Otra vez la impunidad: Sala Penal Nacional absuelve a Marco Álvarez

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Por: Carlos Rivera Paz

 

El día miércoles 8 de febrero, la Sala Penal Nacional ha emitido sentencia en el caso de la desaparición de Lucho Manrique Escobar, y ha absuelto al acusado Marco Antonio Álvarez Vargas. La sentencia, suscrita por los magistrados Mendoza, Pimentel y Payano, es una verdadera muestra de la peor y más interesada interpretación para favorecer a un perpetrador de un crimen contra la humanidad.

Lucho Manrique Escobar (33) en noviembre de 1989 era empleado de la CORDE Huancavelica, y se desempeñaba como encargado de la imprenta de dicha entidad. A fines de octubre de ese año, un grupo de terroristas de Sendero Luminoso ingresaron a la imprenta y lo obligaron a imprimir volantes llamando al boicot de las elecciones municipales que se realizarían el 12 de noviembre.

Los volantes fueron repartidos en la ciudad, y a los pocos días, elementos de  inteligencia del Ejército llegaron a detectar que los volantes habían sido impresos en la imprenta de la CORDE. A inicios de noviembre, Lucho Manrique Escobar y otro empleado de la CORDE, José Quispe Candiotti, fueron citados por el Jefe Político Militar de Huancavelica a la llamada Casa Rosada –sede de dicha instancia militar–, donde el mismo Jefe militar les advirtió que ya tenían conocimiento del lugar en el que los volantes habían sido impresos, y los amenazó indicándoles que estaban siendo seguidos por las fuerzas del orden.

Ese oficial era el Coronel EP Marco Antonio Álvarez Vargas.

La desaparición de Lucho Manrique

 

La madrugada del 6 de noviembre de 1989, un grupo de elementos militares ingresaron violentamente a la casa de Lucho Manrique Escobar, y delante de su esposa y sus hijos no solo fue sacado de su cama, golpeado y luego secuestrado, siendo que lo llevaron en un camión portratropas con dirección al centro de la ciudad donde se encuentra la Casa Rosada. En esa época la ciudad de Huancavelica estaba bajo toque de queda y solo los militares podían transitar libremente por las calles.

A la mañana siguiente la madre, Leonor Escobar Viuda de Manrique, y la esposa de Lucho Manrique, la señora Ymelda Cayetano, acudieron a la sede del Jefe Político Militar reclamando por el paradero de su familiar, pero solo recibieron una amenaza de que también serían desaparecidas.

La intervención de Marco Álvarez

Los familiares denunciaron el hecho ante la Fiscalía Provincial de Huancavelica y ésta, de manera diligente, cursó oficios al Jefe Político Militar de Huancavelica Marco Álvarez Vargas, solicitando informe del paradero del ciudadano Lucho Manrique Escobar. Ante tal requerimiento el Coronel Álvarez Vargas, el 15 de noviembre, respondió a la fiscalía que no tenía ningún conocimiento del paradero de dicha persona. Lo mismo ocurrió en el caso de otras dos personas más que también habían sido secuestradas por elementos militares.

Luego, el paso del tiempo, pero sobre las condiciones de impunidad, determinaron que el caso no se investigue y no se sepa el paradero de la víctima. Solo sería tras la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se activó la investigación del caso en el Ministerio Público de Huancavelica.

El inicio del proceso penal

Hacía 2009 se inició el proceso de investigación judicial y ante el juez penal, el procesado Álvarez Vargas declaró que cuando fue destacado a Huancavelica llegó a finales de octubre 1989, aunque alegó que había sido enviado en calidad de veedor electoral del Ejército para las elecciones municipales de aquel año.

A finales del 2011 se inició el primer juicio oral, y el 29 de noviembre del 2012 la Sala Penal Nacional dictó una sentencia absolutoria bajo el argumento de que el Coronel EP (r) Álvarez Vargas no había ejercido la Jefatura Político Militar de Huancavelica. La Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 6 de agosto del 2014, ordenó la anulación de dicha sentencia por considerar que la valoración de la prueba había sido completamente deficiente.

La nueva sentencia absolutoria

 

El nuevo juicio recién pudo comenzar a inicios del 2016 y el 8 de febrero pasado ha concluido: con la emisión de una nueva sentencia absolutoria a favor del acusado Marco Álvarez Vargas.

Más allá de que la sentencia reconoce lo que es imposible no reconocer (sobre todo debido al aporte probatorio de la fiscalía y la parte civil), que la desaparición forzada de Lucho Manrique no es un hecho aislado en un contexto de violencia en una zona bajo control militar y en estado de emergencia, y que el crimen fue cometido siguiendo un modus operandi y que fue perpetrado por elementos militares; el dato concreto es que los magistrados decidieron luego asumir todos los argumentos de la defensa del acusado, aun cuando resulten verdaderamente insostenibles y claramente incoherentes. Por ello, sostenemos que la sentencia es una verdadera vergüenza para la justicia, pero sobre todo para los familiares de Lucho Manrique.

