Elección del Fiscal de la Nación: Por qué Pablo Sánchez debe ser reelegido y por qué debe hacer serios ajustes en esta nueva gestión

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Por: Cruz Silva Del Carpio

 

El país se la juega este jueves 7 de junio. La Junta de Fiscales Supremos va a elegir al nuevo Fiscal de la Nación, que conducirá los destinos del Ministerio Público en el año que es trascendental para las investigaciones del caso Lava Jato.

Lo malo, como siempre, es que al parecer no hay mucho de dónde escoger.

Los perfiles existentes

Además de Pablo Sánchez Velarde, actual Fiscal de la Nación, entre los elegibles están todos los fiscales titulares integrantes de la Junta de Fiscales Supremos: Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas, Zoraida Avalos, Pedro Chávarry Vallejos. ¿Aseguran estos fiscales supremos que la Fiscalía de la Nación va a hacer lo que debe hacer, para estar alejada de la influencia política y concretar una gestión que continúe y mejore la lucha contra la corrupción? ¿Qué se ha señalado públicamente sobre los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos? Veamos.

Por ejemplo, Tomás Gálvez se hizo famoso a partir de un hecho que terminó con la remoción de un consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Efraín Anaya Cárdenas. En febrero del 2010, se hizo conocido que Gálvez, entonces postulante a ser fiscal supremo, se encontró con Anaya (entonces Consejero) fuera de las instalaciones del CNM estando vigente la convocatoria a la que postulaba. Es decir, el evaluado se reunió con su evaluador. Esta reunión violó por parte del postulante y del consejero la independencia y autonomía de las instituciones a las que representaban. Anaya Cárdenas fue denunciado y removido[1] finalmente por el Congreso en abril del 2010 por, según se indicó, reunirse hasta 3 veces con Gálvez[2]. Pero con Gálvez la historia fue distinta, y eso que según el diario El Comercio Gálvez habría sido quien estableció el contacto con Anaya por un intermediario, le habría solicitado en un auto la información sobre cómo iban los otros postulantes, y le habría solicitado su apoyo con su voto. Pero, nuevamente, Gálvez no fue removido, aunque sí, según indica la resolución de ratificación del CNM del 2010, investigado disciplinariamente. ¿Por qué?

“Gálvez estableció contacto con un nexo común entre él y el consejero Efraín Anaya, quien además integra la comisión de selección y nombramiento de dicha entidad”

“El fiscal Gálvez comenzó a preguntarle al consejero Anaya sobre sus posibilidades en el concurso y las opciones del resto de candidatos que se encuentran en carrera para ganar uno de los tres cupos en la fiscalía suprema. Anaya respondió que la competencia ya estaba casi decidida y que habían magistrados favoritos que tenían el puesto asegurado, no obstante que el proceso concluye a fines de mes. Sin embargo, Tomás Gálvez volvió a la carga y le preguntó si podía apoyarlo con su voto para cuando llegara la etapa crucial del proceso.”[3]

Hay otra denuncia respecto de Gálvez de la que no se conoce bien el destino y las razones del mismo. En pleno concurso de selección de magistrados supremos en el que finalmente fue elegido, se publicó una denuncia que hiciera Ginger Salguero, ex asistente del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas (Caimp), de la Escuela del Ministerio Público. Ella realizó una denuncia por presuntos delitos de doloso, delito contra la fe pública, falsificación de documentos (uso de documento privado falso) y falsedad genérica. El Fiscal encargado de investigar este caso fue Pedro Chávarry, hoy voceado siguiente Fiscal de la Nación. ¿Qué pasó con esa denuncia?, ¿cuáles fueron las razones de la decisión adoptada? La falta de información sobre las investigaciones y decisiones, de los fiscales supremos es lo que también cuestiona el actual proceso de elección del nuevo Fiscal de la Nación.

“El 13 de agosto pasado, su ex asistente Ginger Salguero Alcalá lo denunció ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por, presuntamente, haber incrementado el número de asistentes a las jornadas de Cajamarca y San Martín. Según la acusación, solo en cinco actividades –de las 52 que organizó en su gestión– Gálvez habría sobrevalorado gastos por S/.23.469. Para probarlo, Salguero entregó fotos, videos y boletas de esas actividades.”

