¿Para qué servirá la Comisión de la Verdad en materia de hidrocarburos?

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda y
Álvaro Másquez Salvador

 

Uno de los acuerdos del diálogo en Saramurillo, en diciembre del 2016, fue la creación de una Comisión de la Verdad, que investigue los impactos negativos que ha generado 40 años de explotación petrolera irresponsable en la Amazonía. Este acuerdo, hay que recordar, respondió a las exigencias planteadas por organizaciones indígenas amazónicas cuando bloquearon el río Marañón y plantearon al Estado una agenda[1], con reclamos pendientes por su postergación histórica.El acuerdo, en tal contexto, fue el siguiente:

 

En una semana a partir de la firma del acuerdo, se emitirá una Resolución Suprema del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que crea un Grupo de Trabajo que en el plazo de 45 días: a. Determinará los alcances y limitaciones que tendría la comisión especial, así como la planificación básica de sus actividades y las pautas metodológicas generales para la construcción del relato histórico sobre los 40 años de actividad petrolera, que responda a las preguntas qué pasó, por qué y cuáles son las mejoras que se pueden plantear. b. Proponga, la norma pertinente para: crear la comisión especial, establecer sus objetivos, su plazo de vigencia, el mecanismo de elección de sus miembros, la secretaría técnica, etc., entre otras consideraciones pertinentes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se compromete a garantizar que tanto el grupo de trabajo como la comisión especial tendrán una conformación plural y equilibrada que asegure la debida representación y participación de lso pueblos indígenas, las empresas y el Estado, en el marco del diálogo intercultural y democrático. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del viceministerio de derechos humanos y acceso a la justicia, se compromete a garantizar que el relato histórico se construya bajo una perspectiva de derechos fundamentales.

El Gobierno, en cumplimiento de este compromiso, sancionó la Resolución Suprema N° 017-2017-PCM, el pasado febrero.

Esta norma aún no cumple con definir el mandato material de esta Comisión, como lo fue en su momento el Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, norma que estableció el mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y que tuvo como objeto investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1980 y 2000, en el marco del conflicto armado interno y de la violencia política que esta generó. En el caso de la explotación petrolera en la Amazonía, es preciso delimitar qué materias se investigarán, en qué plazo, y con qué finalidad, entre otros aspectos importantes.Dado que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el refrendo de la Presidencia de la República, acaba de aprobar la norma, debiera concretar su mandato en el plazo más próximo, en forma pública y participativa.

Sin embargo, nuestra evaluación es que aún quedan dudas en muchas personas acerca de la función y la pertinencia de una Comisión de la Verdad, como la que solicitaron las organizaciones indígenas en Saramurillo, tras tomar conocimiento de su existencia. ¿Cuál es su sentido? ¿Acaso escarbar en el pasado? ¿No sería mejor dejar las cosas tal cual, en vez de reabrir heridas viejas?¿Por qué en materia de hidrocarburos?

Debemos comenzar por señalar que, si bien no han surgido en el marco de un proceso de violencia política clásico, nada obsta su utilización en relación al caso de explotación petrolera en la Amazonía, que tanto daño ha generado a los pueblos indígenas, propietarios de los territorios ancestrales sobre los que se ha venido extrayendo el petróleo.

De igual manera, es necesario apuntar que estas comisiones surgen, en general, cuando han ocurrido sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos, impulsadas o toleradas por el Estado, contra determinados sectores de la población. Ciertamente, la idea no es escarbar y reabrir heridas viejas, o generar conflictos o enfrentamientos entre la población. Muy por el contrario, es investigar seriamente estas violaciones, y sobre todo identificar las estructuras institucionales que les dieron soporte, con la finalidad de adoptar las reformas institucionales necesarias, para que estas no vuelvan a ocurrir en el futuro.

No obstante, nuestra principal preocupación es la siguiente: consideramos que las comisiones de la verdad solo tienen sentido, en el marco de los procesos de justicia transicional. Es decir, en el marco de los procesos de verdad, justicia y reparación. Fuera de estos, no se termina de entender su naturaleza. Ahora, aún no es posible apreciar este marco mayor en la Comisión creada tras el diálogo en Saramurillo, mediante la Resolución Suprema N° 017-2017-PCM.

