Lava Jato 2018: justicia o impunidad absoluta

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Cruz Silva Del Carpio*

 

A medida que han avanzado las investigaciones fiscales del caso Lava Jato, se han producido presiones y denuncias (reactivas e inmotivadas) dirigidas a los magistrados que vienen investigando los casos y decidiendo temas tan importantes como las prisiones preventivas de los involucrados o los allanamientos de locales (como el de Fuerza Popular) para recabar información. Estas presiones se han configurado desde diversas instancias del sistema de justicia de manera directa e indirecta; abonando a un escenario de incertidumbre y presión judicial y fiscal que pone en peligro de muerte a las investigaciones en el año 2018.

Por ejemplo, el fiscal Domingo Pérez, que allanó los locales de Fuerza Popular, actualmente con mayoría en el Congreso de la República, fue amedrentado e interrumpido en el ejercicio de sus funciones por diversos parlamentarios del mencionado partido, cuya lideresa, Keiko Fujimori, es una de las principales investigadas. Entre los congresistas intervinientes en la diligencia fiscal se encontraba Rosa Bartra, presidenta de la Comisión que investiga el mismo caso en el Congreso. Posteriormente, el fiscal denunció el hecho como obstrucción a sus labores y amedrentamiento. Hoy, el fiscal Pérez está sometido a una investigación disciplinaria en la Fiscalía Suprema de Control Interno, a raíz de que hace unos meses señaló que otro fiscal, Peña Cabrera, le había indicado que no preguntara sobre “AG” en Brasil a Marcelo Odebrecht…al fiscal Pérez se le investiga por una supuesta filtración de esa información.

A la par, sin causas objetivas, y luego de no haber conseguido avanzar en una intentona golpista contra el Fiscal de la Nación en el Congreso de la República –impulsada por los congresistas Salaverry y Vilcatoma- se ha presentado una denuncia disciplinaria contra Pablo Sánchez, que es quien ha garantizado la actuación fiscal independiente al día de hoy (en medio de los desencuentros entre las fiscalías de lavado de activos y anticorrupción). La instancia que debe resolver esa denuncia es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo presidente ha sido descubierto en claro tráfico de influencias al permitir que Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, interfiriera ante otro consejero de esa institución para definir la elección del presidente 2017-2018. Eso, sin olvidar que la esposa de Becerril ha sido contratada sin los méritos suficientes en la procuraduría del CNM en la gestión de Guido Aguila. La conexión entre el presidente del CNM y el congresista Becerril al parecer es de larga data y ha puesto en evidencia la falta de independencia del Consejo.

La denuncia contra el Fiscal de la Nación ante el CNM evidencia la intención de descabezar la fiscalía por sus avances (no sin dificultades) en el caso Lava Jato. Por cierto, ¿quién es el encargado de analizar el pedido de destitución de Pablo Sánchez ante el CNM? Guido Aguila, amiguísimo de Becerril, quien dijo ante el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, que Pablo Sánchez había convertido a una parte del Ministerio Público en una organización criminal.

Por si lo anterior no bastara, el ex Fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, destituido en el 2014 a causa del grave caso de corrupción en Ancash tras los sucesos de “La Centralita”, podría ser restituido por el Tribunal Constitucional en caso éste declare fundada la demanda de amparo por la que pide la nulidad de las decisiones de destitución, además de su reingreso como fiscal supremo, ¿pedirán también que culmine su periodo como Fiscal de la Nación?

A la par, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, acaba de dar un inexplicable poder al CNM, la institución que es criticada por falta de autonomía e interferencia política partidaria de Fuerza Popular: le ha encargado, sin que sea necesario, el nombramiento de los jueces y juezas que integrarán la Sala Penal Nacional que hoy ve el caso Lava Jato, y muy probablemente hará lo mismo respecto del subsistema especializado anticorrupción. Esto, a pesar de que meses atrás el presidente del Poder Judicial solicitaba una reforma en el CNM. Con esta nueva decisión, entra en franco peligro la independencia de los jueces y juezas que vayan ser nombrados por el actual CNM, en procesos de selección que ya han sido convocados para mediados del mes de febrero de 2018.

Mientras esos nombramientos a cargo del CNM se concretan, la indefinición sobre cuál de los dos sistemas existentes en el Poder Judicial verá los casos de Lava Jato acaba de cerrarse a través de la emisión del estatuto de inicios del 2018 de uno de los dos sistemas, entregándosele toda la competencia al nuevo Sistema Especializado (y no a la Sala Penal Nacional). El problema, es que los jueces de la Sala Penal Nacional, han ya tomado competencia de algunos casos y sus decisiones son vistas por lo general como avances en la lucha contra la corrupción (no sin críticas, por cierto, como el caso de la insuficiencia de la prisión preventiva de Humala y Heredia). Con la decisión del Poder Judicial sobre esta controversia de la competencia, se levantan las sospechas sobre otros presuntos y ajenos intereses detrás. Algunos jueces se han resistido a ejecutar dicha decisión, lo que finalmente aporta también a la defensa de los investigados para cuestionar la legalidad de estas investigaciones.

Este escenario puede empeorar más si tenemos en cuenta que en el 2018 va a realizarse la nueva elección del Presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación, ya que algunos magistrados voceados son relacionados por la prensa con el Partido Aprista, cuyos ex funcionarios también vienen siendo investigados por Lava Jato. En mayo del 2018 culmina el mandato del actual Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y si bien existe la posibilidad de ser reelegido, ya se vocea a Gonzalo Chavarry. Por otro lado, a fines del 2018 se elegirá al nuevo presidente del Poder Judicial siendo voceado Romero Díaz, nombrado como juez supremo en el 2015 (con serios cuestionamientos de poca transparencia en un concurso llevado a cabo por el CNM presidido por Aguila).

Los altos funcionarios del sistema de justicia como los magistrados supremos y los consejeros del CNM pueden ser fiscalizados por el Congreso de la República en caso vulneren la independencia de estas instituciones, no obstante, ha primado la impunidad ya que el Congreso es manejado por partidos políticos que vienen siendo investigados por Lava Jato, que en lugar de fiscalizar, crean las condiciones para que no se sancionen a los involucrados y responsables de la corrupción pública y empresarial más grave que incluye al gobierno de la dictadura, cuyo líder Alberto Fujimori no es investigado y que acaba de ser ilegalmente indultado.

La elección del presidente del CNM en las próximas semanas será clave (es quien selecciona a los jueces o los saca de carrera), al igual que la elección del Fiscal de la Nación (que encabeza la institución que denuncia, y que cambia este mes de mayo) y la del presidente del Poder Judicial (institución que sentencia, y que cambia en diciembre) también. ¿Cómo arrancarlos del escenario de incertidumbre que tenemos, para asegurar que el caso Lava Jato no naufrague en la impunidad? El 2018 es, sin duda alguna, el quiebre para esa pregunta.

  • Artículo publicado en NoticiasSER el 31 de enero del 2017.

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