Los sistemas de justicia en América Latina y sus retos frente a la corrupción

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Por: Luis Miguel Purizaga Vértiz

Los sistemas de administración de justicia en América Latina, en relación a la lucha contra la corrupción, son muy parecidos ya que adolecen de los mismos problemas: su debilidad institucional, sus altos índices de impunidad, y porque necesitan del apoyo internacional para enfrentar al crimen organizado. Ésta es una de las conclusiones a las que se arribó en el seminario “Los sistemas de justicia frente a la corrupción: Desafíos desde América Latina”, que se llevó a cabo el pasado 12 de abril en el marco de los eventos realizados dentro de la Octava Cumbre de las Américas, cuyo tema eje fue la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Estas Cumbres, que se celebran cada tres años, ofrecen la oportunidad a las y los mandatarios de definir, en conjunto, una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda desafíos urgentes e impulsa cambios necesarios.

“Primero hagamos un diagnóstico”

¿Por qué es difícil para nuestros países llevar a cabo una lucha efectiva y con resultados esenciales frente a la corrupción?, y más aún, ¿por qué a nuestro sistema de justicia se le hace tan difícil lograr resultados esenciales en esta lucha? La respuesta que indica que esto se debe a la debilidad institucional muchas veces no nos dice nada. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo fortalecer institucionalmente los sistemas de administración de justicia? Esta pregunta nos lleva a identificar qué es lo que se debe fortalecer dentro del sistema. Lo lógico es fortalecer aquellos procedimientos o procesos del sistema que registran la mayor cantidad de problemas. En esto también coinciden los países de la región. Los representantes de los países de Guatemala, Honduras, México, Bolivia, Venezuela y Perú indicaron que la intervención de la política en el sistema de justicia a través de su influencia en los mecanismos de designación de sus altas autoridades (jueces y fiscales) hasta cooptarlas completamente, es uno de los problemas principales. Asimismo, el uso de procesos políticos y disciplinarios como mecanismos de presión contra los magistrados y fiscales, hasta incluso lograr la destitución en pleno de muchas cortes de justicia, es otro problema recurrente.

Compartimos el mismo diagnóstico: nuestro Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha tenido y aún tiene serios cuestionamientos por la intervención política de congresistas de la bancada fujimorista, los procesos de designación y ratificación de muchos jueces y fiscales se ha visto teñida de dudas y controversias respecto al mérito y a las presuntas redes que tienen los seleccionados con círculos de poder político y hasta empresarial. Estos problemas, que son repetitivos a lo largo del tiempo sin importar quiénes sean los consejeros que conformen el CNM, ha hecho que se vuelva a poner a debate cuales serían los cambios institucionales que serían necesarios. ¿Son suficientes solo siete consejeros?, ¿debería tener el consejo, representantes de otras organizaciones de la sociedad civil como los gremios empresariales o los sindicatos de trabajadores?, ¿los criterios de calificación que usa el CNM son suficientes?, ¿son errados?, ¿qué criterios deberían tomarse en cuenta, además de los académicos, para garantizar la independencia y transparencia de esos fiscales y jueces que verán luego casos de corrupción de funcionarios por ejemplo? Los problemas detectados indican que definitivamente debe haber cambios, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es qué y cómo ya que diversas fórmulas o no han tenido efectos o no han sido permanentes en el tiempo.

Sucede igual con el uso de los procesos políticos y disciplinarios, que son mecanismos democráticos de control y de rendición de cuentas, pero que mal usados son armas políticas de presión contra jueces y fiscales. El ejemplo más cercano que tenemos hoy, son los procesos de acusación constitucional llevados a cabo contra miembros del Tribunal Constitucional, y contra el Fiscal de la Nación, por parte de la bancada de Fuerza Popular (que son mayoría en el Congreso). Lo peligroso de esto es que, si analizamos la utilización de estos mecanismos solamente desde un enfoque legal, nos parecerán correctos y necesarios dentro de un sistema democrático, pero es preciso analizar estos casos con otros enfoques además del jurídico. Otra de las conclusiones a las que se llegó en el evento del 12 de abril fue precisamente ese: no solo los abogados tienen el monopolio del diagnóstico acerca de qué hacer con la corrupción en el sistema de administración de justicia, ni mucho menos el monopolio respecto al planteamiento de soluciones y la implementación de éstas. En países de la región como Honduras, Guatemala y Colombia se tiene mucho más clara esta lección. Otros países, entre ellos el nuestro, aún no se dan por enterados; según los ponentes del evento.

