La obligación de los jueces de aplicar el Convenio 169 de la OIT cuando están involucrados derechos de pueblos indígenas

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda

 

En días pasados, la Comunidad Nuevo Lamas de Tarapoto con el apoyo de CEPKA ha presentado una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de San Martín, por violación del derecho de propiedad sobre su territorio ancestral, en clara violación del artículo 14 del Convenio 169 de la OIT. Se denuncia que se les ha entregado el 1% de su territorio ancestral en propiedad, y el 99% del mismo a través de contratos de cesión de uso de suelos forestales. Con dicha demanda la solución del problema ha sido judicializado.

La respuesta del Gobierno Regional de San Martín es que ellos han aplicado el artículo 11 de la Ley Nº 22175, que aprobó la Ley General de Comunidades Nativas y el artículo 76 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Ley Nº 29763[1]. Sin embargo, dado que se está afectando derechos de pueblos indígenas, resulta evidente que es de aplicación el Convenio 169 de la OIT.

Ante esta situación, resulta pertinente recordar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha establecido la obligación de los jueces de aplicar el Convenio 169 de la OIT, y en este caso en concreto, de incorporar este instrumento internacional a la hora de interpretar el ordenamiento jurídico y dar respuesta a los problemas planteados.

 

  1. La obligación de los jueces de realizar control de convencionalidad

Sobre la obligación de aplicar el Convenio 169 de la OIT, el TC ha precisado que hay una obligación de los jueces de preferir la norma internacional, a propósito de la obligación de realizar el control de convencionalidad:

“5. Cuando el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según sea el caso, verifica la constitucionalidad de una norma, la no existencia de conflictos de competencias entre órganos estatales, la no existencia de actos lesivos a los derechos fundamentales de las personas, no está ejerciendo más que un control de constitucionalidad. Pero la magistratura constitucional no sólo debe centrarse en ejercer únicamente un control de constitucionalidad; sino que se encuentran en la obligación de ejercer un control de convencionalidad, es decir, la potestad jurisdiccional que tienen los jueces locales y la jurisdicción supranacional, que en nuestro caso está constituida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogens y a la jurisprudencia de la Corte IDH”. (STC Nº 04617-2012-PA7TC, f.j.5) (Resaltado nuestro).

Siguiendo a la doctrina[2], podemos desprender de este pronunciamiento del TC los siguientes mandatos:

N5: Está ordenado al Tribunal Constitucional y a los jueces penales del Poder Judicial realizar control de convencionalidad cuando ejercen su función de control constitucional.

N5´: Esta ordenado tomar en cuenta a la Convención Americana de Derechos Humanos, a los tratados regionales en materia de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogen y a la jurisprudencia de la Corte IDH, a la hora de realizar el control de convencionalidad.

 

  1. La obligación de adecuar el derecho interno a los tratados internacionales de derechos humanos

La obligación de realizar el control de convencionalidad se concreta en la obligación de adecuar el derecho interno a los tratados internacionales de derechos humanos:

“13. Demostrada la vulneración de las disposiciones supranacionales resulta necesario adecuar el derecho interno a los tratados. Esto implica que si la normativa doméstica (legislativa, administrativa o de cualquier otro carácter) y las prácticas estaduales de cualquiera de los tres poderes, no garantizan los derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional, el Estado debe adecuarlas o, en su caso, suprimirlas y crear garantías que verdaderamente protejan los derechos fundamentales. No estamos más que ante el deber general del Estado de adecuar su derecho interno (artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). No está demás expresar que no sólo el Poder Judicial debe cumplir con las disposiciones de derecho supranacional, sino también el Legislativo y el Ejecutivo, bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional del Estado”. (STC Nº 04617-2012-PA7TC, f.j. 13). (Resaltado nuestro).

 

Siguiendo la doctrina[3], se puede identificar los siguientes mandatos del pronunciamiento del TC:

N 13: Está ordenado al Estado peruano adecuar o suprimir la normatividad interna y los actos de los poderes públicos que contravengan los derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional vinculante para el Perú.  

N 13`: Está ordenado a los poderes públicos cumplir las disposiciones de derecho supranacional sobre derechos fundamentales bajo apercibimiento de generar responsabilidad internacional del Estado.

La conclusión de todo esto es evidente. Los jueces están en la obligación no solo de aplicar el Convenio 169 de la OIT cuando se trata de tomar decisiones que afectan, comprometen o involucran derechos de pueblos indígenas, si no, de adecuar el ordenamiento jurídico nacional a los tratados internacionales de derechos humanos.Y en el caso de la demanda de Nuevo Lamas, es evidente que el juez que resolverá la demanda, está en la obligación debe interpretar las normas que regulan los contratos de cesión de uso de suelos forestales, sean legales o incluso constitucionales, de conformidad y en armonía con el Convenio 169 de la OIT, pero nunca de espaldas a él.

(Foto: Servindi)

[1] Ciertamente, esta norma también tiene cobertura en el artículo 66 de la Constitución.

[2] Luis Castillo Córdova, La validez jurídica de las interpretaciones y decisiones del TC, en: ¿Son anulables las sentencias del Tribunal Constitucional? Análisis de la sentencia Nº 04617-2012-PA7TC en el caso Panamericana Televisión, Cuadernos sobre Jurisprudencia Constitucional, Palestra, julio, 2015, pág. 192.

[3] Ibídem.

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