Lo que mal anda mal acaba: implosión en la Procuraduría muestra lo mal que se está llevando el caso Lava Jato

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Por: Cruz Silva Del Carpio

 

La ministra Marisol Pérez Tello ha retomado su cargo de Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), luego de indicar que la ahora ex procuradora ad hoc del caso Lava Jato Khaterine Ampuero perdió su confianza, conllevando a la renuncia de Julia Príncipe. Lo acontecido, revela lo mal que el caso Lava Jato ha sido llevado desde el CDJE, así como de parte del Ministerio de Justicia, por lo que urge un cambio de timón si es que no se quiere que el caso más importante de corrupción quede en nada.

Al respecto, es necesario recordar y aclarar diversos puntos de esta actuación del Estado Peruano, en el caso más importante de corrupción de los últimos 15 años.

Uno: Fue un error nombrar a Julia Príncipe al mando del Consejo de Defensa Jurídica del Estado

Julia Príncipe, luego de su salida del cargo de procuradora en el gobierno de Ollanta Humala, consiguió una imagen respetable al ser identificada con una férrea lucha contra la corrupción en el caso Orellana. Una imagen injustificada para muchas personas a las que, al parecer, el tiempo ha dado la razón.

En efecto, su elección al mando del CDJE, dejándosele libertad plena para armar la estrategia organizacional para el caso, fue duramente cuestionada. Uno de esos cuestionamientos centrales fue el que no daba las garantías de apariencia de independencia para el caso Lava Jato, algo esencial, pero que el Ejecutivo no quiso ver.

¿Por qué? Por lo que posteriormente se le recordó mejor a la flamante Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe: su estrecha amistad, de años, con Moisés Tambini, alto mando del partido aprista. La contratación de la hija de Ruth Monge, cuñada de Tambini, en la procuraduría de lavado de activos cuando Príncipe se encontraba ahí, agudizó esa desconfianza.

Y aún más, cuando señaló públicamente al lado de la entonces Procuradora Ad Hoc, y desdiciéndola, que sobre Alan García no habían indicios objetivos, nada, para que sea investigado. En ese momento, Príncipe quebró la independencia de la procuradora Ampuero, por lo que no se entendía por qué Ampuero continuaba en el cargo (se esperaba una renuncia), o por qué el Ejecutivo mantenía a Príncipe.

Príncipe no daba las garantías del caso. Y desde ahí, ya las cosas andaban muy mal.

Dos: Las decisiones de Príncipe fueron erráticas y no ayudaron a formar un equipo fuerte en la Procuraduría

Una vez nombrada en el CDJE, y luego de unos meses, Príncipe nombró al abogado Amado Enco como procurador anticorrupción. Él llevaría el gran caso. Y para eso comenzó a formar un equipo. No obstante, para sorpresa de muchos, se decide que una Procuraduría ad hoc lleve Lava Jato, dejando a Enco de lado.

Pregunta de estrategia: ¿Si se iba a formar una Procuraduría ad hoc, por qué no se hizo desde el primer momento? Se perdió valioso tiempo para armar equipo y estrategia. Además, ¿la nueva procuraduría contaba con recursos o presencia descentralizada para llevar lo que al final serían las 37 carpetas fiscales? La Procuraduría tiene sus problemas económicos, pero ya con ello formar una entidad que comenzaba de cero era poco coherente. Muchas personas pensaban que lo más lógico era fortalecer a la Procuraduría Anticorrupción, dotársele de un equipo especializado para el caso y continuar, una opción que era razonable teniendo en cuenta el tiempo y el reciente nombramiento del procurador anticorrupción.

A menos, por supuesto, que con una Procuraduría Ad Hoc se asegure dos cosas. Primero, que el elegido o elegida sea un reconocido o reconocida en estas lides, elección que quedaba en manos de Príncipe; y segundo, que el dinero para formar el equipo y su trabajo llegue lo más pronto posible, responsabilidad de Príncipe pero más del Ejecutivo y el Ministerio de Economía.

