¿Por qué Petroperú debe compensar a los afectados del derrame de petróleo de Cuninico?

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Por: Juan Carlos Ruiz Molleda

La tesis de la reciente sentencia es que la compensación deberá ser exigida en un proceso judicial civil de responsabilidad extracontractual, donde existe la posibilidad de un amplio debate probatorio para precisar y probar los daños.

Sin embargo, si se lee bien la demanda de cumplimiento presentada, se advertirá que se solicita dar cumplimiento al artículo 4 del anexo 4 del D.S. Nº 081-2007-MINEM, el cual establece la obligación de Petroperú de iniciar un proceso de identificación de los afectados y de los daños, sin necesidad de recurrir a un proceso judicial.

“4. Compensaciones
4.1 La compensación por los daños ocasionados debe ser adecuada y a la brevedad posible, para lo cual el operador deberá identificar a los afectados. Esta información será enviada a la OSINERGMIN.
4.2 El operador debe identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados a terceros, propiedades y al medio ambiente dentro de un período de 15 días de la fecha del incidente. Esta información será entregada a la OSINERGMIN.
4.3 El operador deberá valorizar, para realizar las compensaciones, los daños ocasionados, esta valorización deberá comunicarse al OSINERGMIN. La compensación debe acordarse con los afectados, sin embargo, es potestad de los afectados solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo para lograr un trato justo.
4.4 En caso de que no se logre un acuerdo entre el operador y algún afectado, éste podrá acudir al Poder Judicial.”

De este artículo se pueden desprender los siguientes mandatos al operador Petroperú:

1er mandato: El operador (Petroperú) debe compensar a los afectados de forma adecuada y a la brevedad posible.
2do mandato: El operador (Petroperú) debe identificar a los afectados.
3er mandato: El operador (Petroperú) debe identificar y hacer un inventario de los daños ocasionados a terceros, propiedades y al medio ambiente.
4to mandato: El operador (Petroperú) debe hacer esta identificación y este balance dentro de un período de 15 días de la fecha del incidente.
5to mandato: El operador (Petroperú) debe enviar la identificación y el balance de los daños a OSINERGMIN.
6to mandato: La compensación debe acordarse con los afectados.
7mo mandato: Es potestad de los afectados solicitar el apoyo de la Defensoría del Pueblo con la finalidad de lograr un trato justo.
8vo mandato: En caso que no haya acuerdo se podrá acudir a un juez.

Como podemos advertir, se trata de un mandato vigente, cierto, claro, no sujeto a controversia, incondicional y de ineludible cumplimiento, de conformidad con lo exigido por la STC Nº 00168-2005-PC. En efecto, si se advierten los incisos 4.1 y 4.2, se constata que no se exige una demanda civil de indemnización. Es más, el artículo 4.4 hace referencia a un proceso judicial solo en el caso que no haya acuerdo en la valorización realizada por Petroperú en cumplimiento de los artículos 4.1 y 4.2.

El Tribunal Constitucional (TC) ha llamado la atención sobre la necesidad de reparar los daños generados por las actividades extractivas. En efecto, el TC expidió una sentencia en el Caso Conga donde establecía cuáles son los requisitos para que una actividad extractiva sea compatible con la Constitución (STC Nº 00001-2012-AI). Según éste, “La inversión privada deseada por la Constitución”. El tercer requisito que exigía era, precisamente, la obligación de reparar los daños ocasionados a la población, fruto de esta actividad extractiva. Según el TC debía “generar una reparación directa, justa y proporcionada, a las personas directamente afectadas”:

“El punto iii) se dirige atender las situaciones en caso de la ocurrencia de daños contra terceros. En tal sentido, si la actividad empresarial genera daños estos no solo deben ser sancionado por la Administración, sino que deben generar una reparación directa, justa y proporcionada, a las personas directamente afectadas. Ello implica no solamente esperar, en virtud de la autonomía de la persona, a que demandas de indemnización sean interpuestas. Como la realidad lo ha demostrado en varias ocasiones, la desesperación de los ciudadanos, de la mano de otras circunstancias tales como bajos ingresos o desconocimiento de sus derechos, genera en ocasiones, que estos no hagan valer sus derechos en forma idónea. En tal sentido, es deber del Estado, brindar la estructura y presupuesto adecuado para que se brinde la orientación legal adecuada a fin de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Así, poner a disposición de los ciudadanos no solo información sino asistencia legal gratuita en los casos en donde los bajos ingresos de los pobladores así lo demande. Por su parte, los órganos jurisdiccionales tienen el deber de considerar los daños provocados de manera integral a fin de, si es que se determinara fehacientemente, ordenar el pago indemnizatorio proporcional a los daños sufridos”. (STC No 00001-2012-AI/Tc, f. j. 54).

La consecuencia es evidente. Petroperú ha incumplido con su obligación establecida en el artículo 4 del anexo 4 del D.S. Nº 081-2007-MINEM, que contiene un mandato muy claro, preciso y de obligatorio cumplimiento.

(Foto: Lamula.pe)

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