En el marco de un protocolo de coordinación y cooperación interjurisdiccional entre la jurisdicción indígena originario campesina y la jurisdicción agroambiental en el proceso de cumplimiento de interlegalidad

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Por: Lucía Belén Mendoza Peñaloza[1]

 

Introducción

La generalidad de los especialistas en el tema, y quienes comenzamos a trabajarlo, tenemos una perspectiva idealista sobre las estructuras que conforman los pueblos indígenas hoy en día. Seguimos con una idea equivocada de que los pueblos indígenas a pesar del acercamiento que tienen con la globalización continúan teniendo los mismos esquemas y estructuras organizativas fuertes.

El trabajo de investigación titulado “Protocolo de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígena originario campesina y agroambiental en Corque Marka” (Mendoza, 2017), nos pone en un contexto de la realidad de una de las estructuras consideradas como la más fortalecida entre pueblos indígenas de ascendencia aymara, una marka de Suyu Jach’a Karangas, ubicada al Sur de Oruro. El trabajo de investigación busca validar las posibles formas de solución para la implementación de interlegalidad en un avance en el contexto de derechos de los pueblos indígenas basado en el mandato constitucional.

Si vemos el marco legal como constitucional, el mandato tanto del Art. 179.I.[2] II[3] ambos parágrafos denotan la igualdad de jerarquía entre las jurisdicciones, además del Art. 192 de la CPE, que establece la obligatoriedad de coordinar y cooperar, y remite a la Ley de Deslinde Jurisdiccional la obligatoriedad de desarrollar los mecanismos de coordinación y cooperación interjurisdiccional como forma de complementariedad jurisdiccional e institucional.

A pesar de la implementación en 2009 de la Constitución y en 2010 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, los avances respecto a coordinación y cooperación son insuficientes, y los principales hallazgos de la investigación (Mendoza, 2017), se enfocan en: la interpretación errónea sobre lo que significaría la coordinación y cooperación interjurisdiccional y los avances que conllevaría; la percepción negativa que se tiene sobre la declinatoria e inhibitoria de competencia, interpretándola como una forma de inacción, y falta de capacidad para asumir la competencia; un recelo sobre todo de la autoridad originaria por la autoridad agroambiental, por la remuneración percibida por la agroambiental en el marco de un trabajo de la misma relevancia jurídica; la existencia de factores externos que están desnaturalizando y desestructurando la justicia originaria, y por el otro lado la aplicación del principio de legalidad por encima del principio de constitucionalidad, lo cual sólo desemboca en que exista una imposibilidad por trabajar en el marco de la coordinación y cooperación necesaria para la resolución de conflictos efectivos.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado existe la figura de la función judicial única, misma que a pesar de la existencia de un artículo de la norma suprema no se implementa en la práctica, teniendo en cuenta sobre todo el desconocimiento de las normas y procedimientos de la otra jurisdicción. De acuerdo a los operadores de justicia, como administrativos dentro del Tribunal Agroambiental, existe un desconocimiento de la justicia originaria por parte de los jueces agroambientales como Magistrados del Tribunal, y este desconocimiento genera una errónea interpretación que recae en jueces itinerantes como en jueces agroambientales que tienen resistencia a coordinar y cooperar, como declinar competencia a la jurisdicción indígena originaria campesina. Este desconocimiento de prácticas, arraigo a la legislación en base al principio de legalidad[4], genera que la duración de los procesos se extienda innecesariamente, lo cual genera que Tribunales Superiores como el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Bolivia anulen obrados por doble decisión de justicia o declinen competencia a las autoridades originarias, conflictos que podrían resolverse sin necesidad de acudir al TCP (Mendoza, 2017).

Realizado un análisis competencial entre ambas jurisdicciones en el marco de la Ley del Órgano Judicial (Ley 025) se puede evidenciar que a pesar de la existencia del mandato constitucional que posiciona a ambas jurisdicciones en igualdad de jerarquía, en las leyes siguen supeditando la Jurisdicción Originaria a la Agroambiental en el caso en concreto, incluso en la Ley de Deslinde Jurisdiccional, a través de la contradicción del Art. 10[5] de la misma, limita a los pueblos indígenas a los conflictos de tierras en tanto estén debidamente saneadas, dejando de lado los conflictos que conocían y conocen ancestralmente, sin tener en cuenta que existe una contradicción con el Art. 152 de la Ley 025 en su amplitud, en el parágrafo 9[6]. A pesar de que en algunas situaciones se está viendo por conveniente dejar en desuso la misma, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas continúan resolviendo a partir de sus normas y procedimientos propios, existe una contradicción legal que genera que sobre todo las autoridades agroambientales en distintos casos hagan prevalecer la misma, sin tener en cuenta el derecho más favorable para los pueblos indígenas. Es necesario comprender y analizar la necesidad de los juzgados itinerantes y ver cuál podría ser el beneficio en determinados casos, en los cuáles no existe presencia de campesinos o particulares, sino el beneficio institucional que podría generar a una comunidad originaria debidamente organizada, a través de mecanismos de coordinación y cooperación interjurisdiccional (Mendoza, 2017).