En ese sentido, la elección de la Dra. Ampuero, profesional que ha manejado casos de corrupción en el Estado, lamentablemente no despertó expectativas. El caso Lava Jato, el más complejo e importante de estos años, requería de un equipo fuerte, de larga y reconocida trayectoria como en la experiencia del 2001 y lo ya visto en Brasil; lo que lamentablemente no era el caso. En una entrevista a un portal web, se le preguntó a Príncipe las razones por las que escogió a Ampuero, o algún caso o casos trascendentales donde haya mostrado esa experticia especial por la que, entonces, la había elegido. Príncipe no pudo con esa pregunta, y eso que recién la había designado.

¿Por qué tomaba entonces, Julia Príncipe, estas decisiones?

Tres: Lo anterior evidenció que el Ejecutivo no tenía la mejor voluntad para fortalecer la Procuraduría

Esas elecciones, tanto de Príncipe por Ampuero, como del Ejecutivo por Príncipe, demostraron que en la Procuraduría el Estado no se estaba dando la batalla para enfrentar el caso Lava Jato.

A ello, luego, se le va a sumar el que la Procuraduría Ad Hoc señalara públicamente que no tenía los recursos necesarios para la labor encomendada, pedido que habría sido reiterado y atendido (según la conferencia de prensa de las ex procuradoras) tres meses después de creada la Procuraduría Ad Hoc. El discurso puede referir que se lucha contra la corrupción, pero si no hay presupuesto para ello, ese discurso es una mentira. De lo que se sabe, a la Fiscalía y al Poder Judicial el Ejecutivo le dio prontamente recursos, lo mismo debió pasar con la Procuraduría del caso.

 

Cuatro: Falta estrategia conjunta entre las instituciones del sistema de justicia

No es un secreto: los fiscales están trabajando separados; los de lavado de activos por un lado y los de anticorrupción por otro. ¿Peleas internas? ¿Desconfianzas? ¿Intereses particulares no públicos? Urge poner orden, porque en lugar de avanzar con fuerza la propia institución está poniéndose obstáculos a ojos de toda la sociedad que ya se ha dado cuenta de ese problema. Ésa es tarea, más que de los fiscales coordinadores, del Fiscal de la Nación.

Esa falta de coordinación se ha repetido con la Procuraduría del caso. Ampuero indicó que los fiscales no compartían la información para cumplir con sus respectivas funciones (calcular la reparación civil, promover la investigación de actores que no están siendo investigados, etcétera), cuando es evidente que se necesita una coordinación mínima que, entre otras cosas, pasa por la definición de cuál va a ser la estrategia central en el caso: la regular (ir con todo contra los presuntos involucrados incluyendo los posibles delatores), o la brasileña (identificar a los delatores, sentarse y sin dejar hueca la justicia, aplicar estrategia para que den la información que llevará a identificar o encontrar los indicios de la cadena de corrupción).

Cinco: No hay claridad de qué hacer con Odebrecht

¿Denunciar sin miramientos a Odebrecht, o dar condiciones para que termine de dar la información relevante que lleve a descubrir la corrupción de todos los gobiernos? Como se ha señalado, no se ha decidió qué hacer en el sistema de justicia.

En Brasil se optó por lo segundo, y a partir de ello se planteó las herramientas de cómo estar en mejor posición para tratar con la empresa delatora (previo trabajo especializado de investigación de policía federal y fiscalía). Como ha señalado Gustavo Gorriti, para llegar a la mayor información posible  de los involucrados hay que hilar fino, sin perderla, pero tampoco sin dejar hueca a la justicia. Y esa decisión y esa estrategia, en la que todo el sistema de justicia debe estar de acuerdo, no se han dado.

Esto, por cierto, tampoco significa mantener en secreto lo que se llega a descubrir o cómo se va avanzando, ya que la publicidad, la transparencia y el conocimiento ciudadano de los pasos de la justicia son parte de la fortaleza de su propia acción. Así sucedió, nuevamente, en Brasil.

En ese sentido, la ciudadanía necesita saber lo esencial del pacto firmado entre la fiscalía y la empresa Odebrecht. Lo demás, es incertidumbre y sospecha de los intereses involucrados.

