La incorporación de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción en la Constitución

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Por: Paulo Chávez Zúñiga

 

El 20 de agosto ha sido aprobado por el Congreso de la República la Ley N° 30650 (que reforma el artículo 41° de la Constitución Política), la “imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios”. Esta figura es de suma importancia, y ha sido materia de eternos debates en los campos jurídico y político, sobre su idoneidad como medida eficaz para hacer frente a la corrupción generalizada que azota la vida del país. Pues bien, esta figura va a ser materia de algunos comentarios.

El Perú ocupa un puesto especial entre los países con altos índices de corrupción. Un indicador elaborado por Transparencia Internacional señala que la corrupción ha ido en aumento, y esto se ve reflejado en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado el año pasado por dicha organización.

Dicha crisis que se sufre, es evidenciable a través de los últimos casos de corrupción en los que se aprecia a funcionarios, quienes han ocupado altos cargos en la administración pública, investigados, procesados y en algunos casos condenados. La lista no es corta. Ex presidentes de la República vinculados a actos de corrupción, bajo quienes pesan medidas restrictivas (prisión preventiva) en el marco de un proceso, también hacen visible el problema generalizado que afecta e indigna a nuestra sociedad.

Nos apartábamos hace no muy poco de una época (los años 90) marcada por la dictadura, la violación de derechos humanos y la corrupción, que destruyó por dentro nuestras instituciones. En palabras de Quiroz, “los gobiernos de Fujimori -Montesinos alcanzaron nuevos grados de corruptela incontrolada, la más reciente en una larga historia de corrupción estructural y sistemática[1]. Sin embargo, hoy en día al parecer dicho problema aún no ha sido erradicado, ni mucho menos tratado como debe ser. Al respecto, una responsabilidad particular la tienen nuestras autoridades.

Incontables proyectos de ley han sido presentados para plantear una reforma necesaria y adecuada a la realidad peruana. La Ley N° 30650 que reforma el artículo 41° de la Constitución consolida esta tarea. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se incorpora al texto constitucional de la manera siguiente: “La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”.

Es importante agregar que la modificación planteada por la Ley también ha ido en el sentido de duplicar los plazos de prescripción para todo aquel delito cometido contra la administración pública o el patrimonio del Estado. Así lo señala expresamente el texto modificado. En ese sentido, todos los delitos del Título XVIII del Código Penal, que trata los delitos contra la administración pública, pueden duplicarse. Un problema ya no será determinar en el caso concreto la afectación directa al patrimonio, ya que los efectos se han extendido a todos.

La crítica principal a la figura de la imprescriptibilidad gira en torno al grado de eficacia en la lucha frontal contra la corrupción. Se ha considerado que la vía no es declarar la imprescriptibilidad, sino, ampliar los plazos de prescripción en todos los delitos de corrupción.[2] Ciertamente, ha podido ser una buena alternativa al problema de la persecución de los delitos de esta naturaleza.

Siendo consecuentes con esta postura, la imprescriptibilidad ha girado siempre en torno a delitos de una gravedad especial (Delitos contra la Humanidad) que atentan contra la propia dignidad humana, y cuya comisión se volvía una práctica constante –sistemática y generalizada– aprovechando el contexto en el que se han desarrollado. Si bien la imprescriptibilidad atiende una urgencia, la de hacer lucha frontal a la corrupción, la eficacia es cuestionable dado que se atiende a bienes jurídicos de distinto valor.

La política criminal empleada por el Estado, de endurecer las penas también ha afectado a los delitos cometidos por funcionarios públicos. Esto es así, por ejemplo,en los delitos de concusión, colusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, que incluso revisten figuras agravadas y cuyos plazos de prescripción ya son amplios.

Ciertamente, también se hubiera podido atender la necesidad y urgencia de la población, de hacer posible investigaciones y procesos serios en un plazo de tiempo razonable, para imponer sentencias condenatorias a malos funcionarios que aprovechándose de su cargo o posición hacen posible sostener una situación de impunidad durante determinado tiempo, saqueando las arcas del Estado.

Por otro lado, es tarea del legislador determinar lo más pronto posible cuáles son esos delitos graves. Sobre este punto, debe considerarse que la gravedad no solo debe girar en función a la pena del delito o del perjuicio directo al patrimonio del Estado (lo cual es importante determinar), sino al contexto social y a la práctica recurrente de su comisión. Esperemos que en los próximos días se determine con razón los delitos que van a ser calificados como imprescriptibles.

(Foto: Peru21)

[1] Alfonso W. Quiroz, Historia de la corrupción en el Perú, 2°ed.Lima, IEP; 2013, pp.399.

[2] Ver: La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Medida necesaria para evitar la impunidad? En: Estudios críticos sobre los delitos de corrupción de funcionarios en Perú, IDEHPUCP, 2012, Lima, pp.17-29.

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