Precisamente, una Comisión de la Verdad es parte de un proceso más grande de verdad y justicia. Desencadena un proceso de verdad y justicia, pero no lo agota. Una Comisión de la Verdad es, en realidad, el primer paso o el primer momento de un proceso más complejo y de más largo aliento, que persigue verdad, justicia y reconciliación. Efectivamente, estos procesos de verdad y justicia, tienen varios momentos o etapas, que no son necesariamente preclusivos. Se trata de un proceso de largo plazo, que busca antes que abrir heridas, cerrarlas, no sobre la base de la impunidad de estas graves violaciones, sino de la justicia y la reparación a las víctimas. Solo entoncesse podrán empezar a cerrar las heridas y detener la impunidad.

A continuación, exponemos un cuadro que ayudará a comprender este proceso, aun cuando sea en forma poco esquemática, pues en realidad no ocurren uno tras otro, sino que muchas veces son momentos paralelos.

 

Etapas

¿Quién?

¿Con qué objetivo?

Plazo

Requisitos

Verdad Comisión de la Verdad Establecer una base fáctica de hechos 1 a 2 años Voluntad política y recursos disponibles
Justicia Poder Judicial Sanción de todos aquellos que incurrieron e ilícitos o infracciones administrativas. 3 a 5 años Independencia judicial y voluntad del Poder Judicial, del Ministerio Público, y delos demás órganos con capacidad de sanción
Reparación moral, simbólica y económica Gobierno central y gobiernos subnacionales Compensar el daño y restablecer la dignidad y la honra de los pueblos afectados 2 años Voluntad política y conciencia del daño infligido.
Garantías de no repetición Gobierno central y gobiernos subnacionales Hacer las reformas necesarias para que los hechos denunciados e investigados no vuelvan a repetirse en el futuro. 2 a 10 años Voluntad política

Recursos económicos

 

Perdón Víctimas, victimarios, y el Estado. Cerrar heridas, rencores y desencuentros entre el Estados y el grupo social afectado por graves violaciones a sus derechos. Largo plazo Voluntad de pedir perdón de todos los responsables y de aceptarla de parte de las víctimas.
Reconciliación Toda la sociedad en su conjunto con el Estado. Establecer la confianza entre los afectados y los responsables de las graves violaciones a los derechos denunciados, e iniciar un nuevo trato  entre el Estado y los afectados, acorde con su función de garante de derechos. Largo plazo Voluntad política de reconciliación de todos los actores.

 

Como puede advertirse, la función de la Comisión de la Verdad y reconciliación no es imponer justicia, no es reparar a las víctimas, no es perdonar por las víctimas. Simplemente, es establecer una base fáctica de hechos. Es investigarlos y acreditarlos para que, a futuro, no sea posible dudar de ellos. Luego vienen otros momentos, que tienen como condición el establecimiento de esta secuencia de hechos. No puede haber justicia si no se sabe qué pasó, ni se han reparado a las víctimas y pedido perdón. Si no hay justicia, pues esta jamás podrá apoyarse sobre la impunidad de los abusos.

Por esto es importante que el Ministerio de Justicia no pierda el rumbo. El propósito de la Comisión de la Verdad que habrá de conformarse, alrededor del diálogo en Saramurillo, debe vincularse y enmarcarse en estos procesos de verdad, justicia y reparación. No es suficiente que realice las labores de una comisión investigadora. Muy por el contrario, es obligación del Estado procurar crear las condiciones que sirvan para encaminarnosen un proceso real de reconciliación, del Estado peruano para con los pueblos indígenas amazónicos. Históricamente postergados, continuamente abusados, por múltiples causas, como la explotación petrolera irresponsable.

(Foto: Tome, facebook)

[1] Al respecto, ver: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/11/12/2016/comision-de-la-verdad-que-investigue-contaminacion-petrolera-contra

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