La llamada “ley de la muerte civil” y sus evidentes limitaciones.

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Por: Área de Defensa Legal-IDL

El inesperado caso del ex asesor presidencial Carlos Moreno, hoy investigado por delitos de corrupción de funcionarios, ha originado una reacción política y legislativa del Presidente y del propio Poder Ejecutivo. La primera de ellas ha sido la promulgación – el 22 de octubre pasado- del Decreto Legislativo N° 1243, “Decreto Legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administración Pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados”. La norma ha sido calificada como “la ley de la muerte civil” y ha merecido diversas reacciones. Ha sido presentada como una pieza clave de la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) quiere presentar un breve análisis de las disposiciones legales contenidas en dicha norma.

El marco normativo contra la corrupción en el Perú.

La Constitución Política del Perú de 1993, en líneas generales, regula y cede al derecho penal la competencia para normar el marco jurídico sobre la  responsabilidad penal, y la sanción de inhabilitación para aquel funcionario público que incurre en corrupción. El artículo 41º de la Constitución dice, “La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.” De igual manera prescribe que existe un plazo para perseguir los delitos cometidos contra la administración pública, donde el poder de persecución del Estado se extiende en el tiempo. Señala la norma constitucional que: “El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.” Esta regulación establecida por la Constitución Política es la que dirige la política criminal frente a los delitos que se cometen contra la administración pública.

Las últimas modificaciones que han sufrido tanto la pena de inhabilitación (artículo 36º, C.P) como la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos (artículo 80º, C. P) son de agosto de 2013, cuando fueron expedidas por el Congreso las leyes Nº 30076 y Nº 30077, y lo dispuesto por la ley Nº 30407 de fecha 08 de enero de 2016, que en su Primera Disposición Complementaria y Modificatoria, agrega el inciso 13º al listado de inhabilitaciones del artículo 36º del Código Penal.

Con la entrada en vigor de la Ley Nº 30077 (Ley contra el Crimen Organizado) se modificó el artículo 80º del Código Penal en el sentido de que, se duplica la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios públicos cuando estos también forman parte de una organización criminal. El último párrafo de dicho artículo señala lo siguiente:“En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica”.

El régimen de la inhabilitación en el Código Penal.

Dentro de las penas establecidas por el Código Penal de 1991, se encuentran las penas limitativas de derechos (Art.31º, C.P.), siendo una de ellas la pena de inhabilitación. La inhabilitación se encuentra regulada como tal por los artículos del 36º al 40º del Código Penal. El artículo 36º establece un catálogo de inhabilitaciones, que afectan determinados derechos civiles, políticos, económicos y funcionales.

Según el artículo 37º del Código Penal la pena de inhabilitación puede ser principal o accesoria. Dice la norma en mención que “La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria”. Al respecto debemos de considerar que en el Acuerdo Plenario Nº 2-2008 se precisa que la inhabilitación accesoria siempre será de carácter temporal, por lo que, la discusión gira en torno a la inhabilitación principal.

La Inhabilitación principal ha ido mutando a través de los años. Así, ante del Decreto Legislativo Nº 1243, el artículo 38º del código penal precisaba que la inhabilitación principal “se extiende de seis meses a diez años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refieren los numerales 6,7 y 9 del artículo 36 del Código  Pena.”.  Pese a ello, y a lo establecido por la norma constitucional (art.41º), en el sentido, de que la inhabilitación principal tiene un plazo y no puede ser perpetua, ya se regulaba la incapacidad definitiva para ciertos supuestos ( incisos 6º, 7º y 9º del artículo 36º C.P) como es de verse en el actual primer párrafo del artículo 38º del código penal.

Con la modificación introducida al artículo 38º del código penal por el Decreto Legislativo 1243, el extremo mayor de la pena de inhabilitación se extiende a 20 años solo cuando esta es principal y para determinados delitos contra la administración pública. En ese sentido dice que “La pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a 20 años…”. Y, menciona además, que “será perpetua, siempre que el agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, y efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias.”

¿El Decreto Legislativo N° 1243 establece la muerte civil?

En primer lugar, la estructura de esta nueva ley,  consta de cuatro artículos y una única Disposición Complementaria. El objeto de la norma es clara: modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer la pena de inhabilitación para los delitos contra la Administración Pública, así como ampliar su plazo de duración y crear el Registro Único de Condenados inhabilitados.

La primera modificación que realiza este nuevo decreto lo vemos en el artículo 38º del Código Penal. El artículo que trata sobre la duración de la inhabilitación principal pasará a tener el siguiente contenido:

“La pena de inhabilitación principal se extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401.

En estos supuestos, será perpetua, siempre que:

  1. El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella.
  2. Que la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo.
  3. Que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucradas supere las quince unidades impositivas tributarias.”

Seguido, la modificación añade un nuevo párrafo al artículo 69º del código penal estableciendo como nuevo texto sobre la rehabilitación automática el siguiente:

La rehabilitación automática no opera cuando se trate de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de delitos contra la Administración Pública, en cuyo caso la rehabilitación puede ser declarada por el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de trascurridos veinte años, conforme al artículo 59-B del Código de Ejecución Penal.

