El precio por el ejercicio de la libertad de expresión

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Por: Juan José Quispe y Paulo Chávez

 

El 03 de marzo del 2014, la Revista Velaverde publicó un artículo titulado “Escándalo. Alcalde de San Bartolo trafica con terreno del Estado”. Dicho reportaje fue escrito por el periodista Llamil Vásquez Valencia, que en aquel entonces laboraba en dicha revista.

El artículo informaba a la opinión pública sobre las graves irregularidades incurridas en el procedimiento de compra-venta de un terreno ubicado en el distrito de San Bartolo, conocido como el “Lote 201”. Los implicados en el caso eran nada más y nada menos que el burgomaestre Jorge Luis Barthelmess, que tiene más de 10 procesos por corrupción de funcionarios, y los empresarios Racso Miró Quesada y Ricardo Valderrama Cueva, quienes adquirieron el terreno por medio de una subasta pública convocada por la comuna de San Bartolo. Lo curioso del caso es que, a esa fecha, dicho terreno continuaba siendo de propiedad del Estado.

La investigación periodística estaba bien fundamentada. Recogía versiones de testigos, así como extractos de la denuncia formulada por la Procuraduría Anticorrupción generada por la compra-venta irregular del terreno, a cargo en ese momento del procurador Christian Salas Beteta. Las graves denuncias por delitos de corrupción pesaban sobre todo contra el alcalde Jorge Luis Barthelmess.

Querellados

A raíz de esta publicación, donde prácticamente se lograba el “destape” de una venta irregular de terrenos donde estaba implicado el mismísimo alcalde de San Bartolo, en mayo del 2014, de manera extraña, los periodistas Llamil Vásquez (autor de la publicación) y Eduardo Abusada (editor general de la revista Velaverde), fueron querellados por el empresario Ricardo Valderrama Cueva, cuyo nombre aparecía en la nota periodística.

Valderrama los querelló porque -a su criterio- habrían vulnerado su derecho al honor y a la buena reputación. Precisó que las afirmaciones contenidas en la publicación son incompletas y falsas, al igual que el hecho de tomar por válidas las declaraciones que se recogen de la presidenta del Frente de Defensa de Punta Negra, la Sra. María Isabel Flores, quien denunciaba la irregular venta del Lote 201° y, además de ello, de que en una parte de la nota se emplea el término “asociación ilícita” aludiendo a que éste formaría parte de una.

Las sentencias contra los periodistas

El Juez del 17° Juzgado Penal de Lima, en primera instancia, condenó a los periodistas Abusada y Vásquez a un año de pena privativa de libertad, 120 días multa y S/. 30,000.00 soles de reparación civil que deberían pagar de manera solidaria al empresario querellante. Esto último, sin aplicar el estándar de valoración proporcional para los casos en los que se dilucida un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión contra el derecho al honor.

Algunas dificultades se presentaron en el trámite de la apelación que interpusieron Llamil Vásquez y Eduardo Abusada. No contaron con las garantías de una verdadera defensa que pudiera ratificar sus calidades de inocentes, y que ejercieron correctamente su derecho a la libertad de expresión. Ante ese oscuro panorama y casi en estado de indefensión, era previsible otro revés. Es así que, el 13 de julio del 2017 la Tercera Sala Penal de Reos Libres confirmó la sentencia en todos sus extremos.

El Poder Judicial nuevamente ponía en relieve que los periodistas fueron condenados por dos razones fundamentales: i) porque no cumplieron con la debida diligencia al elaborar su reportaje periodístico, ii) que no existe información o documento que acredite que el querellante Valderrama forma parte de una asociación ilícita tal como lo refirieron los periodistas.

El informe en la Corte Suprema

El Instituto de Defensa Legal – IDL asumió la defensa de los periodistas en la instancia más alta de la justicia nacional, la Corte Suprema. El caso se complicaba, porque además se tenía el dictamen en contra del Fiscal Supremo en lo penal, quien opinaba por que se confirme la sentencia en todos sus extremos.

La vista de la causa se programó para el 25 de enero del 2018. Había argumentos para discutir la injusta condena ante los magistrados supremos.

Tesis del IDL ante la Corte Suprema

1.-El argumento central por el que se solicitó la absolución, era que los magistrados supremos deberían hacer una necesaria y correcta ponderación de la primacía de dos derechos constitucionales: la libertad de expresión y el derecho al honor.