Existen diversos y diferentes mecanismos de coordinación y cooperación que podrían aplicarse en comunidades sin afectar sus normas y procedimientos propios, que servirían tanto para reforzar la justicia comunitaria, como para proveer a sus integrantes de una justicia pronta y eficaz como se busca. El conflicto radica en el debilitamiento de las estructuras sociales, políticas y jurídicas de los pueblos indígenas, en el caso en específico de Jach’a Karangas, el debilitamiento ha generado la desvirtualización de prácticas tanto jurídicas como del día a día de los pueblos (Mendoza, 2017).

El contexto latinoamericano es diverso, pero no deja de presentar propuestas que a pesar de la realidad de Bolivia y el contexto en el que se encuentran los pueblos indígenas, no deja de ser una posible solución para la aplicabilidad de coordinación y cooperación interjurisdiccional o interinstitucional en el caso en concreto. En el caso de Jach’a Carangas, se podría aplicar sobre todo con apoyo de la actual jueza de Corque Marka mecanismos tales como el estudio y consulta para apoyar a la gestión de las autoridades; Escuela judicial- intercultural; talleres regionales de la Jurisdicción Indígena; Diagnóstico de necesidades; Participación de ambos actores de justicia en capacitaciones; conciliaciones[7].

Entre los mecanismos más eficientes tanto para generar una confianza mutua, conocer ambos operadores de justicia el contexto de trabajo y de incidencia y el fortalecimiento de ambas estructuras, se muestran los talleres regionales de la Justicia Indígena, como la Escuela judicial- intercultural, sobre todo para fortalecer la justicia indígena, teniendo en cuenta que el debilitamiento de las estructuras se da a partir de un desconocimiento por parte de los comunarios del ejercicio de la justicia indígena por diversos motivos, uno de los principales la migración. Se debe tener en cuenta que los talleres de justicia, coadyuvan a fortalecer la participación de ambos operadores de justicia en capacitaciones para desarrollar un mecanismo efectivo en base a la confianza del trabajo de operadores de justicia de ambas jurisdicciones[8].

En relación al estudio y consulta para apoyar a la gestión de las autoridades, se debe analizar conjuntamente con el diagnóstico de necesidades, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentren ambas jurisdicciones. En la gran suposición de que la justicia originaria siguiera siendo gratuita, se debe tener en cuenta que a pesar de ser obligación de las autoridades originarias el correr con costos de transporte, e incluso la necesidad de actuaciones como peritajes o la necesidad de especialistas para casos en concreto exige costos que no necesariamente pueden ser cubiertos por la autoridad originaria, para lo cual se podría ver la posibilidad de gestionar a través de cooperación de la autoridad judicial que posee recursos y fondos para estas actuaciones en concreto, sobre todo el apoyo en relación a contratación de servicios para peritajes. Pero analizando el contexto de Jach’a Karangas en específico, en el Mara Tantachawi realizado en Andamarka en julio de 2017, frente a una concepción de  “necesidad” y obligatoriedad de hacer prevalecer la justicia, vieron por conveniente cobrar aranceles a los comunarios por el acceso a la justicia, teniendo en cuenta que desde la perspectiva de las autoridades originarias es una forma de que se respete a la autoridad originaria como se respeta a un juez ordinario, sin tener en cuenta que incluso desvirtualiza el thaki y su propio contexto desde una perspectiva de pluralismo jurídico. Es evidente que limita la justicia para quienes pueden costearla y genera que las autoridades tengan un poder que no deberían, de acuerdo al contexto, lo cual denota que a pesar de la visión colectiva de que Jach’a Carangas tiene una de las estructuras más fuertes en tierras altas, esto denota un quebrantamiento de la misma[9].

