El Perú ante la CIDH por amenazar la independencia de la Fiscalía de la Nación

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Por: Cruz Silva Del Carpio

 

Ciudadanos y ciudadanas peruanas acuden, otra vez, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para impedir una arremetida política contra las instituciones del sistema de justicia. Esto será en el 167 Periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Bogotá (Colombia), en la audiencia solicitada y denominada “Derechos humanos e independencia de la Fiscalía de la Nación de Perú”[1]. La hora: 11.30 am.

Es la tercera vez antes que se cumplan siquiera dos años del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La primera fue por la arremetida política en el Congreso contra tres jueces y una jueza del Tribunal Constitucional; la segunda, por la intromisión del Ejecutivo contra la independencia judicial al ir contra la ejecución de una sentencia con calidad de cosa juzgada (la que condenaba a 25 años de prisión efectiva a Alberto Fujimori, con el indulto); y la tercera, por el contragolpe dirigido al Fiscal de la Nación porque el Ministerio Público comenzó a avanzar en las investigaciones contra actores políticos relacionados a presuntos delitos de narcotráfico.

Y por eso, esta audiencia ante la CIDH no es poca cosa.

No se sabe (a pesar de que el Estado peruano suele hacer papelones en estas instancias, y defender lo indefendible), cómo es que, en concreto, va a justificar que, por hacer la Fiscalía su trabajo, los congresistas fujimoristas hayan empezado una treta vestida de legalidad contra el Fiscal de la Nación. O cómo es que en el Congreso se puede resguardar, ante una mayoría antidemocrática en la mayoría de sus comisiones, la independencia de actores del sistema de justicia en las indagaciones parlamentarias. O como es que un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) va a asegurar que la investigación disciplinaria en su seno cumpla con las garantías que no sumerja en la incertidumbre al Fiscal de la Nación o le signifique una presión indebida (con los plazos incumplidos). O como es que, en esa indagación en el CNM participó, incluso como Consejero encargado del caso, alguien que permitió la injerencia política en los asuntos de su institución a un personaje político que se había declarado el enemigo número uno del ahora su investigado.

Más aún, cómo explicará el Estado peruano que habiéndose tenido conocimiento de aquella directa interferencia política en el CNM (el 20 de diciembre del 2017), no haya hecho nada para proteger su independencia: no hay investigación respecto de ese consejero (Guido Aguila) ni en el CNM (existiendo el mecanismo de la vacancia), ni en el Congreso (estando desamparado solo un pedido de un congresista para un llamamiento al consejero Guido Aguila), ni en la Fiscalía (porque de lo que aquí se habla es de un serio y presunto delito de tráfico de influencias). Este hecho es una gravísima interferencia en el sistema de justicia y la evidencia de su politización partidaria.

El Perú ante la CIDH puede decir lo que desee, pero la CIDH va a dar cuenta de todo lo que es evidente. Es más, el Estado peruano deberá resolver una contradicción interna: el agraviado, en este caso el representante de la Fiscalía de la Nación, forma parte del Estado. ¿Señalará el Estado, con el representante de la Fiscalía a su lado, que el Estado actuó como le exige el respeto a la independencia de la Fiscalía?

La CIDH, con todo ello, va a dar cuenta de algo muy importante: la interferencia política a través de redes en el sistema de justicia, a través de representantes parlamentarios haciendo uso de mecanismos democráticos, a través de funcionarios que pertenecen a grupos políticos dictatoriales “del pasado” (es decir, que se reciclan y transforman). ¿Y cómo el Estado va a responder a ello?

Y esto más aun cuando estas interferencias se presentan, en el caso del Fiscal de la Nación, por investigar la corrupción (delitos relacionados a presunto tráfico, y Lava Jato). Y ojo: la amenaza continúa latente, ya que las denuncias constitucionales en el Congreso no han sido archivadas.

Por eso la audiencia ante la CIDH es trascendental: ¿qué ha hecho el Estado para garantizar la independencia del sistema de justicia (del TC, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del CNM), en medio de una avalancha de investigaciones por corrupción que involucran a altos líderes políticos?

Las fórmulas del pasado no han sido suficientes: acuerdos, balances, discursos, propuestas legislativas, mayor presupuesto, cambio de autoridades, cambios institucionales. Esperemos que la CIDH ahora apunte y exija cambios en lo que para muchos es parte del problema estructural: las redes de corrupción (formales e informales), los estándares de rigurosidad de acceso a la función pública de la justicia, la permanente fiscalización y participación de actores de la sociedad civil, y la garantía de una formación y debate sostenidos sobre el fin público de la lucha contra la corrupción y su contracara en la independencia de la justicia.

(Foto: Informe21.com)

[1] Las instituciones de la sociedad civil que participarán son: el Grupo de trabajo jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para la Paz (FEDEPAZ), la Asociación Paz y Esperanza, Demus (Estudio para la defensa de los derechos de la Mujer), y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).

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