En defensa: ¡Basta de criminalizar a las autoridades de la justicia comunal!

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Por: José Ramiro Llatas Pérez

En junio del 2015 se produce un supuesto homicidio, en una de las comunidades campesinas de Ccollana, en el distrito de Marcapata, Provincia de Quispicanchis, Región del Cusco. Intervino la policía para hacer el levantamiento del cadáver, cerca están los comuneros y los ronderos, pero no participan por orden de la policía. Se inician las investigaciones fiscales, y al poco tiempo el caso se archiva porque la fiscalía llega a la conclusión que la probable causa de muerte del occiso es el ahogamiento. Sin embargo, los familiares del fallecido no están contentos con los resultados y piden a las rondas campesinas de su comunidad que intervengan.

Las rondas, como es su costumbre, intervienen y citan a los supuestos asesinos a una asamblea de las rondas de la mencionada comunidad. Como el caso no se resuelve en esta instancia, las rondas deciden llevar el caso a una instancia más grande: el encuentro de rondas campesinas del distrito de Marcapata, donde se reúnen representantes de las rondas campesinas de nueve comunidades del mismo distrito. En ese intervalo, los supuestos asesinos van a la ciudad y a través de un abogado formulan una denuncia penal en contra de los dirigentes que están convocando al encuentro de rondas campesinas, por el supuesto delito de coacción. El fiscal de Urcos atiende su pedido y cita a los dirigentes en vía de prevención del delito de coacción. Y les recomienda que no realicen el encuentro de rondas donde investigarán el asesinato ocurrido en su comunidad.

El encuentro de rondas se lleva a cabo. Se investiga a los supuestos asesinos quienes logran confesar: habrían matado a la persona que se encontró en la comunidad de Ccollana. La sanción según sus costumbres y creencias fue ser bañados en agua fría, porque el agua es purificadora y sana a las personas. Su intención fue querer sanar a los supuestos asesinos para que no vuelvan a cometer sus fechorías y se reincorporen a la comunidad. Después de eso, los ronderos, llevaron a los sancionados a la posta médica donde se emiten certificados médicos que están “clínicamente sanos”.

Lo que omitieron la fiscalía y los jueces

El caso hubiese quedado en esta etapa, si no fuera por el desconocimiento de la justicia comunal de parte de la segunda fiscalía provincial de Quispicanchis a cargo de la abogada Ruddy Sandra Villagra Gonzales, quien decide formalizar investigación penal por el delito de coacción, en contra de cinco ronderos que participaron en el encuentro de rondas campesinas de Marcapata.

La fiscalía nunca fundamentó la razón de por qué se escogió a esos cinco ronderos. ¿Bastaba su condición de dirigentes para penalizarlos? La Fiscal posteriormente realizó el requerimiento de acusación por el supuesto delito de coacción, y pidió para los ronderos que se les aplique la pena privativa de libertad de un año por el supuesto delito de coacción. En ninguna parte del requerimiento de acusación se analiza si se está o no frente a un tema de competencia de la justicia comunal. Sabemos que es una obligación legal, de acuerdo al fundamento 9 y siguientes del acuerdo plenario N° 01-2009 de la Corte Suprema, saber primero si se está o no frente a una situación de aplicación de la justicia comunal, a efectos de que se aplique el artículo 18, inciso 3 del Código Procesal Penal, que menciona que la justicia ordinaria no es competente para conocer los hechos punibles referidos por el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.

Lo más grave es que la Fiscal ni siquiera menciona el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, para que se aplique o se respete la justicia comunal. Nos llama mucho la atención la omisión a la norma constitucional, pero además de la jurisprudencia de las salas penales de la Corte Suprema.

Cabe mencionar el siguiente estudio realizado sobre las distintas sentencias que ha dado la Corte Suprema en temas de justicia comunal, citamos:

“Si uno revisa en conjunto, podremos advertir que existen diferentes tipos de reglas, y no todas han sido reiteradas de la misma manera. Unas líneas interpretativas están más consolidadas que otras, y en consecuencia, tienen más fuerza persuasiva que otras. Dos son las reglas que se hayan más consolidadas. Tenemos en primer lugar la que reconoce que las autoridades de las comunidades campesinas, nativas y de las rondas campesinas en general, no cometen delito de secuestro, coacción, extorción ni usurpación de funciones. Tampoco violencia y resistencia ante autoridad (subrayado nuestro). Decimos consolidada pues 9 de las 14 sentencias que hemos logrado reunir lo señalan. No se trata que las otras 5 sentencias digan lo contrario. Simplemente guardan silencio sobre este aspecto”[i].