Seis: Desorden y acceso a la información de los delatores en peligro

La falta de una estrategia adecuada y consensuada sobre qué hacer y cómo hacer para que los delatores den la información necesaria, ha llevado a poner en peligro esa fuente de información. Esto, tanto desde el desorden de la fiscalía, como desde la actuación de la Procuraduría Ad Hoc. No se trata, sin duda, de no investigar o de no sancionar, pero sí, de identificar las mejores condiciones para llegar a todos los posibles involucrados.

Lo anterior ha hecho por el lado fiscal, por ejemplo, que Barata señalara que no iba a hablar más, dejando en incertidumbre la información que podría dar de dos líderes políticos que también deben ser más investigados: Alan García y Keiko Fujimori. Esto, sin olvidar el periodo de gobierno de Alberto  Fujimori donde hubo muchas concesiones que deben ser auscultadas de acuerdo a IDL-Reporteros. En esa línea, la acción desplegada por la ex procuradora Ampuero terminaba por contravenir una estrategia más delicada de recuperación de información en un primer momento.

Siete: La motivación de la actuación de la Procuraduría Ad Hoc no ayudó a su fortalecimiento y la confianza ciudadana

La Procuraduría Ad Hoc estuvo cuestionada, además, a raíz de la fortaleza de su argumentación en denuncias centrales. Una es la relacionada con Pedro Pablo Kuczynski.

Sobre la primera, en febrero del 2017, en un oficio de una cara (Nº 41-2017-JUS/PPAH-ODEBRECHT), Ampuero solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie investigaciones preliminares contra PPK “por unas transferencias bancarias a su favor reportadas por el BCP por aproximadamente US$250 mil de una ‘off shore’ constituida en las islas Gran Caimán y otra de la empresa Odebrecht Latinvest Perú hecha a empresas vinculadas a PPK”[1]. Para ello, adjuntó el reportaje periodístico ““Corrupción en el Perú”, realizado por La Mira TV (New York)”[2] en “un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que figuran los movimientos bancarios de Odebrecht a favor de varias campañas electorales de 2016”[3], además de “una nota periodística del diario El Comercio en el que el excongresista Juan Pari refiere que ha recibido información del Banco de Crédito del Perú sobre cuentas de varios personajes que investigó.”.

¿Qué problema hubo con ello? Se sabe que los pedidos a la fiscalía o cualquier entidad del sistema de justicia deben ser previamente cotejados (veracidad de la documentación), y debidamente fundamentados (no solo recoger y remitir lo noticioso); más aún si es que se trata de una entidad estatal (la procuraduría) que apunta (como debe ser, sin duda) a investigar a diversos personajes de poder incluyendo al propio Presidente de la República. Lo contrario, no es solo victimizar al posible investigado, sino dejar sin posibilidad alguna a hipótesis de investigación que pueden ayudar a los fiscales en su tarea.

No obstante, esta denuncia tuvo más de uno de esos problemas. No solo se limitó a hacer un rebote de lo señalado en un reportaje, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera a través del superintendente adjunto Sergio Espinosa señaló que el reportaje habría tergiversado información y que dudaba incluso de un reporte del Banco de Crédito del Perú.

“La Unidad Inteligencia Financiera del Perú (UIF) señaló que no encontró transacciones ilícitas entre Odebrecht y la empresa Latin American Enterprise Fund, la cual estaría vinculada al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Su superintendente adjunto, Sergio Espinosa, dijo a Semana Económica que el canal digital La Mira TV, que emitió un reportaje donde se habla de presuntos pagos ilegales de la constructora brasileña al mandatario, “habría manipulado información”, al mezclar datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), de la UIF y de un supuesto informe del BCP, que pone en cuestión.”[4]

En efecto, como señalaba la hoy ex procuradora, nadie puede quedar fuera de investigación de existir indicios; pero que la denuncia se base en un documento central que posteriormente se indica como errado, solo favorece al presunto investigado y no dice bien de la rigurosidad del equipo que investiga. Esto además ahonda en la confiabilidad y la imagen de posteriores exigencias o reclamos, como por ejemplo, que no estén siendo investigados otros actores como los empresarios peruanos que negociaron con Odebrecht y otras empresas brasileñas.

