¿Por qué viola la Constitución el Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el “corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa”?

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Equipo del Área de Pueblos Indígenas[1],
Instituto de Defensa Legal

 

El artículo 137 de la Constitución reconoce la facultad del Gobierno de decretar “Estados de Emergencia” en determinadas zonas, siempre y cuando se acredite que existe una grave afectación al orden público. Se trata de una facultad extrema y excepcional, toda vez que se suspenden derechos fundamentales de suma importancia para un Estado Constitucional de Derecho, como son la libertad de reunión, la libertad de tránsito, el derecho a la inviolabilidad de domicilio y el derecho a la libertad personal.

Ciertamente, si bien se le reconoce discrecionalidad al Estado para optar por esta facultad, se necesita acreditar el hecho habilitante: la grave perturbación al orden interno. No obstante, el Estado, a través del Decreto Supremo Nº 037-2018-PCM publicado el 11 de abril de 2018, acaba de prorrogar por novena vez el Estado de Emergencia en Chalhuahuacho, y por cuarta vez en el “Corredor Vial”, sin acreditar la grave afectación al orden interno en las diferentes zonas sobre las cuales se ha decretado esta medida de fuerza.

Muy por el contrario, órganos estatales de seguimiento a la conflictividad social de la Defensoría del Pueblo y del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), han reconocido que no hay conflictividad social en el “Corredor Vial”. Según estos, en las zonas afectadas no se registran bloqueos, ni tomas de carretera, ni ninguna medida de fuerza que perturbe el orden social en los últimos 9 meses. Lo único que se registra es la exigencia de compensación de las comunidades afectadas por el proyecto Las Bambas, y la queja por la polvareda que ésta origina a causa del paso de los camiones por el concentrado minero.

Más aún, dos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, en el marco de un proceso judicial cuestionando los mismo, han reconocido que el Estado de Emergencia en Chalhuahuacho es “preventivo”, es decir, que se ha suspendido importantes derechos constitucionales “por si acaso”, lo cual está absolutamente prohibido por la Constitución, toda vez que el poder que detentan las autoridades del Estado debe ser ejercido en el marco de las competencias constitucionalmente y legalmente establecidas. Así, cuando el poder constitucional en su origen, se ejerce por fuera de estas competencias, como en este caso, el poder de jure se convierte en poder de facto. Y es que no se puede suspender derechos constitucionales “por si acaso”.

Pero lo que es peor, el Estado de Emergencia se decreta, como el mismo D.S. 037-2018-PCM reconoce en sus considerandos, a pedido de la Policía Nacional del Perú, quien tiene convenio de servicios de seguridad privada con la empresa MMG que ejecuta el proyecto Las Bambas, incurriendo en un grave conflictos de intereses prohibido por la Ley de Ética de la Función Pública.

A continuación, presentamos este informe donde demostramos no solo la inconstitucionalidad del D.S. Nº 037-2018-PCM, sino que explicamos por qué se están desnaturalizando los “Estados de Emergencia” en el Perú, convirtiéndolos en una herramienta para neutralizar las demandas de la población ante los impactos del proyecto minero Las Bambas.

Puede ver el Informe Jurídico completo aquí.

[1] Elaborado por Juan Carlos Ruiz Molleda, Maritza Quispe Mamani, Rocío Meza Suarez, Álvaro Másquez Salvador y Paulina Quispe Castillo.

(Foto: Rodrigo ABD, en www.cels.org.ar. Leyenda: Operativo integrado por 1500 soldados, policías e infantes de marina. Madre de Dios, Perú. 2014.)

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