Nuevamente mega corrupción en Perú

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Por: Lilia Ramírez Varela

Los casos de las empresas Odebrecht, Camargo Corrêa, grupo OAS y otros, se están constituyendo en las más importantes investigaciones de corrupción de la historia sudamericana (países como Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana, Guatemala, están involucrados). En Perú, vendrían a ser los más grandes procesos anticorrupción después de la sistémica corrupción fujimorista. Pese a ello, hay que resaltar un punto trascendente, este tipo de corrupción tiene un rasgo distinto a la de los noventa en Perú: esta vez no es el estado el principal actor corruptor, aquí tenemos como grandes corruptores a la gran empresa privada.

Sin duda esto no es una novedad. Desde hace tiempo y, a menor nivel, se ha ido descubriendo cómo actúan ciertos sectores empresariales en complicidad con los políticos, para hacer negocio en el Perú, y seguro en el mundo. Ejemplos hay varios, mencionaremos solamente tres: Petroaudios (que quedó impune), Wong – Chehade (donde fue sancionado el hermano del entonces vice presidente Omar Chehade) y los cornejoleaks (sin ninguna sanción). Lo trascendente de estos casos, es que se está conociendo la forma de actuar para quebrar la mano al funcionario público por parte de algunas grandes empresas.

Como se ha hecho público, Odebrecht estaría involucrada en, al menos, 29 millones de dólares en pagos de coimas entre los años 2005 al 2014 en Perú. Pero existen muchas más irregularidades (ver los especiales de IDL-Reporteros sobre el caso Lava Jato y OAS). Esto sin contar que también Odebrecht ha tenido contratos con el Estado peruano desde 1978, toda la década del noventa y en lo que va del siglo XXI.

Debido a ello, las indagaciones deben involucrar todos estos períodos y no ser direccionadas en contra de algunos personajes, tal como parece quiere hacerse en el Congreso y desde ciertos sectores de la prensa y el propio Ministerio Público; instancia que ha empezado a detener a los mandos medios de esta compleja telaraña de sobornos (esta vez del gobierno aprista), pero que es obvio que las negociaciones con las empresas corruptoras deben involucrar, principalmente, a los que permitieron que nos robaran en peso. Ahora pareciera que las detenciones se mueven al compás de los líos internos del APRA. Esperamos que el Ministerio Público se dé cuenta que ellos tienen el mando de la investigación, el imperio de la ley y que es la empresa la que está a sus órdenes y no, al revés (Ver: “Odebrecht está marcando la pauta de las investigaciones”).

Peruanos y peruanas sabemos que en estos casos de corrupción están involucrados los más altos funcionarios del estado desde 1980, así como representantes del gran empresariado. Es por ello que es necesario que las instituciones públicas se tomen en serio su papel en el proceso de investigación y sanción de estos casos, tal como ocurrió a inicios del 2000, con la caída de la dictadura. Resulta una vergüenza para el país, además de ser un indicador de la precariedad institucional, que estemos esperanzados en lo que pueda hacer la justicia brasileña en relación a las causas peruanas, dando por descontada nuestra ineptitud investigativa.

El Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría Anticorrupción y la Contraloría, instancias directamente encargadas de desentrañar los casos de corrupción en el Perú, deben dar señales de un trabajo serio, riguroso,  transparente y abierto a la ciudadanía. La población tiene el derecho y el deber de conocer las razones y el camino del latrocinio peruano. Las instancias pertinentes deben adoptar medidas inmediatas para que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir; y es necesario que se involucre no solamente a los actores públicos, sino también al sector privado, el gran olvidado en la ecuación de la lucha contra la corrupción.

Las medidas que se adopten deben ser de fondo. Estamos convencidas que las grandes causas de la corrupción en nuestro país es la histórica desigualdad social, el clientelismo, las negociaciones ilegales y la asimetría de poder existente entre la clases gobernantes, el empresariado y la población peruana. La angurria empresarial, evidenciada con el accionar de compañías como Odebrecht y Camargo Corrêa (pero que no sólo implica  a éstas), ha llegado a niveles inauditos. Éstas, además de tener gran parte de la legislación a su favor, buscan mayores ganancias a costa del robo de nuestro dinero  ̶ el cual podría ser invertido en políticas públicas, infraestructura y mejoraras laborales para los y las peruanas ̶ ; y la violación de derechos fundamentales, como el libre tránsito (caso del peaje de Puente  Piedra) o derechos a la salud y vivienda (en el caso de la comunidad de Cantagallo).

Para el gobierno es ahora o nunca: este es el momento de mostrar en los hechos la voluntad de lucha anticorrupción mostrada durante la campaña. Como población debemos poner mayor atención, y ser vigilantes y exigentes al trabajo del Ministerio Público, Poder Judicial y Procuraduría Anticorrupción para afrontar estos nuevos casos de mega corrupción.

Caricatura: Carlín, La República, 12/01/2017

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