El Frontón reasume condición de crimen de lesa humanidad

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Por: Carlos Rivera Paz

 

La semana pasada el Tribunal Constitucional ha emitido un auto por el cual ha subsanado la sentencia emitida por este órgano el 14 de junio del 2013 en el hábeas corpus presentado por varios procesados en el caso de la matanza de El Frontón (1986). Aquella sentencia estableció que tan grave hecho no podía ser calificado como un crimen de lesa humanidad, lo cual –sin duda alguna– se convirtió en un instrumento de mucha valía para la defensa de los autores materiales y mediatos del crimen.

Dada la importancia de la reciente resolución del Tribunal Constitucional consideramos necesario explicar los antecedentes para entender los alcances de la misma en el proceso judicial que hasta la fecha se encuentra pendiente de juzgamiento.

El proceso judicial

El 9 de enero del 2009 el Cuarto juzgado penal supraprovincial emitió el auto de apertura de instrucción contra varios elementos de la Marina de Guerra del Perú, como autores del delito de homicidio calificado en agravio de los internos del establecimiento penal de El Frontón, crimen perpetrado el 18 y 19 de junio de 1986. El mencionado juzgado calificó los hechos como un delito de lesa humanidad, de acuerdo a las reglas del derecho penal internacional. El año 2005 se había emitido un primer auto de apertura dando inicio al proceso judicial.

Posteriormente en el año 2012 la fiscal Luz Ibañez, titular de la Segunda Fiscalía Penal Nacional, formuló acusación contra los procesados, estableciendo que tratándose de un caso en el que solo están considerados como imputados los autores materiales del crimen, la responsabilidad penal de los autores mediatos se establecería como resultado del juicio oral que la Sala Penal Nacional debe desarrollar contra los acusados.

En esas circunstancias, varios de los marinos comprendidos en el auto de apertura del año 2009 presentaron una acción de hábeas corpus contra dicha resolución judicial, cuestionando la calificación de los hechos como crimen de lesa humanidad. Tal proceso constitucional fue desestimado por el Poder Judicial y ello les permitió que el caso llegue al Tribunal Constitucional (TC).

 

TC: no es un crimen de lesa humanidad

Es así que a inicios de setiembre del año 2013, el Tribunal Constitucional emitió sentencia –el 14 de junio del 2013– en la cual falló declarando que “…si bien los hechos materia del proceso penal debe ser investigados en virtud del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos.” (Fundamento 68). Sobre ese argumento la sentencia estableció declarar la nulidad del “…auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supranacional con fecha 9 de enero de 2009, en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la imputación.”

Para arribar a semejante conclusión, la sentencia del Tribunal Constitucional había utilizado argumentos sumamente cuestionables y una línea de interpretación del derecho penal internacional deliberadamente equivocada. Basta señalar –por ejemplo– que, entre otros argumentos, la sentencia señala lo siguiente: “…no es posible afirmar que en esos años las ejecuciones extrajudiciales hayan sido una práctica común por parte del Estado, por lo que en el caso no hay elementos para determinar que el hecho respondió a una política de Estado…”, dando cuenta con ello que la sentencia tiene más un tono de absolución histórica del gobierno del presidente García Pérez del 85 al 90 y olvidando, muy convenientemente, matanzas como las de Accomarca, Umaru y Bellavista, Parcco y Pomatambo, Cayara y los crímenes del llamado Comando Rodrigo Franco.

El TC también indicó que, para él, en los hechos de El Frontón no es posible encontrar ninguno de los elementos del crimen de lesa humanidad ya que considera –sin mayor análisis– que “…el resultado de la operación para debelar el motín no fue producto de un plan preconcebido para buscar acabar con la vida de los internos, sino de los excesos producidos con ocasión del enfrentamiento producido entre los internos y las fuerzas del orden y como resultado de decisiones y acciones tomadas durante el desarrollo de los hechos, por lo que se descarta que la actuación del Estado haya sido preconcebida o planificada…” (Fundamento 62).

Como podemos claramente observar, el sentido de la sentencia ya no se limitó solo a identificar si los hechos son o no un crimen internacional, sino que avanza –con firmeza– en una línea estrictamente absolutoria, desconociendo de forma clamorosa las circunstancias de los hechos. Solo para recordarle al lector: entre el 18 y 19 de junio de 1986, las fuerzas del orden ejecutaron a por lo menos 133 internos en El Frontón y a otros 150 en el penal de Lurigancho sobre la base de órdenes superiores.

