El poder jurídico a prueba frente al poder político en el caso “Cócteles” y la detención preliminar de Keiko Fujimori

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Por: Cruz Silva Del Carpio

 

A pedido del fiscal José Domingo Pérez, el juez Concepción Carhuancho ha ordenado la detención preliminar judicial por 10 días a la lideresa del partido político Fuerza Popular. Y junto a ella, a otras 18 personas pertenecientes al mismo partido político. La decisión, que cuenta con 184 páginas (ver resolución), señala a Keiko Fujimori como parte de una organización criminal, que tendría que ver con el lavado de activos, siendo parte de esos activos (según la tesis fiscal) el dinero referido por Odebrecht (un millón doscientos mil dólares, según Jorge Barata).

El caso es paradigmático y enfrenta al poder político y al poder jurídico. Y por eso mismo, deben darse las mayores salvaguardas desde hacer pública la decisión judicial, no solo para conocer la suficiencia de la motivación de tan relevante decisión, sino también para evitar las especulaciones y ataques de supuesta persecución judicial a la lideresa de Fuerza Popular.

Hay otras investigaciones que involucran a líderes políticos (como Alan García Pérez), cada una con su particular e histórica dificultad donde el propio sistema judicial ha estado en la mira. Por ejemplo, el amparo que el juez Manuel Soller nunca debió resolver y que desestimó los informes de la Megamocisión del Congreso de la República, pues el juez tenía familiares activos en el partido político del líder cuya causa ahora juzgaba.

Pero la investigación al partido Fuerza Popular y a su lideresa por el caso “Cocteles” es particularmente de cuidado, y exige las mayores fiscalizaciones ciudadanas para exigir que el sistema de justicia provea las garantías de la independencia judicial y fiscal.

Y esto, porque es el partido que tiene el mayor poder político en el Congreso de la República y está relacionada a otras instancias del Estado que generan razonables temores de impunidad. En el Congreso, por ejemplo, las comisiones que investigan los casos de criminalidad como Lava Jato no investigaron a la lideresa, a pesar de las informaciones venidas de Brasil.

De otro lado, la actuación fiscal en este mismo caso, del fiscal Domingo Pérez, fue vulnerada por el Congreso de la República, en un atropello que al día de hoy no tiene sanción. El hecho visible es la intromisión ilegal de congresistas fujimoristas en la diligencia a los locales de Fuerza Popular. El fiscal hizo la denuncia respectiva, la misma estuvo en manos del fiscal Chávarry desde inicios de este año y hasta el día que estuvo a cargo no hubieron, incomprensiblemente, acciones debidas para investigar la violación de los congresistas. Por el contrario, al fiscal Domingo Pérez se le abrió un procedimiento de investigación (por denunciar en otro caso, que el fiscal Alonso Peña Cabrera le pidió no preguntar por “AG” en Brasil).

Hasta este punto, el caso ya estaba en un escenario de peligro, en el sentido de que el Congreso no investigaba hechos que podían dar más luces de los cócteles, sino porque el fiscal investigador había sido vapuleado en su diligencia por los propios congresistas del partido investigado.

Pero el fiscal Pérez optó por una acción de defensa de su función y continuó en ese escenario con las investigaciones. Su actuación ayudó a crear una imagen diferente del Ministerio Público, incluso marcando distancia del entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez quien inmediatamente salió a referir que la diligencia en los locales de Fuerza Popular fue sin su conocimiento.

En esas investigaciones, la revelación del caso CNMaudios aportó a descubrir lo que ahora se constataría como acuerdos contra las investigaciones del caso Cócteles, pero desde el propio sistema de justicia. La trama describe cómo el juez supremo César Hinostroza Pariachi coordinó a través de Antonio Camayo y otros como el congresista Miguel Ángel Torres, el encuentro con Keiko Fujimori en mayo de este año, para tratar la casación que del mismo caso Cócteles le tocaba decidir al juez supremo. La casación había sido presentada por Fujimori y su esposo Vitto para contradecir la investigación que se le seguía por lavado de activos. Esta ilegal estrategia avanzaba, a la par de otra de acuerdo a las investigaciones: la designación de un Fiscal de la Nación al que tenían llegada los mismos actores de la red de CNMaudios.

Por ello el nombramiento de Chávarry como Fiscal de la Nación, no asegura las condiciones que debe tener el Ministerio Público para que esta investigación llegue a buen puerto. Y son diversas las razones: Chávarry está relacionado con Hinostroza quien se reunió con la “Señora K”, Chávarry recibió ayuda de Hinostroza antes de ser juramentado como Fiscal de la Nación y se reunió con periodistas para tratar su imagen, Chávarry ha sido señalado de integrar las dinámicas de favores de integrantes de esta red de corrupción por la propia fiscalía, Chávarry es defendido por los congresistas fujimoristas (y apristas) a pesar de las preocupantes imputaciones; ante las que cualquier fiscal se habría apartado del cargo en defensa de la apariencia de independencia e imparcialidad del funcionario público.

