El pastor, el periodista y el odio: Análisis jurídico de los discursos vertidos en la marcha «Con mis hijos no te metas»

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Por: Álvaro Masquez Salvador

 

Hace poco, miles de integrantes del colectivo «Con mis hijos no te metas» se movilizaron en todo el país, en protesta contra el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado en diciembre por el Ministerio de Educación. Consideran, equivocadamente, que promueve la denominada «ideología de género», mediante la cual se estimularían categorías de la orientación sexual distintas a la heterosexualidad en escuelas públicas y privadas. Así lo han expresado numerosos voceros del colectivo ante la prensa y la opinión pública.

Algunos, sin embargo, aprovecharon la ocasión para proclamar verdaderos mensajes de homofobia, cargados de intolerancia, contra la comunidad LGBTI. Fueron los casos de Rodolfo Gonzáles, pastor evangélico del Movimiento Misionero Mundial, y Phillip Butters, periodista. Ambas intervenciones fueron duramente condenadas por un sector de la opinión pública. No obstante: ¿Constituyen ejercicios legítimos de la libertad de expresión? ¿Discursos de odio? ¿Delitos? El presente artículo pretende dar respuesta a estas preguntas.

 

Libertad de expresión: reconocimiento y límites

La libertad de expresión constituye una condición esencial para el funcionamiento de las sociedades democráticas. Es un derecho humano y fundamental. Goza de un reconocimiento pleno en el ordenamiento nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De tal forma, el artículo 2°, inciso 4 de la Constitución nacional dispone: «Toda persona tiene derecho: […] A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento».

De manera similar, aunque más amplia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 13°, inciso 1: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, difundir informaciones e ideas de toda índole». Otros tratados internaciones, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), laDeclaración Universal de Derechos Humanos (artículo 19°) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19°), han consagrado también el derecho de libre expresión. Incluso, en octubre del 2000, fue aprobada la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su concepto, según señalan Rubio Correa, Eguiguren Praeli y Bernales Ballesteros, pudiera ser el siguiente:

[E]l derecho de expresión consiste en poder expresar nuestras ideas a los demás de manera que ellos las reciban y tratando de que lo que queremos expresar sea, en realidad, lo que expresamos; es decir, que haya una coincidencia lo más exacta posible entre lo que deseamos declarar y lo que declaramos. El ejercicio de la libertad de expresión incluye expresar no solo ideas de la razón, sino también lo artístico o lo sentimental. Incluye no solo la expresión de la palabra escrita u oral, sino también los actos que contengan claramente una expresión[1].

Sin embargo, no existen derechos absolutos. Están sujetos a límites. Estos, como es claro, escapan de su contenido constitucional, en tanto son derechos fundamentales. La libertad de expresión no es la excepción y posee, en efecto, determinados límites. Uno de ellos lo constituye la prohibición de la apología del odio, equiparable al discurso de odio. Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Riffo contra Chile, determinó que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención Americana[2]. De tal modo, está proscrito todo acto de discriminación contra la comunidad LGBTI que se funde en estas razones.

 

Los discursos de odio

Esta prohibición ha sido además reconocida en el artículo 13°, inciso 5 de la Convención Americana, el cual señala: «Estará prohibida por ley […] toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional». Esta limitación a la libertad de expresión es necesaria para optimizar la vigencia del principio y derecho de igualdad y no discriminación. Además, según señala la Comisión Interamericana, sirve para garantizar ciertos intereses públicos o los derechos de otras personas[3].

Los discursos de odio, según ha señalado recientemente la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, están referidos a:

[E]xpresiones a favor de la incitación a hacer daño (particularmente a la discriminación, hostilidad o violencia) con base en la identificación de la víctima como perteneciente a determinado grupo social o demográfico. Puede incluir, entre otros, discursos que incitan, amenazan o motivan a cometer actos de violencia. No obstante, para algunos el concepto se extiende también a las expresiones que alimentan un ambiente de prejuicio e intolerancia en el entendido de que tal ambiente puede incentivar la discriminación, hostilidad y ataques violentos dirigidos a ciertas personas[4].

El Código Penal, en determinados supuestos, ha tipificado como delito determinadas conductas relativas a la proclamación de discursos de odio. Existen, en tal sentido, el delito de «discriminación e incitación a la discriminación»[5] (artículo 353°) y la circunstancia agravante genérica –que tiene por objeto el ajuste de la determinación judicial de la pena aplicable a los intervinientes en un delito– de «[e]jecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación» (artículo 46°). Precisamente, entre las categorías protegidas por esta disposición se encuentran el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. Ambas inserciones fueron promulgadas recientemente, mediante el Decreto Legislativo N° 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.

