La absolución de Fujimori: la palanca que necesitaba

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Por: Carlos Rivera Paz

La sentencia absolutoria que acaba de emitir la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia a favor de Alberto Fujimori es la palanca que necesitaba para seguir desarrollando su estrategia política de cuestionamiento contra las sentencias por corrupción y violaciones a los derechos humanos que el Poder Judicial le ha impuesto. Ahora cuenta con un instrumento judicial que no solo afirma que es imposible que Fujimori haya podido robar plata del Estado, sino que postula un nuevo sentido de interpretación de los crímenes de un alto funcionario como el Presidente de la República.

La prensa chicha y la re reelección

El proyecto político fujimorista decidió perpetuarse en el poder y para ello no solo cometió el golpe de Estado de abril de 1992, cambió la Constitución Política para consolidar el poder del presidente y garantizar la reelección presidencial, expulsó del Tribunal Constitucional a los jueces que discreparon de la llamada ley de interpretación auténtica y eliminó o pervirtió todos los mecanismos de control legal y político existentes. El objetivo era garantizar la re reelección en el las elecciones del año 2000.

En ese escenario resultaba fundamental demoler y destruir a cuanto opositor político pretendiera levantar cabeza como posible candidato de la oposición. También ocurrió lo mismo contra algunos periodistas como Ángel Páez, Fernando Rospigliosi y Cesar Hildebrandt. Para cumplir ese objetivo la llamada “prensa chicha” fue el instrumento perfecto. Con ella el insulto vil, la difamación y la destrucción de la imagen personal fueron la pieza central de una forma de hacer periodismo para empapelar los quioscos de periódicos del país. Así, “La Yuca”, “El Mañanero”, “El Tío”, “Conclusión”, “El Chino” y otros se convirtieron en uno de los ejes centrales de la estrategia política orquestada desde Palacio de Gobierno y ejecutada desde el Servicio de Inteligencia Nacional.

Al final es evidente que lograron su objetivo. Fujimori fue re re reelegido, pero como recordamos solo 3 meses después de asumir su tercer mandato presidencial Fujimori se vio obligado a abandonar el país y renunciar por fax. Las denuncias de corrupción y violaciones a los derechos humanos lo sepultaron políticamente.

El caso judicial

El 2001 la Procuraduría Anticorrupción y la Fiscalía denunciaron la existencia de un gigantesco peculado dispuesto desde Palacio de Gobierno para dar vida a esa prensa chicha. Ese mismo año se inició una causa judicial contra Vladimiro Montesinos, los ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el ex jefe del SIN y algunos periodistas que habían actuado como operadores de Montesinos por la comisión del delito de peculado en agravio del Estado. En el curso del proceso todos señalaron de manera uniforme y concordante que efectivamente entre el año 1998 a 2000 se había desarrollado un proceso sistemático de desvío de fondos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea hacia el Servicio de Inteligencia Nacional para operaciones de inteligencia que jamás se desarrollaron, que la plata había servido para pagar la creación y el funcionamiento de la prensa chicha y que la orden para ello la había emitido el Presidente Alberto Fujimori.

Ante las contundentes evidencias el 26 de enero de 2005 la Sala Penal Especial anticorrupción de Lima dictó sentencia condenatoria contra todos los acusados, condena que meses después fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

La ampliación de la extradición

Sobre la base del primer proceso el año 2009 se abrió una segunda causa judicial, esta vez contra el presidente Alberto Fujimori por la comisión del delito de peculado en agravio del Estado, pero dado que este se encontraba sometido a extradición el Poder Judicial peruano debió solicitar la ampliación de la extradición a la Corte Suprema de Chile, instancia que el 14 de setiembre de 2012 emitió sentencia por la cual concedió la ampliación de la extradición contra Alberto Fujimori Fujimori.

Dicha resolución sostiene que los elementos de convicción aportados por la demanda de extradición

“…resultan necesarios y suficientes para la formación de convencimiento por parte de este tribunal del conocimiento del requerido de la desviación de fondos asignados por el Tesoro Público a las entidades señaladas, por un monto aproximado de ciento veintidós millones de soles a efectos de financiar su campaña de reelección para el siguiente periodo presidencial, para lo cual se manejó los medios denominados diarios chicha.”

El juicio y la condena de Fujimori

Habiendo quedado habilitada la justicia peruana para juzgar al ex presidente Fujimori la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima –presidida por Victoria Sánchez Espinoza-  quedó a cargo del juicio oral. La Fiscalía Superior Penal anticorrupción formuló acusación contra el ex presidente de la república bajo los siguientes términos:

“Se atribuye a Alberto Fujimori Fujimori, en su condición de Presidente de la República, haber ordenado, entre los años 1998-2000, sin ningún sustento legal, el desvió de fondos de la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército Peruano al Servicio de Inteligencia Nacional por un monto aproximado de S/ 122´000,000.00 (ciento veintidós millones de nuevos soles), bajo la denominación de “Gastos Reservados”, fondos que fueron utilizados para comprar los titulares de los denominados “Diarios Chicha” para su campaña de reelección presidencial para el periodo 2000-2005, con los que se manipuló a la opinión pública, denostando de los adversarios políticos”.