El Comercio obtuvo copia de 36 boletas presentadas por el fiscal Gálvez en sus rendiciones de cuentas. Al llamar por teléfono a dichos negocios, algunos propietarios mostraron su sorpresa.

“El local cerró en el 2010… de repente se han agarrado el talonario”, dijo vía telefónica Juan Abanto Díaz, propietario del restaurante Doña Elena, que funcionaba en el jirón Garcilaso de la Vega, en Hualgayoc, Cajamarca.

En su rendición de cuentas, Gálvez había entregado cuatro boletas por un total S/.6.840 de ese negocio, que cerró hace cinco años. Dos boletas eran del 6 de febrero y dos del 22 de marzo del 2014.”

“Según afirmó la denunciante a El Comercio, cuando Gálvez se enteró de su denuncia comenzó a hostigarla y hasta llegó a advertirle: “Si sigues con esto, te vas a ir presa”.”

““Suponiendo que hubo alguna irregularidad, tampoco es delito porque no hubo perjuicio. Sería una irregularidad administrativa. La cuestión es cómo se recababan las boletas”, dijo (Tomás Gálvez). Indicó que quien manejaba los fondos del Caimp era su entonces coordinador Leopoldo Quispe. No obstante, las solicitudes de dinero y las rendiciones están firmadas por el fiscal.”[4]

Gálvez fue elegido en el concurso de magistrados supremos que culminó en diciembre del 2015, y que tuvo, para variar, diversos problemas. El concurso, presidido por el consejero Guido Aguila (sobre quien se ha revelado una cercanía ilegal con el congresista Héctor Becerril, según lo informado por IDL-Reporteros), estuvo duramente cuestionado ya que por ejemplo no había claridad sobre las personas que elaboraban las pruebas, y porque la institución estuvo sometida (como hasta ahora) en una crisis institucional a raíz de inconductas funcionales denunciadas pero no sancionadas de algunos de sus miembros luego del caso del ex consejero Quispe Pariona[5].

También, en el 2008, fue cuestionado por su decisión en el caso la congresista Elsa Canchaya, quien fuera desaforada y sentenciada[6] en un primer momento por contratar a la persona que realizaba empleo doméstico como su asesora en el Congreso (jamás habría trabajado en el Parlamento y tampoco contaría con los requisitos para ese cargo)[7]. Gálvez fue denunciado por, según el Procurador del Congreso, promover la impunidad del caso en la investigación penal, al no denunciar por tres presuntos delitos (nombramiento ilegal para cargo público, estafa y falsificación genérica) sino por uno (nombramiento ilegal, que tiene menor sanción[8]), sobre el cual posteriormente indicó que no podría caber investigación. La Fiscalía Suprema de Control interno en ese momento abrió una investigación “por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, omisión y retardo de funciones, por supuestamente haber dilatado y fallado de manera contradictoria en el caso de la desaforada parlamentaria.”[9].

“… la Procuraduría del Congreso denunció penalmente al fiscal adjunto supremo Tomás Gálvez Villegas, quien demoró casi siete meses en resolver un recurso de excepción de naturaleza de acción que favorecería a la desaforada parlamentaria Elsa Canchaya.

“Esta demora produjo una situación de indefensión para los intereses del Congreso como parte civil agraviada”, explicó el procurador del Poder Legislativo, Julio Ubillús, al señalar que “da lugar a muchas suspicacias” el hecho de que dicho magistrado haya requerido de tanto tiempo para pronunciarse sobre un recurso que no revestía mayor importancia.

“En ninguna lógica un Incidente, que es mínimo, se va a demorar casi siete meses en el despacho de un fiscal por falta de pronunciamiento, por lo que resulta sospechosa la actitud del magistrado denunciado. El fiscal debió haberse pronunciado, en cualquiera de los sentidos, dentro de los plazos estimados en los procedimientos”, aseveró.

