El nuevo reglamento de ratificación de magistrados del CNM: sin transparencia para el ciudadano, sin control de los conflictos de interés de los consejeros

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Por: Cruz Silva Del Carpio

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha hecho públicos tres nuevos reglamentos: sobre cómo se seleccionan magistrados, cómo se evalúan y ratifican, y cómo son los procesos disciplinarios que pueden conllevar a su destitución. Guido Águila, el actual presidente del CNM, ha señalado que es por el interés institucional de reforzar las funciones del Consejo. Lo cierto es que, de una revisión de los reglamentos, se puede decir preliminarmente que el “avance” es poco frente a las grandes ausencias. Y lo peor, es que esas ausencias van a parte esencial de lo que es el corazón de todo proceso que defina la carrera judicial o fiscal de los magistrados: la transparencia y el control de presuntos conflictos de interés de los consejeros del CNM.

Por ejemplo, el reglamento de evaluación y ratificación.

Hay un serísimo problema con el acceso a la información, no tanto para el magistrado evaluado, sino, para la sociedad civil interesada por alertar al CNM, paso a paso, sobre el desempeño del magistrado en los 7 años de labor evaluada, como sobre su comportamiento y argumentos en el proceso de evaluación. El reglamento, en su artículo 50 dice: “Cualquier persona debidamente identificada o institución debidamente representada puede solicitar copias del expediente de evaluación sólo cuando el procedimiento hubiese concluido.”; es decir, cuando haya una decisión firme de ratificación o no ratificación.

Esta disposición reglamentaria no solo viola un derecho fundamental (ya que existen documentos previos que se pudieran conocer de parte de la sociedad civil interesada, como el expediente de evaluación o el informe de la comisión evaluadora), sino que además, impide una efectiva fiscalización de los ciudadanos sobre estos procesos (la participación ciudadana, otro derecho fundamental ), quienes, más allá de presentar en plazo definido sus apoyos o cuestionamientos a la labor de un magistrado, no tendrían ninguna otra forma oficial de fiscalizar el desempeño del CNM. Por estas razones, esta disposición ya está viciada de inconstitucionalidad.

También, la participación ciudadana se acorta y queda sesgada al no preverse, por ejemplo, que los ciudadanos que hayan presentado sus argumentos por (en su caso) la no ratificación de un magistrado, no puedan posteriormente pedir la reconsideración si es que en la decisión del CNM no se ha motivado el rechazo del cuestionamiento presentado. Sin ese recurso, la actuación ciudadana queda en el papel.

De haberse querido una real transparencia para el ciudadano, que es el más interesado en conocer cómo el CNM evalúa, paso a paso, a los magistrados del país que deciden sobre sus derechos, el CNM bien pudo evitar este tipo de disposiciones, e incluso ir más allá. Por ejemplo, haciendo públicas las agendas de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, así como de los Plenos del Consejo donde se hable de estos procesos.

Otro gran problema, que justamente es histórico en el CNM, es el conflicto de interés que se ha presentado entre consejeros y magistrados evaluados.

Ha sucedido que, de forma tardía, algunos consejeros daban cuenta de algún conflicto, por el que se inhibían posteriormente, haciendo que el proceso de evaluación demore al regresarse a cero. También ha sucedido, que no es el consejero sino un tercero al proceso (por ejemplo, un ciudadano, o los medios de comunicación) quien da luces del conflicto de interés, y recién ante esa revelación el consejero se inhibe. Asimismo, ha sucedido que a pesar de conocerse del conflicto de interés, el consejero cuestionado es reacio a inhibirse de motu proprio, y continúa participando del proceso (por más evidente que sea la causal de inhibición).

En alguno de estos supuestos han recaído consejeros como Pablo Talavera Elguera, actual integrante de la Comisión de Transferencia del Sector Justicia y Derechos Humanos.

Ello, cuando no se inhibió a tiempo (a pesar de habérsele solicitado formalmente) del proceso de ratificación del juez César Hinostroza Pariachi, juez patrocinado por un amigo del consejero, el abogado José Luis Castillo Alva, en un caso ante el Tribunal Constitucional en su afán de ser magistrado supremo. La cercanía entre los tres quedaría posteriormente señalada por el diario La República[1], cuando publicó la coincidencia de los tres en la boda colombiana del abogado Castillo (ver: Crónica de un grave conflicto de intereses en el CNM). Posteriormente, y solo ante esa revelación y la confirmación de que su amigo abogado seguía patrocinando al juez evaluado, se inhibió.

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  Fuente: Perú.21

 Otro caso es el del ex consejero Vladimir Paz de la Barra, quien según algunos medios estaría siendo voceado para, nada más y nada menos, conformar el gabinete ministerial del nuevo presidente (Exitosa, 06 de julio de 2016).

En el 2012, el CNM pudo conocer a través de una denuncia anónima a la que se adjuntaban piezas procesales de un caso de incautación de casi 4 toneladas de cocaína, que el juez de la causa, en ese entonces en proceso de evaluación, había fallado en sí a favor de un pedido de cambio de prisión preventiva de una de las denunciadas. Quien patrocinó ese pedido fue el hijo abogado del entonces consejero. Por ese hecho Paz de la Barra debió inhibirse. No obstante, no solo no lo hizo, sino que además participó de la entrevista pública donde se le preguntó al juez sobre ese caso. Es un caso que ha quedado en la impunidad, que ha sido publicado por IDL-Reporteros (ver: Cuatro toneladas de conflicto de interés) y que, de aplicarse la ley en este país, debiera haber en su momento ocasionado su remoción del cargo y quizá el impedimento para ejercer la función pública por algunos años por la gravedad del caso.

