Inaceptable presión política desde el Congreso sobre el TC que pone en peligro el Estado de Derecho Democrático

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A raíz de la resolución del Tribunal Constitucional, aun no publicada oficialmente, con la que declara inconstitucional en parte la denominada “Ley Antitránsfuga”, el abogado del Congreso de la República ha solicitado la nulidad de la misma, y a su vez el congresista Mauricio Mülder ha indicado una serie de improperios contra el Tribunal así como la posibilidad de que el Congreso no acate su sentencia. Ante ello, el Instituto de Defensa Legal – IDL debe señalar enfáticamente lo siguiente:

  1. Estos ataques al Tribunal Constitucional son netamente políticos e inconstitucionales. Si bien toda sentencia puede ser criticada tal como indica la misma Constitución, el contenido de la misma no es conocido, por lo que no es proporcional ni fundada la peligrosa reacción de más de un parlamentario. Este tipo de ataque contra el Tribunal por parte del Apra se ha iniciado a partir de la sentencia con la que la Alta Corte refirió que los delitos del caso El Frontón sí son de lesa humanidad, por lo que no prescriben. Así quedó demostrado a inicios de año cuando en la Comisión de Justicia Mülder lanzó similares improperios contra el juez Eloy Espinoza-Saldaña, ponente del caso El Frontón.
  2. Lo anterior se suma a lo que el contenido de la sentencia puede significar en la composición de las bancadas, que es una seria preocupación para varios congresistas. La ley, que fue iniciativa del fujimorismo para mantener en sus filas a sus parlamentarios luego de los incidentes con la congresista Vilcatoma, va a generar lógicas discrepancias. Pero eso no justifica de ninguna manera que se plantee siquiera la posibilidad de no respetar sus sentencias, más aún cuando no se ha conocido de serios actos de corrupción o parcialidad de los magistrados.
  3. Los congresistas y cualquier autoridad deben tener en cuenta que el TC es un órgano constitucionalmente autónomo y que sus sentencias son cosa juzgada que vinculan a todos los poderes del Estado, lo que incluyen sus decisiones sobre inconstitucionalidad. No respetarlas es violar su independencia, el principio y derecho de ejecución de sentencias, su autonomía, y el principio de “checks and balances” de la máxima instancia encargada de la defensa de los derechos humanos y del control del poder en el país.
  4. Las autoridades, además, incurrirían en delito de resistencia o desobediencia a la autoridad (“El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones”), sancionado hasta con dos años de pena privativa de libertad tal como lo indica el artículo 368 del Código Penal; además de incurrir en diversas infracciones constitucionales y un asolapado Golpe al Tribunal Constitucional.

Esta situación pone en serio riesgo la independencia del Tribunal, ya que se suma a la ilegal acusación constitucional que el Congreso evaluará contra cuatro magistrados y que representa una amenaza por parte de los partidos políticos ilegalmente interesados. Por si fuera poco el nombramiento de nuevos magistrados sin transparencia, meritocracia o prevención de conflictos de intereses cercanos a partidos políticos evidencia una seria situación de riesgo sobre el TC en democracia. Urge en ese sentido que los sectores democráticos exijan que el Congreso legisle y actúe de acuerdo a los intereses del país tal como lo ordena la Constitución, y evitar el copamiento político que recuerda a todos los peruanos y peruanas a la época de la dictadura.

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