La denuncia fue presentada ayer ante la Junta de Fiscales Supremos que preside la doctora Gladys Echaíz, fiscal de la Nación, por los delitos de prevaricato, y omisión y retardo de actos funcionales tipificados en los artículos 418 y 377 del Código Penal.”[10]

“También elude lo establecido en el artículo 80° del Código Penal –que dispone que el plazo de prescripción para el caso de funcionarios públicos es el doble– y señala que el caso no ha afectado el patrimonio público, desconociendo que el sueldo de la asesora ‘fantasma’ de Canchaya fue pagado con fondos públicos.

Otro error en este dictamen fiscal es insistir en sostener que la desaforada legisladora solo propuso la contratación de Jacqueline Simon cuando, en el memorándum del 3 de enero del año 2007, lo que hace es comunicar que la mencionada ya trabaja como asesora de su despacho y pide que se le reconozca como tal.”[11]

Las relaciones de amistad y profesionales de Gálvez también han sido cuestionadas. Ello, partiendo de un principio y pregunta central: ¿qué tan cercano puede ser un funcionario de la justicia, a un abogado que asesora causas ante el mismo sistema? Todo lo que se requiera para que la apariencia de independencia no esté en riesgo, ya que no basta serlo sino también parecerlo. En ese sentido ha sido cuestionada su cercanía con el abogado José Luis Castillo Alva, a quien lo une una gran amistad tal como el fiscal ha reconocido. A ello parece que se debe, no solo el que lo haya invitado a presentar un libro de su autoría, sino que además haya señalado que hubiera asistido al matrimonio del abogado al que también fue invitado, de habérselo permitido sus actividades académicas[12] (Castillo se casó en Colombia, a una fiesta a la que asistieron el juez supremo Hinostroza así como Alfredo Sánchez Miranda); sin contar que (según información que circula en redes) Tomás Gálvez junto con el abogado Castillo y el abogado Caro aparecen como los tres directores de la revista Ius Puniendi: Sistema Penal Integral[13] en el que Gálvez es Director Académico (Ius Puniendi, revista que tiene como Comité Editorial a jueces supremos como César Hinostroza, Josué Pariona, Aldo Figueroa y Víctor Prado, entre otros[14], es una revista impresa por Ideas Solucion Integral[15] que tiene como gerente general a Renato Tomas Galvez Barbieri desde abril del 2016, es decir, a cuatro meses de que Gálvez Villegas sea nombrado como fiscal supremo. La empresa inclusive, en mayo del año pasado, ha vendido sus libros en la feria que organiza el Ministerio Público, donde “Todos los libros del stand de “Ideas Solución Editorial” tienen el 50% de descuento para trabajadores del Ministerio Público, a excepción de la revista “Ius Puniendi. Sistema Penal Integral”.”[16]). Recientemente en abril ambos directores, Gálvez y Castillo, han publicado un nuevo libro en coordinación (el mismo que se difunde en la página del Estudio Castillo Alva[17][18]).

Hay situaciones que no generan la confianza ciudadana sobre la necesaria garantía que debe demostrar quien ocupe el cargo de Fiscal de la Nación. Eso se debe también, en parte, a la escasa transparencia con que la Junta de Fiscales Supremos suele votar y elegir a su máxima autoridad representativa.

Víctor Raúl Rodríguez fue elegido como fiscal supremo ante la salida por cese del ex fiscal supremo José Peláez Bardales, cuando postuló en el muy cuestionado concurso para magistrados supremos del año 2015 (en el que quedó en calidad de “reserva”). Según La Mula.pe, el fiscal fue cuestionado por José Ugaz cuando éste fue denunciado por la actuación de la Procuraduría en el allanamiento (finalmente ilegal) de la casa de Trinidad Becerra sin que, relata, hubiera fundamento (finalmente fue absuelto[19]). Actualmente, tiene a su cargo la investigación contra el fiscal Domingo Pérez que investiga por lavado de activos a Keiko Fujimori, un fiscal que pasó de ser denunciante a denunciado cuando señaló que el fiscal Peña-Cabrera le indicó que no preguntara por “AG” a Jorge Barata. Al respecto, Gustavo Gorriti escribió:

“Hace pocos días, La República y El Comercio reportaron que la fiscalía Suprema de Control Interno estaría centrando su “investigación” sobre Pérez Gómez por haberse enfrentado a Peña Cabrera, “un fiscal de mayor jerarquía”. Se trataría de “una falta de respeto”.

