Fiscalía reabrió el caso Madre Mía

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Por: Carlos Rivera Paz

 

Esta semana el titular de la Cuarta Fiscalía Supranacional Penal de Lima, fiscal Luis Valdivia Calderón, tomó la decisión de reabrir las investigaciones en el caso Madre Mía. Tratándose de un caso que el año 2009 fue favorecido con una resolución de sobreseimiento por la misma Corte Suprema de Justicia, la decisión del Ministerio Público puede ser considerada como histórica y decisiva, para activar la acción de la justicia sobre crímenes que tienen la condición de sistemáticos.

Ante los acontecimientos de las últimas semanas, en las que desde una investigación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activo contra el ex presidente Ollanta Humala Tasso se tomó conocimiento de audios que daban cuenta de la probable compra de testigos en el proceso judicial seguido contra aquél por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en la base militar de Madre Mía el año 1992, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) solicitó al Ministerio Público la reapertura del caso seguido contra el ex presidente. La CNDDHH considera en esa solicitud que, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, estamos ante un caso en el que se presentaría una cosa juzgada fraudulenta.

 

La solicitud de la CNDDHH

Los principales fundamentos del pedido de la CNDDHH se refieren a la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado referidas al deber de investigar, juzgar y sancionar todas las graves violaciones a los derechos humanos; así como la necesidad de resguardar el derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad en su conjunto en este tipo de crímenes. Si una investigación penal no cumple con este estándar entonces, postula el documento, estamos ante un caso que no cumple con el estándar que proviene del mandato expreso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Ante tal pedido, la Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalía de Derechos Humanos Luz Ibáñez, ha tomado la decisión de que las investigaciones estén a cargo del fiscal Luis Valdivia, titular de la Cuarta Fiscalía Supranacional Penal de Lima. Las pesquisas de los recientes casos denunciados ante diferentes medios de comunicación han quedado en manos de la fiscal Chamorro, titular de la Segunda Fiscalía Supranacional Penal de Lima.

 

La reapertura del caso Madre Mía

Como ya es de conocimiento público, el fiscal Valdivia ha dispuesto abrir investigación preliminar por los sucesos que comprenden la desaparición forzada de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, ocurridas en 1992, en la base contrasubversiva ubicada en localidad de Madre Mía, en el departamento de San Martín. En términos concretos, con esta decisión el Ministerio Público ha tomado la decisión más compleja del caso: reabrirlo con fines investigativos y para determinar las responsabilidades penales.

La resolución fiscal señala expresamente que el Estado peruano tiene la obligación de investigar y sancionar toda violación de derechos humanos. Por ello, señala que “…no puede generar impunidad sobre crímenes de lesa humanidad cometidos sea por agentes del Estado u organizaciones no estatales, que impliquen violación de derechos humanos….”, precisando que el Estado está obligado a combatir la impunidad a través de todos los medios.

Destaca también la disposición fiscal que el Estado tiene el deber de respetar los derechos fundamentales de todas las personas, entre los que indudablemente se encuentra el derecho a la verdad.

De igual modo, la fiscalía recuerda que el Estado peruano “…al haber ratificado un tratado sobre derechos humanos debe adecuar su derecho interno al objetivo de asegurar el cumplimiento irrestricto de los deberes asumidos, por tanto tiene el deber ético-jurídico de investigar y sancionar cualquier violación de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos de los que es parte obligada.”.

Agrega a ello que es una obligación del Estado a través del Poder Judicial investigar con seriedad y buscar la verdad de los hechos. Para ratificar tan fundamental afirmación, la decisión fiscal recurre a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “…debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio  no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad…” (Sentencia de la Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, del 29 de julio de 1988).

 

Se deben eliminar los obstáculos procesales

Destaca la resolución que, siendo los hechos ventilados judicialmente graves sucesos en agravio de personas indefensas, con presunta intervención de agentes del Estado (en este caso del Ejército peruano, sea en calidad de mandos superiores, intermedios o miembros subalternos que hubiesen tenido participación directa o indirecta en dichos hechos):

“la gravedad de estas conductas ha llevado a la comunidad internacional a plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del estado de investigar y sancionarlas violaciones producidas”. (Cita de sentencia del Tribunal Constitucional)

 

Sobre esos fundamentos, la fiscalía ha decidido reabrir las investigaciones contra los que resulten responsables de los hechos cometidos en agravio de Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro, perpetrados en 1992.

Ciertamente la fiscalía no ha tomado aún la decisión de abrir la investigación contra el ex presidente Ollanta Humala, pero las diligencias que ha dispuesto desarrollar como (i) las declaraciones de los familiares de las víctimas, (ii) los pedidos de información ante el Ministerio de Defensa solicitando la relación del personal militar destacado a la base militar de Madre Mía en 1992, (iii) la información referida al Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María y de los elementos militares integrantes del comando militar del Frente Huallaga, y (iv) la referida al expediente judicial seguido ante la Sala Penal Nacional que terminó con el sobreseimiento del caso, apuntarían a la incorporación todos los elementos de información que vinculan a Humala Tasso con los hechos de la desaparición forzada para luego, de corresponder, encontrar la mejor fórmula procesal para incorporarlo como investigado.

Siendo esto, así nos encontramos ante una decisión fiscal que, por un lado, puede permitir el acceso a la justicia de los familiares de Natividad Ávila y Benigno Sullca luego que el caso permaneciera en estado de impunidad. Y que por otro lado, puede marcar un precedente en la justicia peruana sobre la implementación y desarrollo de mecanismos jurisdiccionales que buscan superar y/o remover mecanismos de impunidad sobre casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú.

(Foto: abrecht-group.com)

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