Actualmente existen mecanismos de coordinación y cooperación tales como notificaciones a las autoridades originarias de los casos que llegan a los juzgados, o la invitación a las autoridades para ser partícipes de la etapa de conciliación y llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que las autoridades originarias son más conocedoras de los límites en cuanto a conflicto de linderos o cuáles son los principales conflictos en materia agroambiental, conflictos del día a día entre los comunarios, incluso si el proceso prosiguiera, le da a la juez o el juez el contexto del conflicto desde una perspectiva integral incluso desde la distribución interna y las normas y procedimientos propios para no hacer un uso taxativo de la ley.

La estructura no sólo debe trabajarse desde la base como son los juzgados en una determinada entidad territorial, existe un desconocimiento por parte de altas autoridades de cómo trabajar el tema, de acuerdo a las autoridades administrativas del Tribunal Agroambiental, las autoridades originarias tienen más conocimiento de la justicia agroambiental, un conocimiento mayor de lo que tienen tanto jueces como Magistrados, lo cual imposibilita la construcción de un Estado en términos de pluralismo jurídico, imposibilitando los objetivos de la Constitución Política del Estado.

Se debe tener en cuenta que existe un amplio marco de normativa en relación a tratados y convenios internacionales que favorecen a los pueblos indígenas en el uso y aplicación de normas y procedimientos propios, en el marco de la Constitución Política del Estado, el Art. 410 adopta los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho comunitario en el bloque de constitucionalidad, pero no menos importante es el Art. 256 que establece que en caso de ser más favorables tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, se deben aplicar por sobre la Constitución y las leyes nacionales, lo mismo se expresa en el Art. 13. IV. de la CPE. Para lo mismo es necesario analizar el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Pueblos Indígenas como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que al firmar tratados y convenios internacionales, un Estado está obligado a cumplir estándares internacionales, teniendo en cuenta que al firmar los mismos sede parte de su soberanía a Organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual, las decisiones de la Corte adquieren carácter de obligatoriedad, no sólo con los países a los cuáles afecte la decisión en específico de la sentencia de la Corte, sino a todos los países que haya firmado tratados y convenios internacionales que son consideradas por la Comisión como por la Corte, a esto denominamos responsabilidad internacional. Es decir que las líneas jurisprudenciales que emanan de la Corte IDH deben servir de parámetro para las decisiones de las Altas Cortes en los diferentes Estados, en el caso en específico de Bolivia, son parámetros necesarios para las decisiones de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Tierras

Se debe tener en cuenta que a pesar de proclamar una Constitución Política avanzada en tema de derechos humanos, lo que se debe buscar es la maximización de derechos y minimización de límites si se busca un pluralismo jurídico en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta que a pesar de las garantías consagradas en la CPE, a través de la ley de deslinde jurisdiccional se limita a los pueblos indígenas a la ley de indios que gobernaba en la colonia, con restricción de materia, territorio limítrofe y persona, en tanto “sólo indios pueden juzgar a indios” sin tener en cuenta la inconvencionalidad de la ley frente a convenios y tratados internacionales en relación a los derechos de los pueblos indígenas.

Por otro lado, los límites que proclama la Ley 025 de Organización Judicial restringen a que a pesar de la temática respecto a pueblos indígenas y sus tierras como los conflictos respecto a las tierras correspondan por derecho a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta incluso que es un tema que les atañe, incluso antes de la Colonia, la tierra es parte de un cuerpo, es parte de la armonía y estabilidad, inalienable a los mismos por derecho. Es decir que en el caso de que no estuvieran saneadas por ley, y por un organismo establecido por el Estado para lo mismo, por una ley impuesta, no podrían resolver conflictos, determinando y limitando el ejercicio de su jurisdicción y supeditando a las comunidades a las decisiones judiciales por vía ordinaria, esto quebranta el principio de igualdad de jerarquía que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional, como derechos como el autogobierno y la libre determinación de los pueblos.

Revalorización de grupos dentro de las comunidades[10]

En relación a grupos, nos referimos a grupos que están desvalorizados dentro de las mismas comunidades y no se toman en cuenta, es decir mujeres y jóvenes, grupos que buscan ser parte de las tomas de decisiones como la introducción de temáticas necesarias respecto a sus necesidades, pero que dentro de los espacios de toma de decisiones se minimizan o simplemente se toman como secundarios.