No he tenido tiempo de confirmar esa información con el fiscal supremo de Control Interno, que se llama Víctor Raúl Rodríguez Monteza. De ser cierto, que espero no resulte el caso, sería no solo inaceptable sino escandaloso. ¿Se le va a prohibir a un fiscal provincial denunciar a un fiscal superior (provisorio o no) que intenta limitar o sabotear su investigación?”[20] IDL-Reporteros, 1 de febrero del 2018.

Zoraida Ávalos fue elegida fiscal suprema en diciembre del 2013, luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura rechazara la elección de otros dos postulantes que habían judicializado su postulación: Mateo Castañeda y César Hinostroza. En ese escenario y según el puntaje alcanzado, obtuvo la unanimidad de los votos. Más allá de su trabajo realizado desde la Suprema, es su votación en materia de elección de autoridades fiscales la que ha llamado la atención. Por ejemplo, votó junto con José Peláez y Carlos Ramos por que Gladys Echaíz fuera al Jurado Nacional de Elecciones en representación del Ministerio Público, en una elección que Echaíz cuestionó y que, a la larga, influenciaba en la elección del nuevo Fiscal de la Nación de entonces (cargo tentado por Carlos Ramos)[21]. Posteriormente, en mayo del 2014 votó a favor de Carlos Ramos para Fiscal de la Nación, cuando se comenzaba a destapar el caso “La Centralita” por el que finalmente fue destituido.

“Aunque no quiso dar las razones por las que votó por Ramos, contó que ya le explicó al fiscal supremo Pablo Sánchez, quien también buscaba ser jefe del Ministerio Público, (…).

“Hay cosas que en público no se pueden decir. Pero le he explicado a Pablo”.

Para Ávalos, las acusaciones contra el próximo fiscal de la Nación son “conjeturas”. “[…] ¿Por quién está deslegitimado? Por cierto sector de la prensa”. Sin embargo, recalcó que a Ramos no le ha dado un cheque en blanco.”[22]

Pedro Chávarry, el postulante voceado al cargo de Fiscal de la Nación, es el que causa mayor preocupación para la institucionalidad del Ministerio Público y su independencia político partidaria (sobre todo, del Apra). Y esto por los diversos motivos que ha referido un grupo de instituciones de sociedad civil en un comunicado conjunto: el compadrazgo con Peláez Bardales referido por los medios de comunicación[23], que su nombramiento se haya realizado siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura presidido por Edmundo Peláez, y lo que esto haya podido significar para la posterior votación de Gonzalo Chávarry a favor del hermano José Peláez para que sea nombrado Fiscal de la Nación (rompiendo con el criterio de la antigüedad), entre otros.

“En 2011, la votación en la junta de fiscales supremos se dio entre los antiguos José Antonio Peláez, Gladys Echaíz, Pablo Sánchez, y los recientemente nombrados por el CNM Carlos Ramos y Pedro Chávarry. Estos últimos, los nuevos, hicieron Fiscal de la Nación a Peláez. Echaíz votó por Pablo Sánchez. Hay suficientes evidencias para sostener que el CNM, por entonces presidido por Edmundo Peláez Bardales,  hermano de quien sería elegido, actuó sesgadamente para que los fiscales nombrados fueran precisamente Ramos y Chávarry. ”[24]

Además, si bien otros fiscales trabajaron en el Ministerio Público en la época de la dictadura fujimorista, Chávarry es cuestionado por haber ocupado un alto cargo de confianza al habérsele encargado la Secretaría General de la Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán (Resolución N° 465-94-MP-SN) además de ser fiscal adjunto supremo (Resolución N° 464-94-MP-SN, del 8 de agosto de 1994).

Asimismo, no se conoce con claridad cuáles han sido sus decisiones fiscales en casos como el de la investigación preliminar a su cargo y respecto del fiscal supremo Tomás Gálvez, por una denuncia de parte de su ex asistente en la Oficina de Interculturalidad del Ministerio Público, conocida en el año 2015 (año en que Gálvez postuló y fue nombrado como fiscal supremo).

