Municipalidades y decretos legislativos en seguridad

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Por: Arturo Huaytalla Quispe

Si bien es cierto, el gobierno nacional debe encargarse de las políticas para enfrentar la inseguridad en todo el territorio, más son los lugares pequeños donde se define y ponen en práctica estas medidas. Es en los municipios y barrios que se percibe la delincuencia. De hecho, es allí donde se deben concentrar los esfuerzos, y por ello, contar con todas las herramientas suficientes. Una de estas herramientas es el marco legal.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski solicitó facultades legislativas en cinco materias. El Legislativo las otorgó, y el Ejecutivo emitió 122 Decretos Legislativos (DL). De ellos, 14 fueron elaborados por el Ministerio del Interior, y 2 corresponden al fortalecimiento y cooperación de los municipios con otros agentes para la seguridad. De estos decretos legislativos, como los otros, se debe advertir que por sí mismo no reducirán el problema, ayudan pero no son la solución.

A continuación se explican los DL 1253 (dicta medidas para fortalecer la inversión en seguridad ciudadana), y DL 1316 (modifica la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y  regula la cooperación de la Policía con las municipalidades).

  1. Fortalecer la inversión en seguridad ciudadana (DL 1253)

Este decreto busca que los municipios obtengan más recursos para enfrentar la inseguridad a través de la recaudación de los arbitrios fijados en el servicio de energía eléctrica. Según indica, su aplicación es facultativa, es decir, el municipio que así lo considere puede recurrir a él, no sin antes haber fijado el monto de arbitrio por concepto serenazgo o seguridad ciudadana, y estar calificado como distrito urbano. Con ello, los municipios podrán celebrar convenios con empresas de distribución de energía eléctrica para que ella actúe como recaudadora en el cobro de una fracción del monto del arbitrio. La fracción del cobro es fijada por la municipalidad, y este monto oscilará entre 1 sol a 3,5 soles.

Este decreto parte de un problema que el IDL-Seguridad Ciudadana viene señalando de un tiempo atrás: muchos municipios no cuentan con recursos suficientes para enfrentar la inseguridad. Por ejemplo, en la partida presupuestal 0030 del año 2016, Miraflores contaba con más de 40 millones de soles al tiempo que San Luis no alcanza ni los 2 millones. Mientras La Punta disponía de 1 sereno por cada 41 habitantes, San Juan de Lurigancho tenía el mismo número por cada 4585 habitantes[1]. Entonces, más allá de la discusión normativa, es una medida que intenta igualar el piso para enfrentar la inseguridad desde los municipios, sobretodo una propuesta que sirve para los gobiernos locales que tienen alta morosidad y pocos recursos.

Sin embargo, deja dos puntos que deben poner en alerta a cualquiera. Lo primero, si bien es positivo que esta herramienta tenga una medida de transparencia al señalar que el municipio publicará la recaudación mensual obtenida, y será remitida trimestralmente a la Contraloría General de la Republica, el DL no señala que se publique en qué se gastó o destinó lo recaudado. Entonces, es una transparencia incompleta.

Lo segundo, la recaudación por “serenazgo”, con ciertas limitaciones, es más o menos clara, se trataría de ampliar el número de sereno, capacitarlos y equiparlos; sin embargo, el concepto de “seguridad ciudadana” es tan laxo que ingresar todo y nada a la vez, por ello es necesario que se especifique. En el fondo, se trata de poner candados, pues el problema de la seguridad no solo es un asunto de asignación de recursos sino de capacidad de gasto eficiente para resolver el problema. De hecho, el Mininter viene de una experiencia similar. Desde el año 2011 al 2015 el presupuesto del Mininter aumentó en 65% y su capacidad de ejecución se encontraba por encima del 90%[2]; sin embargo, el problema de la inseguridad se acrecentó. Entonces: ¿es sólo un problema de presupuesto?

  1. Modificar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regular la cooperación entre la Policía y los municipios (DL 1316)

El DL 1316 tiene una doble intención, por un lado, busca que las reuniones del sistema de seguridad sean obligatorias e incorpora el rol del ente rector del sistema de seguridad, y por el otro lado, regula los aspectos de cooperación entre la Policía y los municipios.