En el Año Nuevo aymara realizado en Andamarka, marka de Jach’a Karangas, Mara Tantachawi en el cual se demuestran todas las falencias como dificultades que viven las autoridades dentro de sus propias comunidades, se articulan espacios de decisión, y frente a una limitada y mínima aceptación se abren dos espacios de diálogo más allá de las mesas de trabajo comúnmente realizadas, las mesas de jóvenes, y de mujeres. Después de dos días arduos de trabajo incesante las temáticas de fondo para mujeres eran las de castración química para los adúlteros, sin tener en cuenta que existen temáticas que las afectan más allá de esto, como el conflicto respecto a que en un porcentaje mayor son mujeres las que tienen mayor dificultad para acceder a la educación, sobre todo por la distribución específica de los roles dentro del hogar, en Jach’a Karangas, las mujeres que tienen acceso a la educación sobre todo son las que crecen en una familia de comunarios que ya crecen en familias migrantes, y sólo vuelven para ejercer cargos, pero esto no disminuye las tasas de deserción escolar o analfabetismo en mujeres.

Por otro lado, en referencia a los jóvenes, proponen integrar avances de la globalización y proponen formas de incentivo de jóvenes en su cultura, en sus raíces para hacer prevalecer en el tiempo y que a pesar de la migración se revaloricen tradiciones, propuestas que son rechazadas por la perspectiva retrógrada de las autoridades, teniendo en cuenta que las mismas suponen que las propuestas de los jóvenes son una forma para quebrar con el denominado thaki, que es el camino por el cual deben pasar quienes tienen acceso a la tierra y cumplir con cargos dentro de la comunidad para hacer prevalecer su derecho a la misma, derecho que les corresponde como familia[11].

Educación

No menos importante es el tema de la educación, a pesar de los porcentajes evaluados y presentados por el Gobierno (…) actual, en Bolivia sigue existiendo analfabetismo, y no porque las personas sepan escribir sólo su nombre y con dificultad firmar, podemos hablar de la erradicación del analfabetismo. Evidentemente son parámetros que sirven para votar e inscribirse en el registro cívico en cierta forma, deletrear su nombre para determinados trámites, pero no hablamos de calidad de educación ni una alfabetización en condicione de dignidad humana. Este conflicto atañe tanto a hombres como a mujeres, pero considero que es un conflicto que limita más a las mujeres dentro de las comunidades, por la asignación de roles dentro de las comunidades. Un claro ejemplo es el de las tierras altas, donde las mujeres se encargan de ganado, esta debilidad ha sido combatida de una única forma, la migración, a través de la cual los padres contemplan la importancia y la necesidad de la profesionalización, en tanto sus hijos vuelvan  para ejercer cargos a la comunidad cuando les toque por obligación.

La migración ha permitido nuevos accesos de economía como educación, pero por otro lado, en la mayoría de los casos ha roto el vínculo de los comunarios con su comunidad, teniendo en cuenta que la única perspectiva que conocen de sociedad es la globalizada, se ha perdido el aymara como lengua materna y las costumbres, esto genera que a momento de tomar decisiones de justicia sobre todo, las autoridades de principio se encuentren desorientadas, y en su mayoría opten como mejor solución enfocarse en buscar proyectos antes de ejercer la justicia de forma eficiente para los comunarios, la mayoría de comunarios que acceden a cargo consideran que es un esfuerzo tedioso ejercer cargos y esperan que acaben los mismos para volver a migrar, siendo que los cargos incluso los ejercer de acuerdo a su propio bolsillo, y muchas veces los deja en desestabilidad económica.

Por otro lado las autoridades se encuentran pendientes de conseguir proyectos, más que formarse o fortalecer sus normas, procedimientos y sobre todo la cultura que profesaban los ancestros, no se incentiva, y los ancianos que conocían las prácticas ancestrales cada vez son menos, ya que no sólo las nuevas generaciones, ya no crecen en las comunidades, sino que son de dos a tres generaciones que han formado su familia fuera del seno de la comunidad, con los valores y principios que impulsan sus padres, pero con un contexto diferente de lo que es sociedad, su aporte se enfoca dentro de un esfuerzo alrededor de la dinámica de las ciudades grandes, incluso en países desarrollados (Mendoza, 2017).