Por otro lado, si alguna persona hubiera resultado lastimada (muerta o herida) por causa de la propagación de un mensaje de odio, aquel quien lo pronunció pudiera responder por la comisión de los delitos de «homicidio» (artículo 106°), «lesiones graves» (artículo 121°), o «lesiones leves» (artículo 122°) –o en sus modalidades agravadas– en calidad de instigador. Para esto, la Fiscalía deberá comprobar las circunstancias en que fue dirigido el discurso y la relación existente entre el autor material del delito y el instigador.

Con respecto a la penalización de discursos no protegidos por la libertad de expresión (en este caso, el discurso de odio), el Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, -instrumento de soft law, aprobado en Marruecos en 2012– ha establecido determinados criterios para evaluar aquellos discursos penalmente, los cuales han sido recogidos por la Comisión Interamericana en un informe temático sobre violencia contra la población LGBTI[6]:

(i) el contexto social y político prevalente almomento en que el discurso fue emitido y diseminado;

(ii) la posición o el estatus social del emisor del discurso, incluyendo la postura del individuo o de la organización en el contexto de la audiencia a la cual se dirige el discurso;

(iii) la intención del emisor del discurso;

(iv) el contenido o la forma del discurso, que puede incluir la evaluación de hasta qué grado el discurso fue provocador y directo, así como un enfoque en la forma, estilo y naturaleza de los argumentos expresados en el discurso en cuestión o en el balance alcanzado entre los argumentos expresados;

(v) el ámbito del discurso, incluyendo elementos como el alcance del discurso, su naturaleza pública, la magnitud y el tamaño de la audiencia; y

(vi) la posibilidad, inclusive la inminencia, de que exista una probabilidad razonable de que el discurso tenga éxito en incitar a una acción real contra el grupo al que se dirige, reconociendo que esa relación de causalidad debe ser más bien directa.

A continuación, analizaremos los discursos vertidos por Rodolfo Gonzáles y Phillip Butters, con ocasión de las protestas contra el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica, con el propósito de establecer si constituyen o no discursos susceptibles de protección, por constituir supuestos de ejercicios legítimos o ilegítimos de la libertad de expresión. Y, de no serlo, si significan discursos de odio, susceptibles de una sanción penal.

 

Rodolfo Gonzáles: el pastor en el púlpito

En el distrito de La Victoria, en el local principal del Movimiento Misionero Mundial (MMM), el pastor Rodolfo Gonzáles pronunció el siguiente discurso:

Los homosexuales deben morir al igual que los corruptos, ateos porque no son obra de Dios. Si encuentran dos mujeres teniendo sexo, maten a las dos. Si encuentran a una mujer teniendo sexo con un animal, mátenla a ella y maten al animal, sea un perro o cualquier otro animal, será una perra o cualquier otro animal, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús y en la sangre de Cristo.[7]

Ocurrió el pasado miércoles 1 de marzo, frente a centenares de personas, incluyendo niños y niñas. El culto, que duró más de dos horas, contó con traducción simultánea al inglés y fue transmitido a través de los medios de comunicación de los que dispone la iglesia. El MMM suele realizar transmisiones en vivo y retransmisiones de sus cultos a través de Radio Pacífico y Bethel Televisión, donde cuentan con elevados márgenes de audiencia en Lima y todo el país, incluso en el extranjero. Aquella ocasión, según contó La República, se planificaba la protesta del colectivo «Con mis hijos no te metas», donde Gonzáles es uno de los voceros más notorios.

 

Phillip Butters: el periodista en la marcha

Por su parte, el periodista Phillip Butters, expulsado de su programa de radio en RPP, expresó el siguiente discurso durante las protestas en la Plaza San Martín, en una clara actitud de animadversión contra el también periodista René Gastelumendi:

Si Gastelumendi quiere a su hijo cabro, feliz por el hijo cabro. Si le quiere llevar a la Chola Chabuca al santo de su hija, que se la lleve, con mi hija que no se meta [sic] […] Yo no confío en pobres diablos como él. Si él quiere que su hija sea lesbiana o que su hijo sea homosexual y que tenga orgías a los 13, 14, 15 años. Que tengan ellos y que armen su orgía con los hijos de Marilú Martens y que hagan su fiesta gay o trans con los hijos de PPK o con los hijos de Zavala. Que vayan todos los rosquetes, todas las lesbianas y que hagan su orgía y listo. Pero con sus hijos, no con los míos. ¿Me he dejado entender o no?

