La presión y el patrocinio

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La carrera de Pablo Talavera como juez fue buena; como consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, fue dudosa; y como abogado penalista, francamente alarmante. Cuando Talavera salió del CNM, a fines del 2015, se dedicó a patrocinar a Félix Rosenberg, el magnate del negocio de tragamonedas, que durante años operó su negocio por medio de demandas de amparo originadas en un juzgado de Andahuaylas que luego fueron declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional en el 2007.
Una de las que denunció con energía esas maniobras fue la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo y actual vice presidenta, Mercedes Aráoz. Rosenberg ha sido uno de los personajes a los que la mega investigación de los Panama Papers le ha descubierto “más de una docena de sociedades offshore que usó para el manejo de sus negocios” (Ojo Público, 2016). Este hombre de negocios es hoy objeto de investigación en la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos. Desde el 6 de abril de este año Rosenberg tiene un interesante abogado defensor: Pablo Talavera.

La presión y el patrocinio Pablo Talavera y sus visitas al fiscal del caso Rosenberg y al secretario general de la Fiscalía de la Nación.

Al ex juez y ex consejero del CNM se le ha ligado también con otro tema delicado y complejo: el de los Sánchez Paredes. La República reveló que en junio del 2012 Talavera, entonces consejero del CNM, asistió a la boda en Colombia del abogado de los hijos de Sánchez Paredes, José Luis Castillo Alva. Un acontecimiento familiar donde Talavera fue además testigo de la boda, y donde compartió la condición de invitado con Alfredo Sánchez Miranda, el por lo menos controvertido juez César Hinostroza Pariachi (quien entonces pugnaba por una plaza de juez supremo) y el juez Manuel Loyola Florián que meses después – sin pensar siquiera en inhibirse– se negó a colaborar con solicitudes de investigación judicial de Estados Unidos sobre la familia Sánchez Paredes. Todas las personas tienen derecho a una defensa legal. Pero a muy pocos estados serios en el mundo se les ocurriría considerar siquiera para un cargo importante en el Estado –no se diga siquiera ministerial– al abogado y cercano a personajes controvertidos por su vinculación con posibles casos de lavado de dinero o incluso crimen organizado. En el caso Rosenberg, Talavera ha estado por lo menos muy cerca de realizar presiones indebidas con el fiscal que vio en segunda instancia el caso y que ordenó seguir con la investigación: Frank Almanza Altamirano.
Como abogado de Rosenberg, Talavera sostuvo tres reuniones con Frank Almanza, el fiscal que ocupa el despacho de la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. El caso de Rosenberg llegó a Almanza, luego de que otro fiscal, Daniel Collas Huarachi, decretara el archivamiento de la investigación el pasado 4 de febrero. Esa decisión, que dejaba libre de polvo y paja a Rosenberg, provocó la indignada protesta de la procuradora encargada de perseguir el lavado de activos, Janet Briones. Esta pidió que un fiscal superior revisara la decisión de Collas. Cuando el caso llegó a Frank Almanza, le siguió un visitante, Pablo Talavera.
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(Cruz Silva Del Carpio)

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