Grave restricción inconstitucional de la libertad personal pasa desapercibida

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda

 

Mientras estamos siguiendo el caso “Madre Mía” y la cada vez mayor vinculación de Alan García con los casos de corrupción de Odebrecht, dos nuevas normas acaban de modificar el plazo máximo de detención policial contenido en el artículo 2 inciso 24 letra “f” de la Constitución Política. Ese cambio afecta y restringe de forma grave y peligrosa el derecho a la libertad personal o libertad ambulatoria, con posible incidencia en la criminalización de la protesta.

 

  1. Se modifica la Constitución Política a través de un decreto legislativo (D. L. Nº 1298)

Varias son las modificaciones que el D.L. Nº 1298 introduce al artículo 2.24.f de la Constitución. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre dos. Primero, la modificación del plazo de 24 a 72 horas como plazo máximo de detención, y segundo, la que establece que en caso de criminalidad organizada, se puede detener hasta por el plazo de 10 días, volviendo a modificar la Constitución otra vez. El D. L. Nº 1298 en ningún momento menciona que está modificando la Constitución, solo se precisa la modificación del artículo 264 del Nuevo Código Procesal Penal (ver el D. L. Nº 1298).

Pero no solo eso, sino que muy confiados y seguros de la legalidad y constitucionalidad del D. L. Nº 1298, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 009-2017-JUS, norma mediante la cual aprueban el “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la aplicación del Decreto Legislativo Nº 1298 que regula la detención preliminar judicial y la detención judicial en caso de flagrancia”. O sea, se aparta la Constitución, y desarrollan reglamentariamente el D. L. Nº 1298. Esto constituye infracción a la Constitución de acuerdo con el artículo 99, y amerita una acusación constitucional contra los responsables (ver el Decreto Supremo Nº 009-2017-JUS que aprueba Protocolo).

Estamos ante una clara modificación por la Constitución sin respetar el procedimiento establecido en el artículo 206, desconociendo la “rigidez constitucional” de la Carta Política. Estamos ante una norma que tiene un vicio de inconstitucionalidad, y de la que lastimosamente se presumirá constitucionalidad hasta que el Tribunal Constitucional no lo declare inconstitucional, o hasta que un juez la inaplique por control difuso. La información que tenemos es que esta norma viene siendo aplicada y se vienen realizando detenciones con estos nuevos plazos, de forma preocupante.

 

  1. Ley Nº 30558: el Congreso modifica la Constitución violando el Reglamento del Congreso

La Ley Nº 30558 de reforma constitucional introduce dos cambios principales. Primero, modifica el plazo máximo de detención: ya no será 24 horas sino 48 horas. El otro cambio es que la detención por 15 días ya no será solo en caso de espionaje, terrorismo y tráfico ilícito de drogas, como hasta ahora lo establecía el artículo 2.24.f de la Constitución, sino también por crimen organizado.

Esta norma resulta peligrosa por varias razones. Primero, porque según la Ley contra el crimen organizado (Ley Nº 30077), ésta se aplica a 20 delitos y llega hasta los de falsificación de documentos y usurpación. El problema es que con esta norma, una persona podrá ser acusada de delito de usurpación y ser detenida hasta por 15 días. O, por ejemplo, podría ser utilizada para detener hasta 15 días a dirigentes sociales que vienen protestando contra actividades extractivas irresponsables.

El reclamo del gobierno por herramientas para enfrentar el crimen organizado es razonable, no obstante, si ya tiene la posibilidad de detener por 15 días a personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado, ¿por qué se quiere ampliar a 48 horas la detención?

Un tercer cuestionamiento es la forma como ha sido aprobada esta modificación del artículo 2.24.f de la Constitución. El artículo 206 de la Constitución dice que ésta se modifica a través de dos legislaturas sucesivas. Sin embargo, esta norma ha sido desarrollada y llenada de contenido por el artículo 81.1 del Reglamento del Congreso, el cual precisa que esta reforma deberá ser “aprobada en dos períodos anuales de sesiones sucesivos”. Esta disposición, al desarrollar las competencias de un órgano constitucional, tiene rango constitucional, por ser además una norma del “bloque de constitucionalidad”. Es decir, lo que dice la Constitución es que se aprueba en dos legislaturas sucesivas, cuando el Reglamento del Congreso exige en dos legislaturas anuales. Si se quería respetar lo establecido en el artículo 81.1 del Reglamento, debió aprobarse en dos legislaturas anuales y no solo en dos legislaturas sucesivas.

 

  1. ¿Qué hacer?

Si bien la Constitución, hoy modificada, establece un plazo de detención máximo de 48 horas, esto no es lo único que debe observarse. El Tribunal Constitucional ha establecido un precedente vinculante, de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, donde establece la obligación de respetar “el plazo estrictamente necesario de la detención”. Precisa éste que “aún así la detención no hubiera traspasado el plazo máximo, ese dato per se no resulta suficiente para evaluar los márgenes de constitucionalidad de la detención, pues esta tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario (límite máximo de la detención). Como es evidente, el límite máximo de la detención debe ser establecido en atención a las circunstancias de cada caso concreto, tales como las diligencias necesarias a realizarse, la particular dificultad para efectuar determinadas pericias o exámenes, el comportamiento del afectado con la medida, entre otros”. (STC Nº 06423-2007-HC /TC, f.j. 3.a).

Lo segundo que hay que decir es que, la lucha contra la criminalidad organizada no requiere solo medidas aisladas, como el aumento del plazo de detención, sino medidas integrales, de lo contrario no habrá eficiencia en la acción estatal sino solo discursos retóricos. Finalmente, no podemos negar que este tipo de medidas, que responden a una ideología de “ley y orden”, implica no solo reconocer poder a la policía, sino también márgenes de discrecionalidad peligrosos. En estos casos de restricción de derechos fundamentales, se hace más intensa la obligación de los operadores del sistema de justicia de fiscalizar, motivar y fundamentar dichas decisiones, correspondiendo a los jueces exigir, por ejemplo, el más absoluto respeto al debido proceso: el respeto a los derechos procesales (dimensión formal), y exigir razonabilidad y proporcionalidad de las órdenes de detención (en su dimensión material), lo que se concreta en el test de proporcionalidad indispensable para evaluar si estamos ante una restricción idónea, necesaria y proporcional en estricto.

 

(Foto: americatv.com.pe)

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