Tampoco se conoce su actuación respecto de la denuncia que realizó el fiscal Domingo Pérez a raíz de la intromisión que los congresistas fujimoristas (incluida la presidente de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra) realizaran en la actuación fiscal del allanamiento del local de Fuerza Popular. Un hecho grave del que dieron cuenta diversos medios de comunicación y que violó gravemente la autonomía e independencia del Ministerio Público. El fiscal Chávarry está encargado de dicha investigación desde febrero del 2018, pero no se tienen noticias de sus actuaciones o de sus decisiones en el caso.

“Fueron denunciados Luz Salgado, Rosa Bartra, Héctor Becerril, Alejandra Aramayo, Miguel Ángel Torres, Elard Melgar, Víctor Albrecht, Úrsula Letona y Karina Beteta, quienes habrían incurrido en “violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones fiscales”.

Las escenas de las interferencias fueron registradas en imágenes de video, e incluso en una de ellas se escucha gritar a Salgado la frase “No se está metiendo usted con cualquiera”.”[25]

La decisión en este escenario

Teniendo en cuenta lo que es conocido por los medios de comunicación, ¿quién de los actuales integrantes de la Junta de Fiscales Supremos podría garantizar que el Ministerio Público va a fortalecer la lucha contra la corrupción, más aún en un año donde el caso Lava Jato está en una etapa crucial, con todo lo que eso significa? ¿Quién puede garantizar en lo que cabe, mayor independencia (y apariencia de independencia) respecto de los poderes fácticos, pero sobre todo de los políticos? Al parecer por lo repasado, Pablo Sánchez.

Por eso es que la alternativa de la reelección, legalmente contemplada por dos años más en la ley orgánica del Ministerio Público, es la que hoy por hoy le convendría más a la lucha contra la corrupción. Otros factores han sido señalados: pocas veces el ataque a un Fiscal de la Nación (como el que fue objeto Sánchez por parte de la bancada fujimorista a finales del año pasado) logró el grado de unidad de los fiscales a nivel nacional. El ataque armado por el fujimorismo incluso ocasionó que el caso llegara respaldado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, otras voces también indican la impertinencia que significaría una nueva gestión con los cambios (de incertidumbre) que la misma traería, en medio de un año que resulta trascendental para el caso Lava Jato.

La agenda urgente: condición sine qua non para avanzar en la lucha contra la corrupción

Ahora, eso no quiere decir que la reelección del fiscal Pablo Sánchez como Fiscal de la Nación sea lo único que en estos momentos la lucha contra la corrupción en nuestro país requiere.

A lo largo de estos meses la ciudadanía ha podido identificar a la par de avances en las investigaciones, preocupantes situaciones que deben resolverse, y que es de responsabilidad del Fiscal de la Nación, en este caso del fiscal supremo Pablo Sánchez, redireccionar a fin de que la lucha contra la corrupción no culmine en impunidades de ciertos políticos. Esas situaciones, habiendo sido ya referidas en un pronunciamiento público, son las siguientes:

  • Que las investigaciones fiscales avancen de forma desigual entre líderes políticos denunciados; como es el caso de Alan García y Keiko Fujimori. En ese sentido, se debe uniformizar y potenciar el empeño y celeridad de las actuaciones fiscales para que en los casos que involucran a políticos se avance con el mismo ímpetu.
  • El que no se perciba un apoyo institucional decisivo a la labor de todos los fiscales a cargo de estos casos. En ese sentido, será importante reforzar los recursos y al apoyo a todos quienes llevan adelante las investigaciones.
  • El que no se conozca si se ha tomado alguna decisión sobre la grave denuncia que en el 2017 el fiscal Domingo Pérez hiciera sobre el fiscal Alonso Peña-Cabrera, quien le señaló hasta en dos oportunidades no preguntar por Alan García en la diligencia con Jorge Barata, según reveló IDL-R. Esta situación debe quedar esclarecida, y de corroborarse, lo que correspondería es alejar de la gestión al fiscal Peña-Cabrera.
  • Que el mencionado fiscal Pérez se encuentre a la par investigado por el Fiscal Supremo Víctor Raúl Rodríguez, por haber hecho públicas esas conversaciones y denuncia. En todo caso, tales investigaciones deben acelerarse e informarse a la ciudadanía, toda vez que representan una especie de espada de Damocles sobre el fiscal que no habría hecho mas que denunciar lo que era incorrecto.
  • Que la contratación de especialistas se haya demorado como fue el caso del fiscal suizo Stefan Lenz. Como en Brasil, es importante la mayor publicidad sobre los avances y ejecución de la gestión fiscal, la misma que debe concretarse a aquí a estas alturas de las investigaciones.
  • La demora en el avance de una estrategia coordinada entre las fiscalías que vienen investigando el caso (corrupción y lavado de activos). Por ejemplo, preocupa que Jorge Barata sea en algunos casos colaborador eficaz, y en otros testigo. Esto debe cambiar.