Butters hizo estas declaraciones para Radio La Luz, quien transmitió en vivo la marcha a través de La Luz Radio, La Luz Televisión, la agencia Órbita y otros medios de comunicación «cristianos».

 

Análisis jurídico de los discursos: cuando la libertad no soporta el odio

Los discursos de Gonzáles y Butters poseen varias características en común. Ambos fueron vertidos en el contexto de la marcha «Con mis hijos no te metas», aunque en momentos diferentes: el primero, tres días después, durante un culto donde se organizó la marcha; el segundo, durante su desarrollo. Se trató de un contexto social sumamente hostil contra la comunidad LGBTI, donde el grueso de los manifestantes, sin ningún tipo de reparo, descargó graves dosis de intolerancia y homofobia. Algunos incluso escupieron y golpearon a personas homosexuales que entonces se encontraban en la Plaza San Martín[8].

Ambos tuvieron grandes audiencias. En el caso de Butters, su mensaje fue transmitido en vivo mediante un medio radial y otro televisivo, además de agencias de prensa y otros medios de comunicación. De manera similar, el mensaje de Gonzáles fue dirigido en directo, frente a una audiencia conformada por cientos de personas en una iglesia, incluyendo menores. Además, contó con traducción simultánea al inglés y, es de presumir, fue también transmitido a través de radio, televisión e Internet, dentro y fuera del Perú.

Por otro lado, es posible también apreciar los efectos de ambos discursos según la calidad de sus emisores. Gonzáles es un importante ministro religioso, líder del MMM y vocero del colectivo «Con mis hijos no te metas». Como tal, ha sido organizador directo de la marcha. En su rol de ministro, dirige cotidianamente cultos en el MMM, iglesia de orientación evangélica, debiendo encargarse de la organización de su congregación. Imparte, según su apreciación personal, las enseñanzas de la doctrina cristiana con el objeto de moldear la conducta del mayor número de fieles. Es más, impone un patrón determinado de conducta moral y es visto como una autoridad dentro de la iglesia. Por tanto, sus apreciaciones sobre el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica y la comunidad LGBTI son valoradas positivamente por su congregación y otras similares.

Butters, por su parte, se ha desempeñado como periodista durante varios años, especialmente en los campos político y deportivo. Es conocido por su carácter cáustico y su poco respeto por la diversidad. Pese a todo, es un líder de opinión y, durante su carrera, ha gozado de márgenes elevados de audiencia y popularidad. Su opinión, de tal forma, es siempre ampliamente difundida e influye directamente en muchísimas personas.

Sin embargo, la situación varía en cuanto a la intención y cuerpo de los discursos. Así, mientras Gonzáles descarga un mensaje de odio que incita a la congregación a cometer actos de violencia contra la comunidad LGBTI, Butters –en otro acto deleznable– alienta la discriminación bajo la premisa de considerarlos escoria, bajo consideraciones estereotipadas sobre su sexualidad. El discurso del pastor alienta la violencia, el del periodista exuda repulsión.

En el primer caso, el mensaje propone directamente a la congregación dar muerte a los homosexuales, por considerarlos ajenos a la gracia divina. Así, el pastor expresa una brutal sed de sangre. Constituye un auténtico discurso de odio, cuyo emisor tiene el propósito de lograr que se cometan delitos violentos contra la comunidad LGBTI, tras impregnar la homofobia y transfobia en lo más profundo del pensamiento de su congregación. En el segundo caso, el emisor expulsa, de la peor forma, su homofobia, haciendo pública su animadversión hacia quienes han expresado su respaldo al nuevo currículo, agrediendo directamente a sus hijos, algunos menores. Para esto, se vale de estereotipos equivocadamente asociados a la comunidad LGBTI.

Lamentablemente, han ocurrido ya actos de violencia contra personas homosexuales quienes participaron en la marcha y es posible que ocurran más, incluso peores. Flor Pablo Medina y Angélica Motta, defensoras del nuevo currículo, han recibido amenazas de muerte y agresión sexual, incluso contra sus hijos, a través de las redes sociales[9]. Los mensajes, gravemente injuriantes, denotan la homofobia y actitud criminal de sus autores, asumiendo además que ambas son lesbianas. Es decir, es perfectamente razonable que ambos discursos, especialmente el vertido por Gonzáles, resulten en acciones reales contra la comunidad LGBTI y los defensores del nuevo currículo. Existe y está comprobada la resolución de causalidad.

