Osinergmin rehúsa entregar información sobre el estado del Oleoducto Norperuano

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Por: Álvaro Masquez Salvador

El Organismo Superior de la Inversión en Minería y Energía (Osinergmin) ha rehusado entregar información sobre el estado actual en que se encuentra el Oleoducto Norperuano, que opera la empresa estatal Petroperú.

Como bien se sabe, a lo largo del Oleoducto han ocurrido decenas de derrames de petróleo y otras sustancias tóxicas durante los últimos años (8 en lo que va del 2016), los cuales han afectado severamente a comunidades nativas amazónicas y su medio ambiente. No obstante, Osinergmin ha rechazado entregar información que se relacione con el estado del Oleoducto, pese a su evidente interés público.

La solicitud de acceso a la información pública fue formulada por el Instituto de Defensa Legal el 25 de noviembre del 2016. En ella, solicitamos que se nos entregue entre otras copia de la siguiente documentación:

  1. Informes de las evaluaciones internas del Oleoducto realizadas por Petroperú con los denominados coloquialmente «chanchos inteligentes» desde el 2014, indicando la ubicación georreferenciada de los puntos críticos identificados. Se pide no solo ubicación de los puntos críticos, sino de la ubicación y la descripción del problema a repararse.
  2. Relación de todos los puntos reparados a raíz de la inspección del denominado «chancho inteligente».
  3. Relación de puntos que quedan pendientes de reparación a partir de la inspección con el denominado «chancho inteligente».

Una semana después, el 12 de septiembre, la División de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos de Osinergmin respondió la solicitud señalando que dicha información tenía el carácter de confidencial. Según indica, se encontraba protegida por el secreto comercial e industrial. Efectivamente, esta restricción se encuentra regulada por el artículo 15-B, inciso 2), del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, consideramos que dicha restricción no es legítima.

El derecho al acceso a la información pública, en la legislación nacional, ha sido consagrado en la propia Constitución Política. Así, su artículo 2, inciso 5), dispone que toda persona tiene derecho «[a] solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido». Además, este derecho encuentra reconocimiento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vinculante al Estado peruano. Como ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una de las dimensiones de las libertades de pensamiento y expresión.

Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido oportunamente lo siguiente: «[E]l derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole»[1]. Por tanto, el derecho al libre acceso a la información pública goza de jerarquía constitucional y convencional.

En ese sentido, toda restricción legítima con respecto al ejercicio de este derecho, según señala la Corte Interamericana, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) encontrarse previamente fijada por una norma de rango legal; b) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana; c) ser necesaria en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo[2]. Así, corresponder analizar la respuesta de Osinergmin bajo estos estándares, a propósito del estado actual del Oleoducto Norperuano.

En principio, el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sí ha previsto, mediante ley, la restricción a información pública referida al secreto comercial o industrial, considerándola confidencial.

Con respecto al secreto industrial, el Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, señala: «Comprende el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general, así como el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros». Así, toda vez que la información solicitada no está referida a la entrega de ningún conocimiento tecnológico correspondiente a la empresa ni a su actividad ni persigue ningún objeto de ventaja económica, debemos descartar de plano esta restricción.

Sin embargo, la situación es distinta con respecto al secreto comercial de empresas estatales. Así, el Decreto Legislativo N° 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, establece sobre él: [T]oda aquella información tangible o intangible susceptible de ser usada en negocios, industria o práctica profesional que no sea de conocimiento general y la información cuya divulgación puede ocasionar un perjuicio a la empresa. En principio, la información solicitada podría encontrarse protegida por esta restricción para su entrega.

No obstante, a partir de un análisis sensato, es posible advertir que esta restricción no responde a ningún objetivo permitido por la Convención Americana. Por el contrario, la mantención de la información solicitada en reserva, en un contexto en que comunidades nativas desean el mantenimiento inmediato del Oleoducto y lo han exigido a sus autoridades, puede servir como vehículo para solapar la negligencia de la empresa a cargo de sus operaciones.

Igualmente, sobre el último de los requisitos, la Corte Interamericana ha precisado los alcances de la necesidad de la divulgación de información pública en sociedades democráticas. De tal forma, señala que ésta debe orientarse a la satisfacción de un interés público imperativo. Así, «[e]ntre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido […] la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho»[3].

En el caso de la petición dirigida por el Instituto de Defensa Legal a Osinergmin, es claro que existe el interés válido de hacer pública aquella información sobre el estado de mantenimiento actual del Oleoducto Norperuano, si acaso Petroperú ha cumplido, parcial o totalmente, con los mandatos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que la obligan a reemplazar ductos y reparar integralmente otros. Se trata de un objeto legítimo, que no pretende hacer mella de la empresa, sino concientizar a la ciudadanía sobre la necesidad de adoptar medidas públicas rígidas y eficaces para la protección de nuestras poblaciones indígenas y del medio ambiente.

En conclusión, la restricción impuesta por Osinergmin al acceso a información, que debiera ser pública, sobre el Oleoducto Norperuano no se ajusta a la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni a la Constitución Política. Por esta razón, es inconstitucional. No resulta posible pretender la protección de los intereses comerciales de una empresa por sobre el interés público de conocer los riesgos causados por sus operaciones. No debemos tolerarlo en una sociedad que dice ser democrática.

Fuente de foto: Reuters

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Álvarez contra Honduras. Sentencia del 1 de febrero de 2006 (fondo, reparaciones y costas), párr. 163; caso Claude Reyes contra Chile. Sentencia del 19 de septiembre de 2006 (fondo reparaciones y costas), párr. 77.
[2]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes contra Chile. Sentencia del 19 de septiembre de 2006 (fondo reparaciones y costas), párr. 91.
[3] Ibídem

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