Lo que dijo el Estado a la CIDH sobre el caso del Fiscal de la Nación

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Por: Luis Miguel Purizaga Vértiz

 

El viernes 02 de marzo se llevó a cabo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estando presentes la sociedad civil, el Estado peruano y el representante del Ministerio Público, con el objetivo de que la Comisión se pronuncie sobre las amenazas a la independencia y autonomía de la Fiscalía de la Nación peruana, así como sobre otros órganos de control autónomos de nuestro país (ver: audiencia). Las amenazas ocurrieron en el contexto de conducción de diversas acusaciones constitucionales por parte del Congreso de la República contra altos funcionarios como el Fiscal de la Nación, magistrados del Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

La sociedad civil estuvo representada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para la Paz (FEDEPAZ), la Asociación Paz y Esperanza, Demus – Estudio para la defensa de los derechos de la Mujer, y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH). Asimismo, estuvieron presentes en la audiencia los representantes del Estado peruano y Alejandro Silva, como representante del Fiscal de la Nación.

La sociedad civil inició su intervención llevando a cabo un recuento de los hechos ocurridos el 06 y el 17 de noviembre de 2017. El día 06, la bancada fujimorista que era mayoría en el Congreso, presentó una acusación constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitando que el Congreso lo destituya e inhabilite en sus funciones, debido a una supuesta omisión funcional en la lucha contra la corrupción, ante la subcomisión de procesos constitucionales del Congreso de la República. El argumento de la acusación constitucional estaba basado en “encuestas” de una elevada desconfianza de la población peruana respecto al desempeño del Ministerio Público, y la preocupación de este tema por parte de los propios congresistas fujimoristas y algunos otros de diferentes bancadas aliadas al oficialismo. Esta denuncia de acusación constitucional no fue sido desestimada en la subcomisión de procesos constitucionales del Congreso.

Posteriormente, el día 17, la congresista fujimorista Yeni Vilcatoma presentó una denuncia constitucional contra el Fiscal ante el Consejo Nacional de la Magistratura, iniciándose así un proceso de indagación en esta institución, bajo los mismos argumentos usados en el Congreso. La sociedad civil hizo énfasis el peligroso riesgo de quebrantar el estado de derecho en el país, mediante la violación de lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relacionados a garantías judiciales y a protección judicial.

¿Cuáles eran las razones de esta acusación y denuncia constitucional?, para los representantes de la sociedad civil las razones eran claras. Era una medida política en respuesta a las investigaciones que venía llevando a cabo la Fiscalía de la Nación frente a las investigaciones penales por lavado de activos que el Ministerio Público inició sobre la organización política Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, relacionados a los aportes económicos a la campaña electoral presidencial del año 2016. Claramente se usan mecanismos constitucionales, como elementos de represalia política contra altos funcionarios públicos por el ejercicio de sus funciones en el marco de las investigaciones que se estaban llevando a cabo. Buscando de esta manera, sancionar y reprimir la función de la Fiscalía en el contexto de sus investigaciones.

Antes estos hechos, los representantes del Estado peruano, contra argumentaron indicando que el proceso de acusación constitucional aún estaba en trámite en el Congreso, por lo que lo indicado por la sociedad civil era un adelanto de opinión, que no tenía a la fecha un asidero real. En otras palabras, para el Estado no había de qué preocuparse (aún).

Lo importante de la audiencia ante la CIDH, fueron los comentarios llevados a cabo por parte del comisionado encargado de los casos de Perú. Indicó lo importante que es no perder de vista, el tema de las garantías que da el Estado para el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia, traducido en un debido proceso. Asimismo, solicitó a los representantes del Estado información acerca de quiénes eran los miembros de la subcomisión del Congreso que se encargarían de emitir una decisión respecto a la acusación constitucional, a fin de apreciar la imparcialidad de los miembros. También solicitó se le precise cuales eran los fundamentos de hecho y jurídicos por los cuales se interpuso la acusación constitucional al Fiscal de la Nación, ya que, si estos fundamentos no estaban debidamente claros y argumentados, las motivaciones de la acusación serían solo políticas.

Los representantes del Estado peruano no pudieron responder satisfactoriamente estas interrogantes, y consideramos eso como lo más grave. La audiencia culminó con una imagen del Estado avalando el accionar de un grupo parlamentario que era mayoría en el Congreso, y que utiliza precisamente esa fuerza de la mayoría para echar mano a mecanismos constitucionales a fin de amedrentar políticamente a aquellos que no comulgan con sus intereses.

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