¿Efectiva intervención policial en la masacre de Lima Norte?

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Por: Arturo Huaytalla Quispe

 

Hace dos semanas, Eduardo Romero asesinó a cinco personas en dos lugares públicos de Lima Norte. Primero abatió a un funcionario municipal en el distrito de Los Olivos. Luego, dos horas después y a tan solo dos kilómetros de distancia, asesinó a cuatro personas y disparó a otras ocho en el centro comercial Royal Plaza, en el distrito de Independencia. En el fondo, esta masacre, perpetuada en dos sitios distintos por una misma persona, también expresa un problema policial que no ha sido discutido a detalle, y por el contrario, fue capitalizada por distintas autoridades.

En una tragedia de esta naturaleza, una intervención policial eficiente es imprescindible para reducir los daños. Desde luego, hay cuestiones previas que debieron ser atendidas, como el control de armas y la salud mental[1]. Sin embargo, en un país de 30 millones de personas, el delito es una realidad inminente. El riesgo de que una persona o grupo quiebre las normas de convivencia se encuentra presente en todo momento, y para ello, necesitamos una Policía preparada para responder oportunamente.

¿Existió esta respuesta oportuna en el caso del tiroteo de Lima Norte? Creemos que no, porque haciendo sumas y restas la Policía tuvo aproximadamente dos horas para capturar al delincuente y no lo hizo. Lo más grave es que desde la cuadra 15 de la avenida Antúnez de Mayolo (lugar donde disparó al funcionario) hasta el Royal Plaza (sitio donde desató el tiroteo mayor y fue abatido) solo había dos kilómetros de distancia.

Esto nos lleva a otro asunto: la seguridad no debe concentrarse en la valentía de algunos, sino en la eficiencia de toda la institución policial en su conjunto para reducir la probabilidad de que ocurra un delito, o cuando ello no sea posible, de aminorar sus efectos. Por ello, preocupa que un grupo de efectivos, en este caso, no haya tenido una intervención oportuna, salvo la decidida participación del suboficial Lorenzo Machaca, que estaba de descanso (día de franco). Si los policías a cargo hubieran actuado a tiempo, solo hubiera sido victimado el funcionario Martín Moreno. Desde luego esto ya es muy grave, pero no habría más víctimas. Peor aún: sin la presencia de este policía, el tiroteo hubiera tenido consecuencias incluso más dramáticas, pues el asesino aún contaba con 8 balas sin percutir.

Por esto, disentimos de lo dicho por el Ministro del Interior, Carlos Basombrío, al referirse a la intervención policial. Él dijo[2]:

“La Policía llegó a los tres o cuatro minutos del primer incidente y empezó con su labor de investigación. En otro lugar, luego de dos horas, este sujeto entró a un lugar privado –una discoteca– y empieza a disparar sin control. Todo dura cinco minutos. Policialmente no hubo mucho por hacer. Afortunadamente un policía valiente actuó para defender a los demás…”

Frente a lo expresado por el Ministro cabe hacerse algunas preguntas: ¿Realmente no hay mucho por hacer policialmente, luego de que una persona dispara contra un funcionario público? ¿Hubo persecución policial luego del ataque al funcionario? (y si la hubo ¿el delincuente se les perdió en el camino?) ¿Qué se hizo en las dos horas de diferencia desde los primeros hechos hasta el segundo? ¿La ciudadanía debe estar tranquila de que “afortunadamente” -como si se tratara de un asunto de suerte- exista un Lorenzo Machaca? ¿La discusión de la actuación policial debe centrarse en un suboficial que estaba de franco y estuvo de casualidad por la zona, o en la actuación de los efectivos que estaban de servicio?

El Ministro del Interior llama héroe a Machaca con justa razón por su valeroso accionar. Sin embargo, olvida que el efectivo estaba de franco y que si se hubiera procedido de manera correcta, desde un inicio, no hubiera existido la necesidad de que él interviniera. De hecho, fuera de la participación del suboficial, la actuación policial en este caso no ha sido correcta; al contrario, refleja graves deficiencias que el Comando de la Policía y el Ministerio del Interior deben subsanar para que en adelante los delitos sean controlados oportunamente.

[1] En el país, cuatro millones de peruanos tienen una enfermedad mental y solo el 20% es tratado clínicamente (Instituto Integración, 2017).

[2] Entrevista realizada por El Comercio el día 25 de febrero del 2017.

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