Luz Ibáñez Carranza: nueva jueza de la Corte Penal Internacional de La Haya

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Por: Luis Miguel Purizaga Vértiz

 

El día lunes 04 de diciembre del año pasado, la Dra. Luz Ibáñez Carranza fue nombrada jueza de la Corte Penal Internacional de La Haya, por un periodo de nueve años. Durante los años 2000 al 2003, la Dra. Ibáñez en su desempeño como fiscal provincial, llevó a cabo diversas investigaciones penales de casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que implicaban a Alberto Fujimori, a Vladimiro Montesinos y a otros altos funcionarios. Asimismo, entre los años 2005 y 2006, desempeñándose como fiscal superior, participó del enjuiciamiento que dio por resultado la condena de Abimael Guzmán y de la cúpula de Sendero Luminoso, así como en el proceso judicial contra Víctor Polay Campos, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

A lo largo de su desempeño como fiscal, la Dra. Ibáñez conoció de casos emblemáticos, de hechos ocurridos entre los años 1980 y 1992, como el caso “Loayza Tamayo” relacionado con graves violaciones de derechos humanos (secuestro y tortura) llevados a cabo por oficiales y efectivos militares, el caso “Indalecio Pomatanta” relacionado con violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de la Marina de Guerra del Perú; el caso “Los Laureles” relacionado a la desaparición forzada de personas en el cuartel Los Laureles, en Huánuco; así como los casos de “Chuschi”, “El Frontón” y “Los Cabitos”.

Si tenemos en cuenta la trayectoria de Ibáñez Carranza, este nombramiento histórico por parte de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, no sorprende. La Corte siempre se ha caracterizado por tener en sus filas a jueces con un perfil de probada experiencia en casos de enjuiciamiento de crímenes cometidos en contextos de violencia y conflicto armado, así como con una trayectoria comprometida en defensa de los derechos humanos.

¿Corte Penal Internacional? ¿Para qué?

La Corte Penal Internacional es la primera Corte permanente e independiente, con la capacidad de investigar y llevar ante la justicia a quienes cometan graves violaciones en contra del derecho internacional humanitario (crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio). La Corte tiene su sede en la ciudad de La Haya, Países Bajos; y su creación se llevó a cabo en el Estatuto de Roma, el 01 de julio de 2002. A la fecha, el Estatuto de Roma ha sido ratificado por 121 Estados, representando a cada región del mundo.

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional abarca a todos los crímenes cometidos en el territorio y/o por ciudadanos de Estados que han ratificado el Estatuto de Roma. La necesidad de la Corte, nace por un fundamento histórico: solo en los últimos 50 años, más de 250 conflictos se han iniciado en todo el mundo y más de 86 millones de civiles, sobre todo mujeres y niños, han muerto en los mismos. La mayor parte de estas víctimas han sido olvidadas y solo un puñado de perpetradores ha respondido ante la justicia. Las Naciones Unidas, por medio de su Asamblea General, reconoció la necesidad de contar con un mecanismo permanente para procesar a asesinos y criminales de guerra en 1948, luego de los juicios de Núremberg y de Tokio, celebrados con posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces las leyes, los tratados, las convenciones y los protocolos han definido y prohibido desde los crímenes de guerra, hasta el uso de gas tóxico y armas químicas, pero ninguno instauró un sistema que contemple a los individuos responsables de las violaciones más graves del derecho internacional. Además de otorgar justicia a las víctimas, la Corte Penal Internacional sirve para que los eventuales genocidas, tengan en claro que sus crímenes no quedarán impunes.

Su competencia se limita a crímenes de gran trascendencia para la comunidad internacional. Tiene competencia –conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Roma– en relación a los siguientes crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

¿Por qué allá sí y acá no?

Como ya habíamos señalado, que la Dra. Ibáñez Carranza haya sido nombrada jueza en la Corte Penal Internacional, alegra y no sorprende, dadas sus cualidades y su amplia experiencia en temas relacionados a derechos humanos y derecho penal internacional.

Lo que llama la atención es percatarnos que la Dra. Ibáñez fue postulante en la Convocatoria N° 002-2015-SN/CNM realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con la finalidad de cubrir una plaza de fiscal supremo. Las inscripciones de la mencionada convocatoria se iniciaron el 13 de marzo del 2015 y culminaron el 06 de abril de 2015.

En relación a dicha convocatoria llevada a cabo por el CNM, el Instituto de Defensa Legal dio a conocer su preocupación, debido al posible nombramiento de un juez y un fiscal supremo, sin las debidas garantías para una elección en base a los méritos de los candidatos. A lo largo del concurso se denunciaron una serie de irregularidades que no fueron debidamente desvirtuadas y se llevaron a cabo una serie de pedidos de información que no fueron atendidos. Muy por el contrario, se negó en más de una oportunidad el derecho a acceder a información sobre los criterios de evaluación, calificación y otros.

Dos postulantes que participaron en el proceso de selección iniciado mediante la Convocatoria N° 002-2015-SN/CNM (una de ellas, la Dra. Ibáñez Carranza), solicitaron al Consejo Nacional de la Magistratura, una corrección en la calificación de su examen escrito, señalando que no se habían incluido tres puntos a su favor. Este pedido fue resuelto mediante acuerdo del Pleno del CNM N° 1281-2015, adoptado en su sesión del 05 de octubre de 2015. Posteriormente, el Consejo Nacional de la Magistratura emitió un comunicado en donde daba a conocer a la opinión pública, la decisión respecto al pedido de la Dra. Ibáñez.

Como se indicó en su momento, la Convocatoria N° 002-2015-SN/CNM se llevó a cabo sin las debidas garantías de un evaluador independiente e imparcial. Por ejemplo: la reunión del consejero Máximo Herrera Bonilla con un postulante en plena convocatoria y fuera del local del CNM, se configuraba como una falta grave, y como un impedimento para seguir ejerciendo el cargo de consejero y seguir participando de esa elección, al estar en duda su conducta ética e imparcialidad.

¿Cómo explicar entonces que una fiscal con las aptitudes y méritos de Ibáñez Carranza haya sido ahora nombrada jueza de la Corte Penal Internacional de La Haya, y que en el año 2015, no haya sido elegida para cubrir una plaza de fiscal supremo? ¿Qué es lo que no parece tener sentido aquí? ¿Es que acaso los criterios de selección de nuestro Consejo Nacional de la Magistratura son incluso más elevados y exhaustivos que la propia Corte Penal Internacional?

Teniendo en cuenta los cuestionamientos dados a conocer en su momento, en relación a la Convocatoria N° 002-2015-SN/CNM, tenemos en claro que el sistema de selección y nombramiento de jueces y fiscales del CNM, no funciona como debiere, y quizá no precisamente debido a cuestiones de ingeniería legal o normativa; ya que descarta a profesionales con aptitudes y actitudes que –como en el presente caso– son reconocidas y valoradas por cortes de justicia de nivel internacional. Nunca más precisa aquella frase que indica que nadie es profeta en su tierra.

(Foto: Dante Piaggio, El Comercio)

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