Como se puede observar la acusación del Ministerio Público nos propone dos elementos fundamentales: el primer es que coloca a Fujimori en un rol protagónico para la realización del delito, como la persona que emitió las órdenes para que se ejecutara el proceso sistemático de desvío de fondos públicos de los institutos armados hacia el Servicio de Inteligencia Nacional –SIN-. El segundo es que determina que esos fondos públicos fueron utilizados para la compra de los titulares de los llamados diarios chicha. Adicionalmente, la fiscalía reconoce –nuevamente sobre la base de lo acreditado en el primer proceso contra Montesinos y otros- que esa operación criminal tuvo como objetivo garantizar el proceso de reelección presidencial del año 2000.

Durante el juicio el del ex Comandante General de la Fuerza Aérea, Elesbán Bello Vásquez, declaró que

“….Sobre el presupuesto de la Fuerza Aérea del Perú (…) desde los primeros meses del año 1999 hasta septiembre del 2000, a solicitud de Vladimiro Montesinos Torres, remitió quincenalmente dinero en efectivo al Servicio de Inteligencia Nacional aproximadamente entre sesenta mil, ciento veinte mil y doscientos mil dólares para financiar la campaña del acusado Alberto Fujimori Fujimori…”

Por su parte el ex jefe del SIN, el Almirante AP Humberto Rozas Bouniccelli, dijo que

“…a fines de 1999 y comienzos del 2000 se reunieron los Comandantes Generales de las Regiones Militares, a fin de tratar temas relacionados con la reelección del Presidente, siendo el expositor Montesinos Torres, él les detalló la situación de la reelección y el apoyo que se necesitaba para la continuidad de la campaña a nivel nacional…”

Agregando que

“…el dinero enviado mensualmente por la FAP, Marina y Ejercito, por un monto de USA $250,000.00 o USA $260,000.00 cada uno, los recibía el Coronel Villalobos Candela y se los entregaba al deponente, a su vez él lo entregaba a Montesinos Torres, estos montos nunca ingresaron al presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional, pero físicamente si eran recibidos allí, justificándose su remisión con un oficio que decía que eran operaciones de inteligencia…”

De igual manera el ex ministro de defensa Carlos Bergamino Cruz, también realizó una declaración en la que señaló que

“…durante su periodo como Ministro de Defensa se remitieron al Servicio de Inteligencia Nacional sumas de dinero por un monto 800,000.00 nuevos soles mensuales a fin de apoyar económicamente los asuntos de Inteligencia del SIN, ello en merito a una disposición que venía del Ministro Malca Villanueva desde el año mil novecientos noventa y dos por orden del ex Presidente de la República Alberto Fujimori”.

A ese conjunto de declaraciones se debe sumar lo dicho por Matilde Pinchi Pinchi, asidua asistente a las instalaciones del SIN y persona de confianza de Montesinos Torres. La testigo señaló que

“…Alberto Fujimori Fujimori conocía del manejo de los “Diarios Chicha”, porque Vladimiro Montesinos Torres lo tenía informado de todo…”

Si bien el acusado Fujimori pretendió desmarcarse de las razones políticas que fueron activadas como justificación de los procedimientos ilegales de quienes actuaron como operadores, señalando que “…no tenía idea que había toda una campaña con ellos desde el SIN; que él hacia su propia campaña en forma espontánea; que ese tipo de campaña le parecía contraproducente, los detestaba, pero en su gobierno había total libertad de expresión…” el hecho es que para el tribunal de juzgamiento no quedó ninguna duda que el entonces presidente de la república Alberto Fujimori había emitido la orden para que se desarrolle el proceso de desvío de fondos públicos desde los institutos armados hacia el SIN con el objetivo de garantizar liquidez para pagar a la prensa chicha. Así, determinó que en las circunstancias históricas de fines de la década de los noventa el presidente de la república si tenía una disposición real y efectiva de fondos públicos y por ello era responsable del delito de peculado en agravio del Estado.