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Foto: Ojo.

 El caso anterior, con el actual reglamento, poco cambiaría: porque no se considera excepción alguna a las denuncias anónimas cuando, por ejemplo, tienen adjunto piezas procesales que evidencian la presunta denuncia; o porque en el reglamento quien se inhibe es el propio consejero cuestionado o a pedido del magistrado evaluado, sin señalarse expresa y claramente la posibilidad de que la inhibición sea planteada por terceros ajenos a la evaluación, otro consejero, o definida a iniciativa y por el Pleno.

 Abstención.

XVIII. Los consejeros que se encuentren incursos en causal de abstención establecida por ley o en algún hecho que perturbe su participación en el procedimiento deben presentar al Pleno su pedido de abstención del conocimiento del procedimiento respectivo, bajo responsabilidad. Cuando un consejero no se abstuviera, el juez o fiscal puede solicitar la abstención hasta diez días (10) antes de su entrevista personal. El Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura aprueba si proceso o no la abstención.

Este serísimo problema, el de los conflictos de interés, no ha sido tomado en cuenta por el nuevo CNM. ¿Por qué? Incluso la propuesta de Justicia Viva, de fines del año pasado, se avocaba directamente sobre este problema que urgía y urge normar.

CAPÍTULO ___

DE LA ABSTENCIÓN DE LOS CONSEJEROS

Artículo __º.- Prevención

A fin de prever posibles conflictos de interés entre los consejeros y los magistrados evaluados:

  1. Todos los consejeros tienen la obligación de remitir al Pleno del CNM la relación de causas judiciales y fiscales en las que se encuentren, directa o indirectamente involucrados como demandantes, demandados, denunciantes o denunciados. Dicha información deberá contener además el nombre de los magistrados que hayan participado o participen en dichas causas. Esta información debe ser entregada por los consejeros en la brevedad posible y el respectivo plazo perentorio, bajo responsabilidad. Dicha información, además, es pública.
  2. Asimismo, todos los consejeros tienen la obligación de remitir al Pleno del CNM la relación de causas judiciales y fiscales en las que sus familiares directos se encuentren, directa o indirectamente involucrados como demandantes, demandados, denunciantes o denunciados. Dicha información deberá contener además el nombre de los magistrados que hayan participado o participen en dichas causas. Esta información debe ser entregada por los consejeros en la brevedad posible y el respectivo plazo perentorio, bajo responsabilidad. Dicha información, además, es pública.
  3. Los consejeros que hayan ejercido como abogados deberán remitir la lista de magistrados, jueces y fiscales, ante los que han patrocinado casos. Esta información debe ser entregada por los consejeros en la brevedad posible y el respectivo plazo perentorio, bajo responsabilidad. Dicha información, además, es pública.

Es requerida la entrega de similar información, cuando el consejero cuente con familiares directos, por consanguinidad o afinidad, que sean abogados.

De existir alguna otra situación de presunto conflicto de interés, según la legislación y según criterios razonables, los consejeros del CNM se encuentran en la obligación de comunicarla previa y oportunamente al Pleno del CNM, bajo responsabilidad.

Artículo __º.- Sobre las condecoraciones y otros reconocimientos

Los consejeros en funciones no pueden aceptar condecoraciones o algún otro reconocimiento por parte de alguna autoridad o representante judicial o fiscal; a fin de evitar la ruptura de la apariencia de imparcialidad o independencia.

Artículo __º.- Sobre la abstención de los consejeros

Las solicitudes de inhibición de consejeros son evaluadas y decididas por el Pleno del CNM. Dicha solicitud puede ser de oficio, a pedido de parte, a pedido de un tercero, o incluso a propuesta del propio consejero en cuestión.

La decisión de un consejero de sí inhibirse, procede siempre y cuando se encuentre debidamente motivada.

La solicitud de inhibición de un consejero, así como la decisión, votación y motivación sobre la misma, es pública.

Artículo __º.- Participación en el Pleno y en la Comisión Permanente

Los consejeros inhibidos no podrán participar ni estar presentes cuando sobre dichos procesos de evaluación y ratificación se informe, debata o decida en las sesiones del Pleno del CNM, o en las sesiones de la Comisión Permanente. Solo después de tocado dichos temas, el consejero regresa a la sesión.

Pero, el CNM no lo ha tomado en cuenta.

Como dice el dicho “lo que mal anda, mal acaba”. Al inicio del proceso de cambio de este reglamento hubo muchos cuestionamientos que, con claridad, no han sido desvirtuados (ver: ¿Aviso de un nuevo golpe?: El silencioso y oscuro cambio en las ratificaciones del CNM). Siendo así el escenario, y de no aclararse debidamente qué pasó, por qué la sociedad civil no fue convocada para tan centrales cambios de una manera activa (teniéndose en efecto las propuestas), este nuevo reglamento más que un mérito sería una razón más (sumada a la actuación en el caso “Quispe Pariona”, o las cuestionables elecciones de nuevos magistrados supremos) por las que el CNM debe ser urgentemente reformado y, algunos de sus consejeros, removidos.

[1] Ver Fiscales y jueces también viajaron a boda de abogado de clan (La República, 19 de agoto de 2014), y Pdte de CNM fue testigo de boda de amigo de Alfredo Sánchez Miranda (La República, 20 de agosto de 2014).


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