Para comenzar, los magistrados Mendoza, Pimentel y Payano sostienen que el acusado Álvarez Vargas llegó a Huancavelica en calidad de veedor electoral. No existe documento alguno que corrobore tal encargo, pero el tribunal cree a ciegas la versión del acusado. Resulta curioso cómo los magistrados en esta parte sustentan su veredicto en que existieron órdenes verbales, y no exigen prueba documental, pero para otros aspectos de la sentencia sí son rigurosos en exigirla.

Los errores administrativos

 

De igual manera, frente al hecho de que en la Foja de Servicios del oficial existe una referencia a que en 1989 desarrolló Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) en el departamento de Huancavelica, y tomando en consideración que ser veedor electoral jamás podría ser considerado una operación especial de inteligencia (pero en cambio las labores de la contrasubversión sí), el tribunal sin ningún empacho da credibilidad a la versión del acusado quien en juicio dijo que recién ahí se había dado cuenta que existía esa anotación en su legajo personal. Para el tribunal, tal anotación debe ser considerada como un error administrativo que no demuestra nada.

No es broma.

Así mismo, aun cuando en la etapa de instrucción el acusado declaró que llegó a la ciudad de Huancavelica la última semana de octubre de 1989 y luego –sin problema– cambió de versión y señaló que llegó el 6 de noviembre a la 1 de la tarde, el tribunal asume la segunda versión. Y esto, aun cuando es completamente contradictorio con otros elementos de prueba actuados en el juicio oral, como la declaración de los familiares de Lucho Manrique y del testigo José Quispe Candiotti, quien han sostenido que se entrevistaron con Álvarez Vargas a inicios de noviembre de ese año y la mañana del 6 de noviembre, luego de la desaparición del agraviado.

¿Por qué el acusado cambió de versión sobre la fecha de llegada a Huancavelica? Muy simple: porque se quiere desmarcar de la orden que emitió para secuestrar y desaparecer a Lucho Manrique, y ese hecho ocurrió entre el 5 de noviembre y la madrugada del 6. Por eso cambió de versión, para sostener que llegó el 6 a la una de la tarde. Y el tribunal le creyó.

Pero si estos hechos resultan insultantes a la inteligencia, y mucho más a la necesidad de un ejercicio serio y responsable de valoración de la prueba en un hecho constitutivo de una grave violación a los derechos humanos, lo siguiente es simplemente indignante y sospechoso.

Los papeles firmados en blanco

 

Cuando analiza si el acusado tuvo la condición y cargo de Jefe Político Militar, el tribunal considera 2 elementos. Primero, dice que no ejerció tal cargo porque nunca salió una resolución que lo designara. En este punto el tribunal aplica otro criterio de valoración que en el primer hecho, en el que sostuvo que le bastaba la afirmación del acusado de que fue designado como veedor electoral por orden verbal.

Segundo, se come con zapatos y todo la versión simplemente inverosímil del acusado. Álvarez Vargas declaró en el juicio que debido “…a las recargadas labores de veedor electoral…” dejó 4 papeles firmados en blanco en la oficina de la Casa Rosada… y dice no saber quién llenó esos papeles firmados respondiendo al fiscal provincial de Huancavelica con una negación sobre la intervención del Ejército en la detención de Lucho Manrique… pero colocando su nombre, su grado, su cargo de Jefe Político Militar y, además, consignando casi todos los números de código de serie militar.

Cualquier persona, sin necesidad de ser un magistrado superior, seguramente no solo frunciría el ceño, sino que diría que se trata de un verdadero disparate de versión que solo puede ser sostenida por alguien que se quiere burlar de la justicia. Lo cierto, es que el tribunal considera que esa es la versión de los hechos, y por ello concluye que Marco Álvarez no ha sido Jefe Político Militar y que por ello no pudo haber dado ninguna orden a los elementos militares subalternos en dicha zona.

Tampoco esto es broma. Es el argumento de un tribunal de justicia del Perú, firmado por los jueces Mendoza, Pimentel y Payano.

Luego, en la evidente lógica de desacreditar o no considerar, y menos valorar las pruebas de cargo, ni siquiera menciona al testigo Juan Quispe Candiotti, aquella persona que junto con Manrique fue conminado y amenazado por el propio Marco Álvarez Vargas. Quispe Candiotti se presentó en el juicio, declaró esto y, además, reconoció al acusado… pero el tribunal de manera abiertamente irregular e incumpliendo sus deberes legales y constitucionales decidió tirar al tacho de la basura ese testimonio. Y eso es solo un ejemplo de otros que se puede mencionar.

Bajo esas condiciones y bajo esa tendenciosa e interesada interpretación de los hechos, el tribunal concluye –cómo no– con la absolución del acusado y, casi en lo que podría ser entendido como una burla a la justicia, dispuso que el Ministerio Público tiene el deber de identificar a los responsables del crimen.

La fiscalía y el IDL hemos presentado el recurso de nulidad contra esta vergonzosa sentencia, por lo que será la Corte Suprema de Justicia la que revise este irregular fallo judicial.

(Foto: CNDDHH.)

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