IDL advierte peligro de cooptamiento de la Corte Suprema ante irregular proceso de selección de jueces

0
2166

Por: Programa Justicia Viva del IDL

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha programado para el martes 19 y el miércoles 20 de diciembre de la próxima semana, las entrevistas personales en el marco de la convocatoria N° 006-2017-SN/CNM, luego de lo cual elegirá a cuatro nuevos jueces de la Corte Suprema (ver cronograma).

Este proceso de elección de jueces supremos se da en medio de serias irregularidades y cuestionamientos al CNM y al mismo proceso de selección. El Presidente del Consejo, Guido Aguila, ha sido cuestionado por diversos conflictos de interés en relación a EGACAL, por casos de ex profesores y ex estudiantes de esa institución que han postulado a la magistratura y en los que no se ha inhibido. Uno de esos casos es el del actual postulante a la Corte Suprema Martín Hurtado Reyes, que ha sido profesor de EGACAL. Por estos serios conflictos de interés difundidos en el programa Cuarto Poder (ver reportaje 1[1] y reportaje 2[2]), está pendiente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República un pedido de investigación.

Desde el inicio, este proceso de selección ha violado la ley y la Constitución, toda vez que se ha permitido candidaturas que no cumplían con los requisitos para postular, como la incompatibilidad por parentesco dispuesta claramente en la Ley de la Carrera Judicial Nº 29277. Esto fue posible por un cambio ilegal que el CNM realizó este año en el reglamento del proceso de selección, en el marco de las diversas reformas que ha venido realizando en la institución. El IDL presentó el 6 de octubre un informe advirtiendo esa situación y solicitando la suspensión del concurso, a lo que el CNM ha respondido el 27 de noviembre (más de un mes después) negativamente sin mayores argumentos, y negándose a cumplir con su deber de revisar, de oficio, el cumplimiento de esos requisitos. Por ello, el IDL ha presentado el 30 de noviembre una reconsideración de esa decisión evidenciando la falta de argumentación del Consejo. Este pedido aún no ha sido respondido.

Por otro lado, no se sabe con claridad cómo se han elaborado los exámenes escritos del presente concurso, cuál ha sido la vía de seguridad para que no se filtren, quiénes lo han elaborado ni quiénes los han calificado, así como las respuestas dadas de todos los candidatos. Toda esta información debe ser inmediatamente expuesta, y cobra más relevancia al conocerse en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que uno de los participantes de la elaboración del examen de otro concurso, a propuesta del consejero Guido Aguila presidente del CNM, fue el abogado Daniel Echaíz Moreno, expareja de Lenny Palma quien fuera asesora de la bancada fujimorista del Congreso y actual Jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento.

Además, llama la atención los antecedentes de quienes el Consejo ha otorgado las más altas calificaciones en el concurso. No solo es el caso del candidato Martín Hurtado (postulación en la que Aguila no se ha inhibido hasta ahora), quien votó a favor de la cuestionable demanda de amparo del ex presidente Alan García Pérez en contra de los informes de la denominada “Megacomisión”. También llama la atención los antecedentes del candidato Carlos Arias Lazarte, quien fue propuesto como integrante de la Comisión Consultiva de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en octubre del año pasado por el congresista Percy Alcalá Mateo de la bancada fujimorista, quien fue denunciado por los delitos de colusión, negociación incompatible, omisión de funciones y asociación ilícita, por lo que hoy es investigado por la Fiscalía por supuestos ilícitos en la adjudicación de una obra de casi 3 millones de soles.

No es la primera vez que el CNM, presidido por Guido Aguila, incurre en diversas irregularidades en la elección de magistrados supremos con fatales resultados. En el año 2015, por ejemplo, eligió como jueces supremos no solo a quienes antes habían fallado antes en ese intento, si no a quienes tienen un perfil que no da garantías de independencia e idoneidad para la más alta magistratura. Se eligió a Ángel Romero Díaz, juez que había violado la ley en el caso de los ex trabajadores del Banco Central de Reserva, y a César Hinostroza Pariachi a pesar de haber cometido plagio y no haber declarado una casa en Miami. Hinostroza puso este año en jaque la investigación de los delitos de lavado de activos al emitir una controvertida resolución (la casación de Arequipa 92-2017) que tuvo que ser revertida por un pleno jurisdiccional de la Corte Suprema.

Del nombramiento del 2015 aun quedan violaciones impunes a la Ley Orgánica del CNM y la Constitución. El CNM bajo la presidencia de Aguila permitió que el consejero Gutiérrez, hoy su vicepresidente, participara del proceso de selección cuando ejercía a la vez el cargo de Decano del Colegio profesional de Licenciados en Administración, a pesar de no ser permitido por la Ley Orgánica del Consejo. Por otro lado, violando la Constitución, juramentó a Teódulo Santos Cruz como Consejero representante del Poder Judicial por tan solo 2 meses, cuando el cargo es por 5 años. Ambos consejeros participaron y votaron en los nombramientos del 2015, violando las normas básicas del sistema de elección de magistrados.

A este grave panorama institucional en la elección de magistrados supremos se suman revelaciones que cuestionan legítimamente la independencia política del Consejo. La contratación de la esposa del congresista fujimorista Héctor Becerril en la Procuraduría del CNM, así como la participación del hermano del presidente del CNM en el despacho de un congresista de la bancada fujimorista, es alarmante y pone en evidencia la urgencia de la investigación y descarte de cualquier atisbo de injerencia político partidaria en el ente que selecciona, ratifica y destituye a nivel nacional a jueces y fiscales de todos los niveles.

Ante el intento de cooptamiento y frontal ataque a la Fiscalía de la Nación y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por parte del fujimorismo y el aprismo, a causa de investigaciones de delitos contra los derechos humanos y presunta criminalidad organizada; la elección de cuatro jueces de la Corte Suprema en medio de todos estos graves cuestionamientos al concurso y al CNM podría significar también el cooptamiento de la máxima instancia de la jurisdicción nacional, hoy encargada de juzgar el caso más grave de gran corrupción empresarial y política de los últimos años.

Por eso, el Instituto de Defensa Legal exige que el concurso para jueces supremos se reinicie, toda vez que no se han dado las garantías de transparencia, publicidad e imparcialidad que se requieren. A la par, deben publicarse todas las decisiones en la elaboración de las evaluaciones y las calificaciones del presente concurso, e investigarse las violaciones a la ley y la Constitución en este proceso para identificar responsabilidades. Asimismo, deben investigarse los conflictos de interés del presidente del CNM, descartarse todo tipo de influencia particular en el Consejo, así como no quedar impune las violaciones a la Constitución de la elección de magistrados supremos del año 2015. Esto es un deber no solo del propio CNM que pone en juego su alicaída legitimidad y el cumplimiento del ordenamiento jurídico que lo rige, sino también del Congreso de la República donde al día de hoy solo algunos congresistas han ejercido su deber de fiscalizar a esta institución.

(Foto: Perupress.com)

[1] Programa Cuarto Poder, del 15 de octubre del 2017.

[2] Programa Cuarto Poder, del 22 de octubre del 2017.

Dejar una respuesta