/

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