2.- El reportaje periodístico propalado a través de la revista Velaverde, informaba acuciosamente respecto de un grave problema de interés público: el tráfico de tierras en el sur chico, donde el actor principal era el alcalde Jorge Luis Barthelmess.

3.- Que los periodistas, sí cumplieron con la “diligencia debida”. En efecto, la investigación periodística no se propaló sobre la base de suposiciones o comentarios escuchados en cualquier lugar. Lo cierto es que los periodistas recogieron información de primera mano. Ellos tenían:

i) La versión documentada de la presidenta del Frente de Defensa de Punta Negra, la Sra. María Isabel Flores, quien denunció ante el Congreso la irregular venta del Lote 201.

ii) Documentos Públicos, como el Informe Técnico Preliminar de la Dirección de Bienes Nacionales, que establecían que el Lote 201 fue vendido a un precio inferior (hasta en una sexta parte).

iii) Documentos públicos como la denuncia del 4 de septiembre del 2013, formulada por el ex procurador Cristian Salas Beteta justamente contra el querellante por la irregular venta del citado Lote 201, conforme lo informó la Procuradora de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales.

iv) La Contraloría General de la República confirmó la venta del terreno Lote 201 al querellante y a Racso Miro Quezada. Además, estableció que el alcalde Jorge Luis Barthelmess realizó “disposición irregular de terrenos a favor de particulares por parte de la Municipalidad de San Bartolo, que ocasionó la disminución de bienes estatales y perjuicio económico por once millones de soles”.

v) Que la frase: “Toda una asociación ilícita” no ha sido valorada como una opinión del análisis del contenido de la nota, sino más bien utilizada como una frase agraviante, olvidando los jueces de primera instancia que los periodistas no conocen al detalle temas y conceptos eminentemente jurídicos,

vi) Que los hechos relatados en el artículo no son falsos y a la fecha se han demostrado. Al respecto, la fiscalía de Lima Sur publicó una noticia en su portal con fecha 11 de noviembre de 2015: “Sentencian a ex funcionario de la Municipalidad de San Bartolo por venta irregular de terreno”, poniendo en conocimiento que el funcionario Eduardo Yeisi Rodríguez, miembro del comité de subastas, fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida a 03 años por la comisión del delito de negociación incompatible. Asimismo, se precisó en dicha nota de la Fiscalía que otros miembros del comité de subasta y el alcalde de San Bartolo, Luis Barthelmess, procesados por el delito de falsedad ideológica, continuaban como reos contumaces, justamente por la compraventa del terreno del Lote 201°.

El precio por el ejercicio de la libertad de expresión

En otras palabras, existen argumentos potentes y tangibles que demuestran la inocencia de los periodistas Llamil Vásquez y Eduardo Abusada. Ellos ejercieron debidamente su derecho a la libertad de expresión, y no cometieron negligencia al momento de difundir su publicación en Velaverde.

A la fecha, la revista ha desaparecido y el Alcalde de San Bartolo, Jorge Luis Barthelmess, fue detenido el día 31 de enero de este año, después de que, en setiembre del año pasado, el titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur ordenara nueve meses de prisión preventiva: según las investigaciones, entre el 2009 y el 2010, Barthelmess (alcalde de San Bartolo desde el 2002) y otros funcionarios, habrían girado y cobrado 15 cheques a nombre de proveedores municipales fantasma por 68,000.00 soles.[1]

Periodistas absueltos

Al cierre de esta nota, hemos podido tomar conocimiento mediante la información aparecida en la página web de la Corte Suprema, que la máxima instancia de nuestro país ha resuelto declarar NULA la sentencia condenatoria y reformándola LOS ABSOLVIERON. Si bien, el Poder Judicial no ha publicado la sentencia, estamos seguros que los sólidos argumentos expuestos en el informe oral han servido para aclarar el panorama sobre la inocencia de los periodistas en una absurda querella que pesaba como espada de Damocles sobre sus cabezas.     

La justicia en este caso no ha sido esquiva. Tardó, pero llegó.

(Foto: NoFm-radio)

 

[1] Véase: http://larepublica.pe/sociedad/1178114-pnp-detiene-a-alcalde-de-san-bartolo-tras-orden-de-prision-preventiva

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