 

Conclusión final

A nuestro entender, Gonzáles y Butters expresaron discursos de odio, cargados de una profunda homofobia, en el contexto de la marcha «Con mis hijos no te metas». Así, no es posible señalar que están protegidos por la libertad de expresión. Sus efectos en la sociedad, especialmente dentro del comunidad LGBTI, son sumamente nocivos, habiendo causado –y pudiendo causar a futuro– agresiones contra su vida e integridad y la de sus familias. Contradicen, en la forma y el fondo, las aspiraciones de una sociedad democrática.

De igual modo, los discursos de Gonzáles y Butters son delictivos y posibles de sancionar, aunque no de la misma manera. En el primer caso, Gonzáles hace un claro llamado a su congregación y la colectividad, sobre quienes ejerce una profunda influencia, para cometer delitos contra la comunidad LGBTI, en el contexto de una marcha homófoba. Debe, en consecuencia, responder ante la justicia penal por la comisión del delito de discriminación e instigación a la discriminación. Para bien, el Ministerio Público ha anunciado la investigación de oficio de este caso. Por su parte, Butters podría –y debiera– también ser sujeto de responsabilidad penal por la comisión del delito de difamación, en su modalidad agravada, por su aberrante manera de expresarse mediante la prensa con respecto al periodista Gastelumendi, sus hijos y los de otras personas. Expresiones como la suya, no debe olvidarse, están sujetas a una responsabilidad ulterior.

Finalmente, consideramos que el Estado debe ser firme en la defensa del nuevo currículo, en todos los frentes posibles, pues representa una de las pocas maneras de fomentar la tolerancia y el respeto, en una sociedad recurrentemente sesgada por la distorsión de la doctrina cristiana con respecto a la sexualidad y sus formas de expresión. La única manera de evitar que discursos como los de Gonzáles y Butters se multipliquen es, precisamente, mediante una educación de calidad, más humana.

(Foto: Caretas)

[1] Rubio Correa, Marcial, Francisco Eguiguren Praeli y Enrique Bernales Ballesteros (2010). Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 223.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Atala Riffo y niñas contra Chile. Sentencia del 24 de febrero del 2012 (fondo, reparaciones y costas), párr. 91.

[3] CIDH (2015). Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América, p. 146.

[4] UNESCO (2015). Combatiendo el discurso de odio en línea [Countering Online Hate Speech], pp. 10 y 11. Disponible únicamente en inglés (traducción libre de la CIDH).

[5] El tipo penal de discriminación e incitación a la discriminación cuenta, en su segundo párrafo, con una circunstancia agravante específica relativa a la calidad del agente, cuando quien comete el delito es un servidor civil. Sin embargo, siendo una ley penal en blanco, no se explicita la ley de remisión donde debiera detallarse qué personas son consideradas como servidores civiles. Es un caso común de técnica legislativa defectuosa, siendo este un concepto nuevo en la legislación penal (incorporado además en otras dos disposiciones del Código Penal). Sin embargo, a fin de sortear vulneraciones al principio de legalidad penal, es posible remitirse a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cuyo artículo tercero brinda algunas definiciones sobre el servidor civil de carrera, el servidor de actividades complementarias y el servidor de confianza. De tal forma, es posible equiparar, para efectos jurídicos-penales y en virtud de la ampliación del concepto penal de funcionario público, las nociones de funcionario y servidor públicos y servidor civil. Corresponde ahora al legislador, con mejor técnica, uniformizar y compatibilizar la ley penal con respecto a estos términos.

[6] CIDH, op. cit., pp. 7 y 8.

[7] León, Jesica y Eduardo Salinas (4 de marzo del 2017). Con mentiras y mensajes de odio se preparó marcha de hoy. Recuperado de: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/853535-con-mentiras-y-mensajes-de-odio-se-preparo-marcha-de-hoy

[8] Livise, Andy (6 de marzo del 2017). 5 videos que muestran toda la violencia que quisieran propagar los de #ConMisHijosNoTeMetas. Recuperado de: http://utero.pe/2017/03/06/5-videos-que-muestran-toda-la-violencia-que-quisieran-propagar-los-de-conmishijosnotemetas/

[9] León, Jesica y Eduardo Salinas (7 de marzo del 2017). Defensoras del currículo escolar son amenazadas de muerte. Recuperado de: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/854284-defensoras-del-curriculo-escolar-son-amenazadas-de-muerte

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