La Secretaría de Integridad Pública y las medidas del Estado contra la corrupción: ¿serán efectivas esta vez?

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Por: Luis Miguel Purizaga Vértiz

Se ha creado la Secretaría de Integridad Pública a través del D.S. N° 042-2018-PCM. Las razones de su creación obedecen a la necesidad de establecer medidas para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su creación no es la única medida adoptada en el mencionado decreto supremo. Éste se promulga en el marco de las políticas nacionales de modernización de la gestión pública, y de integridad y lucha contra la corrupción, por lo que sus disposiciones están íntimamente relacionadas con el trabajo que viene llevando a cabo la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

El decreto supremo relaciona las políticas en materia de integridad pública como parte de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción, a fin de consolidar la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno, por lo que enumera unos once principios que deben regir la actuación de los servidores públicos y entidades públicas en materia de integridad pública: transparencia, corrección, probidad, respeto, veracidad, igualdad, objetividad, rendición de cuentas, participación, prevención y neutralidad. Asimismo, establece dos definiciones a partir de las cuales se construyen los mecanismos, instrumentos, órganos y oficinas que velarán por la integridad en las instituciones del sector público. Define qué es integridad y corrupción.

Para efectos del decreto, Integridad significa el “uso adecuado de fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público, para los objetivos oficiales para los que se destinaron”. Corrupción, por otro lado, es el “mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales”. Como puede verse, estos conceptos son meramente funcionales para los objetivos y la finalidad de la norma.

Uno de los aspectos interesantes de esta norma es que implementa mecanismos y crea instrumentos para promover la integridad pública: los Códigos y Cartas de buena conducta administrativa, los mecanismos de seguimiento de integridad pública, los programas de integridad, los lineamientos para la elaboración de informes de rendición de cuentas, el Registro de Gestión de Intereses, la Guía para el manejo de gestión de intereses, los lineamientos para la gestión de conflictos de intereses, la declaración jurada de intereses, y los mecanismos de reporte de denuncias. Todos ellos deben ser implementados por las entidades públicas y éstas deben remitir anualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros, informes acerca de los avances de esta implementación. Los encargados de evaluar estos avances serán la Secretaría de Integridad Pública en coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.

¿Qué es la Secretaría de Integridad Pública?

El artículo ocho del decreto supremo dispone la creación de la Secretaria de Integridad Pública como un órgano de línea, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y responsable de ejecutar técnicamente la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, así como desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción con el objetivo de orientar la actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción. Su función es la prevención y gestión de riesgos de la corrupción, y para ello coordina con las entidades públicas y de ser el caso, emite opiniones en asuntos de su competencia. También coordina con las entidades públicas, la incorporación de medidas o mecanismos destinados a promover la integridad y prevenir la corrupción cuando éstos deban ser implementados en el ámbito de su competencia.

Se establecen como funciones de esta secretaría: i) proponer, coordinar, conducir, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias, en materia de integridad y ética pública, articulando y coordinando con las demás entidades; ii) proponer normas y aprobar directivas, lineamientos, metodologías y demás herramientas, así como supervisar su cumplimiento, en materias de su competencia; iii) emitir opinión técnica en las materias de su competencia; iv) brindar apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y ejercer y ejercer las funciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 29976; v) formular recomendaciones a las entidades de la Administración Pública en materias de su competencia; vi) gestionar la implementación de programas, proyectos u otros mecanismos para promover las materias de integridad y ética pública; vii) administrar los registros, catálogos, portales etc., vinculados a las materias de su competencia; viii) realizar acciones orientadas a promover una cultura de integridad pública sobre la base de la ética; etc.

Las Oficinas de Integridad Institucional

Se dispone que cada entidad tenga una Oficina de Integridad Institucional. Éstas mantendrán relaciones técnico funcionales con la Secretaría de Integridad Pública y se sujetarán a las disposiciones que ésta emita en temas de integridad y ética pública. Las funciones de esta oficina están establecidas en el artículo 2 del Reglamento del DL N° 1327 que establece de as medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.

