La vacancia y la política en el TC

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Por: Luis Miguel Purizaga Vértiz

El 07 de marzo de este año, José Luis Sardón, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), solicitó la vacancia de su colega, el también magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, debido a que éste habría participado en la elección de magistrados para el TC llevada a cabo por el Congreso de la República, enviando una hoja de vida, en la que se indica que es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA), sin realmente tener dicho grado.

El pedido del magistrado Sardón se sustentaba en el inciso 3 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece las causales de vacancia al cargo de magistrado de esta institución.[1] Frente a este pedido de vacancia, Espinosa-Saldaña –magistrado del Tribunal Constitucional desde el 2014– señaló en distintos medios que el problema detectado obedecía a un error en la redacción de la hoja de vida, asimismo indicó que cada uno de los casos que se dieron a conocer en los cuales se indica que ostenta el grado de doctor, tienen una explicación, y negó que se haya tratado de una práctica recurrente, indicando que en aquellas situaciones en las que se presentó este problema, se mandó a corregir el error, habiéndose actualmente corregido todos.[2]

Los requisitos necesarios para ser magistrado del Tribunal Constitucional

El artículo 11 de la Ley Orgánica del TC establece cuatro requisitos: i) ser peruano de nacimiento; ii) ser ciudadano en ejercicio; iii) ser mayor de cuarenta y cinco años; y, iv) haber sido magistrado de la Corte Suprema o Fiscal Supremo, o Magistrado Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años. Entre los requisitos no se hace mención a la posesión de grado académico alguno, mucho menos se indica de forma específica, el contar con el grado de doctor para la designación, por lo que es obvio que Espinosa-Saldaña fue nombrado magistrado del TC por razones distintas a ésta.

En vista de ello, cabe la siguiente pregunta: ¿cuál era la necesidad de consignar en su hoja de vida, un grado académico que aparentemente no ostenta? La respuesta fue dada por el propio magistrado en cuestión: fue un error (aunque, repetitivo).

Al paralelo, hay una cuestión que no debe pasar desapercibida, y que tiene que ver con la coyuntura, con el momento en que este debate cobra vida (de nuevo) y en el que esta vacancia es planteada.

En diciembre del año pasado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomendó al Pleno del Parlamento destituir e inhabilitar por 10 años al magistrado Eloy Espinosa-Saldaña y suspender por 30 días a otros tres magistrados: Manuel Miranda, Marianella Ledesma y Carlos Ramos. La razón de esta decisión se debió a la resolución de una denuncia presentada hace unos meses por un grupo de ex marinos por el caso El Frontón. Estos sostenían que el TC alteró el voto de un magistrado, para reabrir el proceso en su contra.

Respecto a este, pedido presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció mediante resolución de fecha 17 de diciembre de 2017[3], requiriendo al Estado que suspenda inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido contra los magistrados, hasta que el Pleno de la Corte conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 Periodo Ordinario de Sesiones (llevado a cabo del 29 de enero al 9 de febrero del presente año).

Posteriormente, mediante resolución de fecha 8 de febrero[4], la Corte IDH ratificó la resolución del Presidente de fecha 17 de diciembre de 2017 y requirió al estado peruano que, para garantizar el derecho de las víctimas del caso Durand y Ugarte a obtener un acceso a la justicia sin interferencias en la independencia judicial, archive el procedimiento de acusación constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República contra los Magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña. Asimismo, requirió al estado peruano que presente, a más tardar el 15 de abril de 2018, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto.

¿Qué hizo ante esta decisión nuestro Congreso de la República? El presidente del Congreso, Luis Galarreta, envió un oficio de fecha 9 de febrero[5], dirigido al entonces Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, comunicándole su total rechazo a la decisión tomada por la Corte IDH, por representar una “intervención ilegítima de un organismo internacional en los asuntos internos de un Estado”. Asimismo, Galarreta le solicitaba al Presidente que haga llegar dicha comunicación a los jueces de la Corte IDH, así como a los miembros del Consejo Permanente de la OEA, y a la Secretaria General de este organismo; y le invoca a salvaguardar la soberanía e independencia del Perú.

El 12 de febrero, la Junta de Portavoces del Congreso acordó solicitar una aclaración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su fallo, la misma que sería enviada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando se le preguntó a Galarreta por la carta dirigida al Presidente Kuczynski, y cómo quedaba ésta, respecto al acuerdo del Congreso de solicitar una aclaración a la Corte IDH, éste afirmó que ambos se complementaban.[6]

Como vemos, existe un interés por parte del grupo opositor fujimorista en el Congreso, de desestabilizar al Tribunal Constitucional como institución, a través de un ataque reiterado y dirigido a algunos de sus miembros. En este caso, mediante acusaciones constitucionales motivadas por razones políticas, o mediante pedidos de vacancia sustentados en argumentos nada claros. Lo cierto es que los argumentos bajo los cuales el magistrado Sardón solicitó la vacancia de Espinosa-Saldaña, no parecen ser tan contundentes como para sustentar un pedido de ese tipo. Tanto es así, que el 20 de marzo, fecha en la que se llevó a cabo el pleno del Tribunal Constitucional, no se alcanzaron los cuatro votos necesarios para que procediera la vacancia[7] (votaron a favor de ella, los jueces Blume, Sardón y Ferrero); sin embargo, el Pleno le retiró la confianza para seguir ejerciendo la vicepresidencia del Tribunal. Ahora este cargo recae en el magistrado Manuel Miranda.

Por lo anterior, la naturaleza de estos pedidos de acusación constitucional y de vacancia del cargo, y el tiempo en el que son solicitados, primero por el Congreso y luego desde dentro del propio Tribunal Constitucional, obedecen a razones políticas. No hay casualidades en el tiempo y en las oportunidades. El rol que desempeña el Tribunal Constitucional en la actual coyuntura política, puede (como en efecto lo ha sido) hacerlo blanco de este tipo de ataques, dirigidos precisamente, por los grupos políticos que al parecer ven amenazados sus intereses. Estemos atentos a lo que pasará ahora, con el ingreso de nuevos actores en la escena: Martín Vizcarra en la presidencia de la república, y los nuevos ministros de su gabinete, que serán dados a conocer en los próximos días.

(Foto: Geraldo Caso, Perú.21)

[1] Art. 16.- Vacancia

El cargo de Magistrado del Tribunal vaca por cualquiera de las siguientes causas:

(…)

  1. Por incapacidad moral o incapacidad física permanente que inhabilite para el ejercicio de la función”

[2] Véase: https://elcomercio.pe/politica/eloy-espinosa-saldana-reiterada-practica-grado-doctor-noticia-506146

[3] Véase: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/durand_se_01.pdf

[4] Véase: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/durand_se_02.pdf

[5] Véase: https://twitter.com/pcongresoperu/status/962167673701457921/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fperu21.pe%2Fpolitica%2Fpresidente-congreso-rechaza-resolucion-corte-idh-caso-magistrados-tc-395343

[6] Véase: https://elcomercio.pe/politica/fallo-corte-idh-magistrados-tc-aplicarse-mayoria-bancadas-noticia-496836

[7] Véase: https://elcomercio.pe/politica/tc-prospero-pedido-vacancia-eloy-espinosa-saldana-noticia-505856

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