Ministerio de Salud y Dirección Regional de Salud de Loreto vuelven a desacatar medida cautelar de Jueza de Nauta en favor de comunidades afectadas por derrame de petróleo en Cuninico

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda IDL

Maritza Quispe Mamani IDL

Fernando Osores Plenge médico consultor

 

La jueza de Nauta nos ha notificado los escritos por los cuales el Ministerio de Salud informa del “cumplimiento” de medidas cautelares, en protección de la población de las 4 comunidades (Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Nueva Esperanza) afectadas por el derrame de petróleo de junio de 2014, en el marco de la demanda de cumplimiento interpuesta por éstas.

Ver escritos presentando por el MINSA al Juzgado de Nauta:

https://es.scribd.com/document/378911812/Iquitos-Juzgado-MIxto-Nauta-Resolucion-12

https://es.scribd.com/document/378911889/Iquitos-Juzgado-Mixto-Nauta-Resolucion-13

Lastimosamente, el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto, pretenden – otra vez – sorprender al Juzgado de Nauta, al hacerle creer que sí ha cumplido con su sentencia, cuando en realidad lo único que ha hecho es llevar a cabo una atención primaria de rutina en varias especialidades cuando las medidas cautelares le han ordenado específicamente que atienda a las personas afectadas como consecuencia del derrame de 2,500 barriles de petróleo en la Quebrada de Cuninico ocurrido en junio del 2014.

En otras palabras, no se ha desarrollado ni se ha ejecutado un plan de atención especializado en toxicología médica clínica ambiental, en el marco de lo dispuesto en la medida cautelar dictada por la Jueza de Nauta. La jueza ordenó la atención de “toda” la población y en especial la de los grupos más vulnerables, por la exposición y afectación a corto, mediano y largo plazo, del derrame de 2,500 barriles de petróleo.

  1. ¿Qué ordenó la medida cautelar?

El día 22 de febrero del 2017, el Juzgado Mixto de Nauta en el marco de una demanda cautelar interpuesta en un proceso de cumplimiento, ordenó al MINSA que, en el plazo de 30 días, diseñe e implemente una política pública de emergencia en favor de los afectados por el derrame de 2,500 barriles de petróleo en la Quebrada de Cuninico, ocurrido en junio del 2014. Su despacho ordenó:

“EN CONSECUENCIA: 1) Se ordena al Ministerio de Salud, dentro del plazo de treinta días, diseñe e implemente una Estrategia de Salud Pública de emergencia, que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, asimismo ejecute un programa de asistencia y atención en salubridad a la población, en especial a los niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores, a efectos de identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas por las consecuencias del derrame de petróleo y brindarles la atención médica pertinente”. (Resaltado nuestro)

El 18 de mayo del 2018, fuimos notificados, por la Sala Civil de la Corte de Justicia de Loreto que confirmó la sentencia de la Jueza de Nauta, que había ordenado atención médica especializada para los afectados por este derrame de petróleo.

Como lo indica la medida cautelar y luego la sentencia de la Sala Civil, las acciones que se ordenan tienen dos propósitos: Primero, identificar a las personas que pudieran haber sido afectadas por las consecuencias del derrame, y segundo, brindarles atención médica pertinente, esto es, atención médica especializada e idónea. Ello significa que los demandados están en la obligación de identificar a las personas afectadas por el derrame de petróleo y luego brindarles una atención médica especializada, especialmente a niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores. En definitiva, puede advertirse que las comunidades requieren de una atención idónea y especializada a causa del derrame de petróleo, y no simplemente una atención general o corriente.

  1. MINSA Y DIRESA mal interpretan lo ordenado en la medida cautelar para incumplirla

En el informe No 04-2018-DPI-GIESP/MINSA, de fecha 17 de abril del año 2018 emitido por el MINSA, se considera que las medidas cautelares del Juzgado Mixto de Nauta han dispuesto:

“Diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica y sanitaria”.

Esta interpretación es incompleta, pues el MINSA olvida cuales son los objetivos que dispuso la medida cautelar. Según ésta, la estrategia de salud tiene como objetivo diseñar e implementar en un plazo máximo de 30 días, una “estrategia de salud pública de emergencia” a efectos de identificar y brindar atención medica pertinente y especializada a las personas afectadas por el derrame de petróleo. Es decir, la medida cautelar dispone una respuesta de cuidado y atención a la salud, acorde e idónea a las circunstancias que han puesto en riesgo la vida y provocado el daño a la salud (el derrame de petróleo y la exposición a productos derivados de hidrocarburos del petróleo y metales pesados y tóxicos).