Después, se añade que para los supuestos de la Parte Especial del Código Penal, esto es, para los delitos de concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, peculado de uso, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional y enriquecimiento ilícito, la inhabilitación corresponderá conforme a los inciso 1, 2 y 8 del artículo 36º del código penal, esto es que la sanción será:

  1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular;
  2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público;
  3. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese servido el agente para cometer el delito.

El artículo 398º del código penal que regula el cohecho activo específico contiene tres supuestos.

  1. Si la conducta del agente recae en ofrecer, dar o prometer bajo cualquier modalidad, la inhabilitación es conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36.
  2. En cuanto a si el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrezca o entrega a un secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o intérprete o análogo, la inhabilitación es conforme a los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 36.
  3. Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de abogados, la inhabilitación es conforme a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36.

Mientras que, el que fuera encontrado responsable del Delito de Tráfico de Influencias será sancionado con inhabilitación, siempre que corresponda a los incisos 2, 3, 4 y 8 del artículo 36. En cambio, si el agente es funcionario o servidor público, la inhabilitación corresponderá conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo mencionado.

Para el régimen penitenciario se adiciona un capítulo al Título II del Código de Ejecución Penal, el cual posibilita que la inhabilitación sea plausible de revisión. Así, este nuevo artículo 59-B determina, entre otros puntos:

  1. Que la condena de inhabilitación perpetua es revisada de oficio o de parte cuando el condenado haya cumplido con veinte años de pena de inhabilitación.
  2. El condenado es declarado rehabilitado cuando se verifique que no cuente con antecedentes penales por los delitos cometidos durante la ejecución de la pena de inhabilitación, que no tenga proceso pendiente y que no se encuentre en el Registro Nacional de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI.
  3. Si el órgano jurisdiccional resuelve mantener la condena, después de un año y a petición de parte se realizará una nueva revisión.

Por otro lado, el último artículo crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados por delitos contra la Administración Pública, el mismo que detallará la información de las personas que cuenten con sentencia condenatoria y que será responsabilidad de la Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR.

Finalmente, la Disposición Complementaria establece que el Registro Único de condenados inhabilitados por delitos contra la Administración Pública será reglamentado en 60 días a partir de la publicación del Decreto, esto es a fines de diciembre de este año.

Delito

Inhabilitación Principal
Concusión 1, 2 y 8 del artículo 36
Cobro indebido 1, 2 y 8 del artículo 36
Colusión simple y agravada 1, 2 y 8 del artículo 36
Peculado doloso y culposo 1, 2 y 8 del artículo 36
Peculado de uso 1, 2 y 8 del artículo 36
Malversación 1, 2 y 8 del artículo 36
Soborno internacional pasivo 1, 2 y 8 del artículo 36
Cohecho activo genérico 1, 2 y 8 del artículo 36
Cohecho activo transnacional 1, 2 y 8 del artículo 36
Cohecho activo específico (1er párrafo) 1, 2 y 8 del artículo 36
Cohecho activo específico (2do párrafo) 1, 2, 3 y 4 del artículo 36
Cohecho activo específico (3er párrafo) 2, 3, 4 y 8 del artículo 36
Tráfico de influencias (1er párrafo) 2, 3, 4 y 8 del artículo 36
Tráfico de influencias (2do párrafo) 1, 2 y 8 del artículo 36
Enriquecimiento ilícito 1, 2 y 8 del artículo 36

Límites e incongruencias de la ley de inhabilitación para los delitos contra la administración pública.

Si bien se modifica el artículo 38° del Código Penal y se extiende la inhabilitación principal de 5 a 20 años el hecho es que cuando se trate de delitos comprendidos entre el artículos 382° al 401° del Código Penal. Sin embargo, ninguno de esos delitos tiene como pena máxima 20 años, por lo que se deja en manos del Juez imponer una pena principal que sea igual o supere la pena conjunta.

De acuerdo al nuevo marco normativo ahora se establece que la pena principal de inhabilitación perpetua se impondrá siempre que a) El agente es parte, esté vinculado a una organización criminal o actúe por encargo de ella; b) La conducta del agente recae sobre programas con fines asistenciales, de apoyo, de inclusión social o de desarrollo; y c) El valor del dinero o de los bienes, efectos o ganancias supere los S/. 59,250 soles. Esto nos coloca dentro de un marco normativo en el que la llamada muerte civil solo se aplicará a un muy reducido número de condenados por delitos de corrupción de funcionarios. De hecho no es para todos. Ese dato hay que tenerlo presente en el momento que se haga un balance de esta norma.

En general el nuevo marco normativo está determinando que la pena de inhabilitación no es perpetua pues, establece que transcurridos 20 años desde su imposición procede la revisión de oficio o a petición de parte. Luego de un procedimiento sumario ante el juez penal, se puede declarar rehabilitado al condenado.

Valla muy alta

La inhabilitación perpetua está estructurada para casos en donde el gran escollo es probar que los funcionarios o servidores públicos formen parte de una organización criminal conformada por tres o más personas, con una estructura organizativa, dedicadas a cometer delitos graves,  no está pensada para los casos de delitos menores que constituyen el grueso de casos que se viene tramitando ante el Poder Judicial.

De esta manera los casos que podrían ser considerados como de menor envergadura, que son los más y los que más impacto negativo y desconfianza generan en la población tendrá una sanción penal e inclusive medidas de inhabilitación pero nada más.

(Fuente de foto: Diario Correo)

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