El costo de la justicia para un líder social

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Por: Mirtha Vásquez

 

28 de marzo, y los 16 líderes de Celendín y Sorochuco estaban nuevamente citados al Poder Judicial de Cajamarca. Varios han estado esperando desde temprano, otros llegan poco antes de la hora citada, apiñados en un vehículo, gritando y haciendo vivas. Esta vez no se les ve angustiados y nerviosos como siempre, esta vez brota en sus miradas una genuina alegría mezclada con una profunda emoción. Y es que esta vez solo han sido citados para escuchar la lectura íntegra de la sentencia que, sorprendentemente, les ha absuelto de los graves cargos de Secuestro y otros delitos, por los que se les pedía 33 años de cárcel, en un proceso que afrontaron por cuatro largos años.

Escuchan atenta y pacientemente esta sentencia, y luego se oyen suspiros profundos de tranquilidad con los que se levantan de la sala, dando aplausos. “Somos libres”, “por fin se nos hizo justicia”, “ya podemos caminar tranquilos”. Casi no pueden creer que por fin hayan declarado su inocencia, que por fin esté terminando este largo y tortuoso camino que significa someterse a un proceso judicial en este país, no solo por los típicos problemas característicos de un sistema colapsado y sin garantías mínimas, sino porque además, ser procesado por determinados cargos y condiciones, como en este caso, implica un extra en las cargas y consecuencias.

Afrontar un proceso judicial

Existe un viejo dicho: “más vale un mal arreglo que un buen juicio”, el cual no deja de tener vigencia en nuestro país.

El sistema judicial en el Perú sufre un proceso de progresiva deslegitimación. Los plazos excesivos, los costos, la corrupción, son solo algunos de los principales cuestionamiento. Las desconfianzas en este sistema hacen que la expectativa de conseguir justicia, la haga análoga a jugar a la ruleta. Y los cuestionamientos se incrementan conforme a los casos y a la manera sorprendentemente se van resolviendo.

Así, solo por colocarnos en este ejemplo, el poco éxito y eficacia que tiene este poder del Estado para juzgar y sancionar la delincuencia común, contrasta con la implacabilidad y severidad con que se persigue y sanciona desproporcionalmente en ciertos asuntos, como los ligados a procesos sociales, por ejemplo.

La gente no deja de mostrar su indignación cuando verifica que mientras un delincuente común es sancionado con penas simbólicas, el mismo sistema de justicia no escatima en pedidos de 30 años a más de prisión en casos sociales, sin que incluso haya tenido reparo en solicitar la pena máxima, la cadena perpetua.

Ser un líder social y ser juzgado por su rol

Si cualquier persona involucrada en un proceso judicial, inevitablemente tiene que sufrir el desgaste material y psicológico de un litigio común que se traduce en dinero y tiempo invertido, o perdido, y una fuerte carga emocional sobrellevada durante el tiempo que lo afronte, cuando el proceso versa sobre un tema de origen social, y recae sobre el rol o liderazgos, los costos y efectos se redoblan en varias dimensiones.

La razón es simple, y obedece a uno de los problemas ya característicos del sistema de justicia peruano, que incapaz de independizarse del poder, vuelve más vulnerables a los investigados en este ámbito y llega a revictimizar a los sujetos de los sectores sociales más débiles de esta desigual sociedad.

El aparato de justicia refleja y multiplica las desigualdades correspondientes a fracturas étnicas, de género y de clase, que al subsistir cuestionan la pretendida modernidad de estas sociedades.[1]

Por eso, en este tipo de casos en que se plantean sanciones para personas que han sido parte o liderado movimientos sociales que cuestionan un estatus, o reivindican derechos frente a intereses de carácter económico, de origen pobre, discriminados tradicionalmente, la implacabilidad con que se aplica la ley es máxima (llegando a lo discriminador), por tanto los efectos que sufren producto de ello también se profundizan o se amplían en diversas esferas de su vida.

 

“Estar involucrado en estas luchas sociales y ser procesados por esto, nos vuelve ante la sociedad delincuentes, violentista. La gente nos tiene como personas peligrosas que hacen daño a la sociedad”, manifiesta Milton Sánchez, dirigente procesado en este caso.

La Justicia abusa de nosotros. “Ustedes ya conocen que una vez fuimos detenidos arbitrariamente por la policía en la Dircote  y nos tuvieron 10 horas sin decirnos para qué o por qué nos detuvieron […]”, explica este líder a LaMula.pe[2].