  1. Nunca se ha realizado ningún examen toxicológico luego de la medida cautelar

A la fecha, solo se ha realizado un examen de exposición a ciertos metales y metaloides en orina y sangre, sin contar con atención experta ni seguimiento posterior, lo que de ninguna manera constituye una acción de salud dirigida a brindar atención integral e intercultural al problema de salud humana relacionado al ambiente.

Las comunidades de Cuninico y San Pedro solamente fueron seleccionadas para un estudio científico observacional a fin de definir la exposición a ciertos venenos en el mes de enero del 2016. En este estudio se analizó solo una muestra de la poblacion, discriminando el acceso a los servicios de salud y cuidado a la población de las comunidades afectadas por el derrame de petróleo; confundiendo a la población y queriendo sorprender al Poder Judicial con un simple estudio de investigación, en lugar de realizar un verdadero plan de atención y cuidado de salud.  A la fecha, no se ha realizado un examen toxicológico en sangre y orina de los miembros de las otras comunidades demandantes (Nueva Santa Rosa, San Francisco y Nueva Esperanza).

En el caso de la Comunidad Nativa de Cuninico, a pesar de que la población es de aproximadamente 1,000 personas, solo se tomaron muestras de sangre y orina sin una historia médica previa a 132 personas, y en febrero de 2016 a 29 familias, seleccionándose solo a dos personas por cada familia. A pesar de que la población, luego del derrame de petróleo, solicitó una atención de salud integral e intercultural en la zona, ésta nunca se ha dado hasta la fecha. Solo se ha realizado un estudio de investigación aislado, para exposición puntual a sustancias venenosas (plomo, arsénico, mercurio, cadmio) sobre un número limitado de personas.

En definitiva, a la fecha no se ha realizado ningún examen toxicológico luego de concedida la medida cautelar, a pesar de que estas medidas son pertinentes para identificar a los afectados por las consecuencias del derrame.

 

  1. MINSA y DIRESA hasta la fecha solo han realizado atención general y de rutina pero no atención idónea y pertinente para la población afectada por metales pesados.

Cuando ocurrió el primer derrame de petróleo en Cuninico y San Pedro, en junio  y noviembre de 2014, un equipo del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud Humana del MINSA (CENSOPAS) y la DIRESA Loreto, llegaron y tomaron cuenta del evento, solo debido a la casualidad de que se encontraban realizando el estudio piloto “Niveles y factores de riesgo de exposición a metales pesados e hidrocarburos en los habitantes de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”. En ese momento tomaron la decisión, según acta, de muestrear a las personas afectadas de las comunidades de Cuninico y San Pedro en una próxima visita que se llevaría a cabo en enero de 2016[1].

Es decir, estas comunidades no solo estuvieron abandonadas a su suerte por la exposición a hidrocarburos y metales pesados por más de dos años, sino que, en el supuesto de que todos los afectados hubiesen muerto, nadie del sector salud por inacción funcional se habría dado cuenta. No solo no se intervino de forma inmediata ante la emergencia química por el derrame de petróleo, sino que tampoco se procedió a proteger de la exposición a los componentes del petróleo y metales pesados venenosos para el ser humano a corto y largo plazo, y mucho menos se atendió a los afectados. Por el contrario, se esperó dos años para hallar con sorpresa, personas afectadas por la exposición a cadmio y mercurio.

A pesar de que el Ministerio de Salud ha evidenciado la presencia de plomo en la sangre de los niños hasta un nivel de 22.56 μg/dl, en mediciones puntuales o únicas, así como que 73 (67%) personas de la comunidad de Cuninico y 10 (59%) de la comunidad de San Pedro, presentaron niveles de mercurio superiores a los rangos referenciales, y que 71 (65%) personas de la comunidad de Cuninico y 13 (76%) de San Pedro, presentaron niveles de cadmio superiores a los rangos referenciales; a la fecha el sector salud permanece inmutable, indiferente, sumido en una inercia burocrática y sin reacción alguna, desconociendo una medida cautelar y una sentencia emitida por el Poder Judicial. Todo esto como si los pobladores y sobre todo las mujeres en edad de gestación y niños de los pueblos indígenas, no merecieran una atención de protección y una acción preventiva ante la exposición a metales pesados[2].

