Incremento de la duración de la prisión preventiva

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Por: Marcos Valdemar Río

 

Uno de los cambios introducidos a través del Decreto Legislativo N° 1307, aprobado por el Gobierno en el marco de las facultades extraordinarias dadas por el Congreso, ha sido incrementar el tiempo que puede durar la prisión preventiva (pp), es decir, la prisión que se debe aplicar excepcionalmente a quienes se sospechosos de haber cometido un delito y pueden fugarse o alterar las pruebas. Son los denominados presos sin condena.

Concretamente, en el Código Procesal Penal el plazo máximo era de hasta 36 meses (3 años) en situaciones extremas en general. En cambio, a partir del decreto legislativo mencionado, dicho plazo podrá ser de 50 meses (4 años y 2 meses), en los  casos de crimen organizado.

Esta voluntad de extensión se explica desde el momento mismo en que se regula la duración de la pp. En el Código Procesal Penal se contemplaba dos supuestos para fijar el plazo de determinación de la pp, y solo posteriormente se establecía una duración mayor pero como una excepción a partir de condiciones extraordinarias.

 Así, los dos supuestos que el artículo 272 del CPP establecía sobre la duración habitual eran:

  1. La prisión preventiva no durará más de nueve meses.
  2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses.

Y solo posteriormente, en un artículo independiente, se contemplaba  una premisa extrema que podría dar origen  a un plazo mayor a los otros dos límites: Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del artículo 272; quiere decir 18 meses, lo que suma en total 36 meses.

En cambio, a partir del decreto legislativo referido, la duración de la prisión preventiva contempla desde el inicio tres supuestos, y el último llega a los 36 meses, el que anteriormente era el plazo más extenso y excepcional.

Así, se comienzan enumerando los dos supuestos que ya estaban contemplados:

Artículo 272.- Duración.-

  1. La prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses.
  2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho (18) meses.

Pero en el mismo artículo y al mismo nivel se incorpora un tercer supuesto

  1. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de treinta y seis (36 meses.)

Y a partir de allí viene la parte de la prisión preventiva, y se refiere ya no a un solo supuesto, sino a los tres.

Artículo 274.- Prolongación de la prisión preventiva

  1. Cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse:
  2. a) Para los procesos comunes hasta por nueve (9) meses adicionales.
  3. b) Para los procesos complejos hasta dieciocho (18) meses adicionales.
  4. c) Para los procesos de criminalidad organizada hasta doce (12) meses adicionales.

Puede apreciarse que se flexibiliza el incremento de la duración de la prisión preventiva, se   extiende su duración y, además, el criterio que justifica la mayor duración no es cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, como era antes, sino que ahora se vincula al crimen organizado.

Las finalidades de estos cambios son obvias. En primer lugar, se quiere que el tiempo que se puede tener a una persona en la cárcel sin sentencia sea mayor. Y en segundo lugar,  que esta medida de prisión preventiva pueda ser mucho más drástica cuando se trata de crimen organizado.

Las objeciones también son claras. Un período largo en la cárcel sin haber sido condenado atenta contra el principio del plazo razonable. Si ya 36 meses se consideraba un exceso, 50 lo es de manera evidente. Cualquier demanda al respecto puede terminar a favor del imputado, adquiriendo no solo el derecho a la libertad sino también a una reparación.

Hay que recordar que la prisión preventiva no es una presunción de responsabilidad, o un adelanto de la pena. Su único objetivo es impedir que se fugue el imputado y obstaculice el proceso.

Lo otro de lo que no se puede prescindir es que generalmente se evalúa si corresponde la pp y su duración al inicio de las investigaciones. Y no en base a pruebas sino a graves y fundados elementos  de convicción. Se estaría castigando drásticamente el crimen organizado cuando recién se ha iniciado la investigación fiscal.

La solución es, en primer lugar, buscar que la administración de justicia sea mucho más rápida.  Es absurdo que haya que esperar más de 4 años para una sentencia en primera instancia. La implementación del nuevo Código Procesal Penal puede ir en ese sentido si se aplica bien. Lo segundo que puede ayudar es tratar de aplicar medidas alternativas menos gravosas, como la comparecencia restrictiva, con severas reglas de conducta y bajo el cuidado de una persona o institución. Cárcel y más cárcel, antes o después de una condena, es lo que pide la gente, pero no siempre es lo más justo o eficaz.

Si ya la mitad de la población penitenciaria en el país es el 50 %, con este tipo de medidas el porcentaje se incrementará, con todos los problemas que ello implica.

(Foto: Definicion.de)


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