Respecto de la denuncia contra Alan García (que incluye al ex ministro de Transportes Enrique Cornejo, y al ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima Oswaldo Plasencia), no se conoce el contenido toda vez que “por la reserva de la investigación, no se podrá detallar cuáles son los elementos de convicción (pruebas) halladas por la Procuraduría”, explicó la abogada del Estado.”[5] Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que esa denuncia esté debidamente fundamentada. Todos instamos para que las investigaciones avancen, pero flaquísimo favor hacen denuncias insuficientemente fundamentadas, porque terminan siendo el perfecto caldo de cultivo para que el denunciado señale que la justicia no le encontró nada.

 

Ocho: El Ejecutivo tenía, incluso antes, otras serias razones para prescindir de sus servicios

Ello se concluye de lo anteriormente referido. Lamentablemente las procuradoras (no obstante la buena voluntad que haya tenido la ex procuradora Ampuero y su equipo), no eran lo que exigía el cargo.

Respecto de Príncipe una vez nombrada, por ejemplo, la violación a la independencia de Ampuero al contradecirla sobre la justificación para pedir la investigación respecto de García justificaba su retiro de forma inmediata.

De otro lado, el retiro de confianza basado concretamente en la inaplicación del Decreto Supremo 003-2017[6] preocupa: ¿acaso todo lo demás, desde el punto de vista del Ejecutivo, no era perjudicial para la buena labor de la procuraduría? Tiene que haber autocrítica, más aún viendo cómo ha terminado esta serie de decisiones.

¿Por qué el ejecutivo actuó, focalizando solo en la medida cautelar que evita por el plazo de un año la venta del proyecto Olmos? ¿Tendría razón entonces la ex procuradora Ampuero en que intereses de los bancos fueron tocados; o que hay perjuicio para el Estado incluso a partir del propio decreto supremo a pesar de lo que éste indica en sus considerandos?

En este punto concreto, sobre la venta de Olmos, la ex procuradora podría tener un punto: la medida pasó por el control de legalidad del juez Concepción Carhuancho (aunque por cierto también es cuestionado por la motivación de sus decisiones más publicitadas), y en todo caso si era ilegal o inconducente ese pedido (una medida cautelar existiendo el decreto supremo) estaba en apelación y era una sala la llamada a dirimir el tema. El ejecutivo tenía muchas otras razones para cambiar a las procuradoras, pero si iba a enfocar solo en este tema en concreto, debió evaluar los efectos negativos de su decisión que podría rayar con una intromisión en la actuación de la procuraduría frente al sistema de justicia; aun con la legítima argumentación de que el abogado del Estado no siguió las reglas del Estado (el decreto de urgencia que, por cierto, al parecer caducará el año que viene si es que no es renovado o propuesto como ley en el Congreso), o que se está perjudicando la economía del país.

Dicho sea de paso, será interesante evaluar si el decreto supremo es una herramienta no solo para no obstaculizar las obras en el país o asegurar el pago de la reparación civil al Estado, sino, si aporta también a generar las condiciones que favorezcan el proceso de justicia en el Perú.

Más allá de ello, lo cierto es que la Procuraduría no estaba haciendo el trabajo que debía.  Lo que también es producto de una fiscalía ajena o no colaborativa (cuando la finalidad es la misma, la de velar por los intereses del Estado), o la tardanza del presupuesto necesario.

 

Nueve: El Ejecutivo tiene aún serios pendientes con la Procuraduría que debe zanjar si de verdad quiere luchar contra la corrupción

Primero, debe cumplir con el encargo de fortalecerla y no dejárselo a una persona que no da la garantía técnica y de imparcialidad como la ex procuradora Príncipe. Segundo: debe promover que los procuradores, sobre todo el Ad Hoc del caso, tengan la libertad de comunicar sobre su trabajo y opinar (sin que eso signifique ser “figureti”). Sobre esto segundo, preocupa el mencionado reglamento sobre los canales de información que indica el Estado deberían seguir los procuradores; pues puede ser una mordaza e ir en contra de la transparencia que se necesita desde la Procuraduría.