Esto genera la dificultad de construir y desarrollar buenas prácticas entre las autoridades de turno en ambas jurisdicciones que se encuentran desarrollando y ejerciendo justicia dentro de la comunidad, es el caso de Corque Marka, donde la autoridad originaria prefiere resolver los conflictos respecto a sus conocimientos, sin tener que desarrollar puentes de diálogo con la autoridad agroambiental, la jueza que ejerce su cargo desde 2016 en la comunidad (Mendoza, 2017).

Existe conflictos respecto a la información de los mecanismos de coordinación y cooperación que podrían facilitar el ejercicio de cargos dentro de la comunidad, por miedo, por desconfianza en los sistemas de justicia ordinarios, o simplemente por la percepción que se planta entre las jurisdicciones de minimizar el trabajo de las autoridades originarias en las comunidades, situación y miedo que se generaliza en las mismas por parte de autoridades de ambas jurisdicciones.

Normas y procedimientos propios

Como teóricos, e incluso la perspectiva de la sociedad se enfoca en que dentro de las comunidades se siguen manteniendo las prácticas ancestrales respecto a la tierra, como la resolución de conflictos, pero cabe resaltar que es una falacia pensar que no han existido cambios con el tiempo,  incluso el centro de los cambios es la migración de los comunarios a diferentes ciudades, incluso países, comunarios que sólo vuelven para ejercer cargos y volver a migrar.

La existencia de sectas religiosas que interfieren y generan desequilibrio en las decisiones de justicia y conflicto internos, la injerencia de la política en las decisiones comunitaria para implementar proyectos dentro de las comunidades, y sobre todo la migración, han generado que incluso que la perspectiva de la sociedad cambie, por lo que la incidencia de ideas externas pueda afectar a los pueblos. Esto se ve reflejado en una de las decisiones primordiales respecto a la justicia en pueblos indígenas decisión que se toma en el Mara Tantachawi de 2017 en Jach’a Karangas, donde se quiebra con la idea de gratuidad de la justicia, misma que incluso se discutió si existían aranceles fijados o de lo contrario se fijarían de acuerdo a las necesidades que prevean las autoridades, justificando sus decisiones en la obligatoriedad, sin tomar en cuenta que al asemejarse a la justicia ordinaria y decidir a libre albedrío aranceles para dar un fallo, incurren en corrupción y arbitrariedades que no deberían existir en un proceso transparente de justicia[12].

Teniendo en cuenta que el ejercicio del cargo no sólo es un cargo jurídico, sino también político, la cobranza de aranceles a los pueblos indígenas restringe el acceso a la justicia al más pobre, concibiendo la justicia como para quien puede pagarla y desequilibra la armonía de la comunidad. Evidentemente el ejercicio de cargo supone una inversión propia de dinero, pero el cobrar aranceles no resuelve el conflicto respecto al respeto a su propia justicia, o acatar las decisiones de autoridades propias como se acataría con la autoridad originaria.

Se debe empezar por volver a la raíz y comenzar a reforzar la justicia indígena para revalorizarla frente a la comunidad, esto generaría que los comunarios vuelvan a confiar en sus autoridades y en la justicia propia por encima de cualquier otra entidad en relación a la resolución de conflictos propios. Esta desconfianza se basa en malas prácticas de algunas autoridades que no toman decisiones a tiempo, no saben cómo tomarlas por desconocimiento de su propia justicia, se saltan cargos necesarios en el thaki y no aprenden a momento de que les toca decisiones de magnitud posteriormente o simplemente desde la perspectiva de las partes, las autoridades se parcializan por diversos motivos.

Positivización de las decisiones de justicia

Se debe tener en cuenta que las decisiones de justicia están proclamadas y amparan a los pueblos indígenas según la CPE, como tratados y convenios internaciones, decisiones de justicia que se tomarán de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, en ningún instrumento normativo se establecen formas en concreto, como en la justicia ordinaria, respecto a la burocracia de determinados procesos. Es decir que, considerando que los pueblos indígenas tuvieran sistemas orales deberían prevalecer sus procedimientos propios para resolver conflictos. Sin embargo, a través del tiempo en los pueblos aymaras como en Jach’a Karangas, se usan actas para registrar sus decisiones y darle legitimidad a las decisiones de justicia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin tener en cuenta tratados y convenios internacionales, vulnera los derechos de los pueblos indígenas cuando recibe conflictos de competencia, o acciones de tutela que llegan a su conocimiento.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, debería tener una composición igualitaria con representación plurinacional, y presencia de personas que pertenezcan a una comunidad indígena, para que se consideren las decisiones desde una amplitud de conocimientos como contemplar una decisión de justicia global y más efectiva para la persona. Por lo que el Tribunal como ente regulador de derechos, en su tuición debe tener en cuenta para cualquier argumentación tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, como realizar un control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad no sólo de las decisiones de justicia de pueblos indígenas, sino de todas las decisiones de justicia de las cuatro jurisdicciones como decisiones de justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero sin tener en cuenta este argumento principal, el TCP en varias ocasiones, solicita a las autoridades originarias que fundamenten legalmente sus decisiones de justicia, es decir que contemplen y argumenten de acuerdo a la ley escrita y subsuman sus decisiones en lo ya escrito, vulnerando su derecho e incluso deslegitimizando las decisiones de justicia de los mismos. Lo cual genera incertidumbre en los pueblos respecto a las decisiones que van a tomar (Mendoza, 2017).

