El cierre de la pesquisa a Pablo Sánchez en el CNM: el fin a una acción política

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Por: Cruz Silva Del Carpio

 

Es sin duda una muy buena noticia que la indagación contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez haya acabado en el Consejo Nacional de la Magistratura: era evidentemente, y sobre todo, un intento político en respuesta al reinicio de la actividad fiscal sobre las denuncias que aún tienen que responder Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori.

Acción política

Los fujimoristas apuntaron sus baterías, y con la mayoría que aún tienen en el Congreso, promovieron rápidamente por medio del vocero Daniel Salaverry una denuncia constitucional ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. A pocos días, la congresista Yeni Vilcatoma se sumó con una denuncia constitucional más, haciendo el juego al intento fujimorista. La intentona política en el Congreso fue rápidamente detectada no solo por otros representantes políticos, sino también diversas voces de la sociedad civil e incluso de los propios fiscales, quienes en un acto hace muchos años no visto, se manifestaron en una vigilia a nivel nacional contra lo que era un evidente ataque a la independencia del Ministerio Público. La rapidez con que se movieron esas dos denuncias constitucionales (dejando de lado otras en el camino que le precedían en el tiempo) no dejaron duda de su verdadero fin: sacar al Fiscal de la Nación que, a pesar de tener muchas cosas que mejorar en su gestión, da espacio a los demás fiscales para que hagan su trabajo.

Sobre lo que acontecía en el Congreso, dentro y fuera de él, se alzaron diversas voces. Por ello, apareció otro espacio donde se podría avanzar en lo mismo, pero con menos personas directamente involucradas (7), y con un presidente que era cercano también al fujimorismo. Ese espacio era el Consejo Nacional de la Magistratura. Así, aparecía otra vez Vilcatoma haciéndole el juego al partido naranja. A solo dos días de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el primer informe de la SubComisión de Acusaciones Constitucionales y darle 15 días para que se pronunciara si el Fiscal de la Nación debía ser removido de su cargo, Vilcatoma presentó el 17 de noviembre una denuncia disciplinaria con fines de destitución ante el CNM.

Y lo hizo con los mismos argumentos que se veían ante el Congreso… y más:

  1. Que no se haya promovido la investigación respecto de las empresas consorciadas con Odebrecht.
  2. Que la elección del fiscal Hamilton Castro para el caso de corrupción y a exclusividad era inidónea, pues había demostrado falta de capacidad para la investigación.
  3. Que a pesar de lo anterior, se le haya ampliado la competencia al fiscal Castro para que además vea los delitos de lavado de activos.
  4. Que haya direccionado, entonces, la investigación fuera de los cauces correspondientes, ya que tocaba que el caso sea visto por el sistema que investiga criminalidad organizada, relacionado al delito de asociación ilícita para delinquir.
  5. Que le haya mentido al país al indicar que el fiscal Castro sí se estaba investigando a la empresa Graña y Montero, cuando esto recién habría sucedido el 29 de noviembre y el 1 de diciembre (con la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de la prisión preventiva).
  6. Que haya entorpecido la investigación a Pedro Pablo Kuczynski al indicar que por su investidura no se le puede investigar y acusar hasta que culmine su mandato, lo que influenciaría en otros fiscales según la denunciante.

La oportunidad de la denuncia de varios de estos cuestionamientos, en el momento post re-apertura de la investigación a Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori, reafirmaron la coincidencia con el ánimo político de la acción disciplinaria.

Jurídicamente insostenible

La argumentación jurídica no acompañó a estos intentos. Por ejemplo, porque:

  • El Fiscal de la Nación está en efecto facultado, bajo ciertas consideraciones (de complejidad del caso y conveniencia organizacional), a designar a un fiscal y un equipo para que se hagan cargo de una investigación.
  • Que sobre lo que realicen los fiscales que están llevando los casos, en principio, el Fiscal de la Nación no tiene ni injerencia ni poder de decisión en razón a la autonomía e independencia de los primeros (salvo, por supuesto, se identifique algún acto de corrupción de direccionamiento o confabulación; sin que esto signifique que la actividad de los fiscales que llevan los casos no pueda ser cuestionada ante los órganos de control interno o el propio CNM en caso corresponda destitución).
  • Porque el fiscal Castro sí se encontraba realizando investigación correspondiente a un proceso de colaboración eficaz.
  • Porque señalar la descripción de lo que significa la inmunidad de altos funcionarios no necesariamente ha de condicionar la actividad fiscal y, por el contrario, suponer previamente ello es dar paso a la violación de la independencia de los mismos.
  • La violación de las garantías sobre independencia que refiere la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8) y la Relatoría correspondiente de Naciones Unidas.

Por esas razones es que la denuncia contra Pablo Sánchez no quedaba debidamente argumentada, y mucho menos, las señaladas presuntas inconductas funcionales podían dar paso a una investigación preliminar, un procedimiento disciplinario, y finalmente una destitución.

¿No había, entonces, indicios suficientes para iniciar una investigación preliminar? Al menos, no en lo referido por Vilcatoma. Ello, no quiere decir que el Fiscal de la Nación no tenga críticas importantes al igual que el fiscal Hamilton Castro, pero de ahí, justificar una investigación con fines de destitución, sin que medie por ejemplo un daño irreparable en base a las decisiones administrativas del Fiscal de la Nación, y más aun siendo eco a los intereses políticos partidarios fujimoristas, es (por decir lo menos) arbitrario.

Dicho sea de paso, este caso no se compara con el que en su momento, en el 2014, el CNM definió respecto del entonces Fiscal de la Nación José Peláez Bardales, o del hoy ex fiscal de la Nación (destituido) Carlos Ramos Heredia en el 2015. Sobre el primero, la apertura de investigación preliminar se basó en el archivamiento de un caso en el extranjero (en la fiscalía de New York, sobre los Sánchez Paredes[1]), por no haber alcanzado a tiempo la información correspondiente y solicitada a su persona por el cargo desempeñado (titular de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación). Respecto del segundo, las diversas y serias irregularidades en la actuación de la Fiscalía Suprema de Control Interno en el caso “La Centralita”, justificaron la apertura de hasta tres procesos disciplinaros que acabaron con la destitución.

(Foto: La República)

[1] http://larepublica.pe/politica/775787-investigaran-a-fiscal-de-la-nacion-jose-pelaez-por-caso-sanchez-paredes

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