Como ya se había indicado, cada entidad del Estado deberá contar con una Oficina de Integridad Institucional. Éstas tendrán las funciones de: i) recibir las denuncias sobre actos de corrupción que realicen los denunciantes y que contengan una solicitud de protección al denunciante; ii) evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de corrupción disponiendo las medidas de protección al denunciante o testigos; iii) evaluar si la denuncia presentada es maliciosa disponiendo las medidas que correspondan; iv) trasladar la denuncia y la documentación que la sustente a la Secretaría Técnica encargada de precalificar las presuntas faltas disciplinarias de la entidad o al Procurador Público; v) coordinar con la Oficina de Recursos Humanos de la entidad a la que pertenezca, el contenido de las capacitaciones de personal en materias ligadas a la probidad en la función pública; y, vi) participar y conducir el proceso que conlleva a la aprobación del plan anticorrupción de su entidad, así como hacer seguimiento a su cumplimiento.

Una duda y una sugerencia

El día de hoy, durante la elaboración de esta nota, se publicó en el diario El Peruano, el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021[1]. En éste se dispone que el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan, correrá a cargo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a través de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Ello le da mayor importancia a la creación y a la puesta en funcionamiento de esta Secretaría, ya que de ella depende que el Plan Nacional se lleve realmente a cabo y no quedé solamente en papel. Precisamente, respecto a las funciones de la Secretaría, tenemos algunas reflexiones.

La primera tiene que ver con el concepto de ética pública. Si bien en el DS N° 042-2018-PCM se establecen los conceptos de integridad y corrupción dentro de los márgenes de la propia norma, otros conceptos como el de ética pública no se han tomado en cuenta. Si revisamos las funciones que tendrá a su cargo esta Secretaría, vemos que en más de una se hace mención a dos conceptos: integridad pública y ética pública. Como ya hemos indicado, respecto a la integridad pública el mismo decreto supremo ha elaborado una definición; pero en el caso de la “ética pública”, eso no ha pasado. Es obvio que no son lo mismo, y también es obvio que si no se tiene en claro qué significa ésta – por lo menos dentro del contexto de la norma – tendremos entonces problemas al momento de establecer los alcances de la Secretaría de Integridad. Un ejemplo.

Una de las funciones de esta Secretaría es proponer, coordinar, conducir, dirigir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias en materia de integridad y ética pública. Como vemos hay dos materias a partir de las cuales se pueden proponer políticas: en materia de integridad y en materia de ética. En materia de integridad, el concepto dado por la norma nos ayuda a delimitar el tema, y mucho (velar por el uso adecuado de fondos en aquello para lo que estaban destinados), pero ¿en el caso de la ética pública?, ¿cómo delimitamos esa materia?, ¿Qué engloba ese concepto para los fines de la propia norma y los objetivos de la Secretaria de Integridad Pública? Sabemos que el concepto de ética nos podría llevar incluso por los fueros de la filosofía, pero ello no significa que no se intente circunscribir el concepto, incluso para fines operativos. Dejar conceptos “abiertos” nos puede acarrear problemas en la delimitación de funciones y en la posterior implementación del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

Consideramos que el conjunto de normas y aportes en favor a la lucha contra la corrupción que se está construyendo desde diciembre del 2016, a partir del Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, el DL N° 1327 que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción de enero del 2017 y su Reglamento de abril del mismo año; las 100 acciones propuestas por la Fiscalía de la Nación para forjar un país sin corrupción de junio del 2017; el Compromiso de Lima de la Cumbre de las Américas, así como el D.S. N° 042-2018-PCM que fortalece la integridad pública y la lucha contra la corrupción, pasando por la conformación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y ahora el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción; es necesario e importante. Y que a pesar de que no es perfecto, es perfectible. La ciudadanía necesita que el proceso de implementación de estas medidas no se trunque y que se obtengan resultados positivos. Seguir teniendo como referente experiencias de reforma y de lucha contra la corrupción que no llegaron a implementarse o que se implementaron deficientemente debido a razones ajenas a las meramente legales, no habla bien del sistema político ni de los actores inmersos en él.

(Foto: diario Gestión)

[1] Véase: http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-plan-nacional-de-integridad-y-decreto-supremo-n-044-2018-pcm-1641357-2/

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