Por otro lado, se visibiliza que los mismos comunarios pierden la legitimidad en sus normas y procedimientos propios, como el respecto a sus autoridades y las decisiones de justicia que emanan de las mismas, puesto que la mayoría de los casos que llegan al Tribunal Constitucional, son acciones de nulidad por doble decisión de justicia, hecho que también existe por falta de comunicación, coordinación y cooperación entre las autoridades de ambas jurisdicciones, y en el caso en concreto de Corque Marka por una superposición de la decisión de justicia del anterior juez agroambiental por encima de las autoridades originarias, aún teniendo conocimiento de que existía ya una decisión anteriormente del conflicto.

De acuerdo a la experiencia de Corque Marka, es necesario tender puentes de comunicación entre autoridades de ambas jurisdicciones, teniendo en cuenta que existe un desconocimiento de mecanismos que podrían resultar favorables para ambas jurisdicciones. Sin embargo se necesitan espacios de encuentro, compartir experiencias y conocer las propuestas, el trabajo de ambos operadores de justicia, el camino más simple para lograr que un país con perspectiva de pluralismo jurídico logre su prometido. Además de construir puentes de confianza entre los operadores de justicia, pero primero se debe reforzar la justicia indígena, que últimamente se encuentra en crisis en diferentes espacios territoriales, consideraría que no sólo es un tema de quiebre en Corque Marka o Suyu Jach’a Karangas.

Bibliografía

Mendoza, L.B (2017). Protocolo de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígena originario campesina y agroambiental en Corque Marka. Estudio de Casos. (Proyecto de Grado para Licenciatura en Derecho, Universidad Católica Boliviana “San Pablo”).

Constitución Política del Estado Plurinacional (2009). Aprobada en el referéndum de 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009. Gaceta Jurídica. La Paz- Bolivia.

Ley 073 (2010). Ley de Deslinde Jurisdiccional promulgada el 29 de diciembre de 2010. Estado Plurinacional de Bolivia. Recuperado de: https://bolivia.infoleyes.com/norma/2769/ley-de-deslinde-jurisdiccional-073

Foto: El Pais. Bolivia.

[1] Licenciada en Derecho de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”.

[2] “I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

[3] “II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igualdad de jerarquía”.

[4] Entendiendo el principio de legalidad como la aplicación de la ley de forma tácita, sin tener en cuenta la importancia de la supremacía constitucional como la aplicación de convenios y tratados internacionales, es decir, el control de convencionalidad, control que debe aplicarse no sólo en tribunales superiores, sino desde la aceptación de los casos en juzgados.

[5] Artículo 10. (Ámbito De Vigencia Material). I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario; c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas; d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. III. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina, no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas.

[6] Art. 152 (Competencia). Las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: 9. Conocer las acciones sobre mensura y deslinde de predios agrarios previamente saneados. Artículo bajo el cual jueces agroambientales argumentan sus decisiones judiciales y la negatoria de inhibitoria o declinatoria de competencia, frente a un temor por sanción en relación a negación de justicia.

[7] Mendoza, L.B (2017). Protocolo de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígena originario campesina y agroambiental en Corque Marka. Estudio de casos. Págs. 67- 72.

[8] Ídem.

[9] Información obtenida por la autora en el Mara Tantachawi de Jach’a Carangas realizado los días 19, 20 y 21 de Junio de 2017 en Andamarka.

[10] Ídem (9).

[12] Mendoza, L.B (2017). Protocolo de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones indígena originario campesina y agroambiental en Corque Marka. Estudio de casos. Págs. 90-92.

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