La relación de la lideresa Keiko Fujimori con el Congreso (cuya mayoría pertenece a su partido político), con el juez supremo César Hinostroza (que vería su casación por el caso “Cócteles”), con el Fiscal de la Nación (fiscal que a la red de corrupción le convenía en el cargo, y de cercanía con César Hinostroza), evidencia la dificultad de las investigaciones y la particularidad de este caso en el que el poder político (con actuación irregular) se enfrenta al poder jurídico, manteniéndose dudas sobre partes de la institucionalidad como las instituciones y cargos mencionados.

Si tenemos en cuenta que en la Corte Suprema las investigaciones de la red de los CNMaudios no solo involucran o mencionan a Hinostroza Pariachi (sino también a jueces como Ángel Romero, Martín Hurtado, entre otros), y que en la Fiscalía Suprema no solo se involucra y nombra a Chávarry (sino también a Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez), entidades donde las apelaciones del caso llegarán tarde o temprano, el escenario y labor casi de cirugía de la fiscalización ciudadana adopta más complejidad.

Estos aspectos institucionales deben ser tomados en cuenta en la valoración del mérito de las investigaciones fiscales y judiciales. Junto a la necesidad de que la fundamentación de las decisiones fiscales y judiciales se conozcan por transparencia y previsión del mal uso del desconocimiento y la incertidumbre, las actuaciones de algunos funcionarios públicos se están enfrentando a un statu quo que no garantiza del todo la protección y promoción de la actuación imparcial.

En ese sentido, se puede identificar otro punto relevante: el avance de las investigaciones respecto del partido político Fuerza Popular y sus integrantes, depende del trabajo de los fiscales que tienen en sus manos el caso, y no de los Fiscales Supremos o de los Fiscales de la Nación como Pablo Sánchez o como Pedro Chávarry. Eso sí, al Fiscal de la Nación y a los supremos les corresponde no solo proteger a los fiscales del caso, sino promover su independencia. Algo que no es posible, teniendo en cuenta que el Fiscal de la Nación está involucrado con el caso CNMaudios, caso que acaba de cruzar el de Cócteles. Recordemos: el mismo fiscal Domingo Pérez señaló que Pedro Chávarry no es el idóneo para el cargo de Fiscal de la Nación.

¿Qué hacer? La ruta es clara y necesaria, pero no simple: el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry debe dar un paso al costado, se deben reforzar los equipos fiscales de investigación con funcionarios independientes, se debe investigar a los fiscales supremos y jueces supremos que están involucrados con los CNMaudios (y ser separados del caso provisionalmente), el Congreso a la luz de los hechos debe reconducirse y no interferir de manera alguna en las acciones fiscales y de la justicia, el Ministerio Público debe sancionar el ataque al desarrollo de las diligencias fiscales, y por supuesto, insistir en la investigación de una red de organización criminal que no deje impune a los altos cargos (como los ex consejeros del CNM), a pesar de que el Congreso no haya decidido hasta este momento levantar la inmunidad por este delito.

Lo que viene debe preverse, para evitar que mientras las condiciones no sean dadas para garantizar la actuación de los fiscales (y de la justicia), no se entorpezcan las actuaciones de investigación que deben darse. Por ejemplo, las posibles denuncias a la Fiscalía de Control Interno que puedan efectuarse contra la actuación fiscal, o las posibles quejas ante el juez Concepción Carhuancho ante la Oficina de Control de la Magistratura. Estas o cualesquiera otras acciones, deben respetar el debido proceso y estar a cargo de operadores del sistema de justicia absolutamente independientes y con apariencia de tales.

Estamos, en plena democracia, ante un grave problema: fiscales que desarrollan esfuerzos para investigar a la lideresa del partido político que tiene mayoría en el Congreso de la República, y que al igual que algunos de sus correligionarios (como Héctor Becerril) está involucrada con una red de corrupción en el sistema de justicia, sistema en el que jueces y fiscales supremos (incluido el Fiscal de la Nación) han sido involucrados.

Así, institucionalmente, no hay garantía para que las investigaciones sigan avanzando. Y el panorama se puede complicar cuando lleguen las etapas de investigación para los siguientes actores políticos y los altos cargos del sistema de justicia denunciados.

El país necesita de autoridades que recuperen la garantía de la independencia judicial y fiscal, y un nuevo pacto político que no deje en impunidad estos graves casos que violan la ley y la Constitución.

(Foto: archivo El Comercio).

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