A lo mucho, en el requerimiento fiscal se menciona que los ronderos no son competentes para conocer temas de homicidio, y no existe ninguna norma legal que mencione eso, más bien existe jurisprudencia donde se ha visto que la justicia comunal puede asumir temas de homicidio y realizar las investigaciones que el caso requiere, así como el juzgamiento y la sanción correspondiente. Muchas de estas prácticas se dan desde tiempos ancestrales. La justicia comunal en nuestro país existía antes de la formación del Estado peruano. Muchos fiscales y jueces siguen pensando que la justicia comunal solo debe ver temas relacionados con” faltas”, en total incumplimiento de la norma penal que menciona en el artículo 18, inciso 3. Y, en una perspectiva bastante colonialista, en el sentido de ver a los ronderos como “salvajes” (aunque el requerimiento de acusación no dice eso pero lo da a entender), asimila sus usos y costumbres a practicas de humillación, sin tener el mínimo esfuerzo de entender muchas de esas prácticas, en el sentido cultural y en la perspectiva de la pluriculturalidad.

Si esto lo pudieran entender los magistrados, dicho requerimiento fiscal no se hubiese dado y se habría tenido que archivar el caso en la etapa fiscal. Pero se dio. Avanzó el proceso penal. El siguiente filtro era el control de la acusación, que terminó siendo un mero formalismo y no se controló nada de lo que señalamos, de tal modo que el juez Roger Jiménez Luna del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria (Sede Quispicanchis), emite la resolución de enjuiciamiento. Y, posteriormente el juez Jorge Pareja Quispe, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Quispicanchis Sede Urcos, dio inicio al juicio oral. Incluso se negó a admitir un pedido de nulidad de todo lo actuado por no haberse tomado en cuenta los preceptos constitucionales referidos a la justicia comunal.

¿Qué debió hacerse? ¿Qué derechos se están vulnerando?

Lo primero: ponerse en la situación de si se está o no frente a un caso de justicia comunal. Se analizan los siguientes elementos: el elemento humano, es decir, la pertenencia a un grupo étnico, en este caso la comunidad campesina de Ccollana. En segundo lugar el elemento orgánico: contar con una organización y autoridades ancestrales elegidas, en este caso, las rondas y los dirigentes ronderiles. En tercer lugar, el elemento normativo, que muchos se equivocan pensando que el principal es el estatuto, sin embargo, la principal fuente del derecho es una norma no escrita, es decir, sus usos y costumbres. Los dirigentes todo el momento dijeron que han aplicado lo que han aprendido de sus antepasados. El cuarto, es el elemento geográfico, el territorio, que como pertenece a una comunidad campesina. Y, lo mas importante, es que no se vulneren los derechos fundamentales: no estamos frente a un caso de tortura, esclavitud o mutilación del cuerpo de los investigados y juzgados por la justicia comunal.

Si se diera la razón a los presuntos asesinos que denunciaron a los dirigentes ante la justicia ordinaria, traería como consecuencia el debilitamiento de la justicia comunal, afectando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los miembros de las comunidades campesinas. Afectaría también la igualdad ante la ley, porque la justicia comunal seguiría siendo tratada en forma despreciativa y por debajo de la justicia ordinaria. También del derecho a la identidad cultural, que significa, tener su propio sistema de justicia; la autodeterminación, para decir acerca de los asuntos de justicia, y la aplicación de su propia justicia comunal como una de las instituciones ancestrales de muchos pueblos originarios y, en este caso, del pueblo quechua.

Sobre la acción de amparo

Hemos agotado los mecanismos legales para pedir que el proceso penal se archive. El juez está empeñado en continuar el proceso a pesar de ser claro que estamos ante un tema de justicia comunal. Se está vulnerando derechos constitucionales, por eso se ha presentado una acción de amparo para hacer respetar la justicia comunal. Esperamos que el juez mixto de Quispicanchis (Urcos), resuelva el caso a la brevedad posible y haga prevalecer el respeto a las autoridades judiciales de la justicia comunal. Ojalá nunca más se procese a ronderos o comuneros por el ejercicio de sus funciones, las que vienen cumpliendo en muchas comunidades, en modo ancestral.

(Foto: Caballero Red Verde, Servindi)

[i] Juan Carlos Ruiz Molleda, La justicia comunitaria en la jurisprudencia peruana: entre el acceso a la justicia y la autodeterminación. En Justicia Intercultural en los Países Andinos, contribuciones para su estudio, Aníbal Gálvez Rivas y Cecilia Serpa Arana (editores), setiembre del 2013, 318 p.

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