Lo que dice la CIDH sobre la situación de la prisión preventiva en el Perú

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Por: Fabiola Franceza Omonte

 

Hoy se cumple un mes de la visita que realizó a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de analizar los avances y desafíos que enfrenta el Estado Peruano en materia de prisión preventiva.

El pasado 24 de febrero, el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro, se reunió con autoridades y representantes de la sociedad civil con el objeto de monitorear cómo ha evolucionado la situación de la prisión preventiva en los últimos tres años. Esto debido a que en diciembre del 2013 la CIDH publicó su Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, en el cual estableció que los Estados debían adoptar las medidas judiciales, legislativas y administrativas que fueran necesarias para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva. De allí que la visita de la CIDH tuviera como objeto principal evaluar en qué medida el Estado peruano ha cumplido con las recomendaciones formuladas en el 2013; en otras palabras, cuánto se ha avanzado (o retrocedido) en la tarea de asegurar que el uso de la prisión preventiva sea realmente excepcional.

Con base en la información recabada durante su visita, la conclusión a la que llega la CIDH es que si bien se han producido algunos avances (como es el caso de las casaciones 626-2013 Moquegua y 631 – 2015 Arequipa, que apuntan a garantizar la excepcionalidad de la prisión preventiva), lo que ha predominado en estos últimos tres años no son las buenas prácticas, sino las malas. No podía ser de otra manera, pues dicho balance responde a la realidad: desde el IDL hemos verificado consistentemente la existencia de más retrocesos que avances en el uso de la prisión preventiva. Y este Gobierno ha mantenido esa misma tendencia: los decretos legislativos que ha emitido en materia de prisión preventiva incorporan, nuevamente, más retrocesos que avances.

Si uno revisa el Comunicado de Prensa 29/17, que resume las principales conclusiones de la CIDH tras su visita al Perú, verá que la mayoría de aspectos que se destacan son negativos. En síntesis, estos son los temas que más preocupan a la CIDH:

  • La ausencia de información confiable respecto a las estadísticas de prisión preventiva, así como en relación con el sistema penitenciario en general.
  • El incremento de las personas que se encuentran en prisión preventiva, pues si bien la prisión preventiva se ha reducido en un 16% durante los últimos tres años (el porcentaje ha bajado de 59% a 43%), en la actualidad hay cerca de mil personas más con prisión preventiva.
  • El incremento de la población penitenciaria total: en el 2012 había menos de 60 mil personas privadas de libertad y actualmente hay más de 80 mil.
  • El establecimiento de políticas criminales que proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a la inseguridad ciudadana.
  • La presión ejercida por los medios de comunicación y la opinión pública, e inclusive por las propias autoridades, para aplicar más prisión preventiva. En particular, la práctica del Poder Judicial, que a través de sus órganos disciplinarios, sanciona y sustituyea los magistrados que no dictan prisión preventiva.
  • El aumento de la duración de la prisión preventiva, establecido con el Decreto Legislativo 1307, el cual ha extendido el plazo máximo de la prisión preventiva a 36 meses, prorrogable hasta por 12 meses adicionales, para los casos vinculados a crimen organizado.
  • La aplicación de los procesos inmediatos en el marco del Decreto Legislativo 1194, en los cuales se estarían produciendo diversas afectaciones al debido proceso que conducirían a condenas impuestas de manera “arbitraria”, con base en procesos “sin garantías suficientes, y en un breve lapso de tiempo que afectaría la posibilidad de preparar una defensa adecuada”. Esto se agrava porque las estadísticas proporcionadas por el Poder Judicial para determinar la idoneidad de la aplicación de estos procesos así como el cumplimiento de las garantías judiciales que garantizarían el debido proceso sean insuficientes. En particular, preocupa a la CIDH que mediante la emisión de sentencias condenatorias en el marco de estos procesos, mientras se reduce el número de personas sin sentencia, se presenta un incremento en la cantidad de personas condenadas.
  • Que mediante el Decreto Legislativo 1322 se haya determinado como responsable de asumir el costo “íntegro” de la vigilancia electrónica personal al propio beneficiario de esta medida, con excepción de que ante la imposibilidad económica de la persona beneficiaria, y con base en los informes socioeconómicos del INPE, el juez exima total o parcialmente de su cobro. Ello debido a que la aplicación de esta medida puede resultar discriminatoria.

El escenario entonces sigue siendo sumamente preocupante. Las autoridades del sistema de justicia, cada una en lo que le corresponde, tienen que tomar todas las medidas necesarias para acabar con el abuso de la prisión preventiva. Esto es urgente. De lo contrario, en tres años miraremos hacia atrás y veremos lo mismo que vemos hoy: no solo que no avanzamos, sino que retrocedimos.

(Foto: Internet)

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