Impunidad y blindaje a militares en el caso Manta y Vilca

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Por: Juan José Quispe Capacyachi

 

Luego que los abogados de las ONGs IDL y DEMUS, que patrocinamos a las nueve víctimas del delito contra la libertad sexual cometido durante el conflicto armado interno en las localidades y bases militares de Manta y Vilca en el departamento de Huancavelica, solicitamos al tribunal que realiza el juicio oral que se aparten de seguir conociendo el proceso debido a que dudamos de su imparcialidad, el tribunal lo “rechaza in limine”. Y lo hace sobre la base de argumentos que más allá de no amparar el pedido, evidencian cada vez más su parcialidad con los perpetradores del delito, menguando el acceso a la justicia que buscan las víctimas.

Se argumentó que el Tribunal, en el desarrollo del juicio oral, venía lesionando derechos no solo de las víctimas (trato adecuado y no re victimización), sino también y gravemente el derecho a la defensa, el debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales. Y esto no solo contra las agraviadas y su defensa, sino también contra el representante del Ministerio Público, a quien también se le limitó y recortó el derecho a la prueba en juicio, desnaturalizándose por completo este juicio considerado como un crimen de lesa-humanidad, y condenándolo a ser un juicio por delito común.

Los argumentos sustentados en juicio oral para que el tribunal se aparte del proceso no son poca cosa. Resulta contraproducente e insostenible que, siendo magistrados con especialidad en el juzgamiento de casos de graves violaciones a los derechos humanos, sientan que sólo el Código de Procedimientos Penales es la “ley de leyes”, desconociendo por completo normas y tratados internacionales, sentencias emitidas por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo más grave que hizo el tribunal es limitar la actuación de pruebas testificales. En puridad, sólo se permitió que el testigo directo de los hechos, el ex recluta de la base de Manta, señor Emiliano Altamirano Huamán, declarara sobre un acto de violación del cual fue testigo, y no sobre los demás hechos que pudo observar durante los años que prestó servicios en la base militar. El argumento utilizado por el tribunal, es que la parte que ofreció su testimonial no había indicado los “otros hechos”, limitando la actividad probatoria de la Fiscalía y de la Parte Civil que no pudieron interrogar sobre los excesos cometidos por otros militares, las otras violaciones que pudo observar en las instalaciones de la base, el nombre de los jefes de la base, los operativos que realizaron, los actos de tortura cometidos contra los familiares de las víctimas, entre otros.

Así mismo, el tribunal  impidió que la testigo experta Mercedes Crisóstomo Meza, quien hiciera un completo trabajo de investigación sobre las violaciones sexuales cometidas por personal militar de las bases de Manta y Vilca, hechos ocurridos en el periodo comprendido entre 1984 a 1991, comunicara todo lo que podía ayudar a la justicia en este proceso. Se le limitó a que expusiera el contenido de su trabajo. No se dejó que fuera interrogada sobre los testimonios recogidos de otras mujeres víctimas de violación o de altas autoridades de la comunidad, que también habrían podido conocer directamente sobre estos casos de violación en el interior de su comunidad.

En resumen, el contexto en que se produjeron las violaciones de las mujeres durante el conflicto armado interno, la sistematicidad y generalidad de estos hechos, no van a poder ser evidenciados en el juicio. Ello pone en otro contexto al caso, como si juzgáramos violaciones aisladas y cometidas en cualquier lugar del Perú, sin características especiales cuando el control absoluto de la población lo tenían los militares del ejército peruano. Las fuerzas militares instalaron sus bases en Manta y Vilca a fines de marzo de 1984, no existían autoridades comunales ya que habían sido eliminadas o ahuyentadas por los terroristas de Sendero Luminoso, y donde el puesto policial más cercano se ubicaba a muchos kilómetros de sus lugares de residencia. En suma, el jefe de la base militar tenía mucho poder.

Finalmente, decimos que el tribunal blinda a los militares porque tercamente se aferran a seguir con el juicio oral. Desestimaron el pedido de Recusación, argumentando que fue hecho fuera del plazo, que no se adjuntaron pruebas y que los argumentos no se subsumen en una de las causales establecidas en el artículo 29° del Código de Procedimientos Penales.

Esa justificación es por demás falaz, en la medida que nuestra petición escrita: a) se realizó dentro del plazo de tres días desde que las actas (transcripciones de las sesiones de audiencias) fueron APROBADAS por todas las partes procesales y suscritas por los magistrados, b) no se amparó en las causales contenidas en el artículo 29° del Código Penal, sino en el artículo 31° que establece la posibilidad de recusar a un juez superior cuando “dudamos de su imparcialidad” dentro del proceso, c) no se sustenta en violaciones de orden procesal, sino trasgresiones y vulneraciones flagrantes a normas contenidas en la Constitución Política del Estado como el derecho a probar como parte del debido proceso y la motivación de resoluciones judiciales y, d) finalmente, las pruebas están contenidas en las actas de audiencias que obran en el expediente principal, e indicadas expresamente en nuestro escrito de recusación.

Dicho esto, podemos decir que nos acercamos al final del juicio en donde los magistrados –con la limitación de actuación de pruebas provocadas por ellos mismos–, no están en la capacidad de evaluar y ponderar todas las pruebas y/o elementos de convicción que le permitan formarse un juicio de qué es lo que realmente pasó en las bases militares de Manta y Vilca durante el conflicto armado interno, la forma y circunstancias de cómo fueron violentadas sexualmente estas nueve mujeres. Ellas, en la época, y en su mayoría, eran estudiantes de colegios primarios, menores de edad, quechuahablantes, de extrema pobreza, que vivían en zonas alejadas a la capital de la provincia, con figura paterna y en muchos casos también materna casi nulas.

En ese contexto, es casi seguro la absolución final de los perpetradores, bajo el argumento de que las víctimas “prestaron su consentimiento” aun siendo menores de edad, que no existió violencia sexual porque eran “parejas o enamoradas” de los militares, y que de haberse producido algún caso de violación no probado, serían hechos aislados, los que en modo alguno podrían ser considerados como delitos de lesa humanidad. Así estamos señores y señoras, ése es nuestro Poder judicial. No obstante, esto nos da más fuerzas para buscar justicia en favor de las víctimas. Su dolor es el nuestro.

(Foto: Kausajusta.pe)

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