Justicia Viva presenta al ANJ propuesta para elección transparente del Fiscal de la Nación

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Por: Cruz Silva Del Carpio

El Acuerdo Nacional para la Justicia se reunirá el próximo lunes 7 de mayo, a un mes de la elección del Fiscal de la Nación.

Inspirado en el principio democrático que identifica a todas las instituciones de un Estado Constitucional de Derecho que se precia de serlo, el proceso de elección del Fiscal de la Nación, como toda alta autoridad del sistema de justicia, tiene seis pilares básicos:

  1. La transparencia del proceso.
  2. La garantía de apariencia de independencia e imparcialidad en el cargo que el o la elegida debe asegurar.
  3. La meritocracia, o la justificación objetiva de la elección en base a la mejor labor fiscal.
  4. La participación ciudadana, o la posibilidad efectiva de que un tercero presente información que aporte a la evaluación de la apariencia de la independencia y de los méritos (y que dicha información sea efectivamente considerada y motivada sea para rechazarla o adoptarla).
  5. La razonabilidad y proporcionalidad de los plazos para hacer realidad los principios anteriores.
  6. Responsabilidades frente a los incumplimientos de las normas del proceso de elección, así como el accountability del Fiscal de la Nación que acaba su gestión.

Estos principios del proceso de elección de altas autoridades del sistema de justicia no solo han sido reconocidos en otros países como Colombia, Argentina, Chile, México, El Salvador y Guatemala[1], entre otros, en busca de mejores elecciones de autoridades que promuevan políticas judiciales y fiscales de defensa de derechos y control del poder; sino que además, son necesarios. Y en ese sentido el balance peruano es el mismo.

No está demás señalar que la ausencia de una reglamentación mínima, que asegure la ejecución de los principios de un proceso de elección de las autoridades del sistema de justicia, crea zonas de riesgo de interferencia política y ha llevado a hechos que incluso involucrarían presuntos delitos como el de tráfico de influencias. Es el caso de la elección para la Presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) del periodo 2017 – 2018, elección sobre la que meses después se hizo público la interferencia político partidaria[2] y que por su gravedad, fue puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo de este año en el 167 Periodo de Sesiones en Colombia[3].

Estando a casi dos décadas del regreso formal al régimen democrático, y a 3 años de la conmemoración del bicentenario de la independencia del país, representa un vacío inexplicable y peligroso el que la elección de las autoridades representativas como el del Fiscal de la Nación no cuente con una normatividad mínima que la dote de las garantías básicas de un Estado de Derecho. En su lugar, tan solo se tiene quiénes eligen (los fiscales supremos titulares en la Junta de Fiscales Supremos), por cuánto tiempo (tres años) y la posibilidad de la reelección (por otros dos años), de acuerdo a la Ley Orgánica de la institución.

El proceso de elección además, debe garantizar la prevención de conflictos de interés y la intromisión de redes de interés particular de toda índole como el político y empresarial; más aun cuando en estos momentos se viene investigando el caso Lava Jato que involucra no solo a empresarios extranjeros sino también nacionales, así como a funcionarios y líderes políticos.

Así, la elección del Fiscal de la Nación en estos momentos de investigación del mencionado caso de corrupción regional, es trascendental. La persona elegida será quien ejecute la política fiscal institucional, además de ser quien promueva la garantía de independencia a los fiscales que llevan a delante las investigaciones, y plantee las prioridades y estrategia institucionales. La mínima falta de garantía frente a la intromisión del poder político y económico en el cargo, no solo hará perder la oportunidad histórica de que estos graves delitos no queden impunes; sino que además se desdice del discurso de lucha contra la corrupción que el Estado ha referido en la reciente Cumbre de Lima, por ejemplo.

El errado criterio de la antigüedad, entre otros

En esta elección ha primado el criterio de la antigüedad, un criterio histórico pero anacrónico, que como el de la elección en base al supuesto turno de representación, es un riesgo para la independencia de la institución toda vez que no es idónea para su garantía. Aunque tales criterios hayan sido en algún momento consensuados, son violatorios al mandato constitucional de que los actores del sistema de justicia sean idóneos, independientes e imparciales; características que configuran además derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y que se condicen con la lucha contra la corrupción que el Ministerio Público ha señalado muchas veces apoyar.

Por otro lado, este proceso de elección no puede ser aparente, y por tanto, existir a la par de su convocatoria un presunto consenso previo que finalmente termine concretándose. Ello convertiría al proceso de elección (presentación de candidaturas, evaluación del mejor perfil, debate y sobre las mejores garantías de apariencia de independencia e imparcialidad, decisión sustentada) en una farsa, que se evidenciaría aún más con la falta de transparencia y criterios objetivos que motiven debidamente la elección.

Es preciso reiterar que el cargo de Fiscal de la Nación, más que una legítima aspiración de todo Fiscal Supremo, es una función de dirección y política fiscal de la que depende el acceso a la justicia de todos los peruanos, y la lucha contra los delitos y la corrupción, por lo que su elección debe ser un proceso regido por parámetros objetivos y especializados de apariencia de independencia y eficiencia.

