La elección de Duberlí Rodríguez como Presidente del Poder Judicial y su plan 2017-2018

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Por: Cruz Silva Del Carpio

El 01 de diciembre del 2016 la Sala Plena de la Corte Suprema y diversas Cortes Superiores eligieron al Presidente de sus respectivos colegiados. Los jueces superiores titulares de la Corte de Lima eligieron como presidente al juez Rolando Martel Chang, mientras que la Sala Plena de la Corte Suprema ha elegido entre cuatro postulantes y luego de una segunda vuelta al juez Duberlí Rodríguez Apolinar, quien también se desempeñará como Presidente del Poder Judicial.

El proceso de elección de las máximas autoridades del Poder Judicial sigue estando, fundamentalmente, en la sombra. A la fecha, a pesar de existir propuesta, no existe un reglamento mínimo que garantice el escrutinio público de los postulantes en plazos adecuados, la comparación oportuna de sus trayectorias, sus decisiones judiciales más relevantes, las personas que les apoyan en tal candidatura, entre otros datos importantes tanto para los electores como para la ciudadanía en general a la que se debe este poder del Estado.

Lo anterior es una seria vulneración al principio de transparencia y publicidad que debe primar en la elección de las altas autoridades del sistema de justicia y la elección del gobierno judicial. Si bien es cierto que finalmente se colocaron en la página web del Poder Judicial los planes de trabajo de los postulantes (el 26 de noviembre, 4 días útiles antes de la elección), eso se dio sobre todo a la presión ciudadana.

En efecto, cabe recordar que este año la elección que han efectuado los integrantes de la Corte Suprema para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha sido bastante cuestionada. La elección del juez Ticona Postigo (en plena huelga judicial irresuelta), antes que acabe el plazo para el que fue elegido como Presidente del Poder Judicial, no es un supuesto permitido expresamente por la ley orgánica del PJ. Esa elección originó que el interinato de la Presidencia lo asumiera el juez De Valdivia Cano, quien en su momento fue destituido por haberse reunido con Vladimiro Montesinos cuando era miembro del JNE.

Por todo ello, es necesario que se reforme y reglamente el proceso de elección de estas autoridades. Es una necesidad histórica que, entre otras más, esperamos sea tomada en cuenta y resuelta por el nuevo presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Apolinar.

 

El plan de Rodríguez

Para el período 2017-2018, el electo presidente del Poder Judicial tiene 7 líneas de trabajo propuestas. Si bien el balance del cumplimiento de estas propuestas no ha tenido un saldo renovador por parte de sus antecesores para el sistema de justicia que sigue teniendo una baja aprobación por la sociedad, el nuevo presidente ha señalado que hará todo lo posible por que sea diferente.

Esas propuestas, y sus principales acciones, son las siguientes:

  1. Fortalecimiento de las reformas procesales

Y en ella, se busca la eficiencia de la justicia penal y laboral, la liquidación de las causas que aún se procesan con el Código de Procedimientos Penales, el fortalecimiento del proceso inmediato en casos de flagrancia –con tecnología, protocolos, capacitación–, así como la implementación de la reforma laboral.

2. Fortalecimiento del despacho judicial y celeridad

En los procesos de materia civil y constitucional, se propone el impulso al proyecto de Ley General de Casación de la Corte Suprema, del “principio del doble conforme” (no ir a casación si hay dos sentencias en un mismo sentido en el proceso), los plenos casatorios civiles, así como la implementación de la justicia constitucional.

En los procesos de familia, se proponen órganos jurisdiccionales exclusivos que vean esta materia, el impulso la aprobación del Nuevo Código de Niños, Niñas y Adolescentes; así como el de de servicios de orientación a adolescentes.

Respecto de los jueces de paz letrado se plantea entregarles mayores competencias y crear más juzgados. Otro punto: el fortalecimiento del uso de tecnologías en lo civil, para el embargo bancario, el fedatario virtual, el remate, entre otros.

En la justicia previsional se propone el estudio de sus principales problemas, así como promover criterios uniformes. Sobre la descarga procesal y el desempeño judicial, se plantea un nuevo orden de las comisiones de seguimiento de estos temas, desarrollar mejores estándares de medición incluyendo variables cualitativas, evitar problemas por la creación, desactivación o traslado de juzgados, entre otros.

3. Lucha contra la corrupción, y la efectividad en el control y predictibilidad

Se plantea fortalecer la OCMA y las ODECMAs, la oralidad del procedimiento, la promoción de la figura de los jueces contralores sin antecedentes de sanción y con trayectoria ética; la contratación de personal para investigaciones interdisciplinarias, un programa de incentivos para jueces, así como desarrollar actividades con la colectividad organizada para espacio académico y el debate sobre la probidad judicial.

Por otro lado, se propone trabajar el rol del juez en la lucha contra la corrupción, a través del empoderamiento, y la prestación de un rápido auxilio de los órganos disciplinarios ante sus avisos de presuntos actos de corrupción. En relación a la predictibilidad, se propone por ejemplo más plenos jurisdiccionales y la implementación de buscadores de jurisprudencia.

4. Acceso a la justicia

Se ha señalado el fortalecimiento de la Oficina Nacional de Justicia de Paz, la mejora  de la coordinación entre la justicia ronderil comunal y ordinaria, promover la capacitación por parte de la AMAG sobre justicia intercultural, la promoción del acceso de personas en condiciones de vulnerabilidad a la justicia de paz, así como el uso del lenguaje accesible. En materia de enfoque de género, se ha señalado la promoción de acuerdos plenarios y el fortalecimiento de la Comisión de Justicia de Género.

5. Fortalecimiento y la modernización de la gestión institucional y administrativa

Para ello, se ha indicado el pedido de una demanda adicional en el presupuesto judicial para el 2017. En el ámbito del Acuerdo Nacional por la Justicia se estipulan mesas de trabajo periódicas con las autoridades y la formación de comisiones para armar propuestas.

Esos recursos serían dirigidos también para la implementación de la reforma procesal penal y laboral y las liquidaciones bajo la normatividad anterior. Se proyecta también armar un plan hasta el 2023 según lineamientos del CEPLAN, fortalecer las unidades ejecutoras del presupuesto, así como unificar los procedimientos administrativos. También se ha hablado de la creación de espacios de comunicación con presidentes de Corte Superiores.

6. Bienestar de los magistrados y recursos humanos

7. Gestión ambiental. Se habla de ecoeficiencia en la administración de justicia, así como de la identificación de distritos con más problemas en conflictos de medioambiente para la creación de órganos jurisdiccionales especializados en esta matera y a dedicación exclusiva, entre otros.

Las metas propuestas por los presidentes del Poder Judicial muy pocas veces han logrado un impacto real en temas urgentes como la lucha contra la corrupción judicial y el procesamiento de causas como la criminalidad organizada, la corrupción y derechos humanos. El plan de Rodríguez apunta a algunos de estos importantes puntos. ¿Se logrará hacer algo diferente? Para eso, se requiere no solo de las propuestas del presidente (las que son imprescindibles), sino también del apoyo de sus pares, y en primera instancia, de quienes votaron por él. Según La República, por ejemplo, uno de ellos pertenecería a Javier Villa Stein que, como se sabe, no es un magistrado que se haya destacado por decisiones anticorrupción o de lucha contra la violación a los derechos humanos (sino todo lo contrario). Por impresiones como ésta es que serán importantes los avances que el actual Presidente pueda impulsar, así como los primeros gestos o propuestas que en su cargo concrete.

(Foto: Poder Judicial)


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