Tercero: la entrega o coordinación del presupuesto debido, para la conformación de un equipo que pueda marcar un antes y un después del errático trabajo de la procuraduría; en especialidad, en idoneidad, en capacidad, en estrategia, en transparencia, en apariencia de independencia.

 

Diez: Cuidado con los proyectos sobre una nueva Procuraduría General de la República

En todo este escenario, ha surgido nuevamente el debate sobre la Procuraduría General de la República. A estas alturas, ya se sabe qué es lo urgente: garantizar su independencia y recursos. De lo primero la forma de elección es clave, y siendo que (por ejemplo) el Congreso tiene a más de dos tercios de funcionarios cuyos líderes políticos están comprometidos con el caso Lava Jato, la selección de ese Procurador no puede depender de sus manos. Tampoco en las instituciones altamente cuestionables en el último año: la Defensoría del Pueblo (con Walter Gutiérrez), o el Consejo Nacional de la Magistratura (con Guido Águila a la cabeza).

Once: la particular necesidad de contar con un excepcional Procurador para el caso Lava Jato

Luego de varios meses del caso Lava Jato, se ha visto los problemas que tiene la fiscalía: avanza a pasos de tortuga respecto de ciertos presuntos altos involucrados, no hace preguntas clave a los delatores, no aprovecha en el tiempo necesario los aportes que profesionales como el ex fiscal suizo Stefan Lenz pueden dar en la investigación, los fiscales anticorrupción no actúan como un solo puño con los de lavado de activos, etcétera. Y si no hay buena investigación en la fiscalía, si no hay fuerte hipótesis de actuación, el caso está condenado a morir. Y al parecer, esa muerte lenta se mantiene a pesar de los resultados que se presentan.

Con una Fiscalía así, una Procuraduría se vuelve doblemente importante. Si bien su función principal es asegurar la reparación al Estado, el planteamiento de las hipótesis claras del delito, bien fundamentadas, pueden sacudir a una fiscalía y obligarla a actuar más y mejor respecto de todos los involucrados e los intereses involucrados. Intereses como, por ejemplo, los empresariales, que no están siendo debidamente visibilizados ni tratados.

Hay varios hombres y mujeres que cuentan con ese perfil y que pueden liderar un equipo que tenga similares características. ¿Les llamará el Ejecutivo? ¿Están preocupados por que sean confrontacionales con el fujimorismo? ¿Esos hombres y mujeres aceptarán el encargo en el caso más importante de corrupción de los últimos años? Necesitamos una Procuraduría que ponga punto final a cómo ha venido siendo su actuación, y para ayer.

(Foto: noticias.anotao)

[1] Perú.21, del 20 de julio del 2017. En: http://peru21.pe/politica/katherine-ampuero-denuncia-que-presento-contra-ppk-desperto-malestar-ejecutivo-2290258

[2] Correo, del 6 de marzo del 2017. En: http://diariocorreo.pe/tema-del-dia/odebrecht-procuraduria-pone-a-ppk-en-manos-de-fiscal-de-la-nacion-735053/

[3] RPP, del 24 de julio del 2017. En: http://rpp.pe/politica/judiciales/la-denuncia-de-la-procuraduria-a-ppk-explicada-paso-a-paso-noticia-1036128

[4] RPP, del 8 de marzo del 2017. En: http://rpp.pe/peru/actualidad/uif-no-encontramos-transferencias-ilicitas-entre-odebrecht-y-ppk-noticia-1035764?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel

[5] Gestión.pe, del 6 de marzo del 20217. En: http://gestion.pe/politica/procuraduria-presenta-denuncia-contra-alan-garcia-y-enrique-cornejo-metro-lima-2183854

[6] Publicado el 13 de febrero del 2017 en El Peruano. En: http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto-de-urgencia-que-asegura-la-continuidad-de-proyectos-decreto-de-urgencia-n-003-2017-1485019-1

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