El Ministerio de Salud y la DIRESA Loreto debieron haber implementado acciones inmediatas de protección, de prevención y atención de salud en los temas específicos de exposición a hidrocarburos del petróleo como el benceno, reconocido cancerígeno, y a metales pesados como el mercurio y el cadmio, por los graves impactos en la salud, en la seguridad e inocuidad alimentaria y en el acceso a agua potable, que origina un derrame de petróleo.

Se advierte que solo se han realizado atenciones esporádicas, no sostenibles, en ciertas especialidades médicas que como ya señalamos, el MINSA y la DIRESA Loreto están obligados a dar permanentemente a través de sus planes y estrategias de salud. Nunca ha habido un seguimiento toxicológico y atención por expertos en salud, tal como establece la medida cautelar. Esto se advierte gracias al cuadro de atención brindado a las cuatro comunidades afectadas, en donde destacan medicina general, psicología, odontología y pediatría. Sin embargo, no se advierte la presencia de médicos expertos en toxicología. Tampoco se advierte una toma de muestras de sangre a toda la comunidad, tal como fue ordenado en la medida cautelar.

Estas son capturas de pantalla del escrito presentado por la procuraduría del MINSA, donde se aprecia con claridad, que no han brindado una atención idónea y especializada a las víctimas de los derrames de petróleo.

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Respecto a la atención médica llevada a cabo en marzo de este año, se puede advertir la presencia de las mismas cuatro especialidades (medicina general, psicología, odontología y pediatría) sin llevar a cabo la atención integral de las enfermedades por intoxicación, generadas por los venenos liberados al ambiente, producto del derrame del petróleo.

En relación a la atención médica del 20 de abril de este año, se indica que ésta abarcará tres áreas: medicina interna, pediatría y neurología. Otra vez estamos ante una atención médica que no resulta idónea para atender las enfermedades y los impactos generados por el derrame de 2,500 barriles de petróleo.

  1. ¿Qué podemos concluir?
  • MINSA y DIRESA no han brindado una atención médica que permita identificar a las personas afectadas por las consecuencias del derrame de petróleo en Cuninico, en consecuencia, no se ha brindado una atención pertinente, como se ordenó en la medida cautelar emitida por la jueza de Nauta, por la sentencia de primera instancia y luego por la sentencia que confirma esta última, emitida por la Sala Civil de Justicia de Loreto.
  • No se ha ejecutado la medida cautelar dictada por la jueza de Nauta mediante resolución de fecha 22 de febrero de 2017.
  • No se ha realizado una atención especializada a comunidades afectadas por los derrames de petróleo.
  • Los planes y programas presentados ante el juzgado de Nauta por el MINSA, no reflejan lo ordenado por la jueza
  • Solo se han realizado atenciones esporádicas de ginecobstetricia, pediatría, medicina interna, odontología etc., que no exoneran al MINSA y a DIRESA Loreto de su obligación de cumplir con las diferentes resoluciones de la Jueza de Nauta y de la Sala Civil de la Corte de Justicia de Loreto de atender a la población por exposición y daños a la salud, como consecuencia de haber entrado en contacto con sustancias venenosas por el derrame de petróleo. Las atenciones médicas habituales de la población a la que el MINSA y la DIRESA Loreto están obligadas, son parte de su responsabilidad permanente.
  • A la fecha, el MINSA y el DIRESA Loreto son incapaces de articular políticas de atención a personas víctimas de exposición a sustancias químicas, así como a las potencialmente afectadas por contaminación con metales pesados e hidrocarburos, debido a la falta de lineamientos y de conducción clara por parte del Ministerio de Salud[3].
  • Finalmente, el MINSA y la DIRESA están obligadas a cumplir con el fallo de la sentencia firme, emitida por la Sala Civil de la Corte de Justicia de Loreto, la misma que confirma la sentencia de primera instancia y lo dispuesto por la medida cautelar emitida por el juzgado de Nauta.

 Foto: Observatorio Petrolero de Amazonia Norte. 

[1] CENSOPAS. Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro – cuenca del marañón del departamento de Loreto, enero del 2016.

[2] OFICIO (M) N° 230 -2016-GRL-DRSL/30.10.01 y OFICIO N° 123 -2016-DG-CENSOPAS/INS. Determinación de metales pesados en las comunidades de Cuninico y San Pedro cuenca del Marañón del departamento de Loreto, enero del 2016.

[3] Ver Resolución Ministerial Nº 168-2018/MINSA, Resolución Ministerial Nº 588-2015/MINSA y Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

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