Que el Fiscal de la Nación sea quien brinde la mayor garantía, y que se hagan los cambios necesarios en lo que ha venido aconteciendo, son los mínimos para luchar contra la corrupción. Eso significa la reelección del Fiscal Pablo Sánchez, y sí o sí, con ajustes importantes en su gestión. Será mérito y a la vez responsabilidad de la Junta de Fiscales Supremos para con el caso más importante de los últimos años en la historia del país.

(Foto: Andina)

[1] En: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/RelatAgenda/proapro20112016.nsf/ProyectosAprobadosPortal/FCBC1053B03B3BA105257FF8006D4B63/$FILE/RLC0062009CRREMOCIONCONSEJEROANAYA.pdf

[2] En: https://larepublica.pe/politica/457267-consejero-anaya-fue-removido-del-cnm

[3] En: http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/escandalo-corrupcion-acusan-integrante-cnm-pedir-coima-fiscal-ascenderlo-examen-noticia-416413

[4] En: https://elcomercio.pe/politica/justicia/ministerio-publico-investiga-fiscal-gastos-inexistentes-389867

[5] En: https://www.idl.org.pe/noticias/cnm-elige-los-postulantes-mas-cuestionados-y-agrava-la-crisis-institucional

[6] En: https://archivo.gestion.pe/noticia/352009/elsa-canchaya-no-podra-ejercer-cargos-publicos-tres-anos?ref=gesr

[7] En: http://archivo.elcomercio.pe/politica/gobierno/tc-anulo-condena-congresista-elsa-canchaya-contratar-su-empleada-domestica-como-asesora-noticia-1638884

[8] En: https://larepublica.pe/politica/209871-elsa-canchaya-con-orden-de-captura

[9] En: http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=195490

[10] En: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/EDCE2F869CF9EEED052574C600698EB8/?OpenDocument

[11] En: http://archivo.peru21.pe/noticia/458332/fiscal-desconoce-condenalimpia-canchaya

[12] En: http://www2.caretas.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1247&idSTo=0&idA=74622#.WxYpR-4vx0w

[13] En: http://ius-puniendi.com/nosotros/

[14] En: http://ius-puniendi.com/nosotros/

[15] En: https://www.datosperu.org/empresa-ideas-solucion-editorial-sac-20550760143.php

[16] En: https://escuelaministeriopubliconoticiasblog.wordpress.com/2017/05/10/feria-del-libro-libros-de-la-editorial-ideas-hasta-con-50-de-descuento/

[17] En: https://www.facebook.com/CastilloAlvaEstudio/

[18] En: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1827953580558702&set=a.904293996258003.1073741828.100000322330299&type=3&theater

[19] En: https://danielyoveras.lamula.pe/2016/08/23/este-es-el-nuevo-fiscal-supremo-nombrado-por-el-cnm/danielyoveras/

[20] En: https://idl-reporteros.pe/encubrimiento-caso-lava-jato/

[21] En: https://peru21.pe/politica/gladys-echaiz-elegida-representante-ministerio-publico-jne-139384

[22] En: https://elcomercio.pe/politica/justicia/zoraida-avalos-quiso-explicar-voto-ramos-heredia-377929

[23] En: https://larepublica.pe/politica/532887-junta-de-fiscales-supremos-ve-eleccion-de-fiscal-de-la-nacion

[24] En: https://larepublica.pe/politica/766699-como-se-nombra-realmente-a-un-fiscal-de-la-nacion

[25] En: https://larepublica.pe/politica/1203108-congresistas-de-fp-seran-investigados-por-fiscal-chavarry

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