Sobre esa consideración el tribunal concluyó en la sentencia que “…durante los años 1998 y 2000, se produjo un desvío de fondos públicos, bajo la modalidad de “gastos reservados”, desde la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército Peruano hacía el Servicio de Inteligencia Nacional, para solventar presuntas operaciones de inteligencia que nunca se realizaron, concentrándose, por el contrario dichos fondos, en manos del ya sentenciado Vladimiro Montesino, Jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, quien los usó para pagar a los dueños de los denominados “Diarios Chicha”, encargados de ensalzar en sus portadas, la imagen de Alberto Fujimori Fujimori así como de desacreditar sistemáticamente a los opositores a dicho régimen, para fines de su reelección presidencial; tal como ha sido declarado en la sentencia emitida por la Primera Sala Penal Especial el 26 de enero del 2005, emitida en el expediente 30-2011-SPE/CSJL, que obra en copia certificada a fojas uno y siguientes y además ha sido afirmada por la defensa del acusado”.

El fallo determinó la condena de Fujimori a 8 años de pena privativa de libertad y el pago de 3 millones de soles como reparación civil.

Pero la sentencia fue apelada y llegó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y desde ese momento comenzó a cambiar la suerte del condenado.

La absolución-palanca

La semana pasada el diario “La República” sorprendió al Perú entero con un titular que anunciaba que la Sala Penal Permanente de la Suprema cocinaba una absolución del ex presidente Fujimori. El martes pasado se publicó la sentencia y la cosa resultó peor. El asunto es que no solo se absuelve al condenado Fujimori, sino que postula y desarrolla un nuevo sentido de la interpretación de los delitos de corrupción de funcionarios que se le imputa al presidente de la república.

Para comenzar la sentencia propone un análisis del delito de peculado. Al respecto señala que no todo funcionario –por su sola condición- podrá ser sujeto del delito de peculado, ya que para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar los bienes públicos (caudales o efectos) “…el objeto del delito debe encontrarse en posesión (mediata o inmediata) del sujeto activo y ello en virtud a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta al interior de la administración estatal.” Agrega la sentencia que “No puede haber apropiación o utilización propia de peculado si no hay relación funcional entre el sujeto activo y el patrimonio público”.

De esta manera lo que determina es que un alto funcionario -como el presidente de la república- al no tener una relación funcional con el dinero público, consecuentemente, no puede cometer el delito de peculado. Así de simple.

Los jueces supremos pretenden imponer una interpretación en la cual es indispensable que el funcionario disponga materialmente del dinero público  ̶ casi que tenga el dinero encima del escritorio ̶ , para que recién podamos hablar de peculado. Si no es así el caso debe ser cerrado. Bajo esa interpretación ningún alto funcionario –como los gobernadores regionales ̶  podría ser imputado como autores de este delito.

Sobre ese aplanamiento interpretativo para los jueces supremos Villa Stein, Pariona Pastrana, Rodríguez Tineo, Neyra Flores e Hinostroza Pariachi, resulta fundamental verificar si en el caso concreto el encausado Fujimori –en condición de presidente de la república- tenía o no una “relación funcional y disponibilidad jurídica sobre los fondos públicos asignados al SIN que fue objeto de apropiación- a fin de comprar los titulares de los denominados diarios chicha…”

Para tal fin y siguiendo a pie juntillas la tesis de la defensa del condenado, la sentencia propone analizar el Manual de Operación y Funciones (MOF) y el Reglamento de Operación y Funciones (ROF) del Servicio de Inteligencia Nacional. Se debe analizar “las normas del sector” dice la muy acartonada sentencia. No faltaba más. Y claro está que como resultado del muy profundo y sesudo análisis que desarrollan concluyen muy categóricamente que el presidente de la república no tiene ninguna competencia funcional para manejar los recursos presupuestales del SIN.

Dice la sentencia que “…el Jefe del SIN es la máxima autoridad del Sistema de Inteligencia Nacional, encargado de dirigirlo y representarlo. Además, como órgano central del Sistema de Inteligencia  Nacional constituye un sector presupuestario, cuyo titular del pliego es el Jefe del Servicio de Inteligencia…”; agregando, por supuesto, que “…el competente ´por razón de su cargo”, respecto a la administración o custodia de los caudales públicos del Servicio de Inteligencia Nacional, es el Jefe de la Oficina Técnica de Administración, por ser el llamado por ley a ejecutar el presupuesto…”

En la sorprendente línea argumentativa de la sentencia ésta señala que ello coincide “…con la declaración en juicio oral del encausado Fujimori Fujimori, quien señaló que sus funciones son representativas y de carácter político; que no administró la hacienda pública…”

Por eso la sentencia sostiene que “…el recurrente no tuvo posesión, ni la disposición de los caudales, es decir, no ostentaba el vínculo funcional normativo que lo determina a administrar o custodiar los caudales del SIN…”, inclusive se anima a sostener que

“…atribuirle responsabilidad penal al encausado Fujimori Fujimori es hacerle responder por hechos de terceros, lo que vulnera el principio de culpabilidad…”

Como podemos apreciar el aparato de inteligencia que se convirtió por disposición de Fujimori en el instrumento criminal del régimen para chantajear, secuestrar, perseguir, y asesinar opositores y presuntos subversivos, robar dineros del Estado y que fue jefaturado de facto por Montesinos Torres por mandato expreso del propio presidente es analizado en la sentencia bajo los criterios de la formalidad de “las normas del sector”, que como bien sabemos en su momento no sirvieron para nada.