“Venir cada vez al juicio implica dejar de trabajar, un día sin hacer mi trabajo significa dejar de dar de comer a mi familia”, decía frustradamente César Bolaños, uno de los procesados que alguna vez que no pudo asistir por este motivo y que fue declarado reo contumaz.

“Señoras no pueden ingresar a la sala de audiencias con sus hijos”, le gritó la auxiliar judicial a Jeny Cojal, Andrea Rodríguez y Emperatriz Bolaños en una de las primeras audiencias. Las dos primeras llevaban bebés lactantes, y la última a su hijo de menos de cuatro años que no tenía con quien dejar. “El Código de Niños y Adolescentes prohíbe, por protección a los menores, que puedan presenciar juicios de sus progenitores”. Replica Jeny “¿y qué hacemos?”, “Nuestros hijos tienen que mamar, los traemos porque no tenemos con quien dejarlos”.  Pero la ley es implacable para ellas y no dejaría que participen de este proceso de no aceptar esta condición. Ante el temor de ser declaradas contumaces y ordenar su captura, las mujeres tienen que dejar en manos de terceros a sus bebés y privarlos de su derecho a amamantarlos para poder afrontar su juicio.

Las etiquetas que les asigna la sociedad

“Eres un delincuente, te vas a ir a la cárcel”, les gritaron varias veces a líderes como Ramón Abanto. El encabezar esta lista de procesados le trajo más que varios desencuentros con sus propios vecinos y gente de la ciudad. El estigma de ser un procesado por asuntos sociales, le coloca la etiqueta de violentista, revoltoso, peligroso para la sociedad. De líderes ambientales pasaron a ser vistos como criminales. Esto es parte de la campaña que levanta no solo el Estado sino las empresas, poderes con quienes se confrontan estos líderes en estos casos.

Pero este efecto pernicioso no solo impacta sobre quienes están procesados, lo hace también sobre el movimiento social, a quienes no solo se les extiende estas etiquetas sino que se les desincentiva y atemoriza en su lucha social. El efecto recae en la propia sociedad, donde se instala errónea y peligrosamente la idea de que participación política y protesta social equivale a actos delictivos. Por ello, en el fondo, el costo lo asumen los propios derechos y el Estado Democrático que se ve socavado.

Tener la absolución no repara el daño

 

“Dime que es verdad, confírmame que nos absolvieron”, me pregunta Jeny Cojal al teléfono el día que los jueces resolvieron el caso. Al confirmarle este hecho me dice,“la verdad es que estaba rumbo a la selva, estaba huyendo, soy madre soltera, no puedo arriesgar mi libertad, una sentencia en contra me podía llevar a la cárcel y no estaba dispuesta a dejar desamparados a mis hijos”, me confiesa, mientras llora en el teléfono.

 

“Mi madre me dijo hoy, júrame que vas a volver, ella es anciana, y estos últimos cuatro años ha tenido que vivir con la terrible angustia de poder verme en la cárcel”, dice Justiniano Montoya, quien también derrama lágrimas al saberse absuelto en este proceso.“Hoy me levanté después de cuatro años esperanzado, por fin siento que puedo hacer planes otra vez para mi vida”, termina diciendo en un pequeño discurso luego de leída su sentencia.

No. En definitiva, tener una sentencia absolutoria no repara los daños, ni personales ni sociales, que provocan estos procesos. ¿Cómo superar los graves efectos psicológicos, morales y materiales que han tenido que soportar personalmente? No repara el daño en el tejido social, no repara el daño que ha tenido que asumir la democracia.

Era el día de la sentencia, y los procesados esa vez decidieron venir con sus hijos, desafiando de algún modo al sistema. Sorprende saber sus razones. Fabio Rojas lo explica: “es importante que nuestros hijos vean y valoren este momento, es fundamental para fortalecer nuestras luchas. Conga No irá”. En el fondo, todos valoramos que este largo y terrible camino valió de algo la pena. Pero miro a tres niños, ya de cuatro años, y me pregunto, ¿cómo este sistema se reivindica con ellos?

Curioso, la sentencia de este caso termina absolviendo a estos líderes no por aceptar su inocencia, sino por señalar que existió una deficiencia en la actividad probatoria del Ministerio Público. Aunque en términos de resultado parecen ser irrelevantes estos fundamentos, sí son importantes en términos de justicia. ¿Por qué no reconocer la inocencia conforme a la ley? Luis Pásara lo puntualiza: “este sistema solo dará eficacia a las normas mientras el poder no tenga inconveniente en ello”.

(Foto: internet)

 

[1]Pásara, Luis. Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo. Fondo Editorial PUCP, 2014: 11.

[2] En: www. redaccion.lamula.pe/2011/12/09

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