La criminalización de la protesta socioambiental en el Perú, a propósito del escenario en el Sur Andino

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Álvaro Másquez Salvador

 

La criminalización de la protesta socioambiental constituye una práctica vieja y enraizada en nuestro país. Tiene como propósito deslegitimar aquellas voces que cuestionan el extractivismo como única vía para alcanzar el desarrollo y proponen, como alternativas, el uso de las prácticas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Esta crítica aspira a la defensa de la identidad cultural y la autodeterminación, en general, y los derechos territoriales y ambientales, en particular.

El Estado, mediante el uso de la fuerza pública y la instrumentalización del derecho, reprime sus reclamos –expresados en las protestas– y pretende socavar su legitimidad social y política frente al grueso de la sociedad. El objetivo final es la consolidación del discurso extractivista como hegemónico.

Al respecto, Saldaña Cuba y Portocarrero Salcedo apuntan, con buen criterio, que la criminalización de la protesta «consiste en el despliegue de acciones y discursos dirigidos a desaparecer y deslegitimar la disidencia política» y tiene carácter multidimensional. Para lo cual, como soporte ideológico, los manifestantes son descalificados «como delincuentes, antisistema y, en el caso más radical, como terroristas».[1]

Con estos parámetros conceptuales se repasará la situación de la criminalización de la protesta socioambiental en el país durante el año 2017, bajo la conducción de Pedro Pablo Kuczynski, como presidente de la República, y Carlos Basombrío, como ministro del Interior. Para esto, se revisarán  las experiencias ocurridas en tres regiones del Sur Andino: Cusco, Puno y Apurímac.

Nuestro análisis es resultado del trabajo del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal en el patrocinio y acompañamiento de pueblos indígenas alrededor del país que sufren graves y sistemáticas violaciones en sus derechos humanos. Así, se compondrá de cinco aspectos: a) la legislación que favorece la criminalización de la protesta; b) la celebración de convenios entre la Policía Nacional y empresas extractivas; c) el empleo de estados de emergencia «preventivos»; y e) la criminalización de defensores de derechos humanos.

  1. La legislación que favorece la criminalización de la protesta

Durante el primer año de gobierno del presidente Kuczynski, las fuerzas políticas en el Congreso de la República y el Ejecutivo superaron sus diferencias en cuanto a consolidar normas que favorecen la criminalización de la protesta. De tal forma, se han elaborado algunas normas destinadas a la creación de nuevas modalidades delictivas relacionadas con el ejercicio de la protesta y el endurecimiento de sus penas; y otras que permiten la intervención de la fuerza pública en escenarios de conflictividad socioambiental y la custodia de empresas extractivas.

Primero, el Decreto Legislativo N° 1245, con el ánimo de «garantizar la seguridad de la infraestructura de hidrocarburos», estableció diversas modificaciones al Código Penal. Incorporó en forma expresa a los hidrocarburos y sus derivados (así como las instalaciones que sirven para su exploración, explotación, procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización o abastecimiento) como objetos materiales de los delitos de hurto simple (artículo 185), hurto agravado (artículo 186), receptación agravada (artículo 195), daños agravado (artículo 206) y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos (artículo 283).

La medida fue resultado de la crisis ocasionada por los continuos derrames de petróleo en la Amazonía, especialmente en el Oleoducto Norperuano, que opera Petroperú. La empresa estatal pretendió evadir su responsabilidad por no darle el mantenimiento adecuado. Entonces, se apuntó a los pobladores que habitan en las áreas colindantes al ducto como autores de las fisuras. El sabotaje explicaría la emergencia, antes que la grave negligencia de la empresa. En ese sentido, estas normas debían servir para intimidar a los indígenas y a todo aquel que reclamase para que los derrames sean investigados y sus impactos, mitigados. Pensemos, como ejemplo, en los indígenas de la localidad de Saramurillo, en Loreto. Durante 117 días tomaron las instalaciones de Petroperú y bloquearon el río Marañón, como medidas de protesta.

Para ver el artículo completo, puede hacer click aquí.

(Foto: Andina)

[1] Saldaña Cuba, José y Jorge Portocarrero Salcedo. (2017). La violencia de las leyes: el uso de la fuerza y la criminalización de protestas socioambientales en el Perú; en: Derecho PUCP, Núm. 79, p. 313.

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