La lucha por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción: dos caras de una misma moneda

En relación a los diagnósticos llevados a cabo, el relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, recomendó utilizar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, porque cree que es una convención que “sí funciona”, a diferencia de otras. Cree que esta Convención introduce un conjunto cabal de normas, medidas y reglamentos que pueden aplicar todos los países para reforzar sus regímenes jurídicos y reglamentarios destinados a la lucha contra la corrupción. En ella se pide que se adopten medidas preventivas y que se tipifiquen las formas de corrupción más frecuentes tanto en el sector público como en el privado. Además, se da un paso decisivo al exigir a los Estados Miembros que devuelvan los bienes procedentes de la corrupción al país de donde fueron robados. Esas disposiciones, las primeras de este tipo, introducen un nuevo principio fundamental, así como un marco para ampliar la cooperación entre los Estados, a fin de evitar, descubrir la corrupción y devolver los beneficios obtenidos. En el futuro, los funcionarios corruptos tendrán menos opciones para ocultar sus ganancias ilícitas.

Se busca también, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionar la lucha contra la corrupción y la lucha por los derechos humanos. En palabras de Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de esta organización, todas las iniciativas de la CIDH apuntan a que deben estar más claras las posiciones de que cada acto de corrupción vulnera el derecho humano a tener una sociedad ética o una ética pública, vulnerando el derecho a desarrollar una sociedad éticamente sostenible a largo plazo.

Al respecto, en su resolución 1/2017, sobre “Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y la Corrupción”, la CIDH señaló que observaba con preocupación “cómo el flagelo de la corrupción afecta a diferentes países de la región”, por lo que la agenda regional en materia de lucha contra la corrupción plantea el desafío de enfrentar este fenómeno no sólo con las herramientas que ofrece el derecho nacional de cada país, sino también con las herramientas propias del derecho internacional de los derechos humanos, y la garantía de independencia judicial en los sistemas de administración de justicia es una de estas herramientas.

El reto entonces, para ligar ambas luchas, es comprender en qué medida se puede hablar del derecho a tener una sociedad ética como un derecho humano. Para ello se debe incorporar en la lucha contra la corrupción a las víctimas de ésta. Muchas veces las víctimas de casos de corrupción son dejadas de lado en el análisis de los hechos y de las penas que corresponden a los culpables. ¿Dónde están las víctimas de los casos de corrupción de Lavajato?, ¿se pueden identificar con facilidad?, ¿pueden individualizarse casos?, ¿a quienes afectan realmente los casos de corrupción de funcionarios que se dan en la región?, ¿quiénes son los afectados cuando se le otorga la buena pro a una empresa sin experiencia para que haga un puente, y éste se termina cayendo en menos de dos años? Hasta dentro del punto de vista de la sensibilización, es necesario visualizar a las víctimas de estos casos.

Finalmente, la pregunta central que surge dentro del sistema de defensa de los derechos humanos es: ¿cómo aprovechar las herramientas de la lucha contra la corrupción en la lucha de los defensores de derechos humanos? Si logramos equiparar el derecho a vivir en una sociedad ética con, por ejemplo, el derecho a la vida o a la salud; habremos logrado un gran paso en la transformación de los sentidos comunes que están detrás de la fundamentación de estos derechos, y por lo tanto la lucha será más consciente y comprometida.

(Foto: Letras libres)

(Artículo publicado en el marco del “Proyecto: Promoción de la Transparencia y la Independencia en el sistema de justicia”, financiado por Hanns Seidel Stiftung).


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