 

El objetivo de la sentencia del TC

Desde nuestro punto de vista, al momento de emitirse la sentencia se tenía un objetivo muy concreto: colocar un muro legal para que los autores mediatos –no comprendidos en el proceso judicial– no sean involucrados en un futuro proceso judicial. Por ello, si bien les interesó declarar que los hechos no constituyen crimen de lesa humanidad, a los magistrados del TC les interesó y mucho declarar que “…si bien los hechos materia del proceso penal debe(n) ser investigados en virtud del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos.”

Más allá de la supuesta protección de los derechos de aquellos marinos procesados por el crimen, la mirada de los jueces del TC está centrada en los autores mediatos, y por ello no solo desestiman que El Frontón tenga la condición de crimen de lesa humanidad, sino que inclusive y literalmente inventan un plazo de prescripción que no existe en la ley penal, cuando declaran que “terminado el proceso opera la prescripción”, justamente para que no exista la posibilidad de que se inicie un nuevo proceso. Así como era indispensable quitarle la condición de lesa humanidad, es mucho más indispensable declarar que no debe existir un nuevo proceso judicial.

 

El pedido de subsanación al TC

Pero en el afán de consagrar impunidad a favor de determinados personajes privilegiados, los jueces cometieron un grave error material. El entonces magistrado Vergara Gotelli firmó dos resoluciones enteramente contradictorias. Por ello es que tanto la Procuraduría Pública Supranacional, el IDL, Aprodeh y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en setiembre del 2013 presentamos un pedido de subsanación por error material ante el propio TC.

El tiempo pasó y, sinceramente, nos pareció que ese asunto jamás sería resuelto por el Tribunal Constitucional.

Desde el año 2013, en que se dictó la sentencia del proceso penal por la matanza de El Frontón, el caso ha ido avanzado muy lentamente, tanto así que existiendo una acusación fiscal presentada el 2012 hasta la fecha no se ha iniciado el correspondiente juicio oral.

 

El Auto subsanatorio

En el auto emitido hace pocos días, el Tribunal Constitucional –obviamente respondiendo a su nueva composición– declara que “…queda claro que no se trata de supuestos de vicios o errores graves de motivación ni de vicios sustantivos contra el orden jurídico constitucional…”, agregando que observan “…que en general si estamos ante una sentencia formalmente válida (pues cuenta con las formalidades para ser considerada así) y tan solo existe dudas con respecto a uno de sus extremos, el cual conforme alegan los solicitantes, habría sido incorporado erróneamente en la sentencia.” (Fundamento 7).

Por ello, los magistrados consideran que la petición realizada en setiembre del 2013 no se refiere a un  supuesto de nulidad sino que, en realidad, “…alude, si fuera el caso de que se acredite que la resolución no contó con los votos necesarios para pronunciarse sobre la calificación de los hechos del caso El Frontón como crímenes de lesa humanidad, contenido en el fundamento 68, de un vicio o error que podría ser materia de una subsanación puntual.” (Fundamento 8).

Siendo esto así, el TC declara que “…corresponde subsanar el error material de la sentencia de autos, consistente en haber incluido indebidamente el fundamento jurídico 68 y el punto 1 de la parte resolutiva, conforme a los cuales se declaró la nulidad del auto de apertura de instrucción de la presente causa.” (Fundamento 13), sobre lo cual decide “…tener por no incorporados en la resolución el fundamento 68 y el punto 1 de la parte resolutiva.”

 

El Frontón: crimen de lesa humanidad

¿Qué significa y qué consecuencias tiene esta decisión?

El primer significado que debemos anotar es que el TC, teniendo otra composición, asume un sentido de interpretación de los crímenes contra los derechos humanos y en particular de los crímenes de lesa humanidad, compatible con el contenido de la sentencia dictada en el expediente N° 024-2010-PI/TC de marzo del 2011, donde se estableció una verdadera doctrina constitucional en materia de crímenes de lesa humanidad.

La principal consecuencia de la disposición del Auto bajo comentario es que el auto de apertura de instrucción emitido por el Cuarto Juzgado Penal Supranacional del 2009 reasume su plena validez y, sobre todo, que los hechos materia del proceso deben volver a ser considerados y calificados como un crimen de lesa humanidad. Y, consecuentemente, como un crimen imprescriptible.

Siendo esto así, lo que corresponde a la Sala Penal Nacional es fijar fecha de inicio del juicio oral, para que al final del mismo se puedan determinar las responsabilidades y penas que correspondan, tanto de los autores materiales en este proceso, como de los autores mediatos en un siguiente proceso judicial.

(Foto: CVR)

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