¿Qué pasó con las pruebas que sirvieron para condenar a Montesinos y otros por este mismo hecho? Muy simple. Los jueces supremos las liquidaron una por una y, así, vaciaron de contenido probatorio la causa judicial. Por ejemplo, la declaración de Montesinos en la que sostuvo que fue Fujimori el que dio la orden para el desvío de fondos públicos y que resultaba ser una de las principales pruebas de cargo fue desestimada bajo el argumento de que cuando Montesinos declaró eso lo hizo con “…el deseo de obtener un beneficio judicial..”

Respecto de las declaraciones de los ex comandantes generales de los institutos armados simplemente argumentan que aquellas no acreditan la disposición de fondos de parte del encausado Fujimori, ya que solo “…se limitan a señalar transferencias de fondos de la Fuerza Aérea y del Ejército al Servicio de Inteligencia Nacional para apoyar sus acciones…” Como se aprecia, inclusive se denomina sutilmente transferencia al desvío de fondos.

Sobre las declaraciones de los secretarios de Montesinos se limita a desestimarlas considerándolas como declaraciones periféricas y punto.

Adicionalmente a todo ello la sentencia, comentando una conversación entre Montesinos y Villa Ruesta  ̶ en la que el primero le dice al segundo sobre el avance en las encuestas de Fujimori ante las elecciones del año 2000 y el supuesto desconocimiento de Fujimori sobre el trabajo del SIN ̶ , llega a sostener que “…como se desprende del diálogo antes descrito, se afirma que el acusado Fujimori Fujimori desconocía los planes que venían ejecutando Montesinos Torres, conjuntamente con otros altos mandos de las Fuerzas Armadas (…) respecto a la campaña de reelección y de los denominados diarios chicha…” agregando que:

“…este medio de prueba documental abona lo referido por el encausado Fujimori Fujimori respecto al desconocimiento de los hechos materia del ilícito que se le atribuye…”

No es broma.

Entonces –siguiendo esta línea de interpretación- para los magistrados Villa Stein, Pariona Pastrana, Rodríguez Tineo, Neyra Flores e Hinostroza Pariachi el año 2000, el entonces Presidente Alberto Fujimori, fue re reelegido porque existió una campaña política dirigida por su asesor, en la que utilizó millonarios recursos del Estado que los Comandantes Generales de las FFAA desviaron hacia el SIN por orden del asesor, de la cual el presidente re reelecto no tuvo conocimiento.

Seguramente los jueces montesinistas de los noventa: Nicolás Trujillo López, Alejandro Rodríguez Medrano y la propia ex Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, sentirían envidia de estos argumentos.

El resultado de la sentencia ya se conoce: anula la sentencia condenatoria y absuelve a Fujimori de la acusación por el delito de peculado. Es un hecho grave, pero todo indica que los efectos dañinos de la sentencia no se quedarán allí. En realidad esta decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema lo que en el fondo ha presentado y definido es un nuevo sentido de interpretación de la participación de un alto funcionario como el presidente de la república en hechos delictivos de corrupción de funcionarios. Ahora, los delitos de corrupción ya no deben interpretarse sobre la base de un determinado contexto histórico y político en el que se cometen los hechos y en el que se desenvuelven los autores, sino que el nuevo estándar de interpretación de ese tipo de crímenes es lo estrictamente formal –el ROF y el MOF- y nada más.

Si bien la argumentación de la sentencia es inverosímil y vaciada de todo contexto histórico, también es relevante recordar que los jueces supremos Pariona Pastrana, Rodríguez Tíneo y Neyra Flores, el año 2011, sostuvieron todo lo contario. Ese año dictaron sentencias confirmatorias en los casos: de la CTS de Montesinos y en el de la compra de congresistas, en las que Fujimori había sido condenado por el delito de peculado en agravio del Estado.

¿Cuál es la razón para que la Corte Suprema realice semejante cambio de posición sobre un mismo delito y sobre el mismo condenado? Ninguno de ellos ha brindado explicación alguna ya que solo el magistrado Villa Stein es el que emite explicaciones, pero es probable que las razones de todos los que han suscrito la sentencia sean más políticas que legales.

Así las absoluciones salen por la puerta grande y como por un tubo.

(Fuente de foto: RPP)

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