Algunos serios problemas suscitados en la elección de Fiscal de la Nación

Periodo

Fiscal de la Nación

Dra. Nelly Calderón Navarro

2001 – 2005

Dra. Adelaida Bolívar Arteaga

2006 – 2008

Dra. Gladys Echaíz Ramos

2008 – 2011

Dr. José Peláez Bardales

2011 – 2014

Dr. Carlos Ramos Heredia

2014 – 2015 Destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura

Dr. Pablo Sánchez Velarde

2015 – hasta el día de hoy

La elección para el cargo de Fiscal de la Nación ha tenido diversos problemas a causa de la falta de un reglamento que asegure los principios referidos anteriormente. Al aproximarse la elección, la ciudadanía y la opinión pública no ha conocido más que trascendidos o rumores respecto de cuáles son la candidaturas, los planes de trabajo, los antecedentes de su trayectoria y relacionamientos que fortalecen o ponen en peligro la apariencia de la independencia e imparcialidad en el cargo, las decisiones fiscales en las que han participado, etcétera. Tampoco se ha conocido la motivación por las que la persona elegida ha sido la mejor opción para la institución en los diversos momentos de lucha contra la corrupción, o para la defensa de la legalidad e institucionalidad del Ministerio Público.

De igual forma los criterios adoptados para la elección, como el de la antigüedad o el del turno, además de ser inidóneos para garantizar la idoneidad e independencia en el cargo, tampoco han sido respetados, lo que evidenció aun más la arbitrariedad de la decisión sin que haya un parámetro legal que lo evitara.

En efecto, los medios de comunicación dieron cuenta del cambio de criterio cuando, por ejemplo, en el 2014 se eligió al ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, quien anteriormente votó a favor de su predecesor, el ex Fiscal de la Nación José Peláez Bardales (quien también votó por aquél, en una especie de votación que hace recordar a un criterio de elección cuestionado en Colombia). Y esto, a pesar de que Carlos Ramos (al igual que José Peláez) venían siendo duramente cuestionados por el caso “Áncash”, objeciones y observaciones que no fueron considerados en la elección. Finalmente, esta falta de criterios y reglamentación que llevó a la designación de Ramos, acabó con la destitución del mismo por parte del Consejo Nacional de la Magistratura y hasta por tres procesos disciplinarios.

Para mayor ahondamiento de los problemas de la falta de un reglamento básico y claro, cabe recordar que previa a la elección de Carlos Ramos como Fiscal de la Nación, la ex fiscal suprema Gladys Echaíz terminó renunciando, y el fiscal supremo Gonzalo Chavarry terminó acatando su designación ante el Jurado Nacional de Elecciones, la misma que también había cuestionado.

“La magistrada dijo que adoptó esta decisión porque no estaba de acuerdo con su designación como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, pues consideraba que el proceso de elección había sido irregular.

La exfiscal de la Nación cuestionó a su colega Carlos Ramos Heredia, quien según comentó le dijo que ella no debía postular nuevamente a la Fiscalía de la Nación, porque ya había ocupado ese cargo.” Diario Gestión, del 15 de enero del 2014[4].

“He sido echado de mi despacho. Llegué en la mañana y mi oficina estaba ocupada por la doctora Miraval. Todo ha sido muy rápido, ni siquiera me han dado tiempo para hacer mi inventario. Tampoco he tomado juramento ante el Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó Chávarry, quien dijo estar “decepcionado” y “disconforme” por el accionar de la Junta de Fiscales Supremos.

Afirmó que toda esta situación obedece a una maniobra para allanar la llegada del fiscal supremo Carlos Ramos Heredia, primo lejano de la primera dama Nadine Heredia, al máximo cargo del Ministerio Público. Diario La República, del 10 de febrero del 2014[5].

En ese sentido, teniendo en cuenta los principios que han de regular el proceso de elección de una alta autoridad del sistema de justicia como es el Fiscal de la Nación, y más aún en el actual escenario institucional de lucha contra la corrupción y los problemas suscitados en el pasado en la elección, Justicia Viva ha presentado el día de hoy una propuesta de reglamento al ANJ (cargo), para que sea debatido y contemos con un procedimiento mínimo para la elección de este año de la que, dicho sea de paso, depende el rumbo de las investigaciones en el caso Lava Jato.

(Foto: internet.)

[1] El proceso de selección de la Fiscal General en Guatemala: más regulación no significa menos arbitrariedad. Mirte Postema, DPLF. En este artículo se hace hincapié en los problemas de la selección de la Fiscal General que coinciden con los de la experiencia peruana, como por ejemplo, en la arbitrariedad que se impone en el espacio de decisión discrecional de la elección, a pesar de estar claramente señalados en las normas nacionales y supranacionales que estas decisiones deben promover y fortalecer con la persona elegida la garantía de la apariencia de la independencia e imparcialidad de las autoridades del sistema de justicia. Puede ubicarse en: http://www.dplf.org/sites/default/files/seleccion_fg_en_guatemala_mpostema.pdf

[2] IDL-Reporteros hizo público este hecho en el artículo de investigación titulado “Conversación en Trinidad Morán”, del 20 de diciembre de 2017. Puede verse en: https://idl-reporteros.pe/conversacion-en-trinidad-moran/

[3] Audiencia ante la CIDH, denominada “Derechos Humanos e independencia de la Fiscalía de la Nación en Perú”.

[4] Puede verse en: https://gestion.pe/peru/politica/gladys-echaiz-confirma-renuncia-ministerio-publico-1405

[5] Puede verse en: https://larepublica.pe/politica/771465-fiscal-supremo-pedro-chavarry-he-sido-echado-de-mi-despacho

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