En el primero, se señala como obligatorio asistir, por los titulares, a las reuniones que se realizan en sus respectivos órganos del sistema de seguridad. Según se indica, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) se reunirá 4 veces al año, los Comités Regionales se reunirán trimestralmente de manera ordinaria, los Comité Provincial y Distrital se reunirán una vez al mes, sin contar las reuniones extraordinarias. Ahora bien, ¿importa en algo que los distintos órganos del sistema de seguridad se reúnan? Sí, y mucho, estos son espacios donde se deben planear, organizar y coordinar las políticas locales de seguridad.

Lo interesante de este DL es que anota las sanciones. Si acaso no se instala el comité de seguridad, no se convoca para sesionar, o no se dispone del plan de seguridad, el funcionario comete una falta grave y podrá ser sujeto de suspensión de sus funciones por un plazo de 30 días calendarios. Entonces, este DL ofrece tiempos de coordinación, pero a su vez, destaca la sanción.

Por otro lado, señala el rol del ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y tiene una serie de competencias. Cabe destacar algunas competencias que permitirán mejorar la gestión municipal de la seguridad en cuanto a los serenos. Era necesario contar con una instancia superior que ordene la labor de los serenos sea en su  registro, capacitación y estandarización. Sin embargo, es un DL que deja muchos vacíos que deben ser precisados en el reglamento ¿qué instancia será la responsable directa en el Mininter? ¿Cómo serán elegidos?

Por otro lado, este DL deja también una peligrosa grieta que debió definirse.  Estas facultades legislativas fueron desaprovechadas, pues no se señaló que el uso de la fuerza letal y menos letal debía recaer exclusivamente en la Policía, y no en los serenos. No fue así. Por el contrario, el DL abre una peligrosa grieta para que los serenos usen armas no letales. En artículo 4 del inciso 4.7, dice:

“A solicitud de las municipalidades, programar capacitación al personal de serenazgo, en asuntos relacionados al apoyo que brindan a la Policía Nacional del Perú para la seguridad ciudadana y para el uso de las armas no letales, menos letales y potencialmente letales o de otros implementos.”

En la práctica ¿qué significa este inciso? Que el Mininter no toma una posición clara y firme, sino más bien deja una grieta en el marco legal para que los serenos usen armas menos letales, y pero aun, que los policía sean quienes los capaciten. ¿Por qué es una medida contraproducente que los serenos usen armas menos letales? Por 4 razones. 1) Baja calidad de serenos: algunos serenos están en las calles luego de una capacitación de solo 2 horas, no pasa por un examen de control de emociones ni se sabe si tienen prontuario.2) Las armas menos letales puede ser letales. 3) Algunos municipios contratan a los serenos para pagar favores políticos y se convierten en resguardo personal. Y, 4) No existen controles institucionales para sancionar al sereno, si acaso se excede en el uso de arma menos letal, además muchos de ellos solo tienen contratos temporales, lo cual no es garantía para que el municipio lleve su caso.

Así pues, este inciso deja más dudas y peligros que certezas. Lo cual lleva a señalar lo siguiente: aún no se tiene un marco normativo claro sobre el uso de armas no letales.

  1. ¿Municipios con más herramientas para enfrentar la inseguridad?

Asignar roles a los diferentes actores, definir la sanción de los funcionarios que incumplan su deber e incrementar la recaudación tributaria de los gobiernos locales, son tareas importantes y positivas. Sin embargo, los problemas que intenta resolver los decretos legislativos no han sido acompañados de todas las previsiones, y en otras, contiene medidas contraproducentes que ponen en grave riesgo la buena intención de los decretos.

Uno de los riesgos más graves es la grieta en el marco legal para que los serenos usen armas no letales. El Mininter debe ser claro y enfático en sostener que el monopolio legítimo de la fuerza letal y menos letal la tiene la policía.

Foto: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.pe

[1] IDL. (2015). Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2015. Lima. Obtenido en: http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015_%20IDL-SC.pdf

[2] IDL. (2015). Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2015. Lima. Obtenido en: http://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/INFORME%20ANUAL%202015_%20IDL-SC.pdf

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