La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría: gana el Congreso por partida doble

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Por: Luis Miguel Purizaga Vértiz

La Ley 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control ha sido publicada en el diario El Peruano el 28 de marzo. Tan solo unos trece días después de que el Pleno del Congreso aprobara por voto unánime la autógrafa de la ley. La Ley 30742 tiene como fin “modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción”.[1]

La Ley establece, entre otros aspectos, el acceso a la información y promueve la transparencia de los informes de control; la potestad sancionadora de la Contraloría, autorizando que sea ésta quien reglamente las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional. Dispone además la transferencia progresiva de los Órganos de Control Institucional (OCI) a la Contraloría General; así como la interconexión de los sistemas de información vigentes a través del acceso a las bases de datos de las entidades públicas, para un control eficaz; y la reestructuración organizacional del Sistema Nacional de Control en su conjunto.

Para lograr todo esto, la ley modifica diversos artículos de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Ahora bien, hay sobre todo dos cosas que llaman la atención respecto a esta aprobación por unanimidad del Pleno del Congreso de la autógrafa de esta ley, y de su posterior publicación.

La primera de ellas tiene que ver con los antecedentes de su aprobación. En febrero pasado el Poder Ejecutivo (con Kuczynski como Presidente de la República) decidió observar esta autógrafa de ley, debido a que se excluía de la misma, la designación de los jefes y el personal de control del Congreso de la República por parte de la Contraloría General, exclusión que no fue solicitada en el proyecto presentado por la propia Contraloría.[2]

“Cabe recordar que en febrero pasado el Poder Ejecutivo decidió observar esta autógrafa de ley, debido a que se “excluye la designación de los jefes y personal de control del Congreso de la República, la cual no fue solicitada en el proyecto presentado por la Contraloría”.

Asimismo, el Ejecutivo dijo que se “elimina el concurso público para la designación de los jefes de los órganos de control institucional, respecto de lo cual no se sustenta la necesidad de realizar dicho cambio”.

La siguiente modificación cuestionada por el Gobierno está referida a la creación de dos vicecontralorías, la cual tampoco estaba incluida en el proyecto presentado por la contraloría.

“Se desprende que la implementación de tales vicecontralorías generará gasto público, lo que contraviene el artículo 79 de la Constitución Política que establece que ‘los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gatos públicos'”, indicó el Gobierno en aquella oportunidad.” Diario Gestión, del 15 de marzo del 2018.

¿Esta observación llevada a cabo en el mes de febrero por parte del Ejecutivo, fue tomada en cuenta ahora, al momento de que el Pleno del Congreso por unanimidad aprobó la autógrafa de la Ley? La respuesta es no.

Si le damos lectura al artículo 19 de la Ley 30742, nos percataremos de que la exclusión de la designación de los jefes de los órganos de control institucional del Congreso de la República por parte de la Contraloría General se mantiene, por lo que finalmente, la observación llevada a cabo por el ejecutivo en el mes de febrero no se tomó en cuenta.[3]

¿Por qué llevar a cabo esta exclusión? ¿Por qué incorporarla ahora si en el texto original de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (Ley 27785), tal exclusión no se contemplaba? ¿Incorporar esta exclusión de la designación de los jefes y el personal del órgano de control institucional del Congreso por parte de la Contraloría, era necesaria para lograr un mayor fortalecimiento de ésta? ¿Era necesario incorporar esta exclusión a fin de garantizar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental? A todas luces, esta medida no tiene nada que ver con estos objetivos y no habría una razón jurídica debidamente sustentada para establecer ahora que el Congreso de la República tiene la total autonomía y control para designar a los jefes y al personal de su órgano de control institucional; sobre todo cuando antes en la ley orgánica hoy modificada, esta designación la llevaba a cabo la Contraloría General de la República.

Cabe precisar aquí algo absolutamente grave: la norma modificada contemplaba que la Contraloría nombraba al Contralor del Congreso, pero el Congreso durante todos estos años no lo ha cumplido. Nombraba a su propio contralor, violando la ley. El actual Contralo General lo acaba de confirmar, sin más ni más.

“Según Shack, el Parlamento elige al jefe de su OCI hace más de veinte años, sin embargo, la Ley Orgánica de la Contraloría ya antes de la modificación indicaba que la Contraloría nombre a todo jefe del OCI. Así, Shack reconoció que no se cumplía la norma.” La República, 3 de abril del 2018[4].

¿Quiénes son los únicos que se beneficiarían con esta exclusión? Solamente los congresistas de la República. Todo ello en un contexto en que diversos congresistas fujimoristas (Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel, Bienvenido Ramírez y Moisés Mamani) comienzan a ser investigados por la Comisión de Ética del Congreso[5], siendo muy posible que estas investigaciones arrojen como resultado la comisión de presuntos delitos cometidos por estos congresistas, como el cohecho activo genérico (Art. 397 del Código Penal) y el cohecho pasivo impropio (Art. 394 del Código Penal). Démonos cuenta también que estos delitos los habrían cometido Fujimori, Bocangel, Ramírez y Mamani, en su calidad de congresistas de la República en uso de sus funciones, y que de comprobarse éstos, se atentaría contra la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado; así como contra el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos; que son precisamente los principios por los que vela la Contraloría General de la República como institución. Sino recordemos las imágenes en video de un funcionario de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), ofreciendo al congresista fujimorista Moisés Mamani, un beneficio político de dación presupuestal para obras –se entiende que– a cambio de la emisión de su voto en contra de la vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. En este caso, incluso, el beneficio ilícito ofrecido, en el cohecho activo, podría tener una connotación económica, pues se señala que el congresista podría quedarse con un 5% de una obra aprobada por el Ejecutivo.[6] Felizmente, existe un reciente proyecto de ley que busca derogar el tan mentado artículo 19.

Como vemos, la Contraloría debería tener total capacidad de investigación ante estos delitos que habrían cometido congresistas de la República, pero con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, a través de la nueva ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, el órgano de control institucional del Congreso no está en manos de la Contraloría sino del propio Congreso.

El artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control (Ley 27785), no es el único que vulnera la potestad de control y vigilancia de la Contraloría respecto a la función de los congresistas de la República en su calidad de funcionarios públicos.

El artículo 29 de la Ley Orgánica, relacionada a los impedimentos para desempeñarse en el cargo de Contralor General de la República, también ha sido modificado. Del literal g) ha sido excluido el cargo de Congresista de la República como uno impedido para desempeñarse en el cargo de Contralor. Antes, se indicaba el cargo de Congresista de forma expresa y literal.[7]

Esto podría significar que un congresista de la República podría, luego de terminar su periodo como tal, ser designado como Contralor General por el Congreso, sin necesidad de esperar los cinco años que establece la norma. ¿Cuál era la motivación por la cual se suprimió esta disposición en la norma?, y sobre todo lo más importante, ¿cuál fue el motivo por el cual se estableció en un inicio ese lapso de espera de cinco años para ser elegido Contralor?, ¿es que acaso esas motivaciones ahora han desparecido para los congresistas? Estas preguntas deben ser respondidas para así comprender las razones de esta modificación en una ley que en teoría busca fortalecer a la Contraloría y al Sistema Nacional de Control como institución.

Tenemos ahora a Martín Vizcarra como nuevo Presidente de la República, y es preocupante saber que la promulgación de la Ley 30742 es una de las primeras medidas que presenta su gestión para fortalecer la lucha contra la corrupción. Por lo visto, esta lucha no parece direccionada a un poder del Estado, que en los últimos meses se ha visto más cuestionado que nunca justamente debido a este tipo de casos. El Congreso de la República no quiere –y lo ha logrado– someterse al mismo tipo de control al que se someten las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las demás instituciones del Estado, y eso es alarmante.

(Foto: PCM)

[1] Véase: http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-fortalecimiento-de-la-contraloria-general-de-la-repub-ley-n-30742-1631374-2/

[2] Véase: https://gestion.pe/economia/congreso-aprobo-insistencia-ley-fortalecimiento-contraloria-229481

[3]Artículo 19.- Designación y separación del jefe del órgano de Auditoria Interna

La Contraloría General de la República, aplicando el principio de carácter técnico y especializado del control, designa a los jefes de los órganos de control institucional de las entidades sujetas a control.

Están exceptuados los jefes y el personal del órgano de control institucional del Congreso de la República cuyo régimen laboral y dependencia funcional se rige por las normas que estipula dicho Poder del Estado.

(…)

Las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios para el ejercicio de la función de control en dichas entidades, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría General”.

[4] Véase: http://larepublica.pe/politica/1220872-contralor-defiende-ley-que-excluye-al-congreso-de-mayor-fiscalizacion

[5] Véase: http://larepublica.pe/politica/1220561-comision-de-Etica-aprueba-investigacion-preliminar-a-congresistas-de-keikovideos

[6] Véase: http://idehpucp.pucp.edu.pe/notas-informativas/sobre-las-posibles-repercusiones-penales-de-los-denominados-keikovideos-por-rafael-chanjan/

[7] Ley N°27785 (ANTES)

Artículo 29.- Impedimentos para ser Contralor General.

Son impedimentos para ser Contralor General de la República:

(…)

  1. g) Haber sido durante los últimos cinco años Presidente de la República, Ministro de Estado, Congresista de la República y/o titular de Organismos Autónomos, entidades descentralizadas o de los Gobiernos Regionales y/o Locales”. (el subrayado es nuestro).

 

Ley N°30742 (AHORA)

Artículo 29.- Impedimentos para ser Contralor General.

Son impedimentos para ser Contralor General de la República:

(…)

  1. g) Haber sido durante los últimos cinco años Presidente de la República, Ministro de Estado, titular de Organismos Autónomos, entidades descentralizadas o